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El Gobierno quiere empezar a vacunar en enero

El presidente dialogó con ministros de diferentes áreas en la primera reunión oficial del Comité de Vacunación en la Casa de Gobierno.

El Comité de Vacunación, encargado de diseñar la logística de las vacunas contra el coronavirus, tuvo su primera reunión oficial. El Presidente de la Nación, Alberto Fernández, lideró el encuentro. Luego, Ginés González García explicó cómo el Gobierno prevé que será la campaña.

El Comité de funcionarios es el encargado de la distribución y aplicación de las vacunas contra el Covid-19 que realizará el Gobierno nacional en los próximos meses, tarea en la que 60.000 agentes tendrán programas de capacitación masivos para la inoculación y en la cual las provincias utilizarán las escuelas para dar las aplicaciones.

González García anunció que se estima que la vacunación empezará "en la primera quincena de enero" y que "lo primero será eliminar la mortalidad en los grupos de riesgo y luego extender" la inoculación "a la población para que no se mantengan los contagios y se corte la cadena de transmisión".

"Más de 12 millones de personas son grupos de riesgo y personal estratégico, personas de más de 60 años, docentes, personal de salud, Fuerzas Armadas y de seguridad, que serán vacunados en primera instancia", explicó el ministro de Salud.

Asimismo, detalló que quedarán fuera del programa "menores de 18 años" que no tengan comorbilidades "porque no hay recomendación científica" de que deban recibir una dosis.

El titular de Salud calificó a esta campaña de "inédita en Argentina por su magnitud " e informó que en el país "se dan habitualmente 40 millones de dosis, y en este caso se llegarán a 60 millones, en un período corto de tiempo", con el objetivo de "vacunar al 100 por ciento de los argentinos" y "cuanto antes mejor".

"Es un programa de la Argentina para los argentinos" con el que el primer mandatario "quiere hacer una epopeya", remarcó González García.

No obstante, el ministro aseguró que con la vacunación masiva "la contagiosidad se va a ir acortando", pero alertó que la dosis "no reemplaza la conducta" de los ciudadanos para evitar la transmisión del virus, porque el problema "no está resuelto".

El Estado nacional aportó más de $720.000 millones para hacerle frente a la pandemia

El monto de $ 723.461 millones destinado a asistir a los estados provinciales, las empresas y las familias es equivalente al 40,8% de la coparticipación federal.

Desde fines de marzo, cuando comenzó el brote de coronavirus en Argentina, el Gobierno nacional invirtió en programas para paliar las consecuencias del aislamiento social. En total, destinó $ 723.461 millones para hacerle frente a la crisis provocada por la pandemia.

Los datos fueron obtenidos a través de un análisis del Gobierno sobre las transferencias del Estado nacional a las provincias en el marco de las medidas de aislamiento realizadas a partir del 20 de marzo, fecha de entrada en vigencia del decreto 297, y hasta el 2 de noviembre.

De acuerdo al relevo, el monto de $723.461 millones destinado a asistir a los estados provinciales, las empresas y las familias es equivalente al 40,8% de la coparticipación.

Por un lado se mencionan las transferencias directas a través de Asistencias del Tesoro Nacional y el Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincia por $108.073 millones, mientras las indirectas, es decir aquellos fondos girados a las empresas y las familias, sumaron $ 615.389 millones.

Los préstamos otorgados por el Ffdp fueron diseñados para cubrir las necesidades financieras específicas de cada provincia producto de la pandemia y las medidas sanitarias para su control.

Entre los fondos que el Gobierno nacional distribuyó en las empresas y las familias en todo el territorio nacional figuran los créditos productivos a tasa 24%, los préstamos a tasa 0% para trabajadores monotributistas y autónomos, y los préstamos a empresas otorgados en el marco del Programa Asistencia al Trabajo y la Producción.

Todos estos créditos cuentan con garantía estatal y, en algunos casos, subsidio de tasa, lo que permitió un aumento sustancial del crédito productivo, utilizado por las empresas para transitar la crisis, reforzar el capital de trabajo y reiniciar actividades cuando esto les fue posible.

Con respecto al salario complementario, que permitió sostener los del sector privado, el Gobierno destinó $ 204.089 millones, mientras que al Ingreso Familiar de Emergencia, diseñado para atender los ingresos de las y los trabajadores del mercado informal, se destinaron $ 258.013 millones.

Obra pública: Mendoza recibe de la Nación un 60% menos que San Juan

Así lo explica un informe aparecido este domingo en Diario El Sol, de Mendoza. La Casa Rosada tiene en ejecución en todo el país 652 obras, por un total de 450.000 millones de pesos.

Otro diario que publicó un articulo similar es diario Perfil, que mostró los motos que recibe cada provincia desde la Nación. Allí se advierte que Mendoza recibe menos de la mitad de lo que llega a San Juan.

La Casa Rosada no esperó el inicio del año electoral para inyectar dinero en la obra pública, la gran apuesta para reactivar la economía y ganar los comicios de medio término, y tratar de contrarrestar la instalación de la palabra "ajuste".

"Alberto, el constructor", tal como apodan en Casa Rosada al presidente, pide motorizar la obra pública como plan para mostrar gestión. En este sentido, en todo el país hay 652 obras en ejecución con una inversión de 449.531 millones de pesos.

El resultado de la ejecución esa suma de dinero surgirán obras que serán estratégicamente inauguradas en los meses previos a las elecciones, acompañadas con el eslogan "Reconstrucción Argentina".

Según publicó el diario Perfil, Mendoza, la quinta más grande del país, está octava en el ranking de provincias que más fondos reciben. La provincia gobernada por Rodolfo Suárez tiene 14 obras por 12.512 millones de pesos, lo cual representa el 2,78% del total que se gastará en toda Argentina.

Por su parte, San Juan, con mucha menos cantidad de habitantes, recibe más fondos nacionales para obra pública. Un fenómeno similar ocurre con provincias como Chaco, Río Negro y Entre Ríos, que tienen pocos habitantes pero recibieron una friolera de pesos para usar en obra pública.

Provincia por provincia

La provincia de Buenos Aires es la que encabeza el ranking de obra pública. Hay 313 obras vigentes que representan un costo de 226.680 millones de pesos.

De esta manera la provincia gobernada por Axel Kicillof, que representa casi el 40% de la población del país, posee el 48% de las construcciones vigentes. El porcentaje sube al 50,42% si se tiene en cuenta los montos destinados.

Córdoba, el segundo territorio en cantidad de habitantes tiene el 8,2% de habitantes del país y posee 57 obras en vigencia con un costo de 29.858 millones de pesos, un 6,64% del presupuesto total.

En la lista sigue Santa Fe a cargo del Gobernador Omar Perotti que posee casi el 8% de la población argentina y el 4,67% de gastos en obra pública que llega al importe de 21.012 millones de pesos.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires que posee casi 3 millones de habitantes y representa el 7% de la población nacional, es la que menos inversión tiene, con apenas el 0,33 % equivalente a 1.523 millones de pesos.

En tanto, San Juan recibe 20.030 millones de pesos, lo que equivale al 4,45 % del total que Nación gastará en obras.

Mendoza recibe de Nación sólo 12.512 millones, lo cual significa un 2,78% del total del presupuesto de obra pública.

El ranking de lo que reciben las provincias

En el listado hay desde obras en hospitales y construcción de unidades sanitarias en destinos turísticos para contener la pandemia hasta la construcción de cárceles, escuelas, ampliación de universidades, rutas, pavimento, red de agua potable y cloacas.  

Provincia de Buenos Aires: $226.680 millones (50,42%) por 313 obras.

Córdoba: $29.858 millones (6,64%) por 57 obras.

Santa Fe: $21.012 millones (4,67%) por 26 obras.

San Juan: $20.030 millones (4,45 %) por 13 obras.

Chaco: $18.012 millones (4%) por 21 obras.

Río Negro: $14.298 millones (3,18%) por 14 obras.

Entre Ríos: $12.693 millones (2,82%)por 19 obras. 

Mendoza: $12.512 millones (2,78%) por 14 obras.

Neuquén: $10.928 millones (2,43%) por 13 obras.

La Rioja: $10.258 millones (2,28%) por 9 obras.

Misiones: $9.365 millones (2,08%) por 8 obras.

Santiago del Estero: $8.775 millones (1,95%) por 8 obras.

Corrientes: $8.320 millones (1,85%) por 13 obras.

Chubut: $7.167 millones (1,50%) por 15 obras.

Salta: $6.171 millones (1,37%) por 14 obras.

Catamarca: $5.803 millones (1,29%) por 8 obras.

Formosa: $5.728 millones (1,27%) por 5 obras.

Tucumán: $5.688 millones (1,26%) por 12 obras.

Jujuy: $4.539 millones (1%) por 7 obras.

La Pampa: $3.542 millones (0,78%) por 8 obras.

San Luis: $2.721 millones (0,60%) por 4 obras.

Tierra del Fuego: $2.341 millones (0,52%) por 8 obras.

Santa Cruz: $1.569 millones (0,34%) por 32 obras.

Ciudad de Buenos Aires: $1.523 millones (0,33%) por 11 obras.

Fuente: Diario Perfil

Oficializan el ATP de noviembre con nuevos montos e incluyen a jardines maternales

El Gobierno nacional oficializó el nuevo pago a través de la Decisión Administrativa 2085/2020 publicada este viernes en el Boletín Oficial.

El Gobierno formalizó la extensión para noviembre de la séptima ronda del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción con nuevas especificaciones, topes y montos respectos de los beneficios, como así también la incorporación de guarderías y jardines maternales.

Ahora se extendieron los beneficios del Programa ATP relativos al Salario Complementario, a la postergación y reducción del pago de las contribuciones patronales con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y al Crédito Tasa Subsidiada respecto de los salarios y contribuciones que se devenguen durante noviembre.

La norma también establece que reciban el beneficio del Salario Complementario, aquellas empresas que desarrollen alguna de las actividades incluidas en la nómina de rubros afectados en forma crítica. En esta oportunidad, se definió incluir a guarderías y jardines maternales, que por no encontrarse inscriptos bajo el código 851010 del Clasificador de Actividades Económicas (CLAE), no accedían al beneficio de Salario Complementario.

En consecuencia, a fin de contemplarlos en el beneficio, el Comité estimó necesario requerir que el Ministerio de Educación remita a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) la nómina de establecimientos que desarrollan esa actividad, que cumplan con los parámetros propuestos, y se encuentren inscriptos bajo otro código del referido clasificador, para su incorporación al ATP.

En el caso del Salario Complementario, el Comité estableció como modalidad de cálculo para noviembre que el salario neto resulte equivalente al 83% de la remuneración bruta devengada en octubre, exteriorizada en la declaración jurada de aportes y contribuciones con destino a la seguridad social correspondientes a dicho período.

También indicó que el Salario Complementario a asignar como beneficio debe resultar equivalente al 50% del salario neto. El resultado así obtenido no podrá ser inferior a la suma equivalente a 1 salario mínimo vital y móvil ni superior a la suma equivalente a 1,5 SMVM, es decir, entre $ 18.900 y $ 26.350.

El Comité estableció que la suma del Salario Complementario no podrá arrojar como resultado que el trabajador obtenga un beneficio, por el concepto en trato, superior a su salario neto correspondiente a octubre.

Además, consideró conveniente que en el sector salud continúen con la percepción del beneficio del salario complementario aquellas empresas que verifiquen una variación de facturación interanual negativa, igual a cero o positiva de hasta el 35%, cualquiera sea su cantidad de empleadas y empleados.

También estimó necesario mantener la metodología de comunicación a la AFIP de la nómina de instituciones pasibles de ser beneficiaras del ATP. Por el lado de las empresas, se mantuvo el beneficio para aquellas de sectores no críticos cuya variación interanual de la facturación nominal esté entre -100% y -0,1%, que pasarán a tener un crédito a una tasa de interés de 27% anual, con tres meses de gracia, por hasta $22.680 por trabajador, a pagar en 12 cuotas iguales y consecutivas.

Este crédito podrá ser reintegrado total o parcialmente al final del pago de las cuotas, si la empresa cumple con metas de creación de empleo en 2021. Estas empresas también continuarán con el beneficio vigente de la postergación del pago de contribuciones patronales, y se aclaró que este beneficio será independientemente de la cantidad de trabajadores que tenga la empresa.

En tanto, las empresas pertenecientes a sectores críticos y no críticos podrán acceder al beneficio del crédito reconvertible en subsidio. Por un lado, las compañías, cualquiera sea la cantidad de empleados, con una variación de facturación nominal interanual negativa; o de menos de 800 empleados y empleadas y una variación igual a cero o positiva de hasta el 35% accederán a un crédito con tasa anual del 33%.

El kirchnerista Jorge Ferraresi juró como Ministro de Hábitat de la Nación

El Intendente licenciado de Avellaneda, miembro fundamental del Instituto Patria y hombre de confianza de Cristina Kirchner asumió el cargo tras el juramento que le tomó el Presidente Alberto Fernández en Casa Rosada.

El presidente de la Nación le tomó juramento a Jorge Ferraresi en el cargo de Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación en reemplazo de María Eugenia Bielsa, quien había confesado en un video que el krichnerismo había robado. (Ver nota aparte).

Llegaron hasta Casa de Gobierno, para participar de la jura, el Ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; y los intendentes de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde; de Ensenada, Mario Secco; y de Almirante Brown, Mariano Cascallares.

Gobierno confirmó que habrá un bono y una caja navideña para 7 millones de argentinos

Se entregarán cajas navideñas para 7 millones de personas y se anunció el pago de un bono a beneficiarios de planes sociales.

Ante la suspensión del IFE 4, el Gobierno nacional prevé utilizar parte de los fondos ahorrados para asistir con 90.000 millones de pesos en el mes de diciembre, para Navidad.

Para esto, el Gobierno anticipa entregar un bono especial para las fiestas de fin de año. Se distribuirían 1,7 millones de cajas navideñas a jubilados y planes de asistencia a determinados sectores.

Se estudia también entregar un bono de fin de año a los que perciben la asignación universal por hijo. El bono ascendería a 8.000 pesos y se acreditaría en las cuentas antes de Navidad.

Por su parte, Anses prevé avanzar con la distribución de cerca de 1.700.000 canastas navideñas a quienes perciben la AUH.

Daniel Arroyo, Ministro de Desarrollo Social, dijo que se impulsa la creación de 300 mil puestos de trabajo en sectores como alimentación, construcción, reciclado y tareas de cuidado. Incluyen el plan para urbanizar 400 barrios populares por año y crear 800 jardines de infantes.

Se indicó además que los padres con un niño menor de 6 años pasarán de recibir 4.000 pesos mensuales a 8.000. Los que tengan más de uno, lo harán de 6.000 pesos a 12.000, para la compra de alimentos.

La misión del FMI ya está en Buenos Aires en reunión con el Gobierno

Los representantes del organismo de crédito están en Buenos Aires y comenzaron su tarea con encuentros a nivel técnico. Con Guzmán y Pesce se verán en los próximos días.

La misión del Fondo Monetario Internacional llegó este martes a Argentina, encabezada por la Subdirectora del Departamento del Hemisferio Occidental, Julie Kozack, y por el Jefe de Misión para la Argentina, Luis Cubeddu.

Este mismo martes comenzaron con las reuniones de carácter técnico con funcionarios de la administración nacional.

El Gobierno apunta a conseguir un préstamo a 4 años y medio de línea de facilidades extendidas para el repago de la deuda por US$44.000 millones que mantiene con ese organismo multilateral y los US$5000 millones de intereses.

Los encuentros entre los funcionarios de Alberto Fernández y los enviados del FMI, los mismos que estuvieron el mes pasado en una misión de aproximación, se sucederán en los próximos días.

Fuentes oficiales comentaron que habrá una rueda más de reuniones de carácter técnico esta semana y recién para la próxima sería el turno de una cumbre más política, seguramente con el ministro de Economía, Martín Guzmán, y con el presidente del Banco Central, Miguel Pesce.

Se estima que los funcionarios del FMI se quedarán en Buenos Aires por las próximas dos semanas y no se descarta que, además del cronograma de encuentros con distintos funcionarios del Gobierno, mantengan reuniones con líderes de la oposición política, así como referentes empresarios y sindicales, como es habitual en este tipo de visitas.

En la previa a la llegada de la nueva misión, el ministro de Economía, Martín Guzmán, encabezó una reunión del gabinete económico ampliado y también difundió los lineamientos de la nueva fórmula de actualización de los haberes jubilatorios, que debe aprobar el Congreso.

El Gobierno busca que el Fondo habilite un plazo de cuatro años y medio para comenzar a pagar las deudas, ya que le daría margen para intentar equilibrar las cuentas fiscales.

"El staff del FMI y el gobierno argentino consideran que en las circunstancias actuales, ese tipo de programa es la mejor alternativa disponible", afirmó Guzmán en declaraciones a las agencias internacionales Reuters y Bloomberg.

Ese acuerdo de facilidades extendidas podría implicar para la Argentina mayores condicionamientos. Según indica el organismo multilateral en su página web "cuando un país se enfrenta a graves problemas de balanza de pagos a mediano plazo debido a deficiencias estructurales que tardarán tiempo en resolverse, el FMI puede brindar asistencia a través del Servicio Ampliado del FMI. En comparación con la asistencia proporcionada en el marco de un Acuerdo de Derecho de Giro (Acuerdo Stand-By), los SAF se caracterizan por la participación en un programa y períodos de reembolso más largos".

ATP 7: definieron que se pagará sólo a sectores "críticos"

La actividad turística, cultural, entretenimiento y gastronómicos podrán acceder al salario complementario.

El gabinete económico definió este miércoles la modalidad de la ATP 7, la ayuda estatal a las empresas en el marco del programa de la Asistencia de Emergencia a la Producción y el Trabajo, para los sectores "críticos" de la economía nacional, castigados por la pandemia por coronavirus.

La Asistencia al Trabajo y la Producción, en su séptima versión, alcanzará, con el pago del salario complementario, a los sectores del turismo, la cultura, el entretenimiento y la gastronomía, mientras que el resto de los sectores "no críticos" podrá ser beneficiario de créditos subsidiados.

Así lo confirmó la Vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco, en un diálogo con los periodistas acreditados de Casa Rosada, que además incluyó definiciones sobre la cuestión cambiaria y la posibilidad de una continuidad del Ingreso Familiar de Emergencia.

La reunión, encabezada por el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, comenzó a media mañana y concluyó pasado el mediodía en el Salón de los Científicos de la Casa de Gobierno.

Tras el encuentro, Todesca Bocco dijo que la "recuperación económica" tiene "dos velocidades, una que es para los sectores no críticos donde ya se ven niveles de recuperación en algunos casos anteriores al impacto de la pandemia, y en otros muy cerquita".

"Pero después tenemos un conjunto de sectores que todavía no se han podido recuperar y eso tiene que ver con las medidas sanitarias. Son los que denominamos como 'sectores críticos' en los que vamos a concentrar el esfuerzo fiscal", añadió la funcionaria.

En ese marco, explicó que los sectores ''no críticos'' que podrán acceder a los "préstamos con garantía estatal y subsidio de tasa" son aquellos que reflejen una "facturación nominal" entre cero y el 35 por ciento.

"Bajamos de 40 a 35 por ciento (el tope de facturación nominal) porque, en el DNU original, dice que nosotros podemos asistir a las empresas siempre y cuando tengan una caída sustancial en su facturación real y la inflación interanual está en 36 por ciento. Es por eso que estamos corriendo ese límite", resumió la funcionaria.

Sobre el futuro del IFE, sostuvo que la continuidad de la ayuda sigue siendo tema de "discusión" dentro del equipo económico, aunque señaló que lo que observan es que hay "un nivel de recuperación" sostenido en la "circulación de las personas" y que, por esa razón, todavía deben evaluar "cuál es la mejor manera de invertir esos recursos".

Y agregó: "El IFE fue diseñado para el momento, abril, mayo, junio, donde la gente directamente no podía salir de su casa. Ahora estamos en otro contexto, los trabajos se han recuperado, también los trabajos de la informalidad. Entonces nosotros necesitamos poner los recursos allí donde verdaderamente se requieren".

Del encuentro participarán también los ministros de Economía, Martín Guzmán, de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; de Desarrollo Social, Daniel Arroyo; y de Trabajo, Claudio Moroni; el presidente del Banco Central, Miguel Pesce; y la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Mercedes Marcó del Pont, según informó el Gobierno en un comunicado.

De esa forma, al gabinete económico se agregó el ministro Arroyo, de manera de contar también con su punto de vista sobre la situación social.

Alfredo Leuco: Gobierno de usurpadores

"Este es un gobierno de científicos", anunció Alberto Fernández. Uno podría apelar a la sabiduría popular y decir que "se alardea de lo que se carece".

Pero los resultados del fracaso absoluto de la economía y la salud son tan crueles, que esa frase hoy suena como una burla macabra.

Casi 4 millones de desocupados, superamos la barrera del millón de infectados, más de 26 mil muertos, son cifras irrefutables donde se acaban las mentiras.

Más que de científicos, este parece ser un gobierno de usurpadores. Lo único que no usurparon fue el resultado electoral. Ganaron en las urnas y tienen legitimidad de origen. Y se debe respetar ese ADN de la democracia.

Pero casi de inmediato, a la hora de construir su legitimidad de ejercicio, el cuarto gobierno kirchnerista, fue chocando contra paredes cada vez más grandes. La primera usurpación, la madre de todas las usurpaciones, fue la de Cristina.

Ella ocupó el sillón de Rivadavia, se lo expropió a Alberto y este es uno de los grandes dramas que hoy tenemos los argentinos. Con ironía Carlos Reymundo Roberts llama a esta etapa "la tercera presidencia de Cristina". Esta tragedia institucional previsible fue traducida en términos dramáticos por Jorge Castro en el diario Clarín.

Uno de los intelectuales más serios y rigurosos puso negro sobre blanco un concepto que nos hace correr frío por la espalda: "vacío de poder".

El párrafo completo de su columna dice textualmente: "La raíz de la crisis cambiaria, no es cambiaria. Es la consecuencia directa, sin mediación, de la virtual desaparición de la autoridad presidencial en un país híper presidencialista por necesidad, como es la Argentina".

Jorge Castro remata su análisis, asegurando que "de ahí que el resultado inmediato del debilitamiento y desaparición de la autoridad presidencial, sea un brutal vacío de poder".

Esto siempre es de extrema gravedad institucional, y mucho más cuando alguna vertiente del peronismo está en el poder. La usurpación de Cristina al Poder Ejecutivo que es unipersonal por definición constitucional, congela todo el sistema de decisiones y desarticula la pirámide de comando del estado. Nadie sabe quién manda.

Cristina manda y Alberto demanda. Nadie conduce el volante y esa falta absoluta de confianza repercute en todos los ámbitos de la vida nacional.

Nunca creí en esa hipótesis, pero muchos argentinos, sobre todo empresarios, valoraron la presunta prudencia y el pragmatismo de Alberto para frenar el chavismo vengativo, tardío y anacrónico de Cristina. Eso no ocurrió.

La tozudez y rigidez dogmática de Cristina le quitó pragmatismo, uno de los principales instrumentos del peronismo tradicional. Jorge Fernández Díaz lo resumió en una frase brillante: "El peronismo fue alguna vez plastilina, pero los kirchneristas, lo convirtieron en cemento duro".

La segunda gran usurpación de Cristina, fue a la justicia. Es una movida antidemocrática que está en pleno desarrollo a paso redoblado y tambor batiente. Todavía encuentra resistencias.

En la movilizada sociedad republicana, en la Corte Suprema y en varios jueces y fiscales que mantienen alta las banderas de su independencia y dignidad. Pero están llenando de jueces adictos los tribunales, todavía tienen en la mira a Eduardo Casal, el jefe de los fiscales y esperan ansiosos la estocada final.

En pocos días, la comisión Beraldi, encabezada, como su apellido lo indica, por el abogado personal de Cristina, instalará la necesidad de aumentar los miembros de la Corte.

El objetivo es lograr la mayoría automática que tuvo Carlos Menem a nivel nacional y Néstor Kirchner en Santa Cruz, donde el presidente del Superior Tribunal era nada menos que Carlos Zannini.

Pretenden que en esa Corte cristinista mueran todas las causas que tiene Cristina por ser la jefa de una asociación ilícita para saquear al estado. Pero el gobierno de usurpadores, también lo es en toda la dimensión delictiva de la palabra.

Guernica, Villa Mascardi, El Foyel son apenas las tomas de tierras más conocidas de la cientos que se han diseminado a lo largo del país. El jefe de gabinete, Santiago Cafiero les dio luz verde cuando dijo una burrada legal terrible: que en las tomas de tierras no hay delitos hasta que el fallo de la justicia no esté firme.

El falso garantismo zafaroniano que protege a los delincuentes y re victimiza a los que padecen robos, violaciones y asesinatos, tiene un espejo en el tema de la propiedad de la tierra. El concepto es una mezcla patética de marxismo anquilosado de reforma agraria y pobrismo del Papa Francisco y Juan Grabois.

Clarín dice que Grabois estuvo en estos días en Santa Marta de visita al Santo Padre. Ya le dije que Grabois es el único argentino que reposa bajo el mismo techo que Bergoglio.

Grabois, en su momento, aseguró que la única posibilidad que tienen los pobres de acceder a la tierra, es con las tomas y vaticinó que "va a haber 1, 5, 20, Guernicas más".

Es increíble cómo se han naturalizado y multiplicado estos delitos masivos. En la provincia de Buenos Aires, ciertos piqueteros kirchneristas apoyan la ocupación ilegal de tierras. Otros se quejan y acusan a la izquierda, por estar detrás de esto.

Pero se trata de sus compañeros de ruta junto a los que, en las inmediaciones del Congreso, arrojaron más de 10 toneladas de piedras, con disparos de un mortero casero, con el fin de evitar que sesionara uno de los poderes del estado.

Berni dice una cosa y Sergio Massa, otra. Axel Kicillof dice que va a cumplir con la orden de la justicia pero no sabe, no puede o no quiere. El ejemplo de Guernica cunde.

Hay millones de necesitados y poca eficiencia del gobierno para atenderlos con un plan serio de censos y loteos populares organizados. Para eso hay que hablar menos y trabajar más.

La justicia y la policía miran desde lejos las señales confusas del poder y se cruzan de brazos. Y los vecinos de los terrenos ocupados por la fuerza, sufren por temor a la inseguridad, al colapso de las cloacas o la falta de agua allí donde existen, mientras sus casas sencillas, que construyeron con esfuerzo y meritocracia, pierden valor.

La Patagonia, directamente es tierra de nadie. Hay muchísimas zonas liberadas donde gobierna un grupo violento y armado que hace lo que quiere y se atribuye falsamente la representación de un pueblo mapuche que en su inmensa mayoría es pacífico, trabajador e integrado.

Estos enemigos de la Argentina a la que no reconocen como estado, también usurpan el título de vanguardia iluminada de los pueblos originarios. Nadie los eligió. Se eligieron a sí mismos y están dispuestos a recuperar las tierras que según les dicen las Machis, les pertenecen de tiempos ancestrales.

Ayer agredieron a pedradas al automóvil de la gobernadora de Río Negro y en forma cobarde, entre varios golpearon a un camarógrafo de TN con un trípode y le produjeron heridas alrededor de su ojo.

Son muy agresivos y radicalizados. Queman camiones, herramientas de trabajo y cabañas. Ocupan tierras de Parques Nacionales, del Ejército, de la Iglesia o de los particulares. No les importa nada. No dejan entrar a la policía ni a los jueces.

Tienen sus propias autoridades. El comandante de esta insurrección es Facundo Jones Huala que está preso en Chile, pero que el año que viene cumplirá su condena y quedará en libertad.

Estos usurpadores tienen una ministra en el gobierno nacional. Elizabeth Gómez Alcorta militante de Juan Grabois (todo se relaciona, como se puede ver) es la abogada de Jones Huala.

Es decir que una ministra del gobierno nacional, asiste a alguien que no se siente argentino y que viola la ley y atenta contra la seguridad de ciudadanos argentinos. De hecho su locura va aumentando a medida que no sufren ningún tipo de sanción.

Hasta se atrevieron a tomar un campo pero le agregaron el secuestro de sus verdaderos propietarios. Cometieron el gravísimo delito de privación ilegítima de la libertad.

Los propietarios no podían salir de su casa y eso que ya ganaron tres veces un juicio ante la justicia. Pero estos energúmenos no creen en el estado argentino ni en su justicia.

Después del desalojo de El Foyel, hubo cuatro detenidos que fueron llevados a la comisaría de El Bolsón. Un grupo de cómplices atacó la sede policial y quemó cubiertas en la puerta. Todo muy peligroso. La gobernadora Arabela Carreras, los jueces, la policía y los habitantes, se mueven tímidamente, con dos tipos de pánico.

Primero a las represalias furiosas de estos falsos líderes y segundo, a la condena social y castigo político de las autoridades nacionales que comandan las acciones de estos malandras. Hablo de Magdalena Odarda y Juan Pilquimán, titulares del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas).

¿En el gobierno de los Fernández no tienen nada para decir sobre estos delitos seriales que se están multiplicando peligrosamente? ¿No tienen miedo de que esa justicia por mano propia que fomentan sus funcionarios provoque una reacción de las víctimas y todo termine en una tragedia?

¿A quién le van a echar la culpa si los usurpados deciden defenderse por su cuenta ante la ausencia o la presencia cómplice del estado con los usurpadores? Ese vacío de poder que denuncia Jorge Castro y esta vocación usurpadora del cristinismo, nos llevan derechito hacia un precipicio institucional.

Si algún activo común nos queda a todos los argentinos, es la democracia republicana. Es el contrato de Alfonsín de 1983 que dice nunca más golpes de estado y nunca más la utilización de la violencia como herramienta política.

Ese es el último refugio colectivo que nos queda como Nación. Ojalá Cristina no insista en dinamitarlo. Ojalá Cristina no se lleve puesta la legalidad, Ojalá Cristina pare con su fiebre usurpadora.

La Corte Suprema rechazó de pleno una invitación del Gobierno

Los ministros se negaron a participar en una capacitación sobre violencia de género. Argumentaron que es el Poder del Estado que desde hace más tiempo aborda la problemática.

La Corte Suprema de Justicia cruzó nuevamente al Gobierno esta vez para contestarle por la falta de respuestas ante la invitación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad para que sea ese organismo el que capacite en cuestiones de género a las máximas autoridades del Poder Judicial.

En una resolución que firman los cinco jueces de la Corte, en 8 carillas, con firmeza pero con cortesía, "agradecen la invitación" para hacer esa capacitación a cargo del Ministerio de las Mujeres y le recuerdan al Gobierno que, desde 2019, rige un convenio donde la Oficina de la Mujer de la Corte se encarga de esas actividades para el Poder Judicial. A la Justicia la capacita la Justicia, no el Poder Ejecutivo, es el razonamiento que se desprende del escrito.

Señalan además que ellos, como otro poder del Estado, tienen autonomía para fijar sus propios reglamentos. Es más, le dijeron al Gobierno que los jueces de la Corte ya hicieron la capacitación obligatoria, así como la mayoría de los empleados, con actividades que se replicaron en el interior del país y en la ciudad de Buenos Aires.

Este nuevo chisporroteo entre la Corte y el Gobierno se suma a las críticas que el Presidente Alberto Fernández le dedicó al Presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, a quien acusó de incumplir la Ley Micaela, que manda la capacitación obligatoria en materia de género para los funcionarios públicos. Se dio en medio de una pulseada con el Ejecutivo por la sentencia que debe dictar el máximo tribunal sobre los traslados de los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli.

Cuando subía la tensión a fin del mes pasado, la ministra de las Mujeres, Elizabeth Gómez Alcorta, declaró que los jueces de la propia Corte incumplían esa ley porque no hacían las capacitaciones de género. Dijo que le mandó varias cartas para coordinar esas actividades y que no había tenido respuesta y que de allí derivó el reclamo público del Presidente.

En ese momento la jueza de la Corte Elena Highton de Nolasco, a cargo de la Oficina de la Mujer, le contestó a Fernández con un comunicado de prensa. Ahora lo hizo el máximo tribunal en pleno, con una resolución en la que recordó al Poder Ejecutivo que ellos empezaron con las capacitaciones antes que nadie, mediante Talleres de Perspectivas de Género reconocidos por las Naciones Unidas, que, de hecho, sirvieron de fundamento para la Ley Micaela que en 2019 hizo obligatorias estas capacitaciones.

Ahora, la Corte le mandó al Gobierno una larga lista de antecedentes de lo que viene haciendo en la materia, cuyas constancias dijo, están registradas y fueron informadas al el propio Ministerio de las Mujeres, antes Instituto Nacional de las Mujeres.

Enumeró que la Argentina se comprometió con incorporar la perspectiva de género en los diferentes poderes del Estado a partir de la inclusión del tema en tratados internacionales de rango constitucional, entre ellos la "Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer", y la "Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer".

Esta última es la que impone a la Argentina la obligación de capacitar a la administración de Justicia en perspectiva de género, y que desde 2009 la Corte creó la Oficina de la Mujer dedicada a esas tareas. Es esta dependencia quien se comunica con los otros poderes del Estado para la coordinación y gestión de los programas de capacitación.

Tal es así que desde hace 11 años esa oficina lleva adelante estas tareas junto con Capacitación de Violencia Doméstica, Debida Diligencia, Delitos Sexuales en contextos de crímenes de Lesa Humanidad, Trata de personas con fines de explotación sexual, Factores e Indicadores de Violencia Doméstica y Lenguaje y Género, entre otras actividades, destacó la Corte.

También realzó que en 2017, antes de la sanción de la Ley Micaela, la Oficina de la Mujer propuso al Sistema de Naciones Unidas de Argentina una evaluación del impacto del taller de Perspectiva de Género, proyecto inédito en el mundo.

Así se llegó al 2019 con la sanción de la Ley Micaela, que obliga a las capacitaciones que reclama la ministra Gómez Alcorta. "Esta Corte comparte plenamente los principios que inspiran su dictado, los que, desde hace tiempo, han sido instados por el Tribunal para su actuación interna, en el resto del Poder Judicial de la Nación y los Poderes Judiciales del país", señaló el máximo tribunal.