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Indignación en San Juan: fueron absueltos todos los acusados en el Caso Tellechea

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Ernesto Simón
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Tras 21 años de espera, el Tribunal Federal dictaminó la absolución de todos los acusados en el Caso Tellechea, quien aún sigue desaparecido.

La causa por la desaparición forzada del exintegrante de la Mutual de la UNSJ, Raúl Tellechea, finalmente tuvo un fallo este martes 21 de octubre.

Seguí en vivo la audiencia judicial que dictará sentencia en el Caso Tellechea

El Tribunal Oral Federal, integrado por las juezas Eliana Rattá, Gretel Diamante y Carolina Pereyra, absolvió a todos los imputados, en tal caso, a Alberto Flores, Mario León, Miguel González, Luis Alonso, Juan Marcelo Cachi, Eduardo Oro, Miguel del Castillo, Luis Moyano y Aurora Ahumada.

Tellechea fue visto por última vez el 28 de septiembre de 2004, y, desde entonces, sus familiares no pararon de buscarlo.

El Tribunal Oral Federal de San Juan absolvió este lunes a los diez imputados en el juicio por la desaparición forzada de Raúl Tellechea.

Ahora el fallo puede ser revisado, algo que la familia Tellechea adelantó que hará, por lo tanto, se estima que luego de la lectura de los fundamentos completos, recurrirán a la Cámara de Casación Federal y, eventualmente, a la Corte Suprema de Justicia.

La Jueza Eliana Rattá, quien presidió el tribunal junto a Greta Diamante y María Carolina Pereira, leyó la sentencia, indicando que "el delito de desaparición forzada no ha sido probado".

La magistrada Rattá aseveró que el tribunal "fue consciente del daño que causa la desaparición de un familiar y la búsqueda sin respuesta", en tanto que señaló que no serían parciales.

"Nuestro deber es despojarnos de todas aquellas subjetividades que puedan teñir nuestra decisión y basarnos solo en los hechos probados en el juicio, no en lo que quisiéramos", indicó la jueza.

Explicó que la decisión se sustentó en "la insuficiencia probatoria de la acusación", ya que "probar los hechos invocados es un deber de los acusadores".

"Esa responsabilidad de probar los hechos con la máxima suficiencia posible es directamente proporcional a la gravedad de la pena que se reclama", dijo en su lectura.

La jueza dictaminó que la prueba presentada "no acreditó ni la privación ilegal de la libertad ni la participación del Estado", dos elementos esenciales para configurar el delito de desaparición forzada.

Agregó que "la decisión se toma sobre los hechos, no sobre personas y rumores. Esto es lo que legitima la intervención judicial ante la sociedad".

Asimismo, opinó que "ni la querella ni la fiscalía acreditaron con el grado de certeza requerido el momento en el que se produjo la desaparición, la captación o la privación de la libertad de Raúl Tellechea".

En la lectura hicieron referencia a la denuncia por defraudación que en 2004 había presentado Miguel Alejandro Del Castillo contra Tellechea.

Según la sentencia, "Del Castillo presentó la denuncia siguiendo las recomendaciones del abogado asesor de la mutual, Ernesto Videla".

Los ciudadanos de San Juan deberemos seguir luchando contra la injusticia y para que se esclarezca la desaparición de Raúl Tellechea.

Nunca Más desaparecidos en Argentina.

Cómplices cívicos de la corrupción marcharon por las calles para pedir impunidad y condicionar a la Justicia

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Ernesto Simón
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Con los mismos métodos que usó la Dictadura Cívico Militar de los años 70, que avasalló a los poderes del Estado y no respetó a la República, militantes kirchneristas de toda calaña marcharon por las calles de San Juan para pedir impunidad para la ladrona Cristina Kirchner.

Imponiendo la típica bravuconada ramplona y el ataque a uno de los poderes de la República, el Judicial, los peronistas suicidaron al Partido Justicialista y embarraron la lectura política.

Ya nadie quiere más PJ, porque el ciudadano entiende que es el partido que encubre la corrupción y obstaculiza a la Justicia.

El Frente de Todos, unido y organizado, se volvió a sumergir en la cloaca inmunda de la corrupción y decidió relegar la elecciones del 2023 a cambio de salvar a la Jefa de la Banda de Cacos.

Este sábado al mediodía, una cantidad importante de personas se convocaron en Plaza 25 de Mayo, situada en el microcentro de San Juan, para apoyar a la Vicepresidenta Cristina Kirchner, investigada por liderar una banda de asociación ilícita en perjuicio del Estado.

Es la confesión más clara de un justicialismo zombie que se declara en favor de la corrupción y en contra de la decencia.

Agrupaciones políticas, organizaciones sociales y militantes peronistas marcharon por las calles céntricas de San Juan para apretar al Poder Judicial, como sucedió en todo el país, luego de que el excelso Fiscal Luciani pidiera en la Causa Vialidad 12 años de prisión para la Jefa de la Banda de Cacos, más la inhabilitación de por vida para ocupar cargos públicos.

Se vieron en la marcha algunos funcionarios del Gobierno de San Juan, además de los infaltables Ruperto Peto Godoy y José Luis Gioja, colegas de Cristina.

Lo grave de las marchas reproducidas en todo el país es que la Justicia aún no ha emitido un fallo, por lo tanto las manifestaciones pueden tomarse como un apriete al Poder Judicial, lo cual podría configurarse como un ataque directo a uno de los poderes de la Democracia argentina.

¿Habrá algún fiscal con agallas que se ponga del lado del Estado de derecho e inicie una investigación por estos actos de salvajismo cívico?

Puntos centrales del proyecto de ley de reforma judicial aprobado por el Senado

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El País Diario
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El proyecto de ley del Poder Ejecutivo para garantizar impunidad a la Casta Política en el fuero de la Justicia penal federal y crear nuevos juzgados y cámaras de apelaciones en las provincias, fue aprobado por 40 votos afirmativos contra 26 negativos y quedó en condiciones de ser tratado por la Cámara de Diputados.

La propuesta del Gobierno fue aprobada por 40 votos afirmativos del Frente de Todos y sus aliados contra 26 votos negativos de la bancada opositora de Juntos por el Cambio, que mantuvo sus cuestionamientos, pese al cambio introducido a último momento, por considerar que la reforma "no era prioritaria" en medio de la pandemia de coronavirus.

Principales puntos aprobados por la Cámara de Senadores de la Nación

1 - Se unifican los fueros Criminal y Correccional Federal y Nacional en lo Penal Económico, ambos de la Ciudad de Buenos Aires, bajo la denominación de fuero Penal Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

2 - Se crean 23 Juzgados en lo Penal Federal con asiento en CABA, que pasarán a identificarse con los números 24 a 46.

3 - Se transfiere la totalidad de la competencia penal no federal a la Ciudad de Buenos Aires.

4 - Los actuales ocho Tribunales Orales en lo Criminal Federal con asiento en CABA conservarán su numeración (del 1 al 8) y los cuatro Tribunales Orales Nacionales en lo Penal Económico con asiento en CABA pasarán a identificarse con la numeración continuada, del nueve al doce.

5 - Se crean cinco Tribunales Orales en lo Penal Federal con asiento en CABA, que serán integrados por tres miembros y una secretaría cada uno.

6 - La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico de la Capital Federal pasarán a formar una única Cámara denominada Cámara de Apelaciones en lo Penal Federal con asiento en CABA.

7 - Los sorteos de causas deberán ser grabados mediante medios técnicos, para garantizar la transparencia de éstos, bajo apercibimiento de nulidad.

8 - Las causas actualmente en trámite y radicadas ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal, los Tribunales Orales Nacionales en lo Penal Económico, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, los Juzgados en lo Criminal y Correccional Federal y los Juzgados Nacionales en lo Penal Económico continuarán su trámite ante esos mismos órganos hasta su conclusión.

9 - Se crean Juzgados Federales de Primera Instancia con asiento en las provincias y sus respectivos cargos de jueces, para lograr equidad en el sistema federal de justicia, y se crean nuevas Cámaras de Apelaciones, al igual que defensorías oficiales y cargos de fiscales, quienes tendrán un rol fundamental en el nuevo sistema acusatorio.

10 - Se trasladará una secretaría de cada uno de los actuales Juzgados en lo Criminal y Correccional Federal y en lo Penal Económico, denominados en adelante, Juzgados en lo Penal Federal 1 a 23, con sus respectivas dotaciones, a los Juzgados en lo PenalFederal 24 a 46 al momento de su habilitación.

11 - En los traslados de secretarías y, ante el pedido de organismo de derechos humanos, se dispuso que no se incluirá a aquellas que, al momento de entrada en vigencia de la presente ley, instruyan causas donde se investigan delitos calificados como crímenes de lesa humanidad.

12 - Se mantendrá en los concursos de selección el examen escrito, preservando el anonimato, además de las audiencias públicas.

13 - Con un cambio de último momento, se modificó el artículo sobre las reglas para los jueces que quedó redactado de la siguiente manera. Remarca la obligación de "comunicar en forma inmediata al Consejo de la Magistratura cualquier intento de influencia indebida, en sus decisiones por parte personas, grupos de poder, miembros del Poder Judicial, Ejecutivo o Legislativo, amistades o grupos de presión de cualquier índole, y solicitar las medidas necesarias para su resguardo. La influencia indebida no requerirá contenido económico para configurarse".

14 - Respecto al sistema de subrogancias, uno de los puntos cuestionados por la oposición, se establece en el artículo 16 que la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional dentro del plazo de diez de la entrada en vigencia de la presente ley, elaborará y remitirá al Consejo de la Magistratura una lista con todos los magistrados del fuero criminal y correccional nacional que manifiesten su voluntad de subrogar los Juzgados del 24 a 46 del nuevo Fuero Penal Federal.

15 - El Consejo de la Magistratura elegirá de esa lista a los 23 jueces y juezas subrogantes dentro del plazo máximo de 30 días de su recepción. Para la elección se deberán ponderar positivamente los antecedentes curriculares que acrediten la especialización en la materia penal federal de los magistrados y las magistradas propuestas. Se deberá respetar la paridad de géneros en la selección, en tanto sea posible.

16 - El artículo 19 establece que los subrogantes permanecerán en sus cargos hasta tanto asuman sus funciones los magistrados y las magistradas titulares y que en ningún caso el subrogante podrá exceder el plazo de un año de subrogación desde la fecha de su designación.

17 - Se fijó un plazo de dos años para la instrumentación del Código Procesal Penal Federal que deberá implementar el nuevo sistema acusatorio, con mayor rol de los fiscales.

Reforma judicial: advierten que Cristina Kirchner busca conseguir impunidad

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El País Diario
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El abogado constitucionalista Daniel Sabsay analizó el proyecto que impulsa el Poder Ejecutivo y advirtió que hay matices que ponen en riesgo la independencia de la Justicia.

El Presidente Alberto Fernández presentará esta semana el proyecto de reforma judicial que busca ampliar el servicio de justicia con un reordenamiento del fuero federal, la puesta en marcha de un sistema acusatorio y la conformación de un consejo asesor de notables, como pilares de la propuesta.

El abogado constitucionalista Daniel Sabsay, en diálogo con Cadena 3, analizó la propuesta del Ejecutivo y advirtió que hay matices del proyecto que ponen en peligro la independencia de la justicia.

"El principio de separación de poderes es clave en un Estado de Derecho porque implica la posibilidad de contar con tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que a su vez se controlan de manera recíproca", explicó el letrado.

"No es un problema de funciones diferenciadas para un ejercicio más ordenado de las competencias, sino que a cada uno se le asigna un poder para controlarse recíprocramente", recordó.

En ese sentido, Sabsay indicó que el Poder Judicial es "un poder de control sobre sí mismo, porque controla a quien gobierna en materia penal para intervenir en delitos de corrupción y administración público, sino también en lo contencioso y administrativo, en todo juicio donde está presente el Estado como las contrataciones".

"En nuestra Constitución, en el Preámbulo aparece la idea de afianzar la Justicia y en ese mismo texto se prohíbe al Presidente la posibilidad de intervenir en cuestiones judiciales", recordó.

"La independencia es clave porque es el Poder Judicial es el que nos va a defender cuando estén en juego el ejercicio de alguno de nuestros poderes", subrayó.

En cuanto a la reforma que impulsa el Ejecutivo, Sabsay consideró que su propuesta "no es prioritaria" para resolver los problemas de la Justicia, porque "lo que se quiere hacer, lejos de mejorar el sistema republicano, va en el sentido contrario".

Cabe recordar que, en 2006, bajo la presidencia de Néstor Kirchner, Cristina Fernández, quien era senadora en ese momento, se opuso terminantemente a la ampliación de la Corte y que se dejaran de cubrir los sillones vacantes de los magistrados.

"Eso había sido una excelente decisión, pero ahora el cambio se da en la necesidad acuciante que tiene la señora de Kirchner de lograr la impunidad porque las causas en las que se la acusan son gravísimas", planteó.

En esa línea también señaló que la reforma judicial propone llegar hasta 25 miembros al dividir a la corte en salas, y con eso, crear una sala penal que tendría tres miembros y en ese caso bastaría que dos de los penalistas que ella designe, la sobresean para que quede limpio su prontuario.

"Esto es totalmente inconstitucional, las decisiones tienen que ser tomadas por toda la Corte y la Constitución habla de una sola, y por eso sería una decisión desmadrada", analizó.

Por otra parte, la reforma también apunta a un control de los fiscales al intentar designar a Víctor Abramovich en la Procuración General de la Nación.

"La propuesta de Rafecas como procurador General de la Nación no encuentra los dos tercios porque la oposición está blindada en contra de esa designación, necesitan un procurador porque el que está es independiente, es un hombre de carrera, y por eso le quieren hacer un juicio político", sostuvo.

"Eso ya lo iniciaron y abrieron una audiencia pública con organizaciones pro kirchneistas para que tiren toda la tierra contra el procurador actual (Eduardo Casal), iniciar un juicio político para sacarlo por la fuerza u obligarlo a renunciar, con lo que no alcanza porque por abajo está la procuradora fiscal Laura Monti que también es una persona honesta y no sé cómo van a hacer para llegar a Víctor Abramovich, un hombre de la confianza de Horacio Verbitsky, y con esto sería el peor de los mundos", aseguró el abogado.

"Esto es un trabajo de pinzas y se completa con la adopción del régimen acusatorio en procesos penales", explicó y manifestó que con este cambio serían los fiscales los que harían la instrucción en los procesos penales, lo cuál "sería bueno, salvo cuando uno se pregunta qué fiscales".

"Si son los fiscales que ellos seleccionen para las causas que les interese será el final de los mundos porque tendremos finales cantados", concluyó.

Fernández Meijide: "Alberto fue colocado ahí para liquidar causas de Cristina"

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El País Diario
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La incuestionable luchadora por los derechos humanos, Graciela Fernández Meijide, cuestionó la falta de democracia republicana. Es la Presidenta del Club Político Argentino y aseguró que "el Congreso está perezoso y la Justicia sigue de feria".

La presidenta del Club Político Argentino y referente de Derechos Humanos, Graciela Fernández Meijide, firmó un documento con otros intelectuales, empresarios y dirigentes, exigiendo una mesa de diálogo para alcanzar consensos para hacer frente a la crisis.

Fernández Meijide analizó la coyuntura política actual y se refirió al presidente Alberto Fernández como un dirigente "legítimo", pero indicó que fue elegido "para liquidar causas judiciales".

El documento completo

"Unidos en la diversidad. Para afrontar el presente y construir un futuro digno para todos los argentinos"

La pandemia de COVID-19 ha puesto al mundo ante un desafío de enorme dramatismo. A las vidas que se pierden y al reto que esta representa para la atención de la salud de la población se suman las secuelas de una crisis económica y social que aún resulta difícil dimensionar.

Los argentinos que suscribimos este llamamiento somos conscientes de que una situación de extraordinaria gravedad requiere de esfuerzos también extraordinarios.

Hoy más que nunca necesitamos estar unidos, deponiendo mezquindades y haciendo realidad el sueño muchas veces postergado de actuar como Nación. Cada uno con su propia identidad, pero juntos para atravesar este crucial momento y trazar los lineamientos básicos de la reconstrucción del país.

La democracia es el sistema en el que elegimos vivir. Son las instituciones de la República las que deben definir las herramientas adecuadas para afrontar los desafíos acuciantes del presente y delinear las políticas encaminadas a superar sus consecuencias.

Lamentablemente, la confianza de la sociedad en nuestras instituciones es débil y, justamente, son los tres poderes del Estado quienes, incluso con las limitaciones que imponen las recomendaciones sanitarias, tienen que cumplir con su rol indelegable y tratar de reconstruir esa confianza.

Debemos sumar inteligencia, debate, creatividad y es el Congreso de la Nación el ámbito adecuado para pactar consensos. La ley debe respetarse y para ello el Poder Judicial tiene que cumplir con su rol sin injerencias de los otros poderes del Estado. Saldremos de la emergencia con más democracia, no con menos.

Al mismo tiempo que reafirmamos nuestro compromiso con los postulados antes señalados, creemos que la coyuntura exige nuevas y audaces herramientas.

La pandemia ha puesto en evidencia, con mayor crudeza que nunca, la desigualdad social que impera en la Argentina. La situación excepcional que nos conmociona profundizará esa brecha y sumará dolores a los ya existentes. No hay tiempo que perder.

Por esta razón, proponemos que el Poder Ejecutivo, con apoyo del Congreso, a través de las autoridades de los bloques legislativos, convoque con carácter urgente a una mesa de diálogo nacional. Es tiempo de implementar un plan de coincidencias mínimas que integre a los partidos políticos, los sectores de la producción y del trabajo, los representantes de la economía informal, las organizaciones sociales, la comunidad educativa, las entidades profesionales, las congregaciones religiosas y demás entidades representativas de la sociedad civil.

Nadie puede permanecer indiferente, porque en el presente inmediato se juega también nuestro futuro.

Alfredo Leuco: "Pandemia de impunidad K"

Por
Alfredo Leuco
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La información, es novedosa. La opinión, es la misma que vengo manifestando hace tiempo. Los Fernández firmaron un pacto de impunidad en ese matrimonio por conveniencia. Alberto al sillón de Rivadavia y Cristina hacia la impunidad absoluta.

La noticia dice que el titular de la Oficina Anticorrupción, Felix Crous, desistió de ser querellante en dos de las causas más emblemáticas de la cleptocracia de Cristina, sus hijos y el Cartel de los Pinguinos.

Crous, sin que se le cayera la cara de vergüenza, dijo que van a desistir de querellar también en otras causas con argumentos insólitos y vergonzosos.

Uno de ellos dice que necesitan más personal y que se van a dedicar a causas de mayor actualidad, en obvia referencia a la avanzada que los K ya están impulsando contra Mauricio Macri y sus funcionarios. Crous es de la línea fundadora de Justicia Legítima que yo prefiero llamar "Injusticia Legítima" porque son un grupo de tareas de jueces y fiscales dispuestos a ser soldados al servicio de su jefa: Cristina.

Todos los días hay una noticia respecto del avance a paso redoblado y tambor batiente del plan sistemático para lograr la Impunidad de todos y de todas. Lo vengo denunciando hace mucho tiempo. No tienen vergüenza ni medias tintas.

Cristina ordena que volteen todas sus causas, que destituyan a todos los jueces, que les devuelvan el dinero que robaron y lavaron, que limpien todos los prontuarios y que fulminen a todos los hombres de la justicia, de la política y del periodismo que se hayan animado a enfrentarla con opiniones o investigaciones rigurosas y certeras.

Todos probaron o denunciaron que Cristina comandó una asociación ilícita en el gobierno más corrupto de la historia democrática argentina. Los más de 12 años del matrimonio Kirchner en el gobierno están tapizado de sobre precios, coimas, lavado de dinero, estafas, enriquecimiento ilícito y corrupción de estado.

En la tapa de mi último libro, publicado en junio del año pasado llamado Juicio y Castigo, dice, con la foto de la abogada falsamente exitosa, que "Alberto es menos de lo mismo" y hablo de la "Megacorrupción de Estado". Junio del año pasado, insisto.

La frase que generosamente sumó Jorge Fernández Díaz tiene una actualidad extraordinaria: "Este libro es un combate contra la amnesia social que puede destruir la Argentina". Es lo que está ocurriendo ahora.

Hago otra advertencia: cuidemos por favor la democracia, la división de poderes y la república. Esta gente no tiene reparos en llevarse por delante el estado de derecho. En muchos aspectos son el anti sistema. Chavismo K.

La historia va a recordar al gobierno de los Fernández por tres pandemias: el coronavirus, la economía quebrada y la impunidad consagrada. Y solo los muy ingenuos o los tontos o directamente los cómplices podrán seguir diciendo que Alberto es bueno y Cristina es mala.

Los K utilizan distintos caminos y herramientas diversas. Pero todos los caminos conducen a santificar a Cristina y evitar que haya juicio y castigo que es lo que corresponde. Como si esto fuera poco lo hacen en medio de la cortina de humo y pánico que genera la pandemia entre gran parte de los argentinos. Yo avise en su momento. El barbijo no será mordaza, por lo menos en mi caso.

Alberto Fernández dijo con toda claridad en su momento: "Yo soy igual a Cristina". En su momento, apenas Alberto selló la alianza con Cristina, hizo declaraciones en apoyo a esa mentira del Lawfare que la actual vice utiliza como excusa. Alberto compró o fingió que compró que Cristina era inocente y le salió a dar duro a varios jueces.

Hace un año, dijo textualmente por televisión: "Algún día Ercolini, Bonadio (hoy fallecido),Irurzun, Hornos y Gemigniani van a tener que explicar las barrabasadas que escribieron para cumplir con el poder de turno". Semejante apriete anticipó que "vamos a tener que revisar sus sentencias que carecen de todo sustento jurídico y de toda racionalidad jurídica. Las cosas que han dicho de Cristina, son dantescas".

Por eso ahora, Alberto y Cafierito van con dureza contra Macri y María Eugenia Vidal con Horacio Rodríguez Larreta sentado a su lado. "Es la consagración del pacto de impunidad", dijeron en un comunicado, las más altas autoridades de Juntos por el Cambio. Se lo anticipé la semana pasada por estos micrófonos y el martes en TN. ¿Se acuerda?

Si alguien quiere conocer en forma detallada, cual es el plan de Cristina para lograr la impunidad para ella, su familia y el cartel de los pingüinos, tiene que repasar una pieza antológica, cargada de autoritarismo chavista.

Hablo de su alegato de más de tres horas y media frente al tribunal que la está juzgando por ser la jefa de una asociación ilícita que se dedicó a saquear al estado mediante las obras públicas direccionadas y con sobreprecios y coimas monumentales. Es una exposición histórica. Es el pensamiento más descarnado y prepotente de Cristina.

La causa está tapizada de pruebas, documentos y de testimonios que la incriminan. Pero ella, después de descalificar a medio mundo, terminó citando el discurso de Fidel Castro en 1953.

Miró en forma amenazante a los jueces y les dijo: "Este tribunal, el del Lawfare, seguramente tiene la condena escrita. No me interesa. A mí la historia ya me absolvió. La historia me va a absolver. Y a ustedes, seguramente los va a condenar la historia".

Cristina, altanera y enardecida alteró los tantos. Estaba en el banquillo de los acusados pero se transformó en acusadora. Tomó sus carpetas en forma enérgica, con bronca y comenzó a caminar hacia la salida. El presidente del tribunal le recordó, tímidamente que tenía la opción de responder preguntas. Ella pegó media vuelta, volvió sobre sus pasos, tomó el micrófono y gritó: "¿Preguntas?, preguntas van a tener que contestar ustedes".

Es el ADN de su proyecto y el motor que la mueve. El problema que apareció en estos días es la ansiedad y el apuro de Cristina. Ella exige impunidad ya. Es ahora o nunca. Y esa es la factura que le está pasando a Alberto. Dicen que este fue el tema central del último cruce que protagonizaron en la quinta de Olivos, a solas y por más de tres horas.

No dieron ninguna información de lo que hablaron. Es muy difícil reconstruir esa reunión. Pero varias fuentes de funcionarios cercanos y de colegas que siguen de cerca el tema, coinciden en que Cristina cuestionó fuertemente a Santiago Cafiero y a Marcela Losardo. Algunos dicen por lo bajo que llegó a pedirles la renuncia pero no puedo dar esto por cierto.

Casi, casi, sería un golpe palaciego. Pero, insisto, no lo tengo confirmado. Obligar a Alberto a que se desprenda de las dos personas más cercanas que tiene en el gabinete, es igual a ponerle una pistola en la mano para que se suicide políticamente. Cafiero, es su jefe de gabinete y mano derecha en todos los temas. Y Losardo fue hasta su socia en el estudio jurídico.

Todo indica que aquellas tres horas en Olivos fueron suficientes como para que Alberto se sumara sin chistar al operativo "Impunidad ya". Lo de Felix Crous de hoy, lo certifica. ¿De qué se queja Cristina con la agresividad que todos le conocemos?

De la lentitud en cumplir con el Pacto de Impunidad. El eje central del plan es colonizar definitivamente a la justicia. Ponerle camiseta partidaria. Transformar a los tribunales en Unidades Básicas K. Por eso en estos momentos tan complejos insisten con la idea de la reforma judicial. Y muchos jueces se van acomodando por las dudas.

Alberto Fernández, confesó por televisión que un grupo de expertos lo va a asesorar respecto de ampliar los miembros de la Corte. Es la vieja trampa que propuso el ex intendente de San Antonio de Areco, Francisco Durañona: llenar de militantes incondicionales la Corte y extirpar a los jueces débiles, independientes o vacilantes.

La frutilla del postre del asalto a la justicia, será el intento de poner como jefe de todos los fiscales a Daniel Rafecas. Sería un verdadero escándalo de complicidad que algún senador del radicalismo o del PRO, vote por este hombre que se movió con tanta parcialidad y que tantos favores importantes le hizo a los actuales gobernantes.

Ese pacto de impunidad, ese pacto negro, es el núcleo duro de coincidencias de Alberto y Cristina. Ella está sumamente apurada y no se fija en formalidades republicanas. Nunca respetó la Constitución. Mucho menos lo va a hacer ahora.