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Financiamiento universitario: la Justicia declaró inconstitucional el decreto del Gobierno que frenaba la ley

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El Juez Martín Cormick ordenó al Ejecutivo que cumpla con la medida y avance en la recomposición salarial de docentes y no docentes.

El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 declaró inconstitucional el decreto que puso un freno a la Ley de Financiamiento Universitario y ordenó al Gobierno a cumplir con lo establecido en la normativa aprobada por el Congreso.

El fallo firmado por el Juez Martín Cormick dio lugar al amparo colectivo promovido por el Consejo Interuniversitario Nacional y la Universidad de Buenos Aires, dejando sin efecto el Decreto 759/2025.

De esta forma, ordenó al Poder Ejecutivo el "cumplimiento inmediato de la Ley de financiamiento universitario con el dictado de las normas reglamentarias y ejecutorias necesarias a tal fin", según el escrito.

El Gobierno había intentado frenar el cumplimiento de la ley primero con su veto. Luego de que el Congreso lo rechazó y sostuvo la normativa, emitieron un decreto en el que dispuso que el financiamiento a las universidades solo podía ejecutarse “una vez que se determine las fuentes específicas para su financiamiento y se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto general”.

Tanto el Consejo Interuniversitario Nacional como la UBA y otras universidades presentaron un amparo colectivo para que se cumpla con los puntos claves de la ley, entre ellos otorgar partidas a las casas de estudios para su funcionamiento y recomponer el salario de docentes y no docentes.

El juez consideró en el fallo que el decreto del Gobierno "no supera un test mínimo de razonabilidad, en tanto permite suspender e inaplicar, amparado en la aplicación de un artículo de una ley anterior, la aplicación de una ley en donde el Congreso insistió con las mayorías agravadas requeridas".

Apuntó que ante la imposibilidad legal de emitir un nuevo veto, el decreto "ha funcionado como un mecanismo extraconstitucional” que, según su mirada, configuró “una figura de instancia de veto no prevista en la Constitución Nacional".

Cormick también remarcó que "el control judicial de decisiones con impacto presupuestario, lejos de ser una intromisión extraordinaria, es una de las consecuencias propias de la justiciabilidad del Estado".

Por otro lado, el magistrado puso en duda el costo fiscal de la ley. Mencionó que en 2024 y 2025 no había Ley de Presupuesto y se prorrogaron las partidas aprobadas del 2023, y señaló que según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el impacto durante el año 2025 representaba aproximadamente el 0,23% del PBI nominal proyectado.

Demanda contra el Banco San Juan por cobro indebido de impuestos en compras en dólares

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El País Diario
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Representados por el abogado Diego González, la asociación Usuarios y Consumidores Unidos metió una cautelar para evitar que Banco San Juan siga descontando Ganancias y Bienes Personales a clientes que operan con tarjeta de crédito en moneda extranjera. La demanda solicitó una sanción económica para la entidad financiera.

Banco San Juan nuevamente es foco de conflicto con clientes que buscan frenar descuentos que, en apariencia, serían incorrectos.

La asociación Usuarios y Consumidores Unidos demandó de manera colectiva al banco por el cobro indebido de impuestos en compras en dólares.

El banco, que es el agente financiero de la provincia, estuvo descontando una serie de items a sus clientes, tal el caso del Impuesto País, mientras estuvo vigente, además de Ganancias y Bienes Personales, por operaciones que hicieron con tarjetas de crédito en moneda norteamericana.

Según el abogado Diego González, el reclamo es por una suma que se le cobra a los clientes con intereses. También se registrasen casos en los que no hubo reintegros de los tributos, y se pidió que se concreten los reintegros más intereses.

Para calcular los intereses, la asociación Usuarios y Consumidores Unidos solicitó la aplicación de una fórmula de reparación financiera.

Invocaron una normativa del Banco Central, la cual impone a los bancos la obligación de restituir los cobros indebidos aplicando dos veces la tasa promedio de depósitos a plazo fijo.

Además se le deberían añadir los mismos intereses moratorios y punitorios que el banco cobra a sus clientes cuando incurren en mora con la tarjeta de crédito.

Asimismo, la demanda exige lo que se conoce como anatocismo. Significa: capitalización de intereses sobre intereses desde el momento de cada débito, lo cual hace que la deuda acumulada sea más voluminosa con el paso del tiempo.

El abogado González solicitó a la Justicia que se le dicte a la entidad bancaria una condena genérica de responsabilidad para que cada cliente que se sintió afectado pueda hacer su reclamo indemnizatorio de manera individual.

En la demanda, se pide aplicar "daño punitivo", lo que significa una multa civil que tiene como fin el hecho de tratar de disuadir a alguien de continuar con una conducta perjudicial para un usuario.

La plata de esta multa iría a parar a los damnificados. El abogado pidió que sea de 2.100 canastas básicas totales de Hogar Tipo 3, según la medición que informa el Indec cada mes. A valores de hoy, se trata de una suma que llegaría a los 3.546.123.000 pesos.

También se ha planteado una medida cautelar para que se le ordene al Banco San Juan a que "cese inmediatamente y hasta tanto se dicte sentencia definitiva en la percepción del Impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales".

Por ahora, el Juez Humberto Conti, del Cuarto Civil, hizo lugar a la cautelar planteada por la asociación de consumidores y rechazó un planteo de incompetencia.

El gobernador de Misiones recurrirá a la Justicia para intentar frenar la Ley de Tierras en su provincia

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Hugo Passalacqua instruyó al Fiscal de Estado para que inicie las acciones judiciales necesarias. "No podemos permitir que nuestro suelo quede desprotegido", advirtió.

Tras la revocación de la Corte Suprema sobre el fallo que declaraba la inconstitucionalidad de la Ley de Tierras, el Gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, confirmó que recurrirá a la Justicia para intentar frenar la aplicación de la ley en su provincia.

Mediante el Decreto N° 1.935, el mandatario instruyó al Fiscal de Estado a que tome las acciones judiciales que considere necesarias con el objetivo de "resguardar los derechos de Misiones en cada oportunidad" y "por todas las vías correspondientes".

En el escrito Passalacqua indicó que la decisión del máximo tribunal deja a Misiones en "una situación de absoluta desprotección y vulnerabilidad institucional".

No solo argumentó en contra de la reciente ley, sino que el gobernador también cargó contra el DNU 70/2023, el cual impacta "de manera directa y lesiva sobre la autonomía y la soberanía territorial, las finanzas públicas y el entramado económico-social de la provincia".

"Con más del 90% de frontera internacional, una biodiversidad única en el país y una matriz económica que pone al pequeño productor en el centro, no podemos permitir que nuestro suelo quede desprotegido", advirtió el mandatario provincial en sus redes.

Como conclusión general, Passalacqua sostuvo que la necesidad de cuidar la tierra misionera es "un deber irrenunciable" con la gente y la soberanía de Misiones.

El fallo de la Corte

Días atrás, el máximo tribunal revocó el fallo que había declarado la inconstitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/23, al considerar que la entidad que promovió la demanda carecía de legitimación.

La Corte Suprema de Justicia sostuvo que "frente a la clara ausencia de un derecho de incidencia colectiva sobre un bien colectivo, no es posible tener por configurado un caso o controversia".

La sentencia, firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, advirtió además sobre la actuación de tribunales inferiores que reconocen legitimaciones alejadas de los requisitos constitucionales para habilitar una causa judicial.

"A pesar de que existe una clara y reiterada jurisprudencia de esta Corte respecto de los recaudos constitucionales para la configuración del caso judicial, todavía existen tribunales nacionales que insisten en reconocer legitimaciones notoriamente alejadas de ella", señaló el fallo.

Acueducto Gran Tulum: la audiencia de formalización de la causa será el 14 de octubre

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El 14 de octubre, las 11 personas vinculadas a la causa por el Acueducto Gran Tulum deberán presentarse ante la Jueza Mónica Lucero. Entre ellos, deberán comparecer el exgobernador Sergio Uñac y el Diputado peronista Cristian Andino.

La causa por las presuntas irregularidades en el Acueducto Gran Tulum tiene fecha de inicio: será el próximo miércoles 14 de octubre, a las 11 horas, cuando se concrete la audiencia de formalización de la investigación ante la Jueza de Garantías Mónica Lucero.

Los 11 notificados, exfuncionario del gobierno peronista de Sergio Uñac, deberán presentarse en Tribunales ese día para estar durante el inicio formal del proceso judicial.

La lista de notificados incluye al exgobernador y actual Senador Sergio Uñac, el exministro de Infraestructura Julio Ortiz Andino, a los expresidentes de OSSE: Cristian Andino, Sergio Ruiz, Juan Carlos Caparrós y Guillermo Sirerol, además del presidente y representante de Krah América Latina, Gustavo Fabián Mastelono.

Deberán comparecer también el exjefe del Departamento Jurídico de OSSE, Humberto Caballero; el funcionario de OSSE, Juan Sánchez; el auditor técnico, Francisco Javier Correa, y el Jefe del Departamento Proyectos de OSSE, Rolando Vicente Caruso.

La causa

Para concretar una parte mínima de la obra, que nunca se terminó, hubo una licitación que fue ganada por la empresa Krah América Latina S.A. en 2018, cuyo apoderado era Gustavo Monti. Se pagaron al menos 1.300.000.000 de pesos por las cañerías.

Es preciso recordar que la causa está en manos del Fiscal Sebastián Gómez, quien investiga el proceso administrativo y licitatorio del Acueducto Gran Tulum, obra hídrica que se ejecutó en parte durante el Gobierno del peronista Sergio Uñac, pero que, sin embargo, no se terminó, aunque los dólares se gastaron y los materiales usados parecen presentar irregularidades.

Es por eso que la Justicia vernácula investiga la contratación de caños y tuberías adjudicada a la empresa Krah América Latina S.A., y, en ese contexto, también se está evaluando cuál fue el papel que jugó el finado Gustavo Monti, quien podría haber sido representante o intermediario local de la compañía alemana.

En medio de este escenario, aparecen también presuntas comisiones facturadas por la empresa PVC San Juan SRL.

Según se desprende de la investigación judicial, las tuberías que puso la compañía Krah América Latina S.A. podrían no ser aptas para el transporte de agua potable.

Aseguran, además, que los caños estarían fabricados con insumos no aptos para el consumo humano y que podrían ser potencialmente tóxicos para las personas.

Es importante señalar que la Unidad Fiscal de Investigación Delitos Especiales avanzó hace tiempo en la causa que se inició gracias a la denuncia del abogado Marcelo Arancibia.

Mientras el Gobierno de San Juan sigue pagando a Kuwait la deuda que dejaron los gobiernos peronistas de Uñac y Gioja, que consiste en la friolera de 100.000.000 de dólares por materiales, más 100.000.000 de verdes por la obra civil, la Justicia de la provincia sigue con la investigación para saber si hubo o no un perjuicio contra el Estado.

En diciembre del 2025, el abogado Marcelo Arancibia presentó una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal solicitando que se investigue la licitación de la obra, la cual hace años fue concedida a una empresa alemana cuyo apoderado, Gustavo Monti, era un pariente del exgobernador Sergio Uñac.

Se busca comprobar si hubo o no malversación de fondos, además de conocer la calidad de los insumos, entre otras posibles irregularidades que se habrían cometido en la obra.

En febrero de 2026, la provincia de San Juan se presentó en la causa como parte querellante.

Desde la actual gestión del Gobernador Marcelo Orrego se estima que la pérdida asociada a los 10 kilómetros de caños que se instalaron, y que luego debieron retirarse, demandó una inversión de 50.000.000 de dólares.

La cifra surge del financiamiento comprometido para la obra, que fue licitada por un total de 200.000.000 de verdes.

El proyecto fue financiado en dos tramos: un 50% a través de un préstamo internacional que llegó desde Kuwait y Australia, y el otro 50% con fondos aportados por el Estado nacional durante el Gobierno peronista.

Acueducto Gran Tulum: entró el pedido de formalización de la causa a la Oficina Judicial Penal

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En una causa donde se intenta explicar por qué se gastaron 200.000.000 de dólares y el acueducto nunca se terminó, los fiscales Sebastián Gómez y Francisco Pizarro concretaron el pedido de inicio de la causa durante el mediodía de este miércoles. La oficina judicial convocará a los 11 notificados tal como lo indica la ley. Uñac y Andino en la mira de la Justicia vernácula.

El trámite ingresó durante el mediodía y ahora comienza la etapa de organización de la audiencia. La Oficina Judicial Penal deberá poner en marcha las notificaciones y definir la fecha en la que serán convocadas las once personas que ya fueron informadas de que forman parte de la investigación.

El trámite de notificación podría demandar alrededor de 10 días, y la audiencia podría quedar convocada para mediados de octubre.

Ahora la Oficina Judicial deberá cumplir con el artículo 77 del Código Procesal Penal de San Juan. Entre sus funciones figuran organizar las audiencias y ordenar las comunicaciones y emplazamientos. También contempla que las audiencias deberán ser fijadas "en el menor tiempo posible".

La presentación de los fiscales se realizó luego de que la UFI Delitos Especiales notificara la semana pasada a 11 personas vinculadas a la obra del acueducto que nunca se terminó, aunque los dólares fueron grastados.

Entre los notificados se encuentra el exgobernador y actual Senador nacional, Sergio Uñac, además de autoridades y funcionarios de Obras Sanitarias Sociedad del Estado del gobierno peronista, tal el caso de un exministro de Infraestructura y un representante de la empresa Krah América Latina, vinculada a la provisión de los caños.

Los notificados que deberán estar presentes en la formalización de la causa son Sergio Uñac, Cristian Andino, Guillermo Sirerol, Sergio Ruiz, Juan Carlos Caparros, Julio Andino, Gustavo Mastelono, Humberto Caballero, Juan Sánchez, Francisco Javier Correa y Rolando Vicente Caruso.

La causa se inició a partir de una denuncia presentada en diciembre por el excandidato a gobernador, Marcelo Arancibia. El abogado presentó una serie de pruebas para argumentar la necesidad de que se abra una investigación judicial.

La Justicia local deberá determinar si existieron irregularidades en distintas etapas del proyecto, entre ellas la contratación y provisión de cañerías, posibles sobreprecios y cuestionamientos vinculados con la calidad de los materiales utilizados.

Fiscalía ya realizó allanamientos en oficinas y dependencias vinculadas a la empresa Krah, con el secuestro de documentación y equipos informáticos para ser sometidos a análisis.

Lista de los implicados

Cristian Andino: expresidente de OSSE entre diciembre de 2011 y diciembre de 2015. Actualmente es diputado nacional. 

Guillermo Sirerol: expresidente de OSSE entre diciembre de 2019 y octubre de 2023. 

Sergio Ruiz: expresidente de OSSE entre diciembre de 2015 y febrero de 2019. Actualmente se desempeña como asesor del Senador Sergio Uñac.

Gustavo Mastelono: presidente y representante de Krah América Latina S.A., firma adjudicataria de la obra, que tenía como representante en San Juan a Gustavo Monti.

Humberto Caballero: exjefe del Departamento Jurídico de OSSE. Actualmente es juez laboral.

Juan Sánchez: funcionario actual de OSSE, vinculado a la implementación del proyecto del Acueducto.

Julio Ortiz Andino: se desempeñó como ministro de Infraestructura de San Juan entre 2015 y 2023.

Francisco Javier Correa: funcionario de OSSE, auditor técnico de la repartición y gerente de Obras.

Rolando Vicente Caruso: jefe del Departamento Proyectos de OSSE.

Juan Carlos Caparros: expresidente de OSSE entre febrero y diciembre de 2019.

La medida fue dictada en el marco de la investigación iniciada por presuntas irregularidades en la construcción del Acueducto Gran Tulum, una causa que se encuentra bajo análisis de la UFI Delitos Especiales.

La denuncia original, realizada por el abogado Marcelo Arancibia, menciona posibles delitos como negociaciones incompatibles con la función pública, malversación de caudales públicos, defraudación, dádivas, administración fraudulenta y violación de los deberes de funcionario público, entre otros.

Es una hipótesis que deberá ser determinada a partir de las pruebas reunidas durante la investigación. Por ahora no implican una imputación formal contra las personas notificadas.

La causa

Para concretar una parte mínima de la obra, que nunca se terminó, hubo una licitación que fue ganada por la empresa Krah América Latina S.A. en 2018, cuyo apoderado era Gustavo Monti. Se pagaron al menos 1.300 millones de pesos por las cañerías.

Es preciso recordar que la causa está en manos del Fiscal Sebastián Gómez, quien investiga el proceso administrativo y licitatorio del Acueducto Gran Tulum, obra hídrica que se ejecutó en parte durante el Gobierno del peronista Sergio Uñac, pero que, sin embargo, no se terminó, aunque los dólares se gastaron y los materiales usados parecen presentar irregularidades.

Es por eso que la Justicia vernácula investiga la contratación de caños y tuberías adjudicada a la empresa Krah América Latina S.A., y, en ese contexto, también se está evaluando cuál fue el papel que jugó el finado Gustavo Monti, quien podría haber sido representante o intermediario local de la compañía alemana.

En medio de este escenario, aparecen también presuntas comisiones facturadas por la empresa PVC San Juan SRL.

Según se desprende de la investigación judicial, las tuberías que puso la compañía Krah América Latina S.A. podrían no ser aptas para el transporte de agua potable.

Aseguran, además, que los caños estarían fabricados con insumos no aptos para el consumo humano y que podrían ser potencialmente tóxicos para las personas.

Es importante señalar que la Unidad Fiscal de Investigación Delitos Especiales avanzó hace tiempo en la causa que se inició gracias a la denuncia del abogado Marcelo Arancibia.

Mientras el Gobierno de San Juan sigue pagando a Kuwait la deuda que dejaron los gobiernos peronistas de Uñac y Gioja, que consiste en la friolera de 100.000.000 de dólares por materiales, más 100.000.000 de verdes por la obra civil, la Justicia de la provincia sigue con la investigación para saber si hubo o no un perjuicio contra el Estado.

En diciembre del 2025, el abogado Marcelo Arancibia presentó una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal solicitando que se investigue la licitación de la obra, la cual hace años fue concedida a una empresa alemana cuyo apoderado, Gustavo Monti, era un pariente del exgobernador Sergio Uñac.

Se busca comprobar si hubo o no malversación de fondos, además de conocer la calidad de los insumos, entre otras posibles irregularidades que se habrían cometido en la obra.

En febrero de 2026, la provincia de San Juan se presentó en la causa como parte querellante.

Desde la actual gestión del Gobernador Marcelo Orrego se estima que la pérdida asociada a los 10 kilómetros de caños que se instalaron, y que luego debieron retirarse, demandó una inversión de 50.000.000 de dólares.

La cifra surge del financiamiento comprometido para la obra, que fue licitada por un total de 200.000.000 de verdes.

El proyecto fue financiado en dos tramos: un 50% a través de un préstamo internacional que llegó desde Kuwait y Australia, y el otro 50% con fondos aportados por el Estado nacional durante el Gobierno peronista.

Caso Libra: rechazaron el pedido de los damnificados para ser querellantes al considerarlos "inadmisibles"

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El tribunal confirmó el apartado dispuesto por el Juez Marcelo Martínez de Giorgi por lo que el expediente permanecerá bajo la órbita exclusiva del Fiscal Eduardo Taiano.

Los inversionistas afectados en el caso Libra sufrieron un nuevo revés en los tribunales al recibir un rechazo para ser querellantes en la investigación por la presunta estafa con la criptomoneda.

La Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones declaró "inadmisibles" los recursos de casación presentados por las defensas de Romeo, Paris, Marchetto y Vega, cuatro de los damnificados que buscan ser parte del expediente.

Los afectados pretendían revertir la resolución de la Sala IV que había confirmado la decisión del Juez federal, Martínez de Giorgi, de desplazarlos del rol de querellantes, tras un planteo efectuado por el lobbista Mauricio Novelli.

El Juez Llorens evaluó que "los fundamentos que sustentan los recursos de casación presentados resultan insuficientes para habilitar el canal recursivo escogido", sosteniendo además que no se verificó "un supuesto de arbitrariedad que, excepcionalmente, pudiera habilitar la senda procurada", dado que "los recurrentes, al invocar la arbitrariedad, evidencian un intento de reeditar una discusión que ha tenido respuesta fundada por parte de esta Sala".

Por su parte, los camaristas Bertuzzi y Yadarola argumentaron que "la resolución contra la que se dirigen los recursos se encuentra en principio alcanzada por la doctrina que equipara a sentencia definitiva las decisiones que excluyen a un pretenso querellante de su rol". Sin embargo, aclararon que "esa posibilidad de apertura formal no suple la exigencia de que los agravios reposen en alguno de los motivos establecidos en el artículo 456 CPPN, ni exime a los recurrentes de demostrar el error de derecho invocado".

En esa misma línea, los magistrados detallaron que los damnificados "al justificar el encuadre de su planteo en el inciso 1° del artículo 456, no han hecho otra cosa más que exponer su discrepancia con la interpretación que el a quo y esta Sala efectuaron respecto de la configuración del ardid típico exigido por el artículo 172 del Código Penal y de la subsistencia de su legitimación para querellar, sin señalar de qué modo esa interpretación importaría una errónea aplicación de la ley sustantiva antes que una cuestión de hecho y prueba ya zanjada por el tribunal", añadiendo que "la invocación de arbitrariedad tampoco resulta suficiente para habilitar la instancia pretendida".

Tras esta resolución judicial, la investigación continúa bajo la órbita exclusiva del Fiscal Taiano, quien ha sido cuestionado por las demoras en la tramitación de la causa.

En consecuencia, los abogados defensores de los cuatro inversionistas adelantaron que en los próximos días presentarán un recurso de queja ante la Cámara de Casación con la intención de revocar lo dispuesto por el juez Martínez de Giorgi y lograr el reingreso de las víctimas como querellantes.

Caso Libra: la Justicia definió qué el juzgado deberá evaluar las declaraciones de Beller y una posible citación

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La Diputada Mónica Frade pidió que la expareja de Fernando Cerimedo sea convocada como testigo.

La Cámara Federal definió que el juzgado que interviene en la causa LIBRA quede a cargo de una investigación sobre declaraciones de Nadia Beller, mientras se resuelve un pedido para que sea convocada a declarar como testigo por la presunta estafa con la criptomoneda.

La investigación inició en agosto, tras una solicitud de la Diputada nacional, Mónica Frade, para que la expareja de Fernando Cerimedo se presente ante la Justicia. Esto a raíz de declaraciones públicas en las que afirmó que el exasesor presidencial le dijo que "la hermana de Milei estaba involucrada con la corrupción".

Para la legisladora, los dichos de la abogada Beller podrían confirmar una operatoria sistemática y no aislada y reforzarían la hipótesis de cohecho, tráfico de influencias y quebrantamiento de la Ley de Ética Pública", motivo por el cual impulsó que sea citada por el fiscal Eduardo Taiano.

En ese momento, tanto el fiscal como el Juez federal, Marcelo Martínez de Giorgi, consideraron que los dichos de Beller no tenían relación con la causa LIBRA y que se trataba de un hecho diferente, motivo por el cual lo enviaron a sorteo.

El caso recayó entonces en el Juzgado Federal N°2, a cargo de Sebastián Ramos. Sin embargo, el juez también rechazó la competencia.

Ahora, la Cámara Federal resolvió que la investigación por las declaraciones de Nadia Beller quede a cargo del Juzgado Federal N°8 ligada a la causa por la presunta criptoestafa.

El Camarista Pablo Bertuzzi señaló en el fallo que la presentación de frade "no refiere acontecimientos concretos, ni precisa circunstancias de tiempo, modo y lugar, ni individualiza conducta alguna que, con los elementos recabados hasta el momento, pueda derivar en eventos que de forma autónoma sean pasibles de una investigación separada".

"Se trata de una referencia genérica a presuntos hechos de corrupción, en términos que impiden conocer el alcance y contenido de lo que se pretende poner en conocimiento de la justicia", agregó.

Además, remarcó que no hubo medidas de prueba que definan que se trata de un hecho que deba ser investigado por sí mismo.

De esta forma, las declaraciones de Beller serán evaluadas dentro del caso LIBRA, aunque la Justicia dejó la posibilidad de que se configure como un nuevo hecho "en caso de que las circunstancias varíen".

Por el momento, el Fiscal Taiano no definió si dará lugar al pedido de Frade para que la ex pareja de Cerimedo pueda ser citada a declarar.

Acueducto Gran Tulum: Fiscalía notificó a 11 exfuncionarios y a Uñac, y serán investigados por presuntas irregularidades

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La UFI Delitos Especiales comunicó a exfuncionarios del Gobierno peronista de Sergio Uñac y a otras personas que están siendo investigadas. La medida es previa a una eventual formalización y no implica, por ahora, imputación penal. También fue notificado el exgobernador Sergio Uñac y el Diputado nacional Cristian Andino.

Se trata de una medida prevista en el Código Procesal Penal de San Juan. Consiste en informar a las posibles personas involucradas, las cuales pueden ser imputadas, que se está llevando adelante una investigación.

Las notificaciones fueron enviadas este viernes por la mañana y alcanzaron a Sergio Uñac, quien se desempeñó como vicegobernador de Gioja y gobernador de San Juan. Es pariente de Gustavo Horacio Monti, empresario fallecido, y actualmente ocupa una banca como Senador.

Lista de los que fueron notificados

Cristian Andino: expresidente de OSSE entre diciembre de 2011 y diciembre de 2015. Actualmente es diputado nacional. 

Guillermo Sirerol: expresidente de OSSE entre diciembre de 2019 y octubre de 2023. 

Sergio Ruiz: expresidente de OSSE entre diciembre de 2015 y febrero de 2019. Actualmente se desempeña como asesor del Senador Sergio Uñac.

Gustavo Mastelono: presidente y representante de Krah América Latina S.A., firma adjudicataria de la obra, que tenía como representante en San Juan a Gustavo Monti.

Humberto Caballero: exjefe del Departamento Jurídico de OSSE. Actualmente es juez laboral.

Juan Sánchez: funcionario actual de OSSE, vinculado a la implementación del proyecto del Acueducto.

Julio Ortiz Andino: se desempeñó como ministro de Infraestructura de San Juan entre 2015 y 2023.

Francisco Javier Correa: funcionario de OSSE, auditor técnico de la repartición y gerente de Obras.

Rolando Vicente Caruso: jefe del Departamento Proyectos de OSSE.

Juan Carlos Caparros: expresidente de OSSE entre febrero y diciembre de 2019.

La medida fue dictada en el marco de la investigación iniciada por presuntas irregularidades en la construcción del Acueducto Gran Tulum, una causa que se encuentra bajo análisis de la UFI Delitos Especiales.

La denuncia original, realizada por el abogado Marcelo Arancibia, menciona posibles delitos como negociaciones incompatibles con la función pública, malversación de caudales públicos, defraudación, dádivas, administración fraudulenta y violación de los deberes de funcionario público, entre otros.

Es una hipótesis que deberá ser determinada a partir de las pruebas reunidas durante la investigación. Por ahora no implican una imputación formal contra las personas notificadas.

Qué comunicó Fiscalía

Desde el equipo de Prensa del Ministerio Público Fiscal, informaron que "ante el requerimiento de los medios de comunicación, el Ministerio Público de San Juan informó que, en el marco del legajo fiscal caratulado Actuaciones por denuncia en perjuicio de la Administración Pública, se dispuso la notificación judicial a once personas respecto de la investigación previa a la formalización de la Investigación Penal Preparatoria. Las actuaciones corresponden al caso conocido públicamente como “Acueducto Gran Tulum” y se encuentran a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales".

Los ciudadanos notificados fueron informados de la existencia de las actuaciones y de los derechos que les asisten, entre ellos, el de designar abogado particular o, en su defecto, contar con un defensor público, conforme lo establecido por el artículo 121 del Código Procesal Penal.

La comunicación realizada constituye una actuación procesal previa a la audiencia de formalización y no implica una declaración de responsabilidad penal.

Los hechos adjudicados, la calificación jurídica correspondiente, el grado de participación que eventualmente se atribuyera a cada persona y los elementos de evidencia existentes serán comunicados en audiencia de formalización de la Investigación Penal Preparatoria ante el Juez de Garantías.

Una vez celebrada dicha audiencia, los fiscales a cargo se referirán públicamente a los aspectos centrales de la investigación, dentro del marco establecido por la legislación vigente y en resguardo de la investigación en curso.

La causa

Para concretar una parte mínima de la obra, que nunca se terminó, hubo una licitación que fue ganada por la empresa Krah América Latina S.A. en 2018, cuyo apoderado era Gustavo Monti. Se pagaron al menos 1.300 millones de pesos por las cañerías.

Es preciso recordar que la causa está en manos del Fiscal Sebastián Gómez, quien investiga el proceso administrativo y licitatorio del Acueducto Gran Tulum, obra hídrica que se ejecutó en parte durante el Gobierno del peronista Sergio Uñac, pero que, sin embargo, no se terminó, aunque los dólares se gastaron y los materiales usados parecen presentar irregularidades.

Es por eso que la Justicia vernácula investiga la contratación de caños y tuberías adjudicada a la empresa Krah América Latina S.A., y, en ese contexto, también se está evaluando cuál fue el papel que jugó el finado Gustavo Monti, quien podría haber sido representante o intermediario local de la compañía alemana.

En medio de este escenario, aparecen también presuntas comisiones facturadas por la empresa PVC San Juan SRL.

Según se desprende de la investigación judicial, las tuberías que puso la compañía Krah América Latina S.A. podrían no ser aptas para el transporte de agua potable.

Aseguran, además, que los caños estarían fabricados con insumos no aptos para el consumo humano y que podrían ser potencialmente tóxicos para las personas.

Es importante señalar que la Unidad Fiscal de Investigación Delitos Especiales avanzó hace tiempo en la causa que se inició gracias a la denuncia del abogado Marcelo Arancibia.

Mientras el Gobierno de San Juan sigue pagando a Kuwait la deuda que dejaron los gobiernos peronistas de Uñac y Gioja, que consiste en la friolera de 100.000.000 de dólares por materiales, más 100.000.000 de verdes por la obra civil, la Justicia de la provincia sigue con la investigación para saber si hubo o no un perjuicio contra el Estado.

En diciembre del 2025, el abogado Marcelo Arancibia presentó una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal solicitando que se investigue la licitación de la obra, la cual hace años fue concedida a una empresa alemana cuyo apoderado, Gustavo Monti, era un pariente del exgobernador Sergio Uñac.

Se busca comprobar si hubo o no malversación de fondos, además de conocer la calidad de los insumos, entre otras posibles irregularidades que se habrían cometido en la obra.

En febrero de 2026, la provincia de San Juan se presentó en la causa como parte querellante.

Desde la actual gestión del Gobernador Marcelo Orrego se estima que la pérdida asociada a los 10 kilómetros de caños que se instalaron, y que luego debieron retirarse, demandó una inversión de 50.000.000 de dólares.

La cifra surge del financiamiento comprometido para la obra, que fue licitada por un total de 200.000.000 de verdes.

El proyecto fue financiado en dos tramos: un 50% a través de un préstamo internacional que llegó desde Kuwait y Australia, y el otro 50% con fondos aportados por el Estado nacional durante el Gobierno peronista.

ANDIS: Beller declaró ante la Justicia argentina en la causa por presuntas coimas

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La expareja de Fernando Cerimedo dijo tener pruebas sobre los audios que iniciaron la investigación.

Nadia Beller, la expareja de Fernando Cerimedo, declaró este martes como testigo en la causa por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad.

La abogada prestó su testimonio por videollamada desde Bolivia, donde se recupera del ataque que sufrió por presuntos sicarios. Lo hizo acompañada de fiscales de dicho país, a pedido del Fiscal argentino, Franco Picardi.

Beller quedó bajo la lupa luego de que aseguró en una entrevista tener pruebas de que Cerimedo y su esposa Natalia Basil fueron quienes filtraron los audios del extitular del ANDIS, Diego Spagnuolo, que derivaron en la investigación que involucra a la hermana del presidente argentino, Karina Milei.

"Ellos sí filtraron los audios para que caiga la corrupción de Milei y de la hermana de Milei, eso lo tengo grabado y él sabe que lo tengo grabado", comentó.

Su abogado Jerjes Justiniano Atalá, había adelantado que entregó a la Justicia boliviana su celular como prueba en la causa contra Cerimedo por presunto enriquecimiento.

La Justicia argentina podría solicitar el acceso a los archivos mencionados por Beller para que puedan ser analizados y sumarlos como posibles pruebas en la causa que se tramita en Comodoro Py.

Últimos avances de la causa

La declaración de Beller se da un día después de que la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones procesó a Spagnuolo y a otras 18 personas, a quienes se las acusa de haber conformado una presunta "asociación ilícita conformada por funcionarios públicos y particulares".

Según el fallo, el extitular de ANDIS era el "jefe" de esta asociación, dedicada a direccionar las contrataciones de determinadas empresas para la adquisición de medicamentos a través del área de discapacidad.

Esto incluía el pago de sobornos a funcionarios y falsas competencias de oferentes en las que ya sabían quién iba a resultar ganador.

Los procesamientos habían sido dictados en febrero de este año por el juez Sebastián Casanello, quien tuvo a cargo la causa antes de que pase a quedar bajo la órbita del Juez Ariel Lijo, actual subrogante del Juzgado Federal N°11.

Además, la Cámara Federal redujo los embargos que había fijado el primer magistrado a cargo del caso. En el caso de Spagnuolo, quedó fijado en $36.005.161.365.

Por otro lado, rechazó un planteo realizado por la defensa de otro de los imputados que pedía anular la causa cuestionando la legalidad de los audios que dieron inicio a la investigación.

La Justicia intimó al Gobierno nacional a cumplir la Ley de Financiamiento Universitario

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El País Diario
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El Juez federal, Martín Cormick, señaló que el Presidente, Javier Milei, no cumplió con lo dispuesto en la Ley de Financiamiento Universitario y estableció un plazo de cinco días para que cumpla con el aumento.

El Juez federal, Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11, intimó al Gobierno nacional a actualizar los fondos destinados a las universidades en el marco del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

El magistrado determinó que la gestión de Javier Milei no acató lo precisado en la medida cautelar vigente que incluye la actualización de becas y salarios.

Por lo tanto, estableció un plazo máximo de cinco días para que el oficialismo cumpla la disposición que fija un aumento salarial al personal docente y no docente de las casas de altos estudios y una suba en el presupuesto destinado a las becas.

Cormick advirtió que, si el oficialismo continúa sin acatar la normativa, se colocarán multas económicas diarias. Para cumplir con la ley, el incremento salarial debe ser del 33%.

El magistrado resolvió que la información presentada por el Ministerio de Capital Humano, dirigido por Sandra Pettovello, no alcanza para acreditar que la medida cautelar haya sido cumplida.

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