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Tras la disputa gremial, Bridgestone anunció el cierre temporal de su producción en Argentina

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La empresa dijo que lo hace "para proteger a cada persona que integra nuestro equipo y garantizar la integridad de nuestra propiedad". La conducción del Sindicato Unico de Trabajadores del Neumático, referenciada en el PO, también había ocupado oficinas en el Ministerio de Trabajo.

El prolongado conflicto sindical en el sector del neumático llevó a la multinacional Bridgestone a anunciar este sábado un cierre "temporal" de sus operaciones en Argentina.

El motivo que aducen es el conflicto con el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático, que se viene prolongando desde abril y provocó faltantes y encarecimiento de productos.

"Bridgestone sigue enfrentando prolongadas negociaciones sindicales con el SUTNA en el marco de la revisión paritaria 2021/2022", señaló la compañía.

En un comunicado, las autoridades indicaron que "en Bridgestone, el bienestar y la seguridad de nuestros empleados son nuestros valores más importantes y, por eso, nos comprometemos a brindar un lugar de trabajo seguro para cada colaborador".

Pero precisaron que "como resultado del conflicto en curso, el 23 de septiembre Bridgestone ha decidido cerrar temporalmente todas las operaciones en Argentina para proteger a cada persona que integra nuestro equipo y garantizar la integridad de nuestra propiedad".

El cierre, aunque es temporal, es sin fecha para la reanudación de actividades.

"Si bien todavía no se ha determinado cuándo podremos reanudar las operaciones, lo haremos cuando podamos garantizar la seguridad de todos los colaboradores", dijo la multinacional de origen japonés.

La entidad afirmó que seguirá "trabajando con el compromiso de superar esta situación que, actualmente, pone en riesgo el suministro de neumáticos en el mercado".

Bridgestone, que a nivel mundial adquirió años atrás a la marca Firestone, es dueña en Argentina de una fábrica en la rotonda de Llavallol del Camino de Cintura. Antes del conflicto, la empresa había sido noticia por haber otorgado a sus trabajadores un bono salarial equivalente a varios sueldos, como parte de su política de "compartir ganancias".

Pero el prolongado conflicto con el SUTNA, que derivó en casi 20 medidas de fuerza directa, terminó empujando la decisión de cerrar sus operaciones.

Gobierno de San Juan acordó con gremios un 35% de incremento para empleados públicos y docentes

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El porcentaje que acordaron los gremios con el Gobierno de San Juan permitirá que a fin de año los sueldos estatales alcancen 100% de aumento.

El aumento se hará en cuatro tramos. Hasta junio, el aumento había sido del 65%. Ahora se sumará un 35% que se completará en diciembre, llegando así al 100% de incremento en 2022.

Tras varias horas de negociación con los gremios, el Gobierno de San Juan, a través de la Ministra de Hacienda, Marisa López, dispuso como ofrecer el 35% de aumento a empleados públicos y docentes de la provincia.

Aumento en 4 tramos

7% en septiembre
11% en octubre
7% en noviembre
10 % en diciembre

En enero y febrero de 2023 se aplicará la clausula gatillo para dar cumplimiento al acuerdo paritario.

Cuánto representa para el Gobierno concretar el nuevo aumento

La Ministra de Hacienda, Marisa López, quien logró concretar el acuerdo con los sindicatos de cada sector, dijo que "para llegar a esos porcentajes el Gobierno de San Juan realizará un esfuerzo grande".

Destacó además que para enfrentar la recomposición salarial de los empleados públicos es necesario que San Juan siga manteniendo un "equilibrio de sus cuentas".

Luego de horas de reunión, la funcionaria dijo que "cada punto de aumento que acordamos significan 60 millones de pesos".

De sus dichos, se deduce que para llevar adelante el nuevo acuerdo salarial del 35% hasta fin de año, San Juan deberá disponer de 5.100 millones de pesos extras.

La CGT declaró estado de alerta permanente

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La CGT decidió que el próximo lunes volverán a reunirse para ver "cómo sigue la situación" tras el ataque a la vicepresidenta en su domicilio.

La CGT decidió declararse en estado de "alerta y sesión permanente" para repudiar el intento de asesinato a la Vicepresidenta Cristina Kirchner, enfriando por ahora la posibilidad de ir a un paro nacional.

Los Secretarios generales de la Confederación General del Trabajo, Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano, encabezaron una conferencia de prensa luego de un encuentro de emergencia en la sede de la calle Azopardo.

Si bien alguno dirigentes como el titular de La Bancaria, Sergio Palazzo, había pedido que se convocara a un paro nacional para la próxima semana, finalmente no hubo acuerdo en ese sentido y por el momento no se avanzará con esa medida.

"La CGT se declara el estado de alerta permanente, de sesión permanente, convocándose para el día lunes a las 16 para volver a analizar cómo sigue la situación", resaltó Daer.

Además, le exigieron a la Justicia "celeridad y responsabilidad de encontrar si hay algo detrás de esta persona" que le gatilló en el rostro a la titular del Senado.

"Queremos arrancar esta conferencia repudiando enérgicamente el acto de agresión sin precedentes en la historia reciente de nuestro país con el intento de matar a la compañera Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta de la Argentina, expresidenta y de una larga trayectoria en el peronismo", afirmó Daer.

El secretario general de la CGT sostuvo que se deben esclarecer "los orígenes de este episodio" y señaló: "No podemos callar que estas cosas son consecuencia de las palabras que están de más y del odio que muchas veces interfiere y se mete en el discurso de la política".

"Queremos ser terminantes en pedir a los dirigentes políticos que hay que acabar con estas ideas", enfatizó.

En un mensaje a la expresidenta, indicó: "Darle un abrazo fraternal a la compañera Cristina, declarándole y deseándole que todo esto no impida el ímpetu futuro de su accionar político y su acción social, estamos seguros de que así va a ser".

"Ya en el día de ayer fueron todas las organizaciones sindicales mostrando la voluntad de hacerse presentes hoy en la Plaza de Mayo y a partir de las 14 muchos compañeros se están movilizando", dijo.

"Creemos que tenemos que movilizarnos en defensa de la democracia, en repudio de esta y cualquier agresión y de la violencia ejercida de cualquier manera, por supuesto, es mucho peor cuando la violencia viene provista de armas de fuego o de cualquier tipo de armas que pueda dañar físicamente a una persona", agregó Daer.

Antes del encuentro, el líder de Camioneros señaló que varios gremios estaban "planteando un paro con movilización para la semana que viene", más allá de la marcha de este viernes en Plaza de Mayo.

"Esto fortalece más al peronismo. No solamente la movilización de hoy, sino la movilización del 17 de agosto y las que tienen lugar en cada ciudad del interior el país, esto ha despertado al peronismo", consideró Moyano.

En declaraciones a la prensa al ingresar a la reunión, el secretario adjunto de Camioneros también cuestionó los dichos de la titular del PRO, Patricia Bullrich, e ironizó con que había "trasnochado", al hacer señas con la mano que indicaban que había ingerido alcohol.

"Habrá trasnochado ¿a qué hora lo dijo? se ve que habrá seguido, porque es una total irresponsable, ella fue ministra de Seguridad fue cuando más persiguió a los trabajadores. Ella fue parte de un Gobierno donde mataron a 40 argentinos en la Plaza de Mayo. Qué podemos esperar de esa gorila que desprecia a los trabajadores", subrayó Moyano.

Inflación: empleados de Comercio reclaman por sueldos y más gremios exigen reapertura de paritarias

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La inflación está al rojo vivo y ese lamentable fenómeno está provocando la reacción de varios gremios de otros rubros que salieron a reclamar la urgente convocatoria a paritarias.

Solicitaron ejecución de cláusulas de revisión para los meses restantes del año, en medio de un espiral inflacionario que se le ha ido de las manos al Gobierno de inútiles y ladrones que encabezan Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

Los caso testigos son los de Metalúrgicos, que tienen un acuerdo del 45% firmado en marzo, y ya solicitaron un 20% más, al tiempo que los Mercantiles advirtieron que van a solicitar una actualización de entre un 10 y un 20%, porque "no sabemos qué pasa con el costo de vida", señalaron en un escueto comunicado.

También se anotan en la reapertura de paritarias los cuatro sindicatos bonaerenses de Docentes, Salud, Justicia y Administración pública, quienes le solicitaron al gobernador Axel Kicillof la necesidad de actualizan salarios.

El fenómeno parece replicarse también en otras provincias del país, por no decir en todas.

Otros gremios que realizaron sus pedidos son el personal de Luz y Fuerza, Docentes nacionales, Carne, Obreros del Caucho y Molineros, mientras se espera que en los próximos días se sumen otras organizaciones que firmaron por mejoras salariales que no superaron el 60%.

Video del escándalo: para la titular de la AFI, el Gobierno de Macri cometió ilegalidades"

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"Encontramos la mesa judicial de la provincia de Buenos Aires y la mafia de Vidal", sentenció la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño.

La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño, afirmó que el video que sacó a la luz conversaciones de funcionarios de la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal para armar causas judiciales contra sindicalistas demuestra que "el Gobierno de Mauricio Macri estaba plagado de ilegalidades". 

En diálogo con Es por acá, el ciclo que conduce Fernando Alonso en radio La 990, la jefa de los espías relató que se encontró el material fílmico "la semana pasada en un disco en desuso que estaba en una oficina" del organismo que dirige.

"Encontramos la mesa judicial de la provincia de Buenos Aires y la mafia de Vidal", sentenció la funcionaria, quien realizará una presentación judicial para que se investiguen los hechos.

En esa "mesa judicial", según definió Caamaño a los integrantes de esa reunión, se encontraban el exministro de Trabajo Marcela Villegas, el extitular de Infraestructura, Roberto Galante; el exsubsecretario de Justicia provincial, Adrián Grassi; el senador provincial Juan Manuel Allan y el actual intendente de La Plata, Julio Garro, además de cinco empresarios del rubro de la construcción. También identificó al ex director de Asuntos Jurídicos de la AFI Sebastián Di Stéfano y otros funcionarios de la AFI macrista.

Caamaño reveló que la reunión "duró dos horas" y que el material fue "editado para que el periodismo lo pudiera ver en dos minutos". 

"Hay una mesa que está puesta para llevar adelante una actividad ilícita. El Gobierno de Mauricio Mari estaba plagada de ilegalidades", consideró.

"Lo importante es que el pueblo se de cuenta que el Gobierno de Macri estaba plagada de irregularidades. No podemos tener un gobierno de esas características. El neoliberalismo no puede volver a gobernar la Argentina", afirmó.

Caamaño consideró que existe una grabación sobre dichas reuniones porque el Gobierno nacional de Macri "controlaba a la provincia". 

"Me parece que controlaban para que nadie sacara los pies del plato", conjeturó.  La titular de la AFI evitó calificar los delitos y aclaró que esa tarea la debe realizar el juez que tome la causa.

Por último, criticó duramente a Villegas por haber dicho durante esa reunión que "si pudiera tener una Gestapo para terminar con los gremios, lo haría". 

"Un ministro de trabajo se supone que está para cuidar y mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Quería arrasar con los gremios en la Argentina", fustigó.

Cash para los gremios: Gobierno giró este año casi $13.000 millones a las obras sociales

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Destinado al pago de prestaciones médicas, proveedores y mayores gastos por la pandemia, los gremios fueron favorecidos con cash. Se trata de una promesa del Presidente Fernández a la conducción de la CGT.

Fernández sigue mostrando que la dirigencia sindical enrolada en la CGT constituye un aliado político clave para su administración.

Así debería entenderse si se observan las millonarias transferencias que el Gobierno efectuó a las obras sociales que gestionan los sindicatos durante el último año, un reparto que se acrecienta mes a mes.

En los primeros siete meses de 2021, el Ejecutivo nacional a través de la Superintendencia de Servicios de Salud giró a las prestadoras médicas sindicales casi 13.000.000.000 de pesos para el financiamiento de diversos tratamientos médicos, al pago de proveedores y los mayores gastos derivados de la atención sanitaria de la pandemia.

La cifra es proporcionalmente superior a la que el Gobierno transfirió durante todo el año pasado a las obras sociales, que en total recibieron una suma cercana a los 23.500.000.000 de pesos.

El reclamo de mayores fondos a distribuir entre sus prestadoras médicas constituye uno de los principales reproches de la conducción de la CGT a la administración del Presidente Fernández y la Vice Cristina, además de los insistentes planteos sindicales por el aumento de precios y su impacto en el poder adquisitivo de los salarios.

Durante la reunión que el presidente mantuvo con la cúpula de la principal central obrera, el pasado 6 de mayo en la Quinta de Olivos, los gremialistas no lograron su objetivo de nominar a un hombre de sus filas al frente de Superintendencia de Servicios de Salud, justamente el organismo encarga de las distribución de recursos a las obras sociales.

Sin embargo si se llevaron del encuentro la promesa efectiva de Fernández de que se instrumentarían medidas concretas para paliar la compleja situación financiera de las obras sociales por efecto de la pandemia.

Fuente: El Cronista

Se largó la carrera por la nueva conducción de la CGT

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Para el 20 de octubre está previsto el congreso sindical que debe elegir a la jefatura de la central obrera.

Hay presión del Presidente Alberto Fernández por una conducción de unidad y desde el sector de los Moyano buscan integrar la nueva conducción.

El 20 de octubre está previsto que se lleve adelante el congreso sindical que deberá revelar quiénes serán los que integren la nueva conducción de la mayor central obrera del país para los próximos cuatro años.

No se trata de una definición sencilla. Es por ello que el presidente argentino pregona por un acuerdo entre los principales jefes sindicales que alumbre una jefatura de unidad como resorte político clave de la red de respaldos a su administración.

Hace días, la denomina "mesa chica" de la CGT convocó en reserva a la sede de UPCN a un grupo de representantes del camionero Hugo Moyano, quien se mantiene alejado de la central, en la apuesta de un acercamiento que permita comenzar a esbozar la posibilidad de un proceso de reunificación de todos los sectores que aglutinan a los trabajadores y trabajadoras de Argentina.

Por lo que trascendió, es casi nula la posibilidad de que tras el congreso de la CGT pueda surgir una jefatura unipersonal al frente de la principal central obrera.

Desde una y otra vereda sindical advierten que solo un esquema de conducción colegiada es posible en el actual escenario de fragmentación que viven los trabajadores del país, cada vez menos representados por sus líderes gremiales.

Parte de la dirigencia sindical estima que el formato de la próxima conducción será un esquema de un triunvirato.

Se especula que a ese esquema de tres secretarios generales se incorporaría a un hombre de Moyano, o al propio Hugo Moyano, y se cree que también estaría Daer. Queda un lugar vacante que, de seguro, decantará de un proceso de diálogo y consenso.

El Gobierno recibe a los gremios para trabajar sobre precios y salarios

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Diferentes referentes del sector sindical y gremial se reúnen en Casa Rosada con el equipo del jefe de Estado argentino.

El Gobierno nacional recibirá este miércoles a los líderes sindicales, en el marco de la mesa de diálogo que impulsa el Presidente Alberto Fernández para generar acuerdos que permitan hacer converger las variables de precios y salarios.

La cita será este miércoles a las 11 en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada , en el marco de la reunión del gabinete económico, en tanto que el jueves será el turno de los empresarios.

Con las convocatorias, el Gobierno se propone alcanzar un acuerdo que logre una recuperación del ingreso que impulse la reactivación económica, y buscan "poner en común una metodología de articulación con los distintos sectores económicos para la coordinación de políticas de precios y salarios, que sean consistentes con los objetivos de política macroeconómica".

El esquema integral de política macroeconómica que lleva adelante el Gobierno, se "compone por la política fiscal, la monetaria y la cambiaria", y el objetivo "es alinear políticas y expectativas con el presupuesto 2021 aprobado por el Congreso de la Nación", según un comunicado difundido el martes.

Los miembros del gabinete económico se reunirán una hora antes del encuentro, como todas las semanas, en el Salón de las Mujeres de Casa de Gobierno.

Por el Gobierno, a ambos encuentros asistirán el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; los Ministros de Economía, Martín Guzmán; de Producción, Matías Kulfas y de Trabajo, Claudio Moroni; el presidente del Banco Central, Miguel Pesce; la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont y la Vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco.

En representación de los gremios, acudirán Héctor Daer, de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad de Argentina; Carlos Acuña, del Sindicato Obreros de Estaciones de Servicio, Garages y Playas de Estacionamiento; Andrés Rodríguez, de la Unión de Personal Civil de la Nación; Gerardo Martínez, de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina y Armando Cavalieri, de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios.

También fueron convocados Antonio Caló, de la Unión Obrera Metalúrgica; José Luis Lingeri, del Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias; Rodolfo Daer, del Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación; Roberto Fernández, de la Unión Tranviarios Automotor; Víctor Santa María, del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal; Sergio Romero, de la Unión Docentes Argentinos; Argentino Geneiro, de la La Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina.

También asistirán Sergio Palazzo, de la Asociación Bancaria; Hugo Moyano, del Sindicato de Choferes de Camiones; Ricardo Pignanelli, del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor; Edgardo Llano, de la Asociación del Personal Aeronáutico; Claudio Marín, de la Federación de Obreros y Empleados Telefónicos de la República Argentina; Yamile Socolovsky, de la Federación Nacional de Docentes Universitarios; Hugo Yasky, secretario General de la Central de Trabajadores de la Argentina y Ricardo Peidro, titular de la CTA Autónoma.

Acordaron que empleadores paguen el 75% de los salarios de trabajadores suspendidos

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La medida correrá por 60 días, pero es retroactiva al 1 de abril. Se acordó este lunes, en una reunión mantenida entre la Unión Industrial Argentina, la CGT y el Gobierno nacional, representado por el Ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas y de Trabajo, Claudio Moroni.

Las empresas deberán pagar el 75% del salario de los empleados suspendidos, según acordaron en una reunión la UIA, la CGT y el Gobierno.

Las tres partes del entramado productivo se reunieron para revisar el alcance de las medidas tomadas a fin de evitar un desempleo mayor y agregaron nuevas directrices para "despejar dudas respecto de las condiciones de los trabajadores que no prestan servicios por la situación imperante". 

En la reunión, analizaron la situación económica que atraviesa el país a raíz del aislamiento social obligatorio y la necesidad de que los trabajadores cobren sus salarios y las empresas continúen funcionando luego de la pandemia.

A través de su cuenta de Twitter, Info Gremiales detalló la resolución del encuentro, que es "el dictado de una norma instrumental que establezca certidumbre respecto de aquellas personas que no pueden prestar sus servicios habituales disponiendo que en tal supuesto la situación sea considerada como una suspensión".

Previo a este acuerdo, varios gremios cerraron descuentos salariales para mantener la mayor cantidad de puestos de trabajo.

Gremios y prepagas preocupados por posible DNU de Gobierno para controlar la Salud privada

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Desde la CGT le reclamaron al presidente que de marcha atrás con el polémico decreto que declara de interés público todo el sistema sanitario.

Denuncian que la medida es una abierta "expropiación" de los servicios. La decisión oficial de avanzar con un decreto de necesidad y urgencia para declarar a todo el sistema de salud de interés público, lo que fue anticipado al Congreso por el Ministro Ginés González García, desató un fuerte malestar entre los gremios, que juzgaron la medida como un intento de “expropiación” de los servicios de obras sociales sindicales y prepagas.

Además, desde la primera línea del sindicalismo enrolado en la CGT confiaron que se comunicaron telefónicamente en las últimas horas con el presidente Alberto Fernández para pedirle que de marcha atrás con la medida con la advertencia de que puede hacer colapsar todo el sistema sanitario.

En el Ejecutivo ahora evalúan la alternativa de limitar los alcances de la aplicación del concepto de interés público a algunas situaciones puntuales y que requieran de soluciones de carácter urgente en medio del tratamiento de la pandemia, apuntaron fuentes de la Casa Rosada.

El tema podría terminar se resolverse pronto, en un encuentro que funcionarios del Ministerio de Salud, encabezados por González García, mantendrán desde las 16 con representantes de las obras sociales, de las empresas de medicina privada y de clínicas y sanatorios, para analizar la letra del polémico decreto.

Durante una teleconferencia con los miembros de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, González García anticipó el miércoles que el Ejecutivo preparaba un DNU para declarar de interés público a todo recurso sanitario. "No vamos a discutir propiedad, podrá ser estatal o privado, pero creemos que tiene que tener un comportamiento igualitario para cada argentino, que se administre por jurisdicción", expresó el ministro.

A partir de esta iniciativa, el Gobierno podría pasar a controlar todos los insumos críticos de la estructura sanitaria, como camas y respiradores, pero también para extender la atención a todo tipo de prestaciones.

La bronca desde las obras sociales sindicales contra la medida no tardó en llegar. "Declarar de uso público a todos los sistemas es un esquema de expropiación directamente de los servicios, termina siendo la expropiación de un bien, y no estamos en una situación de emergencia como para avanzar tanto", explicó a diario El Cronista una de los referentes de la conducción de la central obrera.

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