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El Gobierno de San Juan adhirió al DNU que dictó Fernández pero con excepciones

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El País Diario
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Se extremarán controles de protocolos de actividades habilitadas. Tras el análisis por parte del Comité Covid-19 provincial del Decreto de Necesidad y Urgencia DECNU-2020-792-APN-PTE, el Gobierno de San Juan adhirió al DNU y hará operativa las excepciones, conforme a lo establecido por el artículo 14 del referido decreto.

Las actividades excepcionadas serán comunicadas en forma inmediata al Ministerio de Salud de la Nación y al Jefe de Gabinete de Ministros.

El Gobierno Nacional, en el Decreto de Necesidad y Urgencia anunciado por el Presidente Alberto Fernández, incluye a los departamentos de Rawson y Capital entre los lugares que deben cumplir con el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio. Mientras que dispone que los departamentos restantes de San Juan seguirán con el Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio.

Las actividades excepcionadas conforme facultad conferida a la provincia por el artículo 14 de DNU 792-20 cuentan con la aprobación previa del Ministerio de Salud de la provincia y con protocolos de funcionamiento de la actividad respectiva y son: industriales, de servicios, comerciales, deportivas y recreativas individuales.

Estas actividades deben cumplir con estrictos controles de monitoreo epidemiológico y de protocolos.

Las actividades que figuran sin habilitaciones, son las mismas que no están permitidas desde el anuncio de Fase 3.

Se refuerza el control y cumplimiento del protocolo vigente en los departamentos de Rawson y Capital.

El transporte interdepartamental hace referencia a los traslados al interior de la provincia, como lo indica el protocolo vigente. En Rawson y Capital, el transporte de pasajeros funcionarán de la misma manera que lo venia haciendo.

Tras la reunión de ambos intendentes con el Comité Covid-19, habrá mayores novedades.

Actividades que no estarán habilitadas

Eventos: sociales, políticos, culturales, recreativos, deportivos, religiosos y de cualquier otra índole que impliquen la concurrencia masiva de personas.

Cines, teatros, centros culturales, bibliotecas, museos, que impliquen la concurrencia de personas.

Servicio Público de Transporte de pasajeros interjurisdiccional e internacional, el transporte interdepartamental se encuentra habilitado para servicios esenciales.

Turismo interno.

Reuniones Sociales.

Rawson y Capital

En los lugares donde se mantiene vigente la medida de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, Rawson y Capital, se encuentran habilitadas actividades económicas, industriales y de servicios, así como actividades recreativas individuales y deportivas, las que conforme a las excepciones del DNU 792-20, artículo 14, son ratificadas en su habilitación con los correspondientes protocolos.

Los intendentes de Capital y Rawson se reunirán este martes 13 de octubre con el Comité Covid-19 para extremar controles en cada uno de los departamentos. Entre algunas de las disposiciones que establecerán los municipios, será concientizar sobre la importancia de la no circulación en la vía pública.

Alcances de la norma

El Ministerio de Salud de San Juan remitirá al Ministerio de Salud de la Nación toda la información que este requiera para evaluar la trayectoria de la enfermedad y la capacidad del sistema sanitario.

Se mantienen vigentes, las previsiones de protección para los trabajadores mayores de 60 años de edad, embarazadas o personas incluidas en los grupos de mayor riesgo.

Durante la vigencia del distanciamiento y aislamiento social, preventivo y obligatorio las personas deberán mantener entre ellas una distancia mínima de 2 metros, utilizar barbijo en espacios compartidos, higienizarse asiduamente las manos, desinfectar las superficies, ventilar los ambientes y dar estricto cumplimiento a los protocolos de actividades y a las recomendaciones e instrucciones de las autoridades sanitarias provinciales y nacional.

Más info: consultar protocolos en SI SAN JUAN

Mendoza se opuso al decreto del Gobierno nacional y no volverá a Fase 1

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El País Diario
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Rodolfo Suárez, gobernador de Mendoza.

Es una de las 18 provincias donde el Presidente Fernández anunció restricciones por el Covid-19. "Debemos cuidar la salud, pero también la economía y el empleo", señaló el gobernador Rodolfo Suárez.

El Gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, se opuso este lunes a un regreso de la provincia a la Fase 1 del aislamiento social, preventivo y obligatorio, tal como planteó el último decreto del Presidente Alberto Fernández. La medida del Gobierno, que afecta además a otros 17 distritos, busca reducir la circulación en las calles a raíz del aumento de casos de coronavirus en el interior del país. Sin embargo, el mandatario local se negó a implementar la iniciativa, al sugerir que la misma tendría consecuencias negativas para la economía y el empleo.

"No vamos a volver a fase 1 en Mendoza, seguiremos como veníamos", anunció Suárez este mediodía en conferencia de prensa. A continuación, explicó que la provincia hizo una interpretación del decreto presidencial y concluyó que en "más del 98% de las actividades se pueden sostener" sin modificar la situación actual de aislamiento.

Más tarde, en Twitter, el gobernador hizo una serie de publicaciones en las que reiteró la decisión de la administración local y detalló los motivos detrás de la misma.

"Mendoza no vuelve a Fase 1. Los mendocinos hemos desarrollado una estrategia que ha permitido reforzar e invertir en el sistema sanitario, pero con la economía funcionando y cuidando el empleo", comenzó en un primer posteo, y agregó: "A los mendocinos nos caracteriza el respeto a las instituciones, por eso continuaremos con las actividades que teníamos autorizadas, cumpliendo con la interpretación del DNU. Las reuniones familiares quedarán suspendidas, pero se podrá realizar actividad física al aire libre".

De acuerdo con Suarez, que antes del anuncio se reunió con los intendentes de las localidades afectadas por la pandemia, en el decreto presidencial que "hay muchas zonas grises que hay que aclarar".

En ese sentido, expresó que la en la medida "se habla de departamentos y no de conglomerado urbano", y observó: "Hoy los mendocinos pueden trabajar y vamos a defender el empleo. La apertura económica hay que defenderla porque no podemos vivir en confinamiento permanente".

Alberto Fernández afirmó que no hará cambios en su Gabinete

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El País Diario
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"El Gabinete ha hecho un trabajo impresionante", expresó el presidente argentino en una nota y destacó el funcionamiento de su equipo. Aseguró que continuará sin cambios.

En una charla mantenida con el portal El Cohete a la Luna, de Horacio Verbitsky, el Presidente Fernández remarcó: "Me ha tocado a mí estar al timón, pero soy parte de este proyecto. Una vez me fui, dos veces no me voy. Este es mi último proyecto, para que todos juntos no permitamos que el conservadurismo vuelva a hacerse cargo de la Argentina nunca más. Si hay algún compañero en la CGT que piensa que la solución es tirar a otro compañero o compañera por la ventana, conmigo no cuenten, porque aquí hacemos falta todos".

Durante una entrevista en la cual habló sobre la pandemia y las medidas dispuestas desde el mes de marzo, el presidente habló sobre la convocatoria para el próximo 17 de octubre, la cual por primera vez en la historia del peronismo se realizará de forma virtual. "Si alguien está pensando hacer un acto para que yo tome distancia de Cristina, se equivoca, porque no lo voy a hacer. Lo que más necesitamos es estar unidos. Hoy le escribí a Máximo para ver si el lunes podemos comer juntos y charlar un rato. No está en mi cabeza la posibilidad de que eso ocurra. Si quieren fortalecer al gobierno a través de mi persona, bienvenido sea. Pero que nos fortalezca a todos", aseguró.

De esta manera, el presidente aseguró que su relación con la vicepresidenta Cristina Kirchner se mantiene en excelente estado.

Cuando fue consultado sobre los cambios en el Gabinete, Fernández negó que haya habido cambios en su composición, remarcando que Adriana Puiggros, quien se alejó del ministerio de Educación, continúa trabajando como su asesora.

"Por ahora no tengo previsto cambios en el Gabinete. Creo que el Gabinete ha hecho un trabajo impresionante", afirmó el presidente, quien remarcó que a veces, "la angustia que nos causa la pandemia no nos deja ver lo que hemos hecho. Gracias a todas las medidas tomadas, evitamos que otro millón y medio de personas hoy estén por debajo de la línea de pobreza".

Nuevo banderazo #12O: protestarán contra el Gobierno en todo el país

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Ernesto Simón
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Este lunes 12 de octubre, desde las 17 horas, se realizará una nueva marcha en todo el país contra el Gobierno que encabeza Alberto Fernández y Cristina Kirchner. La convocatoria para el #12O se realizó a través de las redes sociales.

La protesta no descansa. A pesar de que este lunes 12 de octubre es feriado, se concretará en todas las ciudades del país un nuevo banderazo en todo el país contra el Gobierno peronista.

La marcha, que comenzará a las 17 horas de este lunes, fue convocada a través de las redes sociales y uno de los reclamos que se escuchará en la protesta es contra "la impunidad para llevarse puestos a los jueces" y un férreo rechazo a "la reforma judicial".

Además, otros motivos de la convocatoria es la insoslayable crisis económica que atraviesa el país.

Pedirán además "por el regreso a las aulas de los alumnos" y por el final de la cuarentena. Con epicentro en el Obelisco de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se desarrollará también en las plazas principales de cada una de las provincias argentinas.

Con los hashtags #12OSomosLibres #12O #12Oyovoy y #todosperotodosalascalles, la convocatoria surgió hace unos días en las redes sociales para reclamar contra "una agenda clandestina" del oficialismo, entre otras críticas al peronismo que gobierna el país.

En el Día de la Diversidad Cultural, la protesta apunta contra la vicepresidenta, Cristina Kirchner, Jefa de la Banda de Cacos que saqueó al país durante una década. También pedirán por la independencia del Poder Judicial, algo que por ahora en este país parece un sueño inalcanzable.

Para el Gobierno la toma de tierras no es ilegal hasta que haya "sentencia firme"

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El País Diario
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Así respondió la Ministra de Seguridad Sabina Frederic tras la consulta de un senador radical.

El gobierno nacional planteó que hace falta una sentencia judicial para calificar una toma de tierras como un hecho ilegal.

La postura oficial fue planteada por el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, ante las consultas que le hicieron los senadores en el marco del informe de gestión que brindó esta semana en la Cámara Alta.

Habitualmente, el jefe de ministros recibe preguntas de los legisladores antes de presentarse en la Cámara y remite las inquietudes al área que tiene la información correspondiente para dar una respuesta.

"¿Qué actitud adoptará el gobierno en defensa de la propiedad estatal y privada frente a estos delitos?", fue la pregunta que le hizo el Senador fueguino por la UCR Pablo Daniel Blanco.

La respuesta brindada por el Ministerio de Seguridad y validada por la Jefatura de Gabinete planteó que el déficit habitacional es una cuestión que debe ser analizada desde un enfoque multidisciplinario y que las fuerzas federales y provinciales sólo pueden intervenir ante una orden judicial.

El criterio ya había sido expuesto por la Ministra Sabina Frederic y diversos reportajes. Sin embargo, esta vez se incluyó un argumento nuevo: "Una vez que la situación se define como toma de tierras mediante una sentencia firme emanada de autoridad judicial competente, es que estamos ante un acto ilegal".

La definición adquiere relevancia en un momento donde se discute la toma de terrenos en distintas zonas de la provincia de Buenos Aires, especialmente en Guernica, en un país donde los procesos judiciales no suelen caracterizarse por su velocidad: hay casos que están abiertos varios años y terminan archivados sin una sentencia.

Un fallo "firme" requiere además que se hayan agotado todas las vías de apelación, lo que convierte el trámite en una experiencia eterna de acuerdo a los antecedentes jurisprudenciales en el país.

Gobierno rechazó una reunión convocada por Rosenkrantz y la calificó de "oportunista"

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El País Diario
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El presidente de la Corte Suprema decidió reunir a la Comisión Interpoderes para agilizar los juicios de lesa humanidad. En un comunicado la ministra de Jusiticia aseguró que "el desempeño de la Corte en esta materia ha sido de enorme retroceso".

El Gobierno nacional y varios organismos de derechos humanos decidieron que no asistirán a la reunión de la Comisión Interpoderes, encargada de agilizar los juicios de lesa humanidad, que fue convocada por el Presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, en medio de la tensión política por el per saltum de los jueces trasladados a cargos estratégicos en Comodoro Py y de que se presentara un pedido de juicio político en su contra, precisamente por haber "favorecido y asegurado la impunidad de los responsables del terorrismo de Estado".

Esa denuncia de la diputada Vanesa Siley señalaba, además, que el titular del tribunal no reunía a la comisión en cuestión pese a los pedidos de los organismos de derechos humanos. La Interpoderes dejó de tener encuentros durante la presidencia de Mauricio Macri y Rosenkrantz, impulsor entre otras cosas del 2x1 a favor de los genocidas, se acordó de activarla ahora. El Poder Ejecutivo envió al supremo una nota que dice que su invitación resulta "oportunista" y que la Corte ha mostrado un retroceso en el tratamiento de expedientes sobre crímenes del Terrorismo de Estado, que años atrás el propio tribunal dijo que debían formar parte de una política de Estado.

No estarán en el Zoom ni la Ministra de Justicia, Marcela Losardo, ni el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla. Tampoco irán el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Hugo Yasky, ni el director del Observatorio de Derechos Humanos del Senado, Martín Fresneda.

El Gobierno revisó su posición inicial, que apuntaba a asistir, pero después de deliberaciones internas evaluaron que la iniciativa de Rosenkrantz responde a una especulación de posicionamiento personal y le atribuyen un intento de utilizar para eso los juicios de lesa humanidad. Una idea compartida por algunos funcionarios y funcionarias es que la Corte debería dar sus mensajes a través de sus fallos, algo que no sucede. En el alto tribunal hay al menos medio centenar de causas pendientes sobre crímenes dictatoriales.

La nota que envió el Poder Ejecutivo, firmada por Losardo y Pietragalla, señala entre las razones para "declinar la invitación" que desde la última reunión de la Interpoderes, el 23 de septiembre de 2016, "el desempeño de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en esta materia ha sido de enorme retroceso. En este contexto, la repentina convocatoria a una nueva reunión por parte de la Presidencia de la Corte, tras varios meses de insistencia de los organismos de derechos humanos, que son los verdaderos faros en la lucha por la memoria, la verdad y la justicia, no deja de resultar oportunista". 

El jueves por la tarde los organismos de derechos humanos debatieron sobre qué hacer. Hace tiempo que reclaman que volviera a funcionar Interpoderes que estuvo cuatro años en pausa. Pero una mayoría, que integran Abuelas de Plaza de Mayo y Madres de Plaza se Mayo Línea Fundadora, planteaban que no irán, algunos en consonancia con la mirada del Gobierno, otros suman que rechazan que se ponga al frente el juez que ideó el fallo de 2x1 a favor de los genocidas. "Rosenkrantz ofende a nuestros hijos y a los 30.000", dijeron en Madres Línea Fundadora. 

También están convocados el Consejo de la Magistratura y la Cámara de Casación Penal Federal que aguardaban con cautela los pasos del resto de los invitados. 

El Gobierno argentino apoyó a la ONU en la condena a Venezuela por violación de los Derechos Humanos

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El País Diario
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Argentina votó a favor del proyecto de resolución que extiende el mandato de la Alta Comisionada sobre la situación venezolana.

El Gobierno de Alberto Fernández apoyó ante la Organización de las Naciones Unidas el trabajo realizado por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, en crisis política, económica y social desde hace años bajo el mandatario del bolivariano Nicolás Maduro.

"Argentina está preocupada por la situación de derechos humanos y por la crisis política y humanitaria agravada por las sanciones y la pandemia de Covid 19. Entendemos que los derechos fundamentales de todos los venezolanos deben prevalecer sobre otras consideraciones", dijo en Ginebra el embajador argentino ante el organismo, Federico Villegas.

Argentina votó a favor del proyecto de resolución que extiende el mandato de la Alta Comisionada sobre la situación venezolana e instó a todas las partes "dentro y fuera del país" a "cooperar plenamente".

"Como integrante del Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela, Argentina votará a favor", dijo Villegas, en referencia a la votación de la agrupación que integran países de la Unión Europea, Bolivia, Costa Rica y Ecuador, entre otros.

Tras la polémica desatada días tras por las declaraciones del representante argentino ante la Organización de Estados Americanos, Carlos Raimundi, quien dijo que el país caribeño "sufrió un fuerte asedio de intervencionismo" y que la apreciación sobre las violaciones a los derechos humanos eran "sesgadas", Cancillería había anticipado que el país "mantendrá su liderazgo en la defensa global de los derechos humanos y sostendrá los principios de paz y resolución política de la crisis venezolana".

En este marco, el país pidió a las autoridades de ese país investigaciones "prontas, exhaustivas, independientes e imparciales" de las denuncias de violaciones a los derechos humanos, según el texto.

En una intervención ante el Consejo de Derechos Humanos previa a la votación sobre la situación en el país caribeño, Villegas había adelantado la postura final del Gobierno al abstenerse de una resolución que presentaron Irán y Venezuela.

"No obstante los resultados alcanzados positivos alcanzados en la cooperación con la oficina de la Alta Comisionada, el presente proyecto presenta un insuficiente reconocimiento por parte de las autoridades venezolanas de su responsabilidad por la situación de los derechos humanos en su territorio reflejada en el informe oral de la alta comisionada el 25 de septiembre", había dicho Villegas.

"Instamos al gobierno venezolano a cooperar plenamente con todos los mecanismos de este Consejo y a implementar las recomendaciones hechas por la Alta Comisionada en sus informes así como con su llamado a que conduzcan investigaciones prontas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre las alegaciones a las violaciones de los derechos humanos, lleve a los perpetradores ante la Justicia y garantice una reparación adecuada a las víctimas", agregó.

Pese al revuelo que habían generado las declaraciones de Raimundi, la postura que el Gobierno dejará fijada este martes está en línea con la última intervención de Villegas ante el Consejo, en la que también condenó las violaciones a los derechos humanos perpetradas por el régimen de Maduro, al manifestar la "profunda preocupación" oficial.

En 9 meses, el Gobierno Nacional gastó 3.200 millones de pesos en pauta oficial

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El País Diario
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La Secretaría de Medios publicó un informe sobre el gasto realizado en publicidad oficial en los primeros 9 meses de 2020.

El informe cumple con el decreto 247/2016 y está disponible en la página web de la Secretaría de Medios. Allí se detalla los montos aplicados a la publicidad pautada en TV abierta, gráfica, TV por cable y canales del interior, radios, medios digitales y redes.

Durante los primeros 9 meses del año, el Gobierno de Alberto Fernández distribuyó la suma total por rubros de la siguiente manera:

$ 731.757.153 para la TV abierta

$ 671.027.835 para medios gráficos

$ 661.481.707 para TV por cable y del interior del país

$ 614.706.905 para radios

$ 522.136.057 para medios digitales.

Redes sociales

En redes sociales: Facebook, Instagram, Google, YouTube y Dispositivos Móviles, el Gobierno nacional gastó la friolera de 198.974.412 pesos.

Pacto social: el Gobierno convocó a sindicatos y empresarios a una reunión de agenda abierta

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Será a las 17 de este lunes y estará encabezada por el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.

El Gobierno se reúne este lunes en Casa Rosada con empresarios y sindicalistas, para comenzar a delinear lo que será la agenda de "recuperación económica y social" ante la pandemia del coronavirus.

Así lo anticiparon a NA fuentes oficiales, que precisaron que el encuentro está previsto para las 17 y será encabezado por el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.

En ese marco, fueron convocados al cónclave representantes de la Confederación General del Trabajo, la Central de Trabajadores de la Argentina y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, además de la Unión Industrial Argentina y las cámaras de Comercio y la Construcción.

La reunión será "a agenda abierta, pero con dos ejes centrales: recuperar la producción y el trabajo".

"Dialogar, escuchar y proponer el camino para avanzar con diferentes propuestas. Queremos volver a poner el eje en el trabajo y la producción, que es el ADN del Gobierno", describieron fuentes de Casa Rosada.

Las mismas fuentes indicaron que la reunión apunta a "recuperar aquella idea del pacto social, en la que entre distintos sectores se puedan discutir políticas y medidas".

De esta manera, Cafiero será el anfitrión del encuentro junto a los integrantes del Gabinete Económico, entre ellos los ministros Martín Guzmán de Economía, Matías Kulfas de Desarrollo Productivo y Claudio Moroni de Trabajo.

Además, formarán parte de la reunión la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca; la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, y el presidente del Banco Central de la República Argentina, Miguel Ángel Pesce.

Entre los participantes también estarán el presidente de la UIA, Miguel Acevedo; el secretario general de la CGT, Héctor Daer; y el titular de la CTA, Hugo Yasky, entre otros.

Fuentes sindicales afirmaron a NA que el encuentro será "la continuidad del gabinete socioeconómico ampliado", y servirá para "intercambiar puntos de vista y trabajar en medias que fortalezcan el empleo".

Si bien no está previsto que el Presidente Alberto Fernández forme parte del encuentro, no se descarta que el jefe de Estado pueda acudir al salón Mujeres, dado que desde hace varios días retomó su agenda de trabajo en la casa de Gobierno.

El Gobierno prorrogó hasta fin de año la prohibición de cortar servicios públicos

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El DNU extiende de tres a siete las facturas impagas para que se proceda a cortar o suspender el suministro.

A través de un Decreto de Necesidad y Urgencia, un Gobierno nacional prorrogó hasta el 31 de diciembre la prohibición de cortar los servicios públicos por falta de pago de las facturas.

De acuerdo con el DNU 756/2020, el Poder Ejecutivo dispuso que "las empresas prestadoras de los servicios de energía eléctrica, gas por redes y agua corriente, telefonía fija o móvil e Internet y TV por cable, por vínculo radioeléctrico o satelital, no podrán disponer la suspensión o el corte de los respectivos servicios a los usuarios y las usuarias indicados en el artículo 3°, en caso de mora o falta de pago de hasta siete facturas consecutivas o alternas, con vencimientos desde el 1° de marzo de 2020".

La norma especifica que "quedan comprendidos y comprendidas los usuarios y las usuarias con aviso de corte en curso. Si un usuario o una usuaria accediera a un plan de facilidades de pago en las condiciones que establezca la reglamentación, se considerará a los efectos del presente, como una factura pagada".

Este DNU modifica plazos y fechas dispuestas en el decreto 311/2020 y extiende de tres a siete las facturas impagas para que se proceda a cortar o suspender el suministro.

En su artículo tercero el decreto también prorroga hasta fin de año el plazo de corte para los usuarios del sistema de servicio prepago de energía eléctrica. La norma también contempla el caso de usuarios y usuarias del sistema de servicio prepago de telefonía móvil o internet que no hubiesen abonado recargas para acceder al consumo y estira hasta el 31 de diciembre la obligación de los prestadores de "brindar un servicio reducido que garantice la conectividad".

El Decreto N° 311/20 disponía que las empresas prestadoras de los servicios de energía eléctrica, gas por redes y agua corriente, telefonía fija o móvil e Internet y TV por cable, por vínculo radioeléctrico o satelital no podrían disponer la suspensión o el corte de los respectivos servicios a las usuarias y a los usuarios alcanzadas y alcanzados por dicha medida, en caso de mora o falta de pago de hasta tres facturas consecutivas o alternas y cuyos vencimientos hubieran operado a partir del 1° de marzo de 2020.

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