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El Senado debatirá la continuidad de Mahiques y proyectos sobre armas y fondos buitres

En la sesión ingresaron unos 70 pliegos para cubrir vacantes en la Justicia.

El Senado citó una sesión para este jueves para dar ingreso a unos 70 pliegos a la justicia, aprobar la prórroga del mandato por cinco años del Juez Carlos Mahiques, padre del ministro de Justicia, quien debía jubilarse porque va a cumplir 75 años.

También se tratarán los proyectos sobre el pago a los fondos buitre y sobre la regularización de la tenencia de armas de fuego.

La convocatoria a la sesión para el jueves a las 16 horas fue acordada en la reunión de Labor Parlamentaria que se realizó esta tarde, entre la jefa del bloque de la Libertad Avanza, Patricia Bullrich, y los bloques del PRO, la UCR, Provincias Unidas, y otros bloques provinciales.

Con el ingreso de los nuevos pliegos se abrirá el tramite parlamentario en la Comisión de Acuerdos.

Esta consiste en la publicación en las redes sociales del abogado postulado a un cargo en la Justicia para avales e impugnaciones, y la citación a la Audiencia Pública donde los candidatos rinden examen ante los senadores.

El Senado tratará el proyecto para autorizar al Gobierno a pagar a dos fondos buitres U$S171.000.000 para cerrar un acuerdo con esos bonistas, y evitar que avancen causas contra activos de la Argentina, como las acciones de YPF.

La iniciativa impulsada por el Ministro de Economía, Luis Caputo, pide que se pueden pagar los Acuerdos de Conciliación celebrados con los tenedores de títulos públicos Bainbridge Ltd. y el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP.

El Gobierno tenía plaza para abonar esa acuerdo el 30 de abril, pero luego se informó que se extendía el plazo hasta el 31 de mayo, con lo cual si el Senado lo vota este jueves la Cámara de Diputados podría convertirlo en ley en la sesión prevista para el 20 de mayo.

El acuerdo implica pagar U$S67.000.000 para Bainbridge Ltd. y U$S104.000.000 para el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP de forma simultánea a la acreditación de los bonos libres de todo gravamen para su inmediata cancelación y extinción.

El Senado también tratará de convertir en ley un proyecto votado en el 2024 en la Cámara de Diputados para regularizar la tenencia de armas de fuego y el programa nacional de entrega voluntaria de armas y municiones para su destrucción.

El proyecto incorpora un procedimiento para la regularización de la tenencia legítima de armas mediante una declaración ágil y sencilla que puede realizarse de forma virtual.

Si el interesado renueva su Credencial de Legítimo Usuario dentro de los 90 días previos al vencimiento, no tendrá que acreditar nuevamente la idoneidad en su manejo en la Agencia Nacional de Materiales Controlados.

Por otra parte, se plantea una prórroga del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego hasta 31 diciembre 2027, para que quien tuviera posesión no autorizada de armas y desee deshacerse de ellas, lo pueda hacer voluntaria y anónimamente para su posterior destrucción, sin que ello conlleve consecuencias legales.

En este sentido, se otorga un plazo de 360 días para presentarse ante la ANMaC para quienes posean armas no autorizadas.

La ANMac busca estimular la entrega voluntaria de armas mediante un incentivo económico, que consiste en un cupón de pago canjeable por efectivo.

Designaron al nuevo presidente del directorio de la obra social del personal militar

Se trata del General de Brigada, Pablo Guillermo Plaza, quien reemplazará en el cargo a Sergio Maldonado.

El General de Brigada Pablo Guillermo Plaza fue designado como nuevo presidente del Directorio de la Obra Social de las Fuerzas Armadas en una medida que fue oficializada este martes en el Boletín Oficial y que se llevó a cabo tras la renuncia de Sergio Maldonado, quien renunció a dicho cargo.

Según el informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el Ministerio de Defensa oficializó la designación a través de la resolución 311/2026 publicada en el Boletín Oficial donde se indicó: "Desígnase a partir del 6 de mayo de 2026, como Presidente del Directorio de la Obra Social de las Fuerzas Armadas, al General de Brigada Pablo Guillermo Plaza".

Además, el mismo señaló que "los miembros del Directorio durarán dos años en sus cargos, pudiendo ser reelectos por una sola vez, y los titulares podrán ser reemplazados por sus suplentes, con las mismas facultades, en caso de dimisión o ausencia justificada".

"Los miembros del Directorio deberán reunir condiciones de idoneidad técnica, experiencia en funciones de conducción o gestión en materia de administración de servicios de salud, seguridad social, gestión pública, administración financiera y/o dirección de grandes organizaciones", expresó el escrito.

Tras la renuncia de Maldonado el pasado 5 de mayo, el Ministro de Defensa, Carlos Presti, nombró a Plaza dentro del sistema de salud para el personal militar y civil vinculado a las fuerzas en una decisión enmarcada dentro de las disposiciones del DNU N° 88/26, que creó a la obra social como un ente autárquico bajo la órbita del Ministerio de Defensa, con el objetivo de brindar cobertura en todo el territorio argentino y asegurar la fiscalización estatal.

Marcha Federal Universitaria: volverán a reclamar por presupuesto y se espera una movilización masiva

Organizaciones sociales, políticas, estudiantiles y docentes convergerán en todo el país.

La 4° Marcha Federal Universitaria se llevará a cabo este martes en todo el país, con el objetivo de exigirle al Gobierno nacional el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y la recomposición salarial docente y no docente.

El acto central será en Plaza de Mayo a las 17 y previamente las distintas organizaciones se concentrarán en diversos puntos y a diferentes horarios.

Debido a esta jornada de protesta, se prevén clases suspendidas y paros totales en todas de las universidades nacionales durante este martes

La convocatoria a esta movilización partió de diversas organizaciones sociales, políticas, estudiantiles y docentes, incluyendo al Consejo Interuniversitario Nacional y la Federación Universitaria Argentina las cuales denuncian la situación crítica que atraviesan las distintas universidades públicas provocada por el desfinanciamiento impartido por la gestión del presidente Javier Milei, desde diciembre de 2023.

Esta 4º Marcha Universitaria busca visibilizar también los bajos sueldos en el sector, por lo que también exigen la recomposición de salarios docentes y no docentes, afectados por la inflación con haberes percibidos por debajo de la canasta básica.

Las instituciones denuncian una caída real del 45,6% en las transferencias presupuestarias entre 2023 y 2026.

Para los grupos convocantes, esta crisis presupuestaria, que converge en el desfinanciamiento que atraviesa el área educativa, "pone en riesgo el funcionamiento" de todas las universidades nacionales.

Gobierno nacional formalizó la privatización de Transener y salió de la principal transportista eléctrica

La operación fue oficializada este lunes mediante una resolución del Ministerio de Economía, firmada por Luis Caputo.

El Gobierno formalizó la privatización de Transener, la principal empresa de transporte de energía eléctrica del país, tras transferir la totalidad de la participación estatal al consorcio integrado por Genneia y Edison Energía.

La operación fue oficializada este lunes mediante una resolución del Ministerio de Economía, firmada por Luis Caputo, y marcó la salida definitiva del Estado de la estructura accionaria de la compañía.

El consorcio ganador desembolsó U$S356.000.000 por la participación estatal en Citelec, la sociedad controlante de Transener.

La empresa opera la red de transmisión eléctrica en alta tensión y tiene un rol clave en el sistema energético nacional, ya que transporta gran parte de la electricidad que se genera en el país.

Hasta ahora, Citelec era controlada en partes iguales por ENARSA y Pampa Energía, empresa dirigida por el argentino Marcelo Mindlin, mientras que la ANSES también mantenía participación accionaria en Transener.

La privatización se enmarca en el plan de desinversión de empresas públicas impulsado por la administración de Javier Milei, que busca acelerar la venta de activos estatales y recaudar fondos mediante concesiones y transferencias al sector privado.

Durante la licitación se presentaron tres ofertas que superaron ampliamente el precio base previsto por el Gobierno y finalmente se impuso la propuesta encabezada por Genneia y Edison Energía.

En el sector energético consideran que la operación reconfigura el mapa empresario de la transmisión eléctrica y consolida el avance privado sobre áreas estratégicas de infraestructura.

Andis: Gobierno nacional detectó sobreprecios de hasta 4.239% en compras ortopédicas

La causa judicial investiga presuntas irregularidades en contrataciones de alto costo realizadas por la Agencia Nacional de Discapacidad y esta semana declararán empresarios vinculados.

El Gobierno nacional detectó, a través de un informe que realizó el Ministerio de Salud, que hubo mas de 4.000% de sobreprecios en compras de insumos ortopédicos realizadas por la Agencia Nacional de Discapacidad.

Esta información se conoce en la antesala de una nueva semana de indagatorias en la que serán citados varios empresarios vinculados al sector.

Específicamente, se supo que hubo hasta 4.239% de elevación de precio en la adquisición de andadores, sillas de ruedas y prótesis; el documento emitido por la cartera comandada por Mario Lugones comparó las facturas emitidas al Estado con los precios de mercado y señaló que las diferencias significativas son "injustificables".

En este marco, y a partir del lunes 11, se presentarán a declarar varios empresarios relacionados con esta causa: el primero es Osmar Caballi, un contador que fue director general de la Agencia Nacional de Discapacidad, por unos meses durante el Gobierno del expresidente, Alberto Fernández, y que es uno de los socios mayoritarios de Farma Salud, la firma que "ganó" alrededor de $7.900.000.000 millones.

Quienes también darán su testimonio esta semana serán cuatro miembros de la familia Sagués, dueños de la ortopedia que lleva dicho apellido y que fue favorecida por medio de sus contrataciones: Mariano y Christian Sagués se presentarían el martes 12 y el miércoles 13 harían lo propio Vicente y Lucas Sagués.

Los informes que se realizaron hasta el momento identifican a la Ortopedia Sagués como parte de un núcleo de proveedores cercanos a la administración del organismo, junto a otras empresas como MED-EL, Ortopedia Alemana, New Farma y Profarma.

La investigación liderada por el Fiscal, Franco Picardi, y el Juez, Sebastián Casanello, sugiere que se montó un sistema de contrataciones paralelas para prestaciones de alto costo, que beneficiaron a un grupo reducido de empresas proveedoras.

Esta semana también serán citados Humberto Maone, gerente de MED-EL Latinoamérica S.R.L; Javier, Fernando y Gustavo Bernat, miembros de Ortopedia Bernat.

Gobierno nacional apuntó contra la UBA: denunció "extorsión política" para acaparar el presupuesto

Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, reveló que la universidad exige el 95% de los fondos nacionales y pidió "transparencia radical".

El Subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, acusó a la Universidad de Buenos Aires de intentar monopolizar los fondos destinados a hospitales universitarios de todo el país y aseguró que el Gobierno nacional cumplió con todas las transferencias correspondientes.

Según afirmó, el conflicto responde a "una extorsión" política impulsada por el vicerrector Emiliano Yacobitti para presionar por mayores recursos.

Álvarez cuestionó el reclamo presentado por la UBA, que denunció falta de giro de fondos para el Hospital de Clínicas y advirtió sobre riesgos en la atención médica. El funcionario sostuvo que la universidad pretende quedarse con "75.000 millones de pesos", equivalentes al 95% del fondo total destinado a hospitales universitarios.

"Para todos los hospitales universitarios del país pretende dejar apenas 4.000 millones", aseguró.

Y agregó que universidades como la Universidad Nacional de Cuyo ya solicitaron por sí solas partidas cercanas a los 2.400 millones de pesos para sus centros de salud.

Álvarez afirmó que las transferencias mensuales se realizaron "en tiempo y forma" y calificó de "falsa" la denuncia de desfinanciamiento.

"Publiqué todas las transferencias hechas y les dije a los médicos que tienen que reclamarle al rectorado, porque nosotros ya hicimos los giros", señaló por Radio Rivadavia.

El funcionario explicó que el presupuesto universitario contempla dos componentes: los fondos corrientes asignados mensualmente a cada universidad y un fondo anual extraordinario de $80.000.000.000 de pesos destinado específicamente a salud.

Según indicó, la UBA pretende que ese fondo se ejecute casi por completo en los primeros meses del año.

"Ellos quieren prácticamente duplicar su presupuesto de salud y quedarse con todo el fondo anual", afirmó.

En ese sentido, acusó a las autoridades universitarias de utilizar el conflicto sanitario para generar presión pública.

"Sacan a los médicos a la calle, hablan de pacientes oncológicos sin atención y generan pánico para extorsionar al Gobierno", sostuvo.

Álvarez apuntó directamente contra Yacobitti y aseguró que el conflicto universitario está atravesado por intereses políticos.

"Ellos tienen necesidades políticas que no tienen nada que ver con la educación ni mucho menos con la salud", afirmó.

Además, cuestionó el rol del dirigente radical dentro de la universidad: "Nadie sabe quién es el rector de la UBA, pero todos conocen a Yacobitti".

El subsecretario también insistió en la necesidad de avanzar con auditorías técnicas de la Sindicatura General de la Nación para transparentar el manejo de fondos públicos.

Según explicó, la UBA mantiene una disputa judicial para impedir esos controles y sólo acepta auditorías posteriores de la Auditoría General de la Nación.

"La ley es clarísima: la auditoría interna corresponde a la Sindicatura General de la Nación y la externa a la Auditoría General de la Nación", remarcó.

Y cuestionó: "Si están manejando bien las cuentas públicas, ¿por qué se niegan a ser auditados?".

Por otra parte, Álvarez sostuvo que el actual sistema de distribución presupuestaria universitaria carece de criterios objetivos y respondió históricamente al lobby político en el Congreso.

Por eso, propuso avanzar hacia un esquema basado en indicadores concretos como cantidad de alumnos reales, graduados, infraestructura y costos operativos.

"El 40% de la matrícula universitaria nunca rindió un examen en dos años", aseguró, al explicar que el Gobierno comenzó a depurar estadísticas y detectar duplicaciones de alumnos.

También indicó que la tasa de graduación de la UBA ronda el 30%, muy por debajo de estándares internacionales.

El funcionario cuestionó además el financiamiento estatal para estudiantes extranjeros, especialmente en carreras costosas como Medicina.

"En la Facultad de Medicina de la UBA, alrededor del 50% de la matrícula son extranjeros", afirmó.

Según explicó, el Gobierno ya introdujo cambios en el sistema de residencias médicas para priorizar a quienes estudiaron en universidades argentinas.

"No puede competir en igualdad de condiciones un título argentino con universidades extranjeras sin acreditación equivalente", señaló.

Finalmente, Álvarez defendió la necesidad de "ordenar prioridades" dentro del sistema universitario y criticó lo que definió como una desviación de la función esencial de las universidades públicas.

"La misión principal es enseñar, aprender y generar graduados de calidad", concluyó.

La morosidad familiar alcanzó su nivel más alto en más de 20 años

Frente a este panorama, el Gobierno nacional inició conversaciones con entidades bancarias para buscar alternativas que alivien la carga sobre los deudores.

La morosidad de los hogares volvió a escalar en marzo y alcanzó su nivel más alto en más de dos décadas, en un contexto donde el financiamiento continúa caro y el ingreso de las familias no logra acompañar el ritmo de los precios.

Según un informe de Consultora 1816 basado en datos del Banco Central, la irregularidad en los créditos trepó al 11,5%, por encima del 11,2% registrado en febrero, y marcó un nuevo máximo desde 2004.

El deterioro no es un fenómeno aislado ni reciente. La suba se sostiene desde hace 17 meses y refleja un cambio profundo en la dinámica del endeudamiento.

En octubre de 2024, el nivel de mora era de apenas 2,5%, lo que evidencia un salto significativo en un período relativamente corto.

El informe también advierte que, de las 30 entidades financieras más importantes, que concentran la mayor parte de los préstamos, en 24 aumentó la irregularidad durante marzo.

Desde el Gobierno libertario atribuyen parte de esta situación a decisiones tomadas en un escenario previo.

El Ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que muchas personas se endeudaron a tasas elevadas con la expectativa de que la inflación redujera el peso real de las cuotas.

"La gente se sobreendeudó a tasas muy altas, pensando que la inflación iba a licuar las deudas y eso no pasó", explicó.

En la misma línea, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, había señalado que una primera ola de créditos se otorgó "a ciegas", en un contexto de cambios bruscos en las tasas de interés.

Más allá de las explicaciones oficiales, los datos muestran que el problema se expande en un escenario económico desigual.

Si bien algunos indicadores de actividad presentan mejoras, ese crecimiento no alcanza a amplios sectores de la población, que enfrentan dificultades para sostener sus compromisos financieros.

La pérdida de poder adquisitivo aparece como uno de los factores centrales: los salarios registrados aumentaron 1,8% en febrero, mientras que la inflación fue del 2,9%, lo que marcó la sexta caída real consecutiva.

Frente a este panorama, el Gobierno inició conversaciones con entidades bancarias para buscar alternativas que alivien la carga sobre los deudores.

Caputo indicó que se planteó la posibilidad de extender plazos y reducir tasas, aunque aclaró que se trata de decisiones que dependen de cada institución.

Algunas ya avanzaron en ese sentido, mientras que otras mantienen condiciones más rígidas.

En paralelo, el fenómeno también impacta en el financiamiento no bancario. Las billeteras virtuales, que ganaron protagonismo en los últimos años, registraron un aumento de la morosidad que superó el 30% en marzo.

Este segmento representa cerca del 17% del total de préstamos a familias y muestra niveles de incumplimiento aún más elevados que el sistema tradicional.

A pesar del escenario adverso, el informe de Consultora 1816 señaló un dato que podría interpretarse como una señal de moderación.

El incremento mensual de marzo fue el más bajo del último año, con una suba de apenas 0,3 puntos porcentuales. Esto abre la posibilidad de que el indicador comience a estabilizarse en los próximos meses, aunque dependerá en gran medida de la evolución de los ingresos y de la inflación.

En ese sentido, una desaceleración sostenida de los precios podría contribuir a mejorar la capacidad de pago, siempre que se traduzca en una recuperación real de los salarios.

Sin embargo, ese proceso no es automático. Una menor inflación también implica que las cuotas pierdan el efecto de licuación que en otros momentos alivió el peso de las deudas.

Mientras tanto, el crédito en pesos al sector privado continúa en retroceso en términos reales, con cuatro meses consecutivos de caída.

Las tasas de interés, que se mantienen elevadas, con promedios cercanos al 68% nominal anual en préstamos personales, funcionan como un freno adicional tanto para la toma de nuevos créditos como para la refinanciación de pasivos existentes.

Gobierno nacional oficializó un nuevo examen único para ingresar a residencias médicas

El Ministerio de Salud creó el Examen Integrado del Sistema Nacional de Residencias de la Salud, que será obligatorio para acceder a residencias básicas, articuladas y postbásicas. La medida llegó tras las denuncias de fraude detectadas en las evaluaciones de 2025.

El Gobierno nacional oficializó un nuevo esquema para el ingreso a las residencias médicas y de otras disciplinas sanitarias en todo el país.

A través del Decreto 555/2026, publicado en el Boletín Oficial, el Ministerio de Salud dispuso la creación del Examen Integrado del Sistema Nacional de Residencias de la Salud, que pasará a ser la única instancia válida para acceder a los cargos de formación.

La decisión fue firmada por el Ministro, Mario Lugones, y dejó sin efecto el régimen anterior, además de derogar la Resolución Secretarial 186/2019 y los convenios vigentes hasta ahora.

La reforma se impulsó luego de que el Gobierno detectara casos de fraude académico en los exámenes de residencias 2025.

La nueva normativa también creó el Comité de Adhesión al Examen Integrado del Sistema Nacional de Residencias de la Salud, organismo que tendrá a su cargo la coordinación general del sistema.

Estará integrado por un presidente en representación de las instituciones nacionales y representantes de cada entidad formadora adherida, tanto pública como privada. Todos ejercerán sus funciones ad honorem.

Entre sus responsabilidades, el  Comité de Adhesión al Examen Integrado del Sistema Nacional de Residencias de la Salud deberá definir el cronograma anual, las sedes de examen, la bibliografía obligatoria y los mecanismos de validación y corrección de las pruebas.

Además, coordinará la implementación del examen en hospitales, instituciones nacionales y organismos descentralizados.

La administración y el control de los convenios quedarán bajo la órbita de la Dirección Nacional de Calidad y Desarrollo del Talento en Salud, dependiente de la Subsecretaría de Institutos y Fiscalización.

En paralelo, la Resolución 2012/2026 reglamentó el proceso de inscripción al denominado Concurso Nación de Residencias de la Salud.

Allí se establecieron los requisitos para acceder a las residencias básicas y articuladas, además de las condiciones específicas para las postbásicas.

El reglamento determina que podrán inscribirse ciudadanos argentinos nativos, por opción o naturalizados.

Los extranjeros deberán contar con DNI argentino o documentación migratoria que acredite residencia temporaria o permanente. El certificado de residencia precaria no habilitará el acceso a un cargo.

En cuanto a la formación académica, todos los postulantes deberán tener el título habilitante al momento de la inscripción.

Los graduados en universidades extranjeras tendrán que presentar la convalidación emitida por la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano o una reválida otorgada por una universidad argentina.

La preinscripción será obligatoria y deberá realizarse de manera online a través del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino.

Luego, la documentación podrá entregarse de forma presencial, mediante un autorizado o por correo postal para quienes residan a más de 75 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.

El examen consistirá en una prueba presencial -escrita o digital- de 100 preguntas de opción múltiple.

Cada respuesta correcta otorgará un punto y habrá evaluaciones específicas según cada especialidad.

El puntaje final se calculará mediante la fórmula: (E×0.5)+P(E \times 0.5) + P(E×0.5)+P. En esa ecuación, "E" representa la nota del examen y "P" el promedio de la carrera, con un máximo de 10 puntos.

Además, quienes hayan realizado sus estudios de grado en Argentina recibirán un adicional de cinco puntos.

La normativa también estableció criterios de desempate. En primer lugar se tendrá en cuenta la mayor nota del examen.

Si persiste la igualdad, se evaluará la antigüedad del título y, en última instancia, definirá el Ministerio de Salud.

El cronograma oficial para el Concurso Nación 2026 ya fue publicado. La inscripción online en el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino se realizará entre el 6 y el 17 de abril, mientras que los exámenes de residencias postbásicas y básicas se tomarán el 30 de junio y el examen de Medicina será el 7 de julio.

El ingreso a las residencias está previsto para el 1 de septiembre.

La OMS le sugirió a Argentina reconsiderar su decisión de abandonar el organismo

El país oficializó su salida en marzo de este año.

El titular de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, le pidió a Argentina que reconsidere su salida del organismo, en medio del brote de hantavirus que se desató a bordo de un crucero que zarpó de Ushuaia.

"Creo que reconsiderarán sus decisión porque pueden ver lo importante que es la universalidad para la seguridad sanitaria, ya que a los virus no les importa nuestras políticas, ni nuestras fronteras, ni todas las excusas que podamos tener", dijo Adhanom.

Lo expresó en una conferencia de prensa para informar sobre la situación epidemiológica del buque, que se dirige desde Cabo Verde a las Islas Canarias, donde un equipo de epidemiólogos analizará el cuadro de los pasajeros.

Alineado con Estados Unidos, el Gobierno de Javier Milei anunció el año pasado su intención de dejar la OMS por sus diferencias respecto del manejo de la pandemia de coronavirus y en busca de mayor soberanía sanitaria.

La medida fue blanco de críticas por parte de los especialistas, que advirtieron que la decisión redundaría en un menor acceso a medicamentos y vacunas, pérdida de apoyo técnico y financiero, y aislamiento en la comunidad científica internacional. La salida se oficializó en marzo de este año.

"Hoy se hace efectivo el retiro de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud, al cumplirse un año de la notificación formal realizada por nuestro país", anunció el 17 de marzo de este año el Canciller Pablo Quirno.

El Ministro de Relaciones Exteriores explicó que el país había comunicado su intención de abandonar la alianza un año antes.

Aunque aclaró que "nuestro país continuará promoviendo la cooperación internacional en salud a través de acuerdos bilaterales y ámbitos regionales, resguardando plenamente su soberanía y su capacidad de decisión en materia de políticas sanitarias".

En medio de la emergencia epidemiológica que despertó el brote en el barco, el titular del organismo expresó: "Espero que esto pueda ser una lección para el mundo porque la solidearidad es nuetra mejor inmunidad".

Organizaciones sociales se manifestaron en reclamo del cierre del plan Volver al trabajo

El Frente Nacional Piquetero convocó a esta movilización para reclamarle al Ministerio de Capital Humano que reactive el plan que canceló en abril.

Organizaciones sociales y políticas nucleadas en el Frente Nacional Piquetero se manifestaron en el puente Pueyrredón para reclamarle al Ministerio de Capital Humano la reactivación del plan Volver al Trabajo que canceló en abril.

El dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano sostuvo que tanto el Presidente Javier Milei como la Ministra Sandra Pettovello "quieren condenar al hambre a un millón de familias" y por eso "desmantelaron" el programa.

"Hoy los movimientos piqueteros volvieron a ganar las calles porque saben que si no se lucha, este Gobierno te pasa por encima", sostuvieron.

"Tomar las calles tiene que ser la respuesta al plan de guerra de Milei. El desmantelamiento de la asistencia social es un despido masivo encubierto para cumplir con el FMI. Debe haber una unidad entre ocupados y desocupados para quebrar el ajuste", señaló.

El reclamo de las agrupaciones se basó en que unos 900.000 beneficiarios que percibían $78.000 mensuales se quedaron sin esa ayuda, hace un mes, porque el Estado lo discontinuó.

Sin embargo, un juez de Campana hizo lugar a una cautelar y emplazó al Gobierno nacional para que lo siguiera abonando.

Posteriormente, el Poder Ejecutivo apeló la medida y, ante la posibilidad de que la Justicia falle a favor de la medida inicial de discontinuar el plan, el Frente Nacional Piquetero convocó a esta movilización hacia el Puente Pueyrredón.

"Con este programa se construyen puestos de trabajo con compañeras trabajando en los comedores, dando asistencia de salud, de género", indicaron los manifestantes.

"Por eso, nosotros tenemos que estar más unidos que nunca para decirle a este Gobierno que no va a poder con nosotros, porque somos gente laburadora", concluyeron.