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Trasladaron a Jones Huala luego de que la Justicia intime al Servicio Penitenciario

Se lo investiga por su presunta participación en la organización Resistencia Ancestral Mapuche.

Facundo Jones Huala, líder de la organización Resistencia Ancestral Mapuche, quien se encuentra detenido acusado de su presunta participación en actos de violencia en el Sur de Argentina, fue traslado de cárcel este lunes luego de que la Justicia intime al Servicio Penitenciario.

La Gremial de Abogados confirmó que en las últimas horas se concretó la derivación, después de semanas de insistencia, de Jones Huala a la cárcel federal de Esquel, Chubut, para poder estar más cerca de sus familiares.

"El Servicio Penitenciario Federal finalmente decidió abandonar la rebeldía procesal en que se hallaba y obedecer, después de un mes, a la orden del juez federal de Bariloche de trasladar a Facundo a la cárcel de Esquel para seguir allí con la prisión preventiva", destacó el documento de La Gremial.

Asimismo, indicaron en el escrito que se intimó al SPF y "se le dio un plazo improrrogable de 12 horas al director para que informara el estado del trámite y lo que se estaba haciendo en la ejecución del traslado".

Jones Huala fue extraditado en dos oportunidades a Chile para ser juzgado por el incendio de una propiedad privada y la portación ilegal de un arma de fuego. Allí la Justicia lo condenó a nueve años de prisión, pero luego se le otorgó la condicional, por lo que, pese a que dicho beneficio había sido revocado, ya no se sabía dónde estaba.

Recién se lo detuvo en 2023 en El Bolsón, Río Negro, y días después fue extraditado nuevamente hasta Chile para que concluya con su condena, por lo que en agosto de 2024 fue expulsado del país vecino.

En la actual causa se lo investiga por su presunta vinculación con los diversos actos violentos con la Resistencia Ancestral Mapuche con el objetivo de interponer sus ideas a través del ejercicio de la violencia, cometiendo atentados y hechos vandálicos.

Cómo es la cárcel en la que está ahora preso

Este lunes Jones Huala fue derivado hasta la Unidad Penal N°14, la cual es considerada de Categoría C y solo para hombres.

La web oficial detalla que se trata de un establecimiento cerrado de mediana seguridad que cuenta con seis pabellones comunes y una Casa de Preegresos distribuidas en seis pabellones.

Los internos alojados pueden estudiar los niveles primario, secundario y universitario, además de que cuenta con una biblioteca.

Respecto al trabajo, la unidad cuenta con talleres productivos como, por ejemplo, panadería, herrería, chapa y pintura, carpintería, horticultura y bloquearía.

La Justicia de Paraguay pidió dos años y dos meses de cárcel para el exsenador Kueider

La solicitud fue presentada por la Fiscalía ante el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos de Asunción. La condena también alcanzó a su exsecretaria.

La Fiscalía paraguaya pidió una pena de 2 años y 2 meses de cárcel para el exsenador argentino, Edgardo Kueider, y para su exsecretaria, Iara Guinsel Costa.

La solicitud fue presentada por el fiscal Ysrael Villalba ante el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos de Asunción.

A ambos imputados se los acusa de tentativa de contrabando, sin embargo, el tiempo de condena se redujo de un máximo de 5 años a 2 años y 2 meses porque el hecho no llegó a consumarse en su completitud.

Por su parte, los abogados defensores alegan que el transporte de dinero en efectivo no constituye el objeto material del delito de contrabando, de acuerdo a sus interpretaciones técnicas, por lo que solicitaron la absolución; al mismo tiempo, Kueider declaró lo mismo ante el tribunal y reafirmó su inocencia.

Hasta el momento, el ex senador nacional por Entre Ríos, permaneció en prisión domiciliaria en un departamento en Asunción, al igual que Guinsel Costa. El tiempo transcurrido hasta la fecha, se computará a su favor en caso de dictarse, finalmente, la sentencia condenatoria.

Paralelamente, la Justicia paraguaya también los investiga por la compra sospechosa de "seis departamentos y seis cocheras en Asunción", inmuebles que ya fueron embargados.

El hecho central data de diciembre de 2024 cuando Kueider, junto a su secretaria, fueron interceptados en el Puente Internacional de la Amistad, momento en que intentaban ingresar a Ciudad del Este con 211.000 dólares, 646.000 pesos y 3.9 millones de guaraníes en efectivo ocultos en una mochila y sin realizar la declaración aduanera correspondiente.

En Argentina, el ex legislador peronista es investigado por presunto lavado de dinero por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, quien ya solicitó su extradición, pedido que fue aceptado por la Fiscalía paraguaya, pero recién se podrá hacer efectivo su traslado una vez que finalicen los procesos penales en Paraguay.

Por último, la Cámara Federal de San Martín le rechazó una eximición de prisión, lo que significa que será detenido inmediatamente al ingresar en territorio argentino.

Prohibieron la salida del país a Adorni por peligro de fuga inminente

El Juez Ariel Lijo dispuso la restricción perimetral fronteriza mientras avanza la causa por presunto enriquecimiento ilícito.

La Justicia le prohibió la salida del país al exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, ante el creciente riesgo de fuga a Uruguay y en el marco de la investigación penal que se le sigue por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.

La medida restrictiva fue dispuesta durante la noche del viernes por el Juez federal, Ariel Lijo, a instancias del dictamen presentado por el Fiscal Gerardo Pollicita, señalando que el exfuncionario deberá requerir una autorización expresa si tiene intenciones de realizar un viaje al exterior del territorio nacional.

Según consignan las fuentes de la causa, esta restricción representa el paso previo a un llamado a declaración indagatoria en los tribunales de Comodoro Py, el cual resulta inminente y podría concretarse de manera formal en el transcurso de los próximos días debido a las inconsistencias halladas en su contra.

El foco de la investigación judicial sobre el patrimonio de Manuel Adorni se centra de forma pormenorizada en diversos gastos corrientes efectuados mientras se desempeñaba en la función pública, algunos de ellos realizados con tarjetas de crédito de sus secretarias.

La causa evalúa además los constantes viajes dentro y fuera de la Argentina, la compra de propiedades, las refacciones realizadas en un country del barrio privado Indio Cuá, ubicado en la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz, como así también las marcadas diferencias patrimoniales que quedaron registradas en sus últimas declaraciones juradas.

El expediente cobró un impulso definitivo a partir de la declaración testimonial del constructor Matías Tabar, quien estuvo formalmente a cargo de las reformas estructurales en la vivienda del exfuncionario en dicho barrio privado y aseguró ante las autoridades judiciales haber percibido la suma de 245.000 dólares en negro.

Apenas dos días después de la oficialización de su renuncia al cargo de jefe de Gabinete, la prensa difundió una serie de mensajes de audio donde el exfuncionario le ofreció asistencia a su contratista antes de que este prestara testimonio ante la fiscalía de Pollicita.

El material sonoro, que confirmó que el exjefe de Gabinete buscó coordinar un encuentro previo a la audiencia judicial del constructor, reveló que Adorni intentó transmitirle calma a su empleado ante la citación del pasado 4 de mayo expresándole de manera directa: "Mati, querido, ¿qué hacés?, escuchame", dijo el exfuncionario, "te tengo que hablar hace como diez, quince días. Yo este finde voy a ir a Indio, así que si querés hablamos ahí, que voy a estar más tranquilo. Por el tema del 4 de mayo".

"Nada, obviamente te voy a dar todo el soporte que necesites y despreocupate, como hice con todos", se escucha en el audio, al tiempo que Adorni dice: "Eso está de más decírtelo, pero, pero contás con todo, todo, todo lo que, lo que yo te puedo ayudar. Es una boludez, pero bueno, para, para que vos te quedes tranquilo y para que todos nos quedemos tranquilos".

Causa Libra: la Justicia apartó a los querellantes y debilitó el planteo de la presunta estafa

Lo resolvió el Juez federal, Marcelo Martínez, ante el pedido de Novelli del mes pasado.

El Juez federal, Marcelo Martínez, de Giorgi resolvió apartar a los querellantes de la causa por la presunta estafa de la criptomoneda Libra, accediendo así a un pedido elevado por la defensa del lobbista Mauricio Novelli.

El planteo responde al pedido de Novelli del mes pasado, quien argumentó que no existía una estafa alrededor del token que promocionó el Presidente, Javier Milei, en sus redes y que, pocos minutos después, se desplomó.

En aquel momento, la defensa de Novelli había planteado que en el caso Libra no se cumple la secuencia típica exigida por el Código Penal para hablar de una estafa, ardid, error, disposición patrimonial o perjuicio, ya que los querellantes no son "particulares ofendidos" por un delito, sino inversores en un mercado de riesgo.

La medida excluyó como querellantes a los damnificados Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Alejandro Paris, Braian Emanuel Quintero y Martín Romeo, quienes se encontraban nucleados en dos querellas distintas.

Sin ese acceso, la investigación recae únicamente en las tareas del Fiscal, Eduardo Taiano, severamente criticado en su accionar por las demoras para tomar medidas de prueba. En un año y medio, todavía no llamó a declarar a ninguno de los involucrados.

Los querellantes apelarán la medida.

El Juez Martínez de Giorgi estuvo siendo observado luego de la decisión del gobierno, el cual quería sumar a su esposa, Ana María Cristina Juan, entre los candidatos a ocupar cargos en el Poder Judicial y, puntualmente, en el juzgado federal de la localidad bonaerense de Hurlingham.

El pliego ya recibió la aprobación del Senado, pero aún no recibió la oficialización en el Boletín Oficial de la República Argentina, que se dé la comunicación responde solamente a una cuestión de tiempo.

Aunque con la resolución del fallo, ahora ninguna de las querellas tendrá posibilidad alguna de pedir medidas de prueba, así como tampoco de seguir insistiendo con las citaciones a indagatoria, apelar decisiones ni incidir de cualquier otro modo de forma directa en el curso de la causa.

Qué dijo el juez en su escrito

El juez consideró en su escrito que Libra es una memecoin, es decir, una criptomoneda elaborada a modo de broma y con alta volatilidad; además, sostuvo que las pérdidas de los inversores están vinculadas a los riesgos inherentes al propio mercado antes que a un delito.

De esta manera, la decisión del juez debilitó el planteo de estafa detrás del lanzamiento de Libra, que es la principal hipótesis que sostienen los damnificados.

Además, el juez dijo que, de acuerdo con la naturaleza anónima de las criptomonedas de la red Solana, que fue la red que se utilizó para crear Libra, los querellantes no pudieron dar cuenta de manera fehaciente de que eran los dueños de las billeteras virtuales que fueron utilizadas, así como tampoco del origen de los fondos. Esto llevó a que no se pueda demostrar la pérdida por delito.

En este punto, el juez dijo que "las constancias aportadas resultan indiciarias, pero no determinantes ni consistentes para establecer su titularidad".

Con este argumento fue que también antes había rechazado el pedido de inclusión de otros dos damnificados, oriundos de Bielorrusia, quienes también se presentaron mediante una de las querellas para reclamar como víctimas de Libra.

Tras la sentencia en el Caso Lucía Rubiño, el Juez Toro se retiró insultado por la gente

Luego de dictar sentencia sin prisión efectiva por la muerte de la adolescente, el cuestionado Juez Jorge Toro saludó al padre de Lucía, Jorge Rubiño, y se retiró bajo de la sala donde se tramitó el juicio insultado y denostado por familiares y amigas de Lucía, que encontraron en el fallo judicial una "burla" a toda la sociedad.

Fue un momento de tensión, cuando el Juez Jorge Toro le dio la mano al padre de Lucía para saludarlo sin decir una palabra, un gesto que fue interpretado como una provocación por parte de los presentes.

"¿Saludas todavía? Pechofrío, cómplice", fueron algunos de los gritos que se escucharon a la salida del recinto, mientras el magistrado se retiraba.

Los familiares espetaron insultos tales como "hijo de puta", y le preguntaron a Toro: "¿Quién nos va a cuidar?".

En otro tramo, masacraron al juez con fraces lacerantes: "No tenés cara, Toro, dos años es una burla, se nos ríen en la cara".

Para el entorno de Lucía Rubiño, la sentencia de 2 años de prisión condicional representa un mensaje peligroso para la sociedad.

"Ahora todos los pibes van a saber, vergüenza le tendría que dar", dijo una persona que estaba a la salida de Flagrancia, quien agregó que "es una vergüenza ver a los jóvenes llorando".

El luctuoso episodio ocurrió el 15 de octubre de 2023 en el barrio Profesionales, donde dos jóvenes: Manzur y Echegaray, habrían estado haciendo picadas en sus autos hasta que uno de ellos se fue a la vereda y aplastó a Lucía contra una pared.

Jesica Cirio pidió que el video de los dólares no sea utilizado como prueba en la causa contra Insaurralde

El pedido se conoció mientras la Justicia avanza con el peritaje ordenado por el juez federal Luis Armella para determinar si las imágenes son auténticas.

La defensa de Jesica Cirio solicitó a la Justicia que el video en el que se la observa manipulando fajos de dólares en un vestidor no sea incorporado como prueba en la causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos que investiga al exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde.

El pedido se conoció mientras la Justicia avanza con el peritaje del video ordenado por el Juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, para determinar si las imágenes son auténticas, si presentan alteraciones y establecer cuándo y dónde fueron registradas.

La pericia también buscará recuperar metadatos que permitan reconstruir el origen del material.

La pericia tiene como objetivo establecer si las imágenes son genuinas, luego de que la conductora asegurara que el video habría sido manipulado e incluso deslizara la posibilidad de que hubiera sido alterado mediante herramientas de inteligencia artificial.

Por el momento, los primeros indicios apuntan a que el material sería auténtico, aunque la conclusión final quedará supeditada al informe de los peritos.

En paralelo, la Justicia también procura determinar la fecha en que fue registrado el video y reconstruir las circunstancias en las que fue grabado.

La presentación de la defensa se produjo luego de que el magistrado dispusiera una serie de medidas de prueba sobre el inmueble de Fincas de San Vicente, donde Cirio convivió con Insaurralde, al considerar que existen indicios de que el video habría sido grabado allí.

En ese marco, también se realizaron inspecciones en una vivienda de Nordelta que la modelo compartía con su expareja, Elías Piccirillo, aunque los investigadores descartaron que las imágenes hubieran sido filmadas en ese lugar tras comparar las características del vestidor con el que aparece en la grabación.

Negaron recusación contra la Jueza Lucero que habían pedido Sirerol y Ruiz, expresidentes de OSSE

Guillermo Sirerol y Sergio Ruiz, dos expresidentes de OSSE, intentaron apartar a la Jueza Mónica Lucero, pero el pedido fue rechazado por el Juez Eduardo Raed.

Si bien se presentaron Ruiz y Sirerol cuando se abrió la causa, Fiscalía podría llegar a investigar a todas las presidencias de OSSE, ya que la obra se inició durante el Gobierno peronista de José Luis Gioja.

Mauricio Ibarra fue presidente de OSSE durante la parte final de la gestión de Sergio Uñac.

Cristian Andino fue presidente de OSSE durante uno de los periodos de José Luis Gioja, aunque según explicó el ahora diputado nacional, el tramo que le tocó llevar adelante a él "no está observado ni por Fiscalía ni por el Tribunal de Cuentas".

Es preciso recordar que la obra del Acueducto Gran Tulum se inició durante el Gobierno de Gioja. Pero el 11 de octubre de 2013, el exgobernador sufrió un accidente en helicóptero saliendo de Valle Fértil, entonces Segio Uñac, que era el vicegobernador, se hizo cargo de la gestión y le dio continuidad a la megaobra.

Por ahora, el Juez Eduardo Raed les informó a los exdirectivos de OSSE que no son parte del proceso: ni víctimas, ni imputados, ni querellantes. La causa atraviesa una etapa previa a la formalización.

Habrá que esperar si deciden tomarles declaración más adelante o si los fiscales van a planchar la investigación hasta dejarla diluída en el olvido.

En en la causa en la se investigan presuntos hechos delictivos en la megaobra conocida como Acueducto Gran Tulum, la cual nunca se terminó aunque gran parte de la financiación en dólares se gastó.

Hace días, los extitulares del organismo, Sergio Ruiz y Guillermo Sirerol intentaron, a través de un escrito presentado ante la Justicia, apartar a la Jueza de Garantías, Mónica Lucero, quien ha intervenido en medidas previas solicitadas por el Ministerio Público Fiscal.

El planteo fue rechazado por el Juez Eduardo Raed, quien revisó la causa y respondió que no hay motivos de recusación contra la Jueza Lucero. Por ahora, según se supo, Sirerol y Ruiz no son parte del proceso, tampoco lo son Mauricio Ibarra y Cristian Andino.

La causa

Para concretar una parte mínima de la obra, que nunca se terminó, hubo una licitación que fue ganada por la empresa Krah América Latina S.A. en 2018, cuyo apoderado era Gustavo Monti. Se pagaron al menos 1.300 millones de pesos por las cañerías.

Es preciso recordar que la causa está en manos del Fiscal Sebastián Gómez, quien investiga el proceso administrativo y licitatorio del Acueducto Gran Tulum, obra hídrica que se ejecutó en parte durante el Gobierno del peronista Sergio Uñac, pero que, sin embargo, no se terminó, aunque los dólares se gastaron y los materiales usados parecen presentar irregularidades.

Es por eso que la Justicia vernácula investiga la contratación de caños y tuberías adjudicada a la empresa Krah América Latina S.A., y, en ese contexto, también se está evaluando cuál fue el papel que jugó el finado Gustavo Monti, quien podría haber sido representante o intermediario local de la compañía alemana.

En medio de este escenario, aparecen también presuntas comisiones facturadas por la empresa PVC San Juan SRL.

Según se desprende de la investigación judicial, las tuberías que puso la compañía Krah América Latina S.A. podrían no ser aptas para el transporte de agua potable.

Aseguran, además, que los caños estarían fabricados con insumos no aptos para el consumo humano y que podrían ser potencialmente tóxicos para las personas.

Es importante señalar que la Unidad Fiscal de Investigación Delitos Especiales avanzó hace tiempo en la causa que se inició gracias a la denuncia del abogado Marcelo Arancibia.

Mientras el Gobierno de San Juan sigue pagando a Kuwait la deuda que dejaron los gobiernos peronistas de Uñac y Gioja, que consiste en la friolera de 100.000.000 de dólares por materiales, más 100.000.000 de verdes por la obra civil, la Justicia de la provincia sigue con la investigación para saber si hubo o no un perjuicio contra el Estado.

En diciembre del 2025, el abogado Marcelo Arancibia presentó una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal solicitando que se investigue la licitación de la obra, la cual hace años fue concedida a una empresa alemana cuyo apoderado, Gustavo Monti, era un pariente del exgobernador Sergio Uñac.

Se busca comprobar si hubo o no malversación de fondos, además de conocer la calidad de los insumos, entre otras posibles irregularidades que se habrían cometido en la obra.

En febrero de 2026, la provincia de San Juan se presentó en la causa como parte querellante.

Desde la actual gestión del Gobernador Marcelo Orrego se estima que la pérdida asociada a los 10 kilómetros de caños que se instalaron, y que luego debieron retirarse, demandó una inversión de 50.000.000 de dólares.

La cifra surge del financiamiento comprometido para la obra, que fue licitada por un total de 200.000.000 de verdes.

El proyecto fue financiado en dos tramos: un 50% a través de un préstamo internacional que llegó desde Kuwait y Australia, y el otro 50% con fondos aportados por el Estado nacional durante el Gobierno peronista.

Se filtró un audio de Adorni a Tabar que lo complica más: "Te voy a dar todo el soporte que necesites"

En el mensaje de voz de WhatsApp, el ahora exjefe de Gabinete intentó influir en el contratista antes de la declaración ante la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito.

Tras su escandalosa salida del Gobierno de La Libertad Avanza, se filtró un nuevo mensaje de voz del ahora exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, dirigido al contratista Matías Tabar, a quien habría intentado influenciar antes de la declaración ante la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito.

"Te tengo que hablar hace como 10 o 15 días. Este finde tengo que ir a Indio Cuá, así que si querés hablamos ahí, que voy a estar más tranquilo por el tema del 4 de mayo", le decía el exfuncionario mileísta al contratista en un audio de WhatsApp grabado entre el 29 y el 30 de abril pasado.

"Obviamente te voy a dar todo el soporte que necesites. Despreocupate, como hice con todos. Eso está de más decírtelo, pero contás con todo lo que yo te pueda ayudar. Es una boludez, pero para que vos te quedes tranquilo y para que todos nos quedemos tranquilos", insistió Adorni, que para entonces ya estaba ostensiblemente preocupado por el avance de la investigación judicial sobre el origen de su inusitado crecimiento patrimonial.

En aquella declaración testimonial, Tabar reveló que las refacciones en la casa del country Indio Cuá que el entonces jefe de Gabinete le había encargado costaron 245.000 dólares en efectivo.

Esa cifra puso en tela de juicio las explicaciones oficiales y elevó drásticamente el dinero no declarado que Adorni debía justificar.

Las reformas en cuestión incluyeron lujosos detalles como muebles a medida y una pileta climatizada con una cascada.

El contratista testificó que rechazó el ofrecimiento de "soporte" de Adorni tras asesorarse con abogados para evitar que pareciera el armado de una estrategia conjunta, dejando su teléfono celular a disposición de los investigadores.

En el mismo audio, tras ofrecerle ayuda para que "todos nos quedemos tranquilos", Adorni cambió drásticamente de tema para pedirle soporte técnico a Tabar porque estaba "desesperado" debido a un problema eléctrico con las térmicas y la bomba de la pileta de la casa.

Denunciaron que Adorni compró artículos gamer con tarjetas de sus funcionarios

La Fiscalía analiza operaciones realizadas desde la cuenta personal de Mercado Libre del jefe de Gabinete por casi $6.000.000. Los pagos figuraron asociados a tarjetas de dos funcionarios que trabajaban bajo su órbita en la Vocería Presidencial.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quedó en el centro de una nueva polémica luego de que trascendiera que realizó compras de equipamiento para videojuegos desde su cuenta personal de Mercado Libre utilizando tarjetas de crédito pertenecientes a dos funcionarios que trabajaban bajo su órbita en la estructura de la Vocería Presidencial.

Las operaciones, que están informadas en la causa, se concretaron en agosto de 2025 e incluyeron un monitor gamer y dos proyectores de alta gama por un total de $5.848.589, una cifra que superaba el salario mensual que Adorni percibía como vocero presidencial.

La compra más costosa fue la de un monitor gamer Samsung Odyssey OLED G8 de 27 pulgadas, adquirido el 19 de agosto por $2.184.999.

De acuerdo con la documentación analizada por la fiscalía a cargo de Gerardo Pollicita, el pago quedó asociado a una tarjeta cuya titular era Laura Daniela Schiuma, directora general de Actividades Presidenciales de la Subsecretaría de Vocería y Comunicación de Gobierno. Así figura en documentos de Mercado Libre.

En tanto, el 13 de agosto se registró la compra de dos proyectores Epson Home Cinema 2350 4K Pro-UHD con Android TV, cada uno por $1.831.795.

Las operaciones fueron abonadas con tarjetas vinculadas a Luis Enrique Aluju, quien en ese momento se desempeñaba como coordinador de Información de Gobierno dentro de la misma dependencia.

Las compras forman parte de la investigación patrimonial que lleva adelante la fiscalía a cargo de Pollicita, que tiene delegada la causa para analizar la evolución patrimonial del jefe de Gabinete.

En distintas entrevistas públicas, Adorni se definió como un “retrogamer” y contó que colecciona consolas y computadoras clásicas.

Tarjetas prestadas por otros funcionarios

En ese contexto, también se había incorporado a la causa otra operación considerada sospechosa: el pago en efectivo de $8.183.383 realizado por Gisela Kocsis, otra empleada del Gobierno, en un comercio de sommiers y ropa blanca, supuestamente destinado a una vivienda adquirida por la familia Adorni en el country Indio Cua.

La factura de esa compra fue hallada en el teléfono celular de Matías Tabar, contratista que participó en la remodelación de la propiedad. El dispositivo, actualmente bajo análisis de la Justicia, también contiene mensajes intercambiados con Adorni y datos sobre los trabajos realizados en la casa.

Tabar declaró además que la remodelación demandó desembolsos de Adorni por U$S245.929 en efectivo.

Con todo lo informado en la causa, más algunas respuestas y precisiones que espera de distintos organismos, el fiscal ultima detalles para el requerimiento de justificación patrimonial. Es la instancia en la que Adorni deberá explicar las inconsistencias detectadas.

La Justicia intimó a la Anses para que restituya la pensión de Cristina Kirchner

La Cámara Federal de la Seguridad Social fijó un plazo máximo de 10 días para que la exmandataria reciba los haberes provisionales por viudez.

La Justicia, a través de la Cámara Federal de la Seguridad Social, intimó legalmente a la Administración Nacional de la Seguridad Social para que efectivice, en un plazo de 10 días, la restitución de la pensión por viudez para Cristina Kirchner.

El documento, publicado este miércoles, está firmado por la jueza federal Karina Alonso Candis y establece la fecha para el reintegro de los haberes previsionales "bajo apercibimiento de ejecución".

La orden aplica únicamente a la pensión por fallecimiento del expresidente fallecido Néstor Kirchner, el tribunal diferenció esta prestación de la asignación vitalicia como exjefa de Estado, la cual continúa suspendida administrativamente debido a su condena en la causa Vialidad.

El pasado 11 de junio, Anses le había solicitado a la Justicia una caución real o personal como condición ineludible, antes de realizar la devolución de la pensión de privilegio a la ex presidenta.

Este pedido de garantía pretendió "proteger" los fondos públicos del Estado en caso de que la Corte Suprema revocara la medida cautelar que pidió la restitución del beneficio; el planteo judicial llevado adelante por los representantes legales de Anses, avalado por que el artículo 5 de la Ley 26.854, exigió que el solicitante otorgue un seguro por "los eventuales daños y perjuicios" antes de que la orden se efectúe.

Las estimaciones oficiales de la asignación mensual vitalicia reclamada por la actual titular del Partido Justicialista, como viuda del ex presidente Néstor Kirchner, serían de 38 haberes mínimos, lo que representa unos $15.300.000 mensuales.

Con esta petición, el organismo quiso contar con un respaldo económico que asegurara que el Estado Nacional pudiera recuperar el dinero liquidado, si el fallo de fondo resultara adverso para Cristina Kirchner.