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Pidieron enviar a juicio a Belliboni por delitos con el programa Potenciar Trabajo

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El Fiscal federal, Gerardo Pollicita, lo hizo a pedido del Juez federal, Sebastián Casanello, quien dio por concluida una parte de la investigación en la que están procesados el dirigente sindical y otros acusados.

El Fiscal federal, Gerardo Pollicita, pidió este lunes el envío a juicio oral del líder del Partido Obrero, Eduardo Belliboni, por presunta "administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, amenazas y extorsión" en la causa que investiga delitos con el programa Potenciar Trabajo, al firmar el requerimiento para el pase del caso a un Tribunal.

Lo hizo a pedido del Juez federal, Sebastián Casanello, quien dio por concluida una parte de la investigación en la que están procesados Belliboni y otros acusados y dio vista a las partes para que formulen su postura respecto al envío del caso a juicio oral, informaron fuentes judiciales.

Al respecto, el fiscal formuló este lunes su requerimiento de elevación a juicio y acusó a Belliboni de montar un sistema extorsivo para "controlar y manejar, en lo que públicamente se denominó gerenciamiento, a miles de personas a lo largo y ancho del país", según el dictamen.

El objetivo de "esta organización criminal", definió, fue "obtener un lucro indebido y consolidar un esquema de poder".

Para ello se habrían abusado de la "vulnerabilidad" de quienes necesitaban los planes "para torcer su voluntad bajo amenazas e intimidaciones" como privarlos de un "plato de comida o de su único medio de subsistencia".

La investigación se inició por denuncia del Gobierno de Javier Milei, a raíz de llamados anónimos donde se denunciaban presiones para asistir a marchas o piquetes.

Además, al apropiarse de fondos destinados a beneficiarios de planes sociales, se simulaban gastos con facturación apócrifa.

La Fiscalía aludió a un "esquema extorsivo-coactivo" mediante el cual los beneficiarios del programa debían "entregar" una parte de la ayuda estatal y también estaban obligados a participar y contribuir a las "actividades políticas" del Partido Obrero, detalla el dictamen de más de 279 carillas.

Además de Belliboni, Casanello procesó a otros 16 imputados en decisiones ya confirmadas por la Cámara Federal porteña y sigue bajo investigación en su Juzgado el rol que tuvieron en lo ocurrido funcionarios nacionales.

"En el caso hubo una matriz delictiva que se valió de las necesidades de un amplio sector social de carácter vulnerable de nuestro país, lo que les permitió ejercer ilegítimamente poder sobre aquéllos con miras a manejarlos según sus designios y obtener dinero, utilizado en provecho propio y de terceros, privando a las víctimas de un mejor porvenir”, advirtió la Fiscalía desde por lo menos junio de 2020 a marzo de 2024.

"Los acusados defraudaron al Estado mediante la apropiación ilegítima de millonarios fondos públicos que le eran entregados como subsidios a la agrupación Polo Obrero", dio por probado la Fiscalía en el requerimiento que será leído cuando comience el futuro juicio oral.

Vialidad: el fiscal pedirá a la Corte que Cristina sea condenada como jefa de una asociación ilícita

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Mario Villar busca que se revoquen todas las absoluciones y que se eleve la pena de la expresidenta a 12 años de prisión. Presentará un recurso extraordinario federal ante el máximo tribunal.

El Fiscal general Mario Villar apelará ante la Corte Suprema el fallo de la Cámara de Casación Penal que confirmó la condena de Cristina Kirchner en la causa Vialidad.

El representante del Ministerio Público Fiscal en el proceso que juzga hechos de corrupción en la obra pública de Santa Cruz busca que el máximo tribunal revoque las absoluciones y que la expresidenta sea condenada por asociación ilícita, una figura legal que elevaría la pena de 6 a 12 años de prisión.

Altas fuentes judiciales dijeron que la Fiscalía presentará un recurso extraordinario federal a la Corte para que Cristina sea condenada por asociación ilícita y no solo por administración fraudulenta.

La exmandataria también irá a la Corte Suprema para que se revise su condena, por lo que los ministros deberán resolver ambos planteos.

"La sentencia de Casación repite lo que dijo el Tribunal Oral y no contesta las críticas que hizo el fiscal general a esos argumentos. En esa medida es arbitraria y esto habilita el recurso a la Corte", plantearon fuentes judiciales.

El Ministerio Público, que tiene 20 días hábiles para presentar el recurso extraordinario, cuestionará además las absoluciones de funcionarios como el exministro de Planificación Julio De Vido o el exsubsecretario de Obras Públicas Abel Fatala.

Este miércoles, la Cámara de Casación confirmó la condena a Cristina a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos al encontrarla culpable del delito de "administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública" en la causa Vialidad.

Además de la condena a seis años de prisión, la Sala IV de la Cámara de Casación homologó un embargo cercano a los $84.000 millones de pesos, que sería equivalente al perjuicio económico a la administración pública que provocó la causa.

En el caso se investigó si existió una maniobra orquestada desde la presidencia de la Nación que conducía Cristina para beneficiar al empresario Lázaro Báez con contratos de obra pública asignados a sus empresas, entre estas, Austral Construcciones insignia del grupo.

En este sentido, para la Justicia la expresidenta llevó adelante esta maniobra a través del decreto 54/2009 con el que se modificó el fideicomiso 975/2001, Tasa Gasoil con el que se financiaban proyectos de inversión vial.

La modificación significaba la incorporación de la Dirección Nacional de Vialidad como beneficiaria directa del fideicomiso para la ejecución de obras de infraestructura vial.

En otras palabras, se le otorgó plenos poderes a este organismo para hacer uso discrecional de los fondos para la obra pública vial. Desde este organismo se asignaron millonarias obras públicas a las empresas de Báez, las que en algunos casos no se terminaron ni empezaron.

En lo relativo a la figura de asociación ilícita que el Ministerio Público Fiscal reclamaba aplicar, los jueces indicaron que ello no era posible por un impedimento técnico y procesal, y que no se encontraba acreditada la "pluralidad de planes delictivos" que la figura de la asociación ilícita exige para su configuración.

Anularon el sobreseimiento de la exministra de Defensa del kirchnerismo, Nilda Garré

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Es en la causa por presunto doble cobro de sueldos públicos. Además, se ordenó reabrir el caso para producir prueba aún pendiente.

La Cámara Federal de Casación Penal anuló el sobreseimiento de la exministra de Defensa del kirchnerismo, Nilda Garré, en una causa que investiga si tuvo de manera simultánea a su paso por diferentes cargos en la función pública ingresos por ser titular en uno de licencia de un Registro Automotor porteño.

La sala I del máximo tribunal penal federal del país hizo lugar a una apelación del Fiscal ante esa instancia, Raúl Plée, y ordenó reabrir el caso para producir prueba aún pendiente, según la resolución a la que tuvo acceso Noticias Argentinas.

Los camaristas Carlos Mahiques, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña remarcaron que "el sobreseimiento de Nilda Garré se ordenó sin que hubieran sido evaluadas, en su integridad y efectos, cuestiones trascendentes que conforman la hipótesis acusadora y por la cual esa parte se agravió de la resolución bajo análisis".

"Resta determinar si Garré percibió y dispuso de los emolumentos correspondientes al Registro Automotor Seccional N°57 a pesar de hallarse en uso de licencia y mientras ocupaba otros cargos públicos. Asimismo, huelga establecer a través de qué medio se accedió a las cuentas bancarias del registro fines, mencionado en el periodo comprendido en la imputación", advirtió el Tribunal.

En la investigación abierta desde 2013 se intenta determinar si la exministra de Defensa cobró de manera simultánea una jubilación y otros ingresos provenientes de su condición de titular del Registro Automotor en uso de licencia y su sueldo de funcionaria pública de manera irregular.

La exfuncionaria resultó sobreseída en tres oportunidades en la justicia federal de instrucción por inexistencia de delito pero ahora Casación dispuso reabrir la pesquisa.

El máximo tribunal penal federal del país destacó que los titulares de Registros de la Propiedad del Automotor tienen "carácter de funcionarios públicos" que "surge tanto de su nombramiento como funcionarios públicos como también por el rol de dicha función dentro del Estado, así como por el origen, naturaleza y destino de los montos percibidos, que son de carácter público".

Al apelar, la Fiscalía sostuvo que falta prueba en la causa "en tanto no se logró descartar la hipótesis acusatoria vinculada al cobro simultaneo por parte de Garré de emolumentos y una jubilación cuando eso se encontraba vedado por la ley vigente".

Fiscalía pidió que L-Gante sea condenado a 7 años de prisión por amenazas agravadas y daños

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"En vez de recurrir a la Justicia, intentó resolver las cosas a su modo, y su modo está fuera de la ley", concluyeron en el alegato. La defensa adelantó que irá por la absolución.

Después de cuatro audiencias y la declaración de varios testigos, se celebra un día clave en el juicio contra Elian Valenzuela, conocido como L-Gante.

La Fiscalía pidió que el cantante sea condenado a 7 años de prisión por tres hechos: amenezas, amenazas agravadas y daños.

Este viernes, la querella, Fiscalía y la defensa darán sus alegatos de cierre, antes de que finalmente se conozca el veredicto.

A lo largo de las distintas audiencias, declararon ante el Tribunal en lo Criminal Nº 3 de Mercedes varias personas que aportaron versiones diferentes sobre los tres hechos por los que el cantante llegó a juicio.

El músico está imputado por "amenazas, privación ilegítima de la libertad, amenazas calificada, tenencia simple de estupefacientes y encubrimiento calificado".

Fiscalía venezolana solicitó orden de arresto contra Edmundo González Urrutia

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La dependencia dividida en su cuenta de Instagram envió el oficio dirigido al juez especial con competencia en este tipo de casos.

La Fiscalía General de Venezuela solicitó este lunes una orden de aprehensión contra el excandidato opositor Edmundo González Urrutia por la presunta comisión de delitos de conspiración, usurpación de funciones y sabotaje a daños de sistemas.

La dependencia dividida en su cuenta de Instagram envió el oficio dirigido al juez especial con competencia en casos vinculados delitos asociados al terrorismo, en el que se detalla que la solicitud es por los presuntos delitos de usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de leyes, conspiración, sabotaje a daños de sistemas y asociación.

Esta medida surge luego de que González Urrutia no se presentara a comparecer en tres oportunidades y posterior a que la semana pasada la Fiscalía advirtiera que se libraría una orden de aprehensión considerando que se "encuentra en presencia del peligro de fuga".

González y su Vocera María Corina Machado acusaron de fraude y desconocieron los resultados oficiales de las elecciones del pasado 28 de julio, cuando resultó reelecto el Presidente Nicolás Maduro.

Causa Vacunatorio VIP: Fiscalía pidió el procesamiento de Ginés González García

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Lo solicitaron los Fiscales Eduardo Taiano y Sergio Rodríguez, titular de la Procuraduría. Será resuelto por la Jueza María Eugenia Capuchetti.

El Fiscal federal Eduardo Taiano y el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas Sergio Rodríguez pidieron que el exministro de Salud Ginés González García sea procesado junto a otros acusados por el Vacunatorio VIP.

Lo dictaminaron ante Jueza federal María Eugenia Capuchetti, quien tiene pendiente resolver la situación procesal del exministro, quien ya fue indagado y negó haber cometido delito por las vacunas entregadas en plena pandemia del coronavirus.

Luego de ser indagado en último término el exministro, la jueza corrió vista a ambos fiscales y los dos pidieron que González García y otros sean procesados.

El pedido alcanza a Alejandro Salvador Costa, exsubsecretario de Estrategias Sanitarias del Ministerio de Salud; a María Elena Borda, exjefa de Servicio de Medicina Preventiva del Posadas, a Graciela Torales, exjefa de Coordinación de atención a Pacientes de ese hospital, a Alberto Maceira, exdirector del Hospital Posadas, y a Marcelo Ariel Guille, secretario privado del entonces Ministro.

Asimismo, las defensas también pidieron que sean sobreseídos y todo ahora quedó en poder de la jueza.

La causa se inició en 2021 cuando el periodista Horacio Verbitsky contó que él recibió un llamado para ser vacunado, cuando la prioridad era el personal de salud o funcional en plena pandemia por el coronavirus.

En su indagatoria, el exministro dijo que las vacunas estaban amparados por resoluciones del Ministerio y presentó un descargo por escrito de 100 páginas.

Además, dijo que quienes recibieron las vacunas eran personas de riesgo ante contagio de coronavirus y por eso se les entregó las vacunas. En ese sentido, se constató que hubo un vacunatorio en el Ministerio de Salud así como en el Hospital Posadas aquel 2021.

Ahora, la Jueza Capuchetti tiene diez días para resolver la situación procesal del exfuncionario por los delitos de peculado de servicios y abuso de autoridad tal cual fue imputado junto a otros seis exfuncionarios y directivos del Posadas, entre ellos su exdirector Alberto Maceira.

La del exministro fue la última de las indagatorias tomadas por la jueza luego que se reabriera el caso por orden de la Cámara Federal porteña que dispuso continuar con la investigación, pues en una primera etapa la magistrada consideró que no existió delito y había archivado el caso.

En tanto, hay un segundo tramo de la investigación que aún está pendiente y es sobre aquellas personas quienes recibieron la vacuna contra el Covid-19 y sobre las cuales la Cámara Federal porteña también dispuso se las investigue en la causa.

Causa Vialidad: pedirán agravar la condena contra Cristina Kirchner

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Por otra parte, el 7 de marzo será la audiencia donde su defensa pedirá anular la condena.

La fiscalía pedirá este lunes agravar la pena sobre la exvicepresidenta, Cristina Kirchner, en la condena por el caso vialidad en el que fue condenada a 6 años de prisión por las obras que otorgó a favor del empresario Lázaro Báez.

La solicitud la hará el Fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal, Mario Villar, luego de que Cristina Kirchner sea condenada solo por administración fraudulenta y no por asociación ilícita, pues de ser así la pena podría llegar a los 12 años de prisión.

Villar sostendrá el pedido que hicieron en juicio los Fiscales, Sergio Mola y Diego Luciani, quienes reclamaban que existió una asociación ilícita ya que las 51 obras que desde el Poder Ejecutivo que comandaba Cristina Kirchner se otorgaron en licitación al empresario Lázaro Báez son distintos hechos, no uno solo.

Además, que la "asociación" funcionó en forma estable y permanente dentro de la "estructura administrativa estatal y fuera de ella", requisitos típicos de una asociación ilícita.

El Tribunal integrado en el caso por Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña podrá ratificar la pena, agravarla o bien anularla tal cual pide la defensa, cuya instancia será del 7 de marzo próximo donde la defensa podrá alegar por su lado.

En total serán 6 audiencias fijadas por el Tribunal para escuchar los argumentos del todas las partes siendo la última el 4 de abril con la defensa del exministro de Planificación Federal Julio De Vido, tras la cual quedará en condiciones de resolver.

No obstante, y más allá que Cristina Kirchner ya no cuenta con fueros, de ser ratificada su pena aún queda la instancia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde la defensa puede interponer un recurso extraordinario federal.

Chocolate Rigau no rompió el pacto de silencio y ahora Fiscalía espera que algún imputado declare

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El puntero del PJ seguirá detenido, acusado de integrar una asociación ilícita. Se esperaba que colabore con la investigación, pero utilizó una estrategia distinta que llevó un poco de alivio al arco político bonaerense.

Julio Segundo Chocolate Rigau decidió optar por el silencio. El acusado estuvo tan solo 20 minutos en los Tribunales Penales de La Plata. Entró con casco de protección, chalecos antibalas, esposado y custodiado por personal del Servicio Penitenciario.

Sentado frente a la Fiscal Betina Lacki en una de las oficinas de la sede judicial de la capital provincial, se negó a declarar por la causa de los empleados fantasmas de La Legislatura bonaerense. Se esperaba que colabore con la investigación, pero utilizó una estrategia distinta que llevó un poco de alivio al arco político.

En materia procesal, el puntero del PJ no tiene nada más para recurrir. Concretamente, no hay un acto con el que pueda sentirse agraviado como para tomar la determinación de presentar, de la mano de su defensa, una nueva apelación, ya que la fiscal le dio la opción de contar su versión y no lo hizo. Ahora deberá solicitar la prisión preventiva.

La doctora Lacki le dejó en claro sus sospechas de que el militante del Frente Renovador integra una banda criminal que, por un acuerdo tácito o expreso, tenía una finalidad en común, hacerse del dinero del Estado por medio de contratos de los famosos ñoquis.

Este viernes se le amplió la imputación y ya no se lo investiga por "estafas reiteradas", sino por "asociación ilícita", un delito más grave que salpica directamente a los dueños de las tarjetas, pero también a Claudio y Facundo Albini.

Todos ellos están imputados con la misma carátula, aunque el único detenido hasta el momento es Rigau. El propio Juez de garantías, Guillermo Atencio, resolvió rechazar la eximición de prisión de todos los involucrados, por lo que podría ser inminente el pedido de arresto.

Lo que la fiscalía espera es la decisión de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de La Plata, ya que la Sala III tiene en sus manos un recurso de apelación, donde la defensa pidió la nulidad de la causa.

Después de que los camaristas Alejandro Villordo y Juan Benavides se excusaran de intervenir, se designaron otros jueces que integrarán el órgano judicial, por lo que tendrán que analizar la solicitud y resolver en los próximos días.

Además, todavía no se filtró la información que está dentro del celular del puntero del PJ, que fue analizado por un perito informático de la UFI 15. Los datos fueron puestos en una nube y quedaron a disposición de la Justicia. Lacki anticipó que será crucial lo que "pueda o no encontrarse en este dispositivo", ya que espera obtener más nombres de las personas que integran esta presunta asociación ilícita.

Desde la defensa, integrada por los abogados Miguel Molina y Alfredo Gascón, aseguraron a este medio que no darán declaraciones al respecto, por pedido expreso de su cliente. La misma postura tuvieron los legisladores que integran la Cámara de Diputados, quienes no hablaron durante todo este tiempo y no se espera que lo hagan a futuro.

A partir de este viernes, la representante del Ministerio Público Fiscal tiene un plazo de 6 meses para juntar todas las pruebas suficientes para pedir el requerimiento de elevación a juicio. Ya que, con la indagatoria, se abrió la etapa más importante, la definitoria.

Muerte de Santiago Maldonado: apelaron la absolución de 4 gendarmes

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La apelación fue de la Fiscalía Federal de Esquel junto a querellantes. Fue luego de que el juez desvinculara a gendarmes de la muerte del joven en agosto de 2017 en medio de una protesta en Chubut.

La Fiscalía Federal de Esquel apeló junto a querellantes la absolución de cuatro gendarmes por la muerte de Santiago Maldonado ocurrida en agosto de 2017 en medio de una protesta en Chubut.

La apelación es al fallo del Juez federal, Gustavo Lleral, quien desvinculó a los gendarmes luego de estar siendo investigados durante años. La apelación la firmó el juez Santiago Roldán junto con los querellantes que son, la familia de Maldonado, el Centro de Estudios Legales y Sociales y la Comisión por la Memoria.

Ahora, el juez Lleral evaluará si concede las apelaciones para que sean evaluadas por la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, aunque, en caso de no hacerlo, los apelantes pueden ir "en queja".

Paralelamente al proceso judicial, está pendiente una queja de la familia de Maldonado contra el juez Lleral ante la Corte Suprema de Justicia en virtud de una presentación en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la responsabilidad del Estado Argentino en la "desaparición forzada" entiende la familia hubo del joven en aquellos episodios.

A Maldonado se lo vio por última vez el 1 de agosto de 2017 y su cuerpo apareció recién el 17 de octubre de ese año. La sospecha siempre estuvo sobre el accionar de la Gendarmería Nacional, ya que, ese 1 de agosto se llevó a cabo un operativo en la comunidad Pu Los en Resistencia Cushamen, en inmediaciones de la Ruta 40, la cual era ocupada por la comunidad mapuche.

Los sobreseimientos recayeron sobre el gendarme Emmanuel Echazu, investigado por desaparición forzada de persona, y también sobre Juan Pablo María Escola, Víctor Vaquila Ocampo y Marcelo Iván Ferreyra, estos tres últimos acusados por los delitos de daño, abuso de autoridad y omisión de deberes de funcionario público.

El magistrado evaluó que la Gendarmería no detuvo en ese operativo ni a Maldonado ni a ninguna otra persona y también que haya sido llevado a algún lugar por la fuerza de seguridad.

Además, de la autopsia realizada el 20 de octubre de 2017 se constató que el joven murió por asfixia por sumersión y que su ingreso a las frías aguas del Río Chubut fue cuando estaba con vida. Maldonado no sabía nadar y las bajas temperaturas de las aguas atrofiaron su cuerpo y hasta se especula con la supuesta pérdida de consciencia.

"Debo tener por probado que Santiago Andrés Maldonado falleció en el Río Chubut, a la altura del predio ocupado por la comunidad denominada Pu Lof en Resistencia Cushamen, en la hondonada de aproximadamente más de 2 metros de profundidad en la que se sumergió el 1 de agosto de 2017; y que su cuerpo sin vida permaneció ininterrumpidamente allí hasta que fue hallado el 17 de octubre de 2017, primero sumergido en el fondo del lecho y, pocos días antes de su rescate, flotando en la superficie de ese curso de agua", concluyó el juez en su extenso fallo.

Pidieron prisión preventiva para los asesinos del empresario descuartizado Pérez Algaba

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La solicitud recae sobre dos amigos de la víctima y el resto de los acusados, un total de 7 implicados. Parte de la prueba son audios que el propio empresario mandó a contactos donde decía que tenía temor "que lo mataran".

El Fiscal de instrucción Marcelo Domínguez concluyó que al empresario Fernando Pérez Algaba, encontrado descuartizado el 23 de julio en Budge, lo mataron sus amigos, básicamente Maximiliano Pilepich y Nahuel Vargas.

¿El motivo? Es la deuda que Pilepich, según la Fiscalía, tenía para con Pérez Algaba de US$50 mil y que fue para librarse de tener ese compromiso.

Según la Fiscalía, al analizar la prueba y pedir la prisión preventiva para los siete implicados, parte de la prueba son los audios que mandó Pérez Algaba antes de encontrarse con Pilepich y Vargas, para que le den un primer pago de 20 mil dólares, donde dijo temer por su vida y que lo mataran.

De acuerdo a esa prueba, que el fiscal presentó ante el juez de garantías de Lomas de Zamora Sebastián Monelos, el 18 de julio Pérez Algaba se encontró con Pilepich y Vargas en el predio “Renacer” que estaba planificando el primero de ellos la construcción de un barrio privado, el cual está ubicado en General Rodríguez.

Luego de ese encuentro, se analizó el impacto de la señal del celular de la víctima en 10 puntos, muchos en la zona de Moreno, y coincidía en seis de ellos con otro número de teléfono el cual se determinó que correspondía a un equipo que había comprado en licitación el Ministerio de Seguridad porteño.

Ahí es donde ingresa la figura del policía Horacio Mariano Córdoba, el cual se presume facilitó ese equipo a Pilepich para que lo utilice en la logística del crimen que, según la Fiscalía, habían planificado desde antes.

Incluso, esa coincidencia también se da en la zona donde fue encontrado el cuerpo, ya descuartizado, de Pérez Algaba, en Budge, a metros del Arroyo del Rey.

Además, la fiscalía da por hecho que el teléfono en cuestión lo utilizó Pilepich porque hubo comunicaciones a su entorno, entre ellos la novia del ahora principal acusado.

"Tal como se indicó al inicio de este pasaje, que indica lo atinente a los medios de prueba, no fueron uno o dos indicios aislados los que se emplearon para forjar la convicción sobre quién se encontraba al empleo del teléfono principal analizado, quién ostentaba otro que no estaba a su nombre", sostuvo el fiscal en el pedido.

"Este poseía el teléfono prepago y la única solución posible con apego a la lógica que emerge del análisis de todos los indicios de manera conjunta es aquella solución que se fue indicando anteriormente al efectuar el análisis de teléfono por teléfono y de vehículo por vehículo que estaba contenido en los pertinentes informes y que me llevan a sostener la materialidad ilícita e imputaciones personales efectuadas", agregó.

Según la autopsia, Pérez Algaba recibió dos disparos por detrás, y una vez muerto se lo descuartizó, arrojando distintas partes de su cuerpo al arroyo en Budge.

Luego de las detenciones producidas por la Fiscalía, los acusados comenzaron a tirarse acusaciones cruzadas.

El acusado Luis Contreras declaró que Vargas, Pilepich, Matías Gil y Fernando Carrizo llegaron de madrugada a su casa en distintos vehículos, y en uno de ellos, en la cajuela, estaba el cuerpo de Pérez Algaba seccionado. Pero la fiscalía no creyó en su versión.

Incluso, Vargas semanas atrás había señalado que fue Pilepich quien lo mató porque, según dijo, la víctima lo extorsionaba para que le pagara la deuda en dólares.

Pero al mismo tiempo que la fiscalía avanzaba con los pedidos de preventiva, hoy fue trasladado Pilepich a los Tribunales de Lomas de Zamora, y dijo que fue Vargas quien en realidad mató a Lechuga Pérez Algaba. Aparentemente por celos porque la víctima estaba vinculado a una ex pareja de él.

Lo cierto, es que el pedido de la Fiscalía de preventiva fue para los siete, y justificó que existe peligro de fuga si se los deja en libertad. Fue en concreto, para Nahuel Sebastian Vargas, Maximiliano Ezequiel Pilepich, Matias Ezequiel Gil, Flavia Lorena Bomrad, Horacio Mariano Cordoba, Luis Alberto Contreras, Fernando Gaston Martin Carrizo.

La calificación en caso de haber condena, es perpetua, pues refirió que existió un homicidio cuadruplemente calificado, por ser premeditado, por haber intervenido dos o más personas, con alevosía, esto es asegurarse le resultado muerte, por haber sido cometido por codicia y el uso de arma de fuego.

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