Cómplices cívicos de la corrupción marcharon por las calles para pedir impunidad y condicionar a la Justicia

Con los mismos métodos que usó la Dictadura Cívico Militar de los años 70, que avasalló a los poderes del Estado y no respetó a la República, militantes kirchneristas de toda calaña marcharon por las calles de San Juan para pedir impunidad para la ladrona Cristina Kirchner.

Imponiendo la típica bravuconada ramplona y el ataque a uno de los poderes de la República, el Judicial, los peronistas suicidaron al Partido Justicialista y embarraron la lectura política.

Ya nadie quiere más PJ, porque el ciudadano entiende que es el partido que encubre la corrupción y obstaculiza a la Justicia.

El Frente de Todos, unido y organizado, se volvió a sumergir en la cloaca inmunda de la corrupción y decidió relegar la elecciones del 2023 a cambio de salvar a la Jefa de la Banda de Cacos.

Este sábado al mediodía, una cantidad importante de personas se convocaron en Plaza 25 de Mayo, situada en el microcentro de San Juan, para apoyar a la Vicepresidenta Cristina Kirchner, investigada por liderar una banda de asociación ilícita en perjuicio del Estado.

Es la confesión más clara de un justicialismo zombie que se declara en favor de la corrupción y en contra de la decencia.

Agrupaciones políticas, organizaciones sociales y militantes peronistas marcharon por las calles céntricas de San Juan para apretar al Poder Judicial, como sucedió en todo el país, luego de que el excelso Fiscal Luciani pidiera en la Causa Vialidad 12 años de prisión para la Jefa de la Banda de Cacos, más la inhabilitación de por vida para ocupar cargos públicos.

Se vieron en la marcha algunos funcionarios del Gobierno de San Juan, además de los infaltables Ruperto Peto Godoy y José Luis Gioja, colegas de Cristina.

Lo grave de las marchas reproducidas en todo el país es que la Justicia aún no ha emitido un fallo, por lo tanto las manifestaciones pueden tomarse como un apriete al Poder Judicial, lo cual podría configurarse como un ataque directo a uno de los poderes de la Democracia argentina.

¿Habrá algún fiscal con agallas que se ponga del lado del Estado de derecho e inicie una investigación por estos actos de salvajismo cívico?