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Jésica Cirio entregó su celular a la Justicia tras la difusión de los videos con dólares en su vestidor

La conductora cumplió con la orden del juez Luis Armella y puso a disposición su teléfono para ser peritado en la causa que investiga el presunto enriquecimiento ilícito de su ex esposo, Martín Insaurralde.

Jésica Cirio entregó su teléfono celular a la Justicia y fijó domicilio en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que tiene como principal acusado a su exesposo, Martín Insaurralde.

La medida fue ordenada por el Juez federal, Luis Armella, quien había otorgado un plazo de 24 horas para que la conductora pusiera a disposición el dispositivo con el objetivo de realizar un peritaje sobre los videos que se viralizaron en los últimos días.

Según informaron fuentes judiciales, el abogado de Cirio, Claudio Caffarello, entregó el teléfono junto con las claves de acceso ante efectivos de Gendarmería Nacional, que quedaron a cargo de la custodia del dispositivo para su posterior análisis.

La Justicia busca determinar si en ese celular se encuentran los archivos originales de los videos difundidos recientemente.

Los videos que investiga la Justicia

Las imágenes muestran a Jésica Cirio grabándose dentro del vestidor que compartía con Martín Insaurralde en una vivienda ubicada en un country de San Vicente. En los registros se observan presuntos fajos de dólares guardados en cajones, bolsas y valijas.

Tras la difusión del material, el Juez Armella ordenó una serie de allanamientos realizados el domingo 21 de junio en propiedades vinculadas a Cirio y a su exesposo, Elías Piccirillo.

Durante esos procedimientos, Cirio no fue encontrada en su domicilio. En tanto, Piccirillo permitió el acceso a su teléfono celular para que fuera peritado, aunque el análisis inicial no arrojó resultados de interés para la investigación.

La defensa de Jésica Cirio

Luego de que los videos se hicieran públicos, la conductora difundió un comunicado en el que sostuvo que el material fue obtenido de manera ilegal.

"El acceso a las grabaciones difundidas ha sido el producto de maniobras ilícitas", afirmó.

Además, aseguró que desde hace más de un año sufre intentos de extorsión vinculados con ese contenido.

"Evidentemente, se produjo una vulneración sin mi consentimiento a mis distintos soportes de archivos audiovisuales. Mediante esa vía, se me ha intentado extorsionar desde hace más de un año, inclusive con anuncios de difusión de imágenes de contenido íntimo y privado", expresó.

Cómo sigue la causa

Con la entrega del celular, la Justicia avanzará con el peritaje del dispositivo para determinar la autenticidad de los videos, su fecha de creación y si contienen información relevante para la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra a Martín Insaurralde.

El resultado de esa pericia podría convertirse en una prueba clave dentro del expediente que lleva adelante el Juez, Luis Armella.

Aseguraron que Espert presentó un contrato falso para justificar U$S200.000

El exdiputado libertario utilizó un presunto contrato de consultoría minera en Guatemala con la firma Minas del Pueblo S.A.

El Fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, aseguró que el documento de servicios profesionales que presento el exdiputado nacional por La Libertad Avanza, José Luis Espert, es falso y fue una simulación para blanquear los U$S200.000 que recibió en su cuenta bancaria.

El exfuncionario y excandidato libertario utilizó un presunto contrato de consultoría minera en Guatemala con la firma Minas del Pueblo S.A. para justificar el ingreso de fondos ilegales, sin embargo, la Justicia comprobó que Espert nunca viajó a dicho país para prestar los servicios que él mismo aseguraba y que las minas de la empresa no estaban operativas.

Los fondos que investigan provienen de cuentas vinculadas a Fred Machado, el empresario argentino que confesó en Estados Unidos haber operado como un lavador de dinero y tener lazos vinculados al narcotráfico.

Por ese motivo, el fiscal realizó formalmente el pedido de indagatoria para Espert, bajo la imputación de presunto lavado de activos. La medida también alcanza a su contador, Mariano Cosentino, y a la firma Varianza S.A. por confeccionar informes contables ilícitos.

Previamente, el Juez federal, Lino Mirabelli, ordenó la inhibición general y prohibición de innovar sobre todos los activos financieros y propiedades tanto del exdiputado nacional como los de su esposa, María Mercedes González.

Hasta el mometo, se sabe que la relación entre Espert y Machado consistiría en el financiamiento logístico y económico por parte del empresario para la campaña presidencial de Espert en 2019 y que derivó en esta causa judicial por presunto lavado de dinero.

En abril de 2021, Machado fue detenido por Interpol en Argentina y enfrentó un pedido de extradición hacia Estados Unidos por cargos de fraude electrónico, lavado de activos y asociación ilícita, proceso que fue ratificado por la Corte Suprema de Justicia.

La causa contra el Intendente José Castro continuará en el fuero Penal

El Intendente peronista de Angaco, José Castro, sigue paseando por los pasillos de tribunales, ya que está involucrado en siete causas pendientes que se tramitan en la Justicia de San Juan.

Recientemente, la Jueza de Impugnación, Ana Lía Larrea, resolvió no hacer lugar a los recursos presentados por los abogados defensores del funcionario.

La Jueza Larrea ratificó que la investigación que involucra al Intendente de Angaco, José Castro y a los concejales: Roberto López, Alberto De Los Ríos y Alejandro Paredes, debe permanecer en la órbita del fuero Penal.

Sin embargo, esta no es la única causa que enfrenta el intendente peronista. Castro es investigado por malversación de caudales públicos, abuso de autoridad, acción civil por daños y perjuicios, amenazas, delitos de calumnias e injurias, improcedencia por intento de reparación integral de daño e incumplimiento de los deberes del funcionario público.

Toda una colección de carátulas que deberá enfrentar en la Justicia local, mayormente integrada por miembros del PJ.

Por lo pronto, la jueza de Impugnación, Ana Lía Larrea, resolvió no hacer lugar a los recursos presentados por los abogados defensores del intendente, quienes pretendían derivar el caso al fuero Contencioso Administrativo.

El fallo de Larrea confirmó la competencia del Juez de Garantías, Gerardo Fernández Caussi, quien deberá seguir investigando presuntos delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Además, está siendo juzgado por negociaciones incompatibles con la función pública y encubrimiento agravado.

La causa más grave

El juicio más complicado que le toca enfrentar a Castro tiene que ver con un acuerdo impulsado por el Ejecutivo municipal y avalado por el Concejo Deliberante, mediante el cual se propuso el pago de una suma millonaria para reparar una acusación que pesa sobre el intendente.

La oferta de pago buscaba resarcir daños vinculados a una causa de malversación de fondos públicos de 2019, con el objetivo de evitar un juicio contra el intendente de Angaco.

La Justicia podría revocar el arresto domiciliario de Cristina Kirchner por las manifestaciones en la puerta de su casa

El Juez de ejecución penal, Rodrigo Giménez, Uriburu intimó formalmente a la exmandataria a que cumpla estrictamente con las reglas de su detención.

La Justicia podría revocar la prisión domiciliaria de la expresidenta y actual titular del PJ, Cristina Kirchner, por las manifestaciones la puerta de su casa situada en el barrio porteño de Constitución, en San José 1111.

El Juez de ejecución penal, Rodrigo Giménez Uriburu, intimó formalmente a la exmandataria a cumplir estrictamente las reglas de su detención y le advirtió que dejaría sin efecto el tipo de arresto que lleva a cabo actualmente, si continúan las conductas que alteran el orden público.

Esta medida judicial surgió en respuesta a los incidentes ocurridos el pasado domingo, frente al edificio donde vive la expresidenta, donde se realizó un "banderazo" con cortes en las calles aledañas y aglomeramiento de personas

La Justicia fundamenta su advertencia en que la ex mandataria participó activamente en la convocatoria al colgar una bandera de grandes dimensiones, que cruzaba la calle y estaba sostenida por cables entre su balcón y el edificio de enfrente.

Respecto a la alteración del orden, consideran que la convivencia con los vecinos del barrio se fe afectada, debido a las reiteradas manifestaciones y la instalación de estructuras que interrumpen la vida cotidiana del barrio y viola la normativa de comportamiento pacífico impuesta para mantener la detención domiciliaria.

Asimismo, se indicó que, para este tipo de intervenciones en la vía pública, se requiere autorizaciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que estos sucesos se podrían encuadrar en una contravención.

Para finalizar, la resolución judicial a la que se refiere Giménez Uriburu invoca el artículo 34 de la Ley 24.660 de Ejecución de la Pena, en la que esta norma le otorga al magistrado la potestad de enviar a Cristina Kirchner a una cárcel común en caso de nuevos incumplimientos injustificados.

La Justicia dejó firme el decomiso de bienes de Cristina Kirchner por la causa Vialidad

El monto total asciende a $685.000.000.000 y la medida seguiría vigente incluso si las defensas apelan ante la Corte Suprema.

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó los recursos extraordinarios de la defensa de Cristina Kirchner y dejó firme la medida que ordenó decomisar sus bienes en el marco de su condena por la causa Vialidad.

De esta forma, la Justicia evitó que el trámite escalara a la Corte Suprema y seguirá adelante con los trámites para que la exmandataria devuelva al Estado Nacional 111 bienes de su familia y del empresario Lázaro Báez.

El monto total asciende a $685.000.000.000 y la medida seguiría vigente incluso si las defensas apelan ante la Corte Suprema.

Sueños Compartidos: Schoklender declaró ante la Justicia y apuntó contra Aníbal Fernández

El extitular de la entidad destinada a construir viviendas sociales, amplió la declaración. Negó la desviación de fondos.

Sergio Schoklender amplió de su indagatoria en el juicio oral por la causa Sueños Compartidos, ante el Tribunal Federal N° 5.

En su declaración apuntó contra el exjefe de Gabinete Aníbal Fernández a quien acusó de haber "financiado" una red de denuncias contra dirigentes del PRO y en la que también estaba vinculado el abogado constitucionalista, Eduardo Barcesat.

Según Schoklender, el armado de la denominada "usina de denuncias" consistió en varios puntos.

El primero incluye a Barcesat, quien habría convencido a la por entonces Presidenta de la fundación, Hebe de Bonafini, para coordinar una estrategia judicial contra la oposición, por ese entonces encabezada por el partido de Mauricio Macri.

En segundo lugar, aseguró que el exministro de Cristina, Aníbal Fernández, otorgaba un subsidio fijo estatal y que el dinero se canalizaba a través de un centro de investigación académica, montado dentro de la Universidad Popular de las Madres.

También garantizó que ese aporte iba directamente a Barcesat y que su única función "real" era hacer "nuevas denuncias contra algún funcionario del PRO".

En la parte de su declaración más centrada en la causa negó haber desviado capitales para enriquecerse. "Jamás se desvió un centavo, no se pagaron retornos ni sobreprecios a proveedores y fue el proyecto más honesto del país", aseguró.

Schoklender sostuvo que su nivel de vida mermó significaticamente, luego de asumir la dirección de la entidad y argumentó que compró "dos aviones comerciales" para "sostener" la estructura logística del plan.

"La cantidad de dinero y de recursos personales que fui poniendo para sostener la estructura era descomunal", manifestó en su declaración.

"Hasta dos aviones puse y los compré con fondos propios. Tuve uno de los estudios jurídicos más importantes y varias empresas", agregó.

"Me dediqué a un montón de emprendimientos tecnológicos y comerciales y casi todo lo puse al servicio de este proyecto porque creía en él”, indicó.

Estas afirmaciones fueron parte del testimonio que brindó durante la declaración que forma parte de la investigación por presunto fraude al Estado y desvío de fondos públicos, destinados a la construcción de viviendas sociales.

Asimismo, señaló que las ganancias lícitas del programa eran la principal fuente de ingresos de la Asociación Madres de Plaza de Mayo.

Sin emgargo, también manifestó que recibían aportes económicos enviados por el expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, e irónicamente señaló que algo de ese dinero "se perdió en el camino".

Por el momento, la fiscalía lo señala como uno de los máximos responsables de fraude a la administración pública, y que sostiene que los fondos del Estado se triangularon de forma ilegítima.

La Justicia frenó los despidos en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial

El Juez subrogante Tezanos Pinto hizo lugar a la medida cautelar dictada por la Asociación Trabajadores del Estado.

Durante la jornada del miércoles, el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín decidió suspender de forma parcial la Resolución N°42/2026 que implicaba el cierre de más de 600 servicios ofrecidos por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial.

El fallo judicial, dictado por el juez subrogante Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto que hizo lugar a una medida cautelar de la Asociación Trabajadores del Estado, le ordenó a la institución que se abstenga de cualquier tipo de trámite administrativo.

Esto incluye despidos, modificación de funciones y movimientos de inventarios.

Fue así como el Gobierno fue obligado a garantizar la "ocupación efectiva de todos los agentes cuyas funciones resultan afectadas, con mantenimiento pleno de sus categorías, remuneraciones y condiciones vigentes al 14 de abril de 2026".

También se disputo que continúen todos los programas de asistencia técnica ensayos, certificaciones y transferencia tecnológica bajo la órbita estatal del organismo.

La medida fue confirmada por el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, en redes sociales: "La Justicia falla a favor de ATE y frena los despidos masivos en el INTI. También impide el desmantelamiento del organismo: un histórico triunfo para los estatales".

A su vez consideró que "es un avance significativo en la lucha contra los despidos ilegales y el desguace estatal" y cerró dejando en claro que "lo dijimos mil veces: no se puede gobernar al margen de la ley y contra la Constitución Nacional".

Sobre la medida que perdió su vigencia, el Consejo Directivo del INTI indicó que la decisión implicaba "simplificación" y una redistribución hacia áreas en las que la intervención estatal resulta indispensable, lo que significa que no habría una pérdida en el rol institucional.

De este proceso participaron áreas como la Gerencia Operativa de Asuntos Legales y la Dirección Administrativa.

La Justicia confirmó cuánto gastó Adorni en las refacciones de la casa de Indio Cuá

El contratista del jefe de Gabinete presentó la documentación que respalda su declaración sobre el gasto en las remodelaciones.

El Fiscal, Gerardo Pollicita, confirmó que los comprobantes que presentó Matías Tabar, contratista de Manuel Adorni, coinciden con el monto declarado.

El documento constata que el jefe de Gabinete gastó U$S245.000 para refaccionar su casa en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.

Tabar se presentó el viernes de forma espontánea en la fiscalía en Comodoro Py. Allí, aportó la documentación de las compras de proveedores y pagos en mano de obra realizados durante los trabajos.

Las facturas y recibos coincidieron con la cifra que dio en su primera declaración.

Además, el contratista expresó que las tareas fueron abonadas en efectivo y sin factura. También, detalló el cronograma y la modalidad del pago.

Cómo fueron los trabajos en la casa de Manuel Adorni en Indio Cuá

De acuerdo al testimonio de Tabar, los arreglos se prolongaron por casi 10 meses, entre septiembre de 2024 y julio de 2025. Durante ese lapso de tiempo, se realizaron intervenciones sobre distintos sectores de la propiedad.

Según lo declarado, los trabajos incluyeron la realización de pisos, tareas en el baño y la cocina. Sumado a la construcción de mobiliario para el quincho y la reparación de la pileta.

Qué declaró Matías Tabar sobre los pagos de la obra

Matías Tabar defendió públicamente al funcionario y aseguró: "Yo lo adoro a Manuel, estoy convencido de que es honesto y creo que va a poder justificar todo".

Además, explicó el detalle económico de las refacciones y sostuvo que el presupuesto inicial había sido de US$94.000, aunque luego el monto total ascendió a U$S245.000 debido a modificaciones y trabajos adicionales.

"Esa sumatoria sumaba los U$S245.000", afirmó. También precisó que sus honorarios personales fueron de U$S20.000 y aclaró que los gastos extra surgieron por pedidos adicionales durante la obra.

El contratista de Adorni aportó nuevas pruebas ante la Justicia y ratificó pagos en efectivo

Matías Tabar se presentó espontáneamente para ampliar su declaración con documentación vinculada a refacciones en una propiedad del jefe de Gabinete.

El contratista Matías Tabar se presentó este viernes de manera espontánea ante la Justicia para ampliar su declaración en la causa por presunto enriquecimiento ilícito en la que se investiga al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

En su comparecencia, el empresario aportó nueva documentación y detalles sobre las obras realizadas en una propiedad del funcionario, en un intento por reforzar su testimonio previo.

Según trascendió, Tabar entregó facturas, remitos y capturas de pantalla de conversaciones, todos elementos vinculados a las tareas de refacción ejecutadas en una vivienda ubicada en el country Indio Qua.

Además, ratificó el monto total de la obra, estimado en U$S245.000, y aseguró que los pagos se realizaron en dólares y en efectivo.

La presentación del contratista se produjo en el marco de una investigación que busca determinar si existió un crecimiento patrimonial incompatible por parte de Adorni.

En este contexto, la nueva documentación aportada por Tabar apunta a justificar los gastos asociados a la obra y explicar el origen y circuito de los pagos.

De acuerdo con su testimonio, el contratista actuó como intermediario entre el funcionario y otros actores vinculados a la ejecución de los trabajos.

En ese sentido, precisó que el presupuesto inicial de su intervención fue de U$S94.000, cifra que correspondía a una primera etapa de la obra y que fue abonada mediante un anticipo en efectivo.

"El presupuesto es de U$S94.000. Eso me lo pagó con un anticipo. Yo era el intermediario entre Manuel y el administrador. Esa sumatoria terminó en los U$S245.000", explicó Tabar, en referencia al monto final declarado.

Uno de los puntos centrales de la investigación gira en torno a la modalidad de pago.

Tabar confirmó que recibió dinero en efectivo y en moneda extranjera, aunque sostuvo que se trataba de una práctica habitual en el sector de la construcción en el contexto económico de los últimos años.

"Está declarado que fue en dólares billete, porque el contexto de hace dos años era bastante distinto al de ahora. Es la única forma que el constructor trata de resguardar", afirmó.

El contratista también buscó relativizar las interpretaciones sobre la operatoria financiera, al señalar que los montos totales incluyen distintos rubros y proveedores, y no corresponden en su totalidad a honorarios propios.

Según detalló, su retribución profesional fue de aproximadamente U$S20.000, mientras que el resto del dinero se destinó a materiales, mano de obra y servicios asociados a la obra.

“Una cosa es lo que me paga a mí, otra es lo que declaro que termina costando la obra. En ningún momento vinieron ni bolsos de dólares ni cajas de zapatos llenas de dólares”, añadió, en referencia a versiones que circulaban sobre el caso.

En su presentación, Tabar también incorporó capturas de pantalla de chats que mantenía con Adorni, con quien, según indicó, tenía contacto frecuente durante el desarrollo de los trabajos.

"Teníamos conversaciones siempre, dos o tres veces por semana. La obra se terminó en ese tiempo y se siguieron haciendo un montón de cosas: arreglos, pintura, carpintería", explicó.

El contratista destacó que el presupuesto inicial fue ampliándose a medida que se incorporaban nuevas tareas y modificaciones sobre el proyecto original, un proceso que calificó como habitual en el rubro de la construcción.

"Yo le pasé un presupuesto, él lo aceptó, empezamos a trabajar y se empezaron a pedir nuevas cosas que terminaron desembocando en el total de la obra", señaló.

Horas antes de presentarse ante la Justicia, Tabar brindó declaraciones públicas en las que manifestó su respaldo a Adorni y expresó confianza en que el funcionario podrá justificar su situación patrimonial.

“Yo lo adoro a Manuel, estoy convencido de que es honesto y creo que va a poder justificar todo”, afirmó en una entrevista.

En la misma línea, el empresario relativizó las acusaciones y cuestionó la interpretación pública del caso: "Parece que los únicos que evadimos fuimos Manuel y yo", ironizó, al referirse a la discusión sobre los pagos en efectivo.

La causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete continúa en etapa de recolección de pruebas y testimonios.

La presentación de Tabar se suma a otros elementos incorporados en el expediente, en el que los investigadores buscan determinar la correspondencia entre los ingresos declarados y los gastos realizados en la propiedad.

El eje del caso está puesto en el origen de los fondos utilizados para financiar las obras y en la legalidad de las transacciones efectuadas, en particular aquellas realizadas en efectivo y en moneda extranjera.

Hasta el momento, desde el entorno del funcionario han sostenido que todas las operaciones pueden ser justificadas y que no existe irregularidad en su patrimonio.

El avance de la investigación ha generado repercusiones en el ámbito político, en un contexto donde otros casos vinculados a la transparencia y la gestión pública también ponen bajo presión al oficialismo.

La ampliación de la declaración del contratista representa un nuevo capítulo en el expediente y podría ser clave para el análisis judicial, ya que aporta documentación concreta sobre la ejecución y financiación de las obras.

En las próximas semanas, se espera que la Justicia evalúe el material presentado y determine si corresponde avanzar con nuevas medidas de prueba o eventuales imputaciones formales.

Mientras tanto, el caso continúa bajo seguimiento tanto en el plano judicial como político, en una investigación que combina aspectos técnicos de la actividad constructiva con cuestionamientos sobre la transparencia en el manejo de fondos privados por parte de un alto funcionario del Gobierno.

AFA: Casación ordenó dictar nuevo fallo por la casa quinta de Pilar y la causa dejó la Justicia de Campana

Se tramitará en la Ciudad de Buenos Aires y pidieron resolverla con "celeridad".

Por mayoría, la Cámara Federal de Casación Penal dejó sin efecto la investigación de la casa-quinta de Pilar que había sido llevada a jurisdicción bonaerense para ser tratada en Campana.

Finalmente, tras la anulación será tratada en la Ciudad de Buenos Aires por la Cámara Nacional en lo Penal Económico.

Ahora el caso de la mansión valuada en U$S17.000.000 y atribuida a supuestos testaferros de dirigentes de la AFA, tal como dispuso por mayoría la sala I de Casación, será seguido por dicho Tribunal de Apelaciones intermedio.

El cambio de dirección se dio ante el planteo de la fiscalía en contraposición de la decisión que había tomado la Cámara Federal de San Martín el pasado mes de enero.

Cuando había enviado el expediente al juzgado federal de la localidad de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay que, en esta instancia, seguirá con la pesquisa hasta una nueva decisión de la justicia.

Además de la mansión ubicada en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, la denuncia también suma una flota de autos de colección, un helipuerto y caballerizas.

La sospecha apunta a que la sociedad Real Central, de Luciano Pantano y su madre Ana Conte, habría comprado la residencia, valuada por escritura en U$S1.800.000, como presuntos testaferros de autoridades de la AFA.

La investigación se centra en establecer si los bienes pertenecen a dirigentes de la AFA, cuyo presidente es Claudio Chiqui Tapia y su tesorero Pablo Toviggino, entre otros actores.

Con este nuevo panorama, la decisión tomada generó nuevos idas y vueltas, dilatando la definición del caso.

Lo cierto es que la apelación de la fiscalía ahora, con el giro en la causa, será resuelta por los jueces de la Cámara en lo Penal Económico, quienes tomen la determinación del caso.

El mismo está integrado por los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio y son quienes analizan actualmente si confirman los procesamientos de Tapia, Toviggino y la AFA ante la supuesta retención indebida de aportes de la seguridad social e impositivos.

Entre los argumentos brindados para el cambio de sede, planteado por el fiscal ante Casación Mario Villar, los camaristas fueron quienes consideraron que era en él el lugar indicado para debatir la causa, no en San Martín.

Ya que el último juzgado interviniente era el penal económico 10, que por entonces estaba subrogado por Marcelo Aguinsky, siendo de ese fuero.

Pero, al no estar de acuerdo, el juez Mariano Borinsky solicitó que el recurso fiscal debía declararse inadmisible, ya que no se trataba de una sentencia definitiva y no se había advertido una cuestión federal que habilitara la intervención de Casación.

Asimismo, dijo que no se demostró "acabadamente una afectación sustancial a la garantía del juez natural", incurriendo en un "excesivo rigor formal en desmedro de una eficiente administración de justicia" que terminó en una "solución dilatoria que atenta contra los principios de economía y celeridad procesal".

Quien sí estuvo de acuerdo y acompañó la postura del Juez Carbajo para resolver que la nueva determinación que se tome de manera colegiada y con velocidad en la Cámara Nacional en lo Penal Económico fue Borinsky.