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Actualizaron el índice para calcular jubilaciones de trabajadores que se retiren desde septiembre

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El Gobierno nacional aprobó el nuevo índice combinado que se utilizará para actualizar las remuneraciones computables de los trabajadores en relación de dependencia que cesen desde el 31 de agosto o soliciten su beneficio previsional a partir del 1 de septiembre.

La Subsecretaría de Seguridad Social estableció un nuevo índice para actualizar las remuneraciones que se toman en cuenta al momento de calcular las prestaciones previsionales de los trabajadores en relación de dependencia. La medida alcanzará a quienes cesen en su actividad desde el 31 de agosto de 2026 o soliciten su beneficio jubilatorio a partir del 1 de septiembre.

La decisión fue oficializada este miércoles mediante la Disposición 10/2026 de la Subsecretaría de Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Capital Humano, publicada en el Boletín Oficial y firmada por la subsecretaria Alexandra Biasutti.

En concreto, la normativa establece el índice combinado previsto por la legislación previsional para actualizar las remuneraciones mensuales percibidas por los trabajadores en relación de dependencia. Esas remuneraciones actualizadas forman parte de las variables utilizadas posteriormente para determinar el haber previsional.

La medida no establece un nuevo mecanismo de movilidad mensual de las jubilaciones ya otorgadas, sino que está vinculada con la actualización de los salarios históricos que se consideran para el cálculo de determinados beneficios previsionales.

Cómo se calcula el nuevo índice

El mecanismo surge de la Ley 27.609, que modificó la Ley 26.417 y estableció un índice combinado para realizar la actualización trimestral de las remuneraciones contempladas en los artículos 24 y 97 de la Ley 24.241.

Para elaborar el indicador se combinan dos componentes establecidos por la legislación previsional, uno de ellos vinculado a la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables.

El Ripte mide la evolución de los salarios sujetos a aportes de los trabajadores registrados y estables.

En términos simples, funciona como un indicador de la evolución de los salarios formales. Se construye a partir de las remuneraciones imponibles, es decir, aquellas sobre las que se realizan aportes al sistema de seguridad social, de trabajadores con una determinada continuidad laboral.

La metodología fue reglamentada mediante el Decreto 104/2021, que dispuso que el organismo encargado de la Seguridad Social debe elaborar y publicar trimestralmente el índice combinado, junto con la metodología utilizada para confeccionarlo.

Posteriormente, la Resolución 3/2021 aprobó formalmente la metodología utilizada para su elaboración.

Ahora, la Dirección Nacional de Políticas de la Seguridad Social confeccionó el índice correspondiente al nuevo período, que quedó incorporado como anexo de la disposición publicada este miércoles.

A quiénes alcanza la actualización

La normativa determina específicamente que el nuevo índice deberá utilizarse para actualizar las remuneraciones mensuales de los trabajadores en relación de dependencia que cesen a partir del 31 de agosto de 2026 o que soliciten su beneficio previsional desde el 1 de septiembre de este año.

De esta manera, el indicador permite llevar los salarios históricos considerados para el cálculo previsional a valores actualizados, de acuerdo con la metodología establecida por la normativa vigente. El artículo 1° de la disposición formalizó la aplicación del nuevo índice y estableció que forma parte de la norma como anexo.

Finalmente, el Gobierno determinó que la disposición entra en vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial, realizada este miércoles 12 de agosto.

Gobierno nacional fijó pautas y límites para la inversión de Fondos de Asistencia Laboral

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Las carteras deberán ser integradas en pesos y contar con un piso del 10% de alta disponibilidad.

El Ministerio de Economía estableció las pautas y límites generales de inversión aplicables a los recursos de los Fondos de Asistencia Laboral, mediante la Resolución 1276/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

El Fondos de Asistencia Laboral fue creado bajo la ley de Reforma Laboral y reglamentado por el Decreto 408/2026, el cual definió que las "Entidades Habilitadas" para la administración, inversión y resguardo de estos recursos son aquellas sociedades autorizadas por la Comisión Nacional de Valores a operar a través de Fondos Comunes de Inversión o Fideicomisos Financieros constituidos en el país.

Con esta nueva resolución, el Gobierno busca "preservar el valor de los aportes efectuados por los empleadores" y asegurar que existan recursos líquidos suficientes para el pago de las prestaciones, aplicando límites para evitar la concentración de riesgos en carteras.

La normativa dispone que los administradores deberán regirse por "principios de seguridad, liquidez, diversificación, transparencia, preservación del capital".

En este sentido, se definió una lista de instrumentos autorizados para conformar las carteras, los cuales deberán estar integrados y ser pagaderos en pesos, además de emitirse y negociarse en mercados locales habilitados:

Obligaciones negociables emitidas por firmas privadas en el país.

  • Títulos de deuda del Estado Nacional.
  • Títulos de deuda de provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
  • Depósitos bancarios en entidades financieras autorizadas por el Banco Central.

Para el caso de los títulos provinciales y las Obligaciones negociables privadas, la resolución exige que posean autorización de oferta pública, que se negocien en mercados autorizados por la Comisión Nacional de Valores, y que cuenten con una calificación de riesgo "AAA" en escala nacional otorgada por al menos dos agencias calificadoras registradas ante el organismo regulador.

Las carteras del FAL solo podrán incorporar instrumentos que prevean rendimientos bajo parámetros específicos: Tasa Fija, tasa de depósitos mayoristas en pesos cláusula de ajuste capitalizable por inflación, o cláusulas vinculadas a la evolución del tipo de cambio oficial. También se autoriza la tenencia de Bonos Duales, siempre que combinen estas mismas modalidades.

Para mitigar los riesgos de concentración, la cartera total de cada fondo del Fondo de Asistencia Laboral deberá respetar topes porcentuales calculados sobre su patrimonio total:

  • Depósitos bancarios: hasta un 15% en una misma entidad financiera y sus empresas vinculadas.
  • Deuda provincial y de Ciudad de Buenos Aires: hasta un 15% en forma agregada, con un tope del 5% por jurisdicción.
  • Obligaciones negociables privadas: hasta un 20% de forma agregada, y no más del 10% por emisor y su grupo vinculado.
  • Instrumentos vinculados al tipo de cambio: hasta un 10% en forma agregada, incluyendo la porción correspondiente a los Bonos Duales.

A su vez, se dispuso la prohibición de realizar operaciones "con la propia entidad", al establecer que las administradoras no podrán invertir los recursos del FAL en depósitos o títulos emitidos por ellas mismas, sus controlantes, controladas o vinculadas, exceptuando depósitos a la vista operativos de carácter transitorio.

En caso de que un activo sufra una baja de calificación crediticia sobreviniente, perdiendo la calificación "AAA" requerida, la entidad tendrá un plazo máximo de 180 días corridos para enajenarlo de manera ordenada o mantenerlo a su vencimiento, quedando prohibido realizar nuevas adquisiciones de ese emisor.

Asimismo, la reglamentación exige mantener un porcentaje no menor al 10% del patrimonio total del Fondo de Asistencia Laboral en activos de alta liquidez y bajo riesgo. Dentro de esta categoría únicamente se computarán depósitos a la vista, plazos fijos precancelables, o con vencimiento menor a 30 días corridos, y letras del Tesoro Nacional en pesos con un remanente menor a 90 días corridos.

Si este colchón de liquidez disminuyera por debajo del 10% obligatorio como consecuencia del pago de las prestaciones del sistema, la Entidad Habilitada dispondrá de 90 días corridos para reconstituir la cartera.

El control final y los detalles operativos de la norma estarán bajo la órbita de la Comisión Nacional de Valores.

El organismo dispondrá de un plazo de 45 días corridos desde la entrada en vigencia de la resolución para dictar todas las normativas complementarias y aclaratorias necesarias para su plena implementación.

Santilli asumió como director del Estado en YPF y ejercerá ad honorem

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La designación coincide con un balance récord de la petrolera y negociaciones clave en las provincias.

Con una renuncia formal a cualquier tipo de cobro, el Gobierno sumó a Diego Santilli al Directorio de YPF S.A. en representación del Estado nacional.

Asumió como director titular por las acciones Clase A a través de un escrito presentado el 10 de agosto ante la compañía y la Comisión Nacional de Valores.

En la nota enviada a las autoridades, el jefe de Gabinete dejó asentada su renuncia expresa e irrevocable a "remuneración, honorarios, dieta, retribución, compensación, viáticos y cualquier otro concepto de naturaleza económica". De esta manera desestimó cobrar el haber promedio anual de 954.000 dólares fijado para el puesto, repitiendo la postura adoptada por sus antecesores.

La función le otorga la llamada "Acción de Oro", un mecanismo de la participación estatal mayoritaria que permite ejercer poder de veto en decisiones estratégicas de la empresa, como fusiones o eventuales privatizaciones.

El nombramiento se produce en simultáneo con varias negociaciones políticas en las provincias. Por un lado, el Gobierno busca un acuerdo con diez gobernadores por la ley de zonas frías de cara a un encuentro en Posadas.

Y, por otro lado, este jueves 13 de agosto hará un viaje a Catamarca junto al ministro de Economía, Luis Caputo, para impulsar con los mandatarios Raúl Jalil y Elías Suárez la obra del Acueducto Albigasta, un proyecto de $99.769.000.000 financiado por el BID.

En el plano corporativo, la designación coincide con el mejor balance trimestral en la historia de la petrolera. Impulsada por la suba internacional del precio del crudo, la empresa reportó durante el segundo trimestre ganancias netas por 1.205 millones de dólares e ingresos por U$S6.574.000.000.

La mesa política, con la presencia de Sturzenegger, buscó reordenar la agenda legislativa

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El encuentro duró más de tres horas y sirvió para repasar proyectos en marcha.

Tras el revés que sufrió el Gobierno en el Senado, la mesa política volvió a tomar contacto este martes, en un encuentro que duró casi tres horas para tratar de reordenar la agenda parlamentaria y con la presencia del Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, un hecho poco frecuente.

De acuerdo a lo que difundió el oficialismo posteriormente al encuentro que tuvo lugar en el despacho del Ministerio Interior en Casa Rosada, Sturzenegger se dedicó a dar explicaciones sobre el cronograma de los proyectos de ley en los que trabaja su equipo.

Bajo ese marco, se definió que el primero de los proyectos a impulsar será el referido al mercado de capitales.

Y, más allá de las resistencias que genera el funcionario, a quien algunos lo responsabilizan por los tropiezos legislativos que provocan sus ideas, recalcaron que las iniciativas de desregulación "constituyen un pilar fundamental del proceso de crecimiento económico que atraviesa el país".

Después, se repasaron los proyectos de ley ya ingresados al Congreso y se trabajó en el ordenamiento del calendario legislativo para el tratamiento de todas las iniciativas oficiales, que son varias y en Casa Rosada no informaron que prioridad tendrá cada uno.

Aparece la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que tuvo media sanción en el Senado y se suman las reformas de la carta orgánica del Banco Central, calificada con prioridad absoluta por el Presidente Javier Milei, y la política, que incluye la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias.

Asimismo, figuran en el radar libertario la Ley de Inocencia Fiscal II, Zonas Frías y el paquete económico que complementará los cambios en el Banco Central.

A su vez, el Ministro de Economía, Luis Caputo, realizó un abordaje de la situación económica y de las principales variables e indicadores.

En tanto, según fuentes oficiales, el Jefe de Gabinete, Diego Santilli, realizó un análisis de las distintas reuniones y conversaciones con gobernadores.

Además, comentó que este miércoles participará de un encuentro en Misiones en el marco del Consejo del Norte Grande, junto a gobernadores de la región.

Asimismo, el día viernes, en la mesa política se ratificó que Santilli y Caputo viajarán a Catamarca para reunirse con los gobernadores Raúl Jalil, de Catamarca, y Elías Suárez, de Santiago del Estero, con el objetivo de poner en marcha la Red de Acueductos y Plantas Potabilizadoras Albigasta.

Por último, se definió que en próximas reuniones se convocará a otros ministros del Gabinete nacional, "con el objetivo de ampliar la participación sectorial y profundizar el abordaje de las distintas áreas de gestión y de la agenda legislativa", expresaron en el oficialismo.

Participaron del encuentro la Secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el Jefe de Gabinete, Diego Santilli; el Ministro de Economía, Luis Caputo; el Presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la Senadora nacional, Patricia Bullrich; el Subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem; el Vicejefe de Gabinete de Ministros, Ignacio Devitt; el Asesor presidencial, Santiago Caputo; y el Secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.

Ravier: "Se termina el flagelo de financiar la salud de no residentes"

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El vocero dijo que se pone fin a "uno de los mayores flagelos de los pagadores de impuestos: financiar la salud pública de extranjeros que no viven" en Argentina.

El Vocero presidencial, Adrián Ravier, afirmó este martes que la resolución que obliga a que los extranjeros no residentes deban pagar para atenderse en hospitales públicos, pone fin a "uno de los mayores flagelos" para quienes pagan sus impuestos.

Ravier se refirió de ese modo a la resolución que dispone que cuando un extranjero no acredite residencia permanente, deberá presentar "un seguro de salud válido que cubra la prestación" o pagar el arancel previo a su atención.

La medida fue oficializada este martes a través de la Resolución 1066/2026 firmada por el Ministro de Salud, Mario Lugones, publicada en el Boletín Oficial.

"A partir de hoy, todo paciente extranjero que no sea residente permanente deberá contar con seguro médico o pagar para ser atendido en los hospitales públicos nacionales", expresó el vocero en su cuenta de la red social X.

Ravier puntualizó: "En el caso de extranjeros que no cuenten con seguro médico o cuyo seguro sea insuficiente para cubrir los costos, el hospital exigirá el pago de la prestación previo a brindarla, excepto en los casos de riesgo de vida en los que la atención sanitaria de emergencia continuará garantizada".

"El Ministerio de Salud de la Nación termina así con uno de los mayores flagelos de los pagadores de impuestos: financiar la salud pública de extranjeros que no viven acá, no trabajan acá, ni pagan impuestos acá", subrayó.

"Ya dimos un paso fundamental en 2025 cuando se habilitó a las universidades públicas a cobrar un arancel a los extranjeros, ahora los hospitales darán el ejemplo", agregó.


Gobierno nacional tildó de "político" el paro universitario de este miércoles y confirmó la paritaria

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Desde el Ministerio de Capital Humano le respondieron a los sindicatos.

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Capital Humano, ratificó este lunes la convocatoria a la mesa paritaria con los gremios universitarios, docentes y no docentes, para el próximo 1 de septiembre, y de esa forma le respondió a los sindicatos que anunciaron un paro para el próximo miércoles 12 de agosto.

En un comunicado, la cartera que lidera Sandra Pettovello calificó la protesta como de "carácter político".

También, en medio de cuestionamientos sindicales por la falta discusión salarial, señaló que la reunión paritaria fue pactada "conforme al cronograma oportunamente establecido" y remarcó el accionar del área educativa estatal.

"A través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, se ha actuado en todo momento en estricto cumplimiento de la normativa vigente y en los términos dispuestos por la Justicia", subrayaron desde el Ministerio.

En ese sentido, el Ejecutivo cuestionó con dureza la medida de fuerza ratificada por los sindicatos docentes y no docentes para el 12 de agosto.

"El paro anunciado constituye una medida de carácter político y no responde a un reclamo genuino, toda vez que no existe incumplimiento alguno por parte del Gobierno nacional", concluyó el texto oficial.

La medida de este miércoles fue confirmada por distintas organizaciones gremiales el jueves pasado y se llevará adelante sin concurrencia a los lugares de trabajo. Entre los principales reclamos se encuentran una recomposición salarial, el pago de una deuda que los gremios estiman en un 28,5% hasta junio y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

La Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales resolvió adherir a la medida, mientras que Conadu Histórica anunció además una nueva jornada de protesta de mayor duración.

Según anticipó el gremio, también realizará un paro nacional desde el martes 18 hasta el sábado 22 de agosto.

Las organizaciones sindicales también reclaman el envío de fondos para los gastos de funcionamiento de las universidades y cuestionan la falta de transferencia de un incremento del 20% contemplado para ese concepto.

Karina Milei auditará los proyectos desregulatorios de Sturzenegger

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Será después del paro de prácticos y tras perder dos capítulos clave de la Ley de Propiedad Privada, dos temas impulsados por el funcionario.

Tras el revés legislativo de la semana pasada, la Secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, tomó una determinación y dispuso que la mesa política audite los proyectos de ley antes de ser girados al Congreso.

El reducido círculo sumará la tarea de analizar en detalle las normativas, en particular, las que envíe el ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que tiene a cargo a Federico Sturzenegger, que suelen generar polémica en varios sectores.

Luego del esfuerzo que supuso la media sanción en la Cámara de Senadores de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que llevó cuatro intentos y recién se avanzó con la eliminación del capítulo de extranjerización de la tierra y del manejo del fuego, en Casa Rosada sacaron la conclusión de que el articulado "era muy ambicioso".

A días de la compleja sesión del pasado jueves, la mesa política volverá a reunirse este martes, a las 13, para realizar un análisis detallado del debate en la Cámara de Senadores que generó tensión entre la senadora Patricia Bullrich y el autor del proyecto.

"En esta mesa política haremos un análisis y evaluación de lo que pasó en Senado y cómo encarar los proyectos para adelante. También, depurar lo que viene de Desregulación", sostuvo un integrante ante esta agencia.

"Para llegar a Retiro y no quedarnos en la primer estación, la mesa política es la que tiene que darle racionalidad pragmática", definió un funcionario al respecto.

Sturzenegger es de los ministros más elogiados por el Presidente Javier Milei, y uno de los que trabaja en permanente contacto con el mandatario. Pese al desguace de gran parte del articulado, desde el entorno del funcionario destacaron el avance legislativo.

"Tenemos media sanción. No es que se saco todo. Además, siempre los proyectos se envía un base y después sufre modificaciones. Está el ejemplo de la Ley Bases, la Ley de Modernización Laboral, entre otras", precisó una fuente de la cartera.

Si bien se pensó incluir a Federico Sturzenegger en la reunión de la mesa, finalmente no ocurrirá, aunque no descartan que pueda sumarse en el futuro para dar detalles de los futuros proyectos.

Como segunda medida, el Poder Ejecutivo resolvió avanzar con las medidas favorables y que cuentan con los respaldos necesarios para su aprobación, que le permita mostrarse en recuperación de la dinámica.

Además, previo a designar las fechas para avanzar en el tratamiento se realizará una presentación pública de cada proyecto para evacuar dudas.

Gobierno nacional realizó cambios en el esquema de privatización de Belgrano Cargas

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Según se informó, los fondos obtenidos por la venta de material rodante serán destinados a financiar las obras que deberán realizar los futuros concesionarios ferroviarios.

El Gobierno realizó cambios en el esquema financiero previsto para la privatización de Belgrano Cargas y Logística Sociedad Anónima y dispuso que el dinero obtenido a través del "remate público del material rodante y el producido de la venta del material rodante incluido en los contratos de concesión de vías" serán asignados a "un fideicomiso" que determine el Ministerio de Economía "con destino único al financiamiento y pago de las obras a cargo de los concesionarios".

Así se informó este lunes a través del Decreto 718/2026 publicado en el Boletín Oficial, el cual indicó en el artículo 1°: "Establécese que el producido de la venta mediante remate público del material rodante así como el producido de la venta del material rodante incluido en los contratos de concesión de vías serán asignados a un fideicomiso que a tal efecto determine el Ministerio de Economía con destino único al financiamiento y pago de las obras a cargo de los concesionarios".

Asimismo, señaló en el escrito firmado por el Presidente Javier Milei, y el Ministro Luis Caputo, que en el artículo 2° se instruyó al Ministerio de Economía a adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo previsto en citado el artículo 1°, debiendo concretar, entre otras, las siguientes acciones:

  • Asignar al fideicomiso al que se hace referencia en el artículo 1° del presente decreto los recursos previstos en este, pudiendo suscribir el contrato de fideicomiso, así como dictar las normas operativas y complementarias que resulten pertinentes.
  • Determinar el precio de venta del material rodante incluido en los contratos de concesión mencionados en el artículo 1° del presente decreto, tomando como valor mínimo de referencia la tasación del valor venal del material rodante practicada por el Tribunal de Tasaciones de la Nación, organismo descentralizado actuante en el ámbito de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía, en el marco del proceso de privatización de Belgrano Cargas y Logística Sociedad Anónima.

La CGT respaldó el próximo paro universitario: "Sin universidad pública no hay futuro"

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Será el próximo miércoles y la central obrera se expresó a través de la Unión de Docentes Argentinos.

Un nuevo paro de universitarios se producirá el próximo miércoles 12, con la convocatoria y el respaldo de la CGT, a través del gremio Unión de Docentes Argentinos.

El sindicato que conduce el secretario de Políticas Universitarias cegetista, Sergio Romero, expresó que convoca a la huelga ante el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y del acta firmada el 10 de junio.

"Sin universidad pública, no hay futuro", expuso el colectivo sindical para justificar una nueva protesta en reclamo de recomposición de haberes para los empleados.

En torno a la normativa que recompone fondos para los salarios de los trabajadores de la casas de estudio, el martes pasado la Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó la vigencia de la medida cautelar dictada a favor del reclamo de las universidades públicas.

La medida se produce tras el rechazo de la Corte Suprema de Justicia al recurso presentado por el Ejecutivo nacional.

En particular, la Cámara resolvió que el recurso de apelación interpuesto por el Consejo Interuniversitario Nacional contra la suspensión de la ejecución de una medida cautelar se tornó abstracto.

La decisión se fundamentó en que el máximo tribunal de Justicia rechazó el recurso extraordinario federal presentado por el Estado Nacional, lo que eliminó el único fundamento de aquella suspensión.

Por lo tanto, la determinación deja sin efecto cualquier suspensión de la ejecución y obliga al Estado a disponer las partidas presupuestarias necesarias para actualizar salarios docentes y no docentes, así como las becas estudiantiles.

Y la Sala III devolvió el expediente a primera instancia para su ejecución plena.

Así, la medida no puede ser suspendida mientras se discute el fondo de la causa. Un verdadero golpe para el Gobierno, que continúa argumentando que no dispone de los fondos necesarios para cumplir con la normativa que se sancionó en 2025.

Conflicto portuario: Gobierno nacional oficializó rebaja del 20% en tarifas de practicaje

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La medida forma parte de los puntos acordados con los prácticos, que incluyeron la suspensión de la desregulación del sector.

La Agencia Nacional de Puertos y Navegación oficializó la reducción del 20% en las tarifas máximas de practicaje y pilotaje, que forma parte del acuerdo con el sector para desactivar el paro en los puertos que rechazaba la desregulación de la actividad.

La medida fue formalizada mediante la Resolución 46/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial, como parte de los puntos acordados para descomprimir el grave conflicto que paralizó la actividad fluvial y marítima del país en los últimos días.

La normativa operacionaliza técnicamente el descuento acordado. La quita del 20% se aplicará directamente sobre el resultante de los cálculos del Régimen de Tarifas Máximas que regía desde el año 2018.

Tanto la Cámara de Actividades de Practicaje y Pilotaje como la Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos Fluviales de la Marina Mercante expresaron formalmente su conformidad con el recorte arancelario en el marco del acuerdo general.

La rebaja tarifaria entra en vigencia inmediatamente y tendrá validez de forma provisoria, estrictamente mientras dure la suspensión temporal de la reforma del practicaje dispuesta por el Ejecutivo nacional.

El origen del conflicto: la desregulación fallida

La tensión en el sector portuario se originó a partir de la desregulación del reglamento del practicaje vigente desde 1991, a través del Decreto 690/2026, impulsado por el Ministro Federico Sturzenegger.

Allí se eliminaban regulaciones consideradas obsoletas, con el argumento de remover barreras y facilitar la incorporación de nuevos prestadores.

Sin embargo, la entrada en vigencia de esta reforma regulatoria fue rechazada de plano por los prestadores del servicio, quienes iniciaron medidas de fuerza que pusieron en jaque el normal funcionamiento del transporte fluvial y el comercio exterior.

Ante el riesgo de una paralización mayor, el Gobierno suspendió de manera temporal los efectos de la reforma y restituyó el marco regulatorio anterior para garantizar la continuidad del servicio esencial de practicaje, mediante el Decreto 716/2026.

Así surgió de una negociación coordinada por el Ministerio de Seguridad Nacional, donde las partes pactaron reanudar el servicio de forma regular a cambio de suspender la desregulación, crear una mesa intersectorial permanente para consensuar un nuevo reglamento y aplicar una baja inmediata del 20% en los aranceles de practicaje.

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