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Apagón digital: decenas de sitios de Internet sufrieron caídas en sus servicios

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Importantes páginas de noticias, la Web del gobierno británico y de la Casa Blanca estuvieron caídos.

Gran parte de las páginas webs y plataformas conocidas a nivel mundial registraron una importante caída en las últimas horas. Aunque se sospechaba de ciberataques, el problema radicaría en una falla en la empresa que suministra servicios informáticos.

Las webs de medios de comunicación como el New York Times, Le Monde, BBC, The Guardian, Financial Times o El Mundo se volvieron inaccesibles la mañana de este martes. Lo mismo sucedió con las páginas de la Casa Blanca y el gobierno de Reino Unido.

Plataformas como Twitch, Spotify y otras que prestan servicios On Demand de series y películas también tuvieron caídas en su servicio debido a esta falla.

Down Detector, una web especializada en la detección de este tipo de fallos, explicó que había "una avería de gran envergadura en Fastly", cuyo portal tampoco se podía consultar. Rápidamente la empresa que presta servicios informáticos hizo saber que había "identificado" el problema y que estaba "trabajando para encontrar una solución".

Fastly es una red de distribución de contenidos, es decir que ofrece servidores para para colocar copias locales de determinados contenidos más cerca del usuario a fin de acelerar su acceso.

Según dio a conocer la empresa, el fallo registrado este martes fue a nivel general, por lo que el aviso "rendimiento limitado" fue visible en toda compañía que utilice sus servicios.

Enacom fijó el esquema de aumentos para el servicio de telefónicas, cable e internet

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Cualquier incremento dispuesto por las empresas prestadoras deberá ser refacturado en julio, con devolución de importes más interés punitorio, sin posibilidad de corte de los servicios a clientes. 

El Ente Nacional de Comunicaciones ratificó este viernes que, cualquier modificación de los precios de los servicios de telefonía fija, telefonía móvil, Internet y televisión por suscripción, debe contar con su aprobación previa y detalló el esquema de incrementos hasta diciembre.

En este sentido, en abril de este año se notificó a las empresas prestadoras que no se habían autorizado incrementos para los meses de mayo y junio de 2021, de acuerdo a las potestades que ofrece al Enacom el Decreto de Necesidad y Urgencia 690/20.

Por consiguiente, cualquier aumento dispuesto unilateralmente por parte de ellas deberá ser refacturado en julio, con devolución de los importes más el interés punitorio correspondiente, y sin posibilidad de corte de los servicios a las y los clientes que no hayan abonado hasta tanto no se efectúe la refacturación.

Por otra parte, y de acuerdo con una decisión tomada en reunión por el Directorio del Ente, los servicios TIC sufrirán un incremento del 3% en el mes de junio de 2021 y un 5% en el mes de julio de 2021.

Asimismo, se estipula para el 1 de diciembre de 2021 una nueva revisión, por lo que los precios de los servicios de julio estarán vigentes hasta el 30 de noviembre de 2021 inclusive.

En consecuencia, para los servicios de telefonía móvil, los aumentos autorizados desde el 1 de enero de 2021 hasta el 30 de noviembre de 2021 no podrán ser superiores al 23%.

A partir de la revisión de diciembre de 2021, se elaborará una fórmula orientativa que contemplará precio justo, equitativo y razonable, que nunca podrá ser superior a las subas salariales y deberá encontrarse por debajo de las mismas. Únicamente se autorizarán incrementos en los valores de los meses de abril, agosto y diciembre de cada año.

Polémica por los aumentos en telefonía, Internet y TV por cable

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Las empresas comunicaron aumentos para mayo y junio pero aún no hay acuerdo del Ente Nacional de Comunicaciones y el Jefe de Gabinete

Las empresas de telefonía, tanto celular como fija, internet y TV por cable esperan el acuerdo del Ente Nacional de Comunicaciones y la Jefatura de Gabinete para poder anunciar un aumento de entre un 10% y un 15% a partir del mes de mayo.

Las tarifas estuvieron congeladas durante buena parte del 2020 debido la pandemia y luego fueron declarados servicios públicos esenciales a través de un DNU.

En los últimos días Movistar ya comunicó por SMS a los usuarios que llevará adelante un "ajuste escalonado" del 8% en mayo y 7% desde junio, mientras que Claro ya tiene confirmado una cifra similar pero espera la definición oficial del Ente Nacional de Comunicaciones y Telecom decidió subir el precio de la mayoría de sus productos en un 10% a partir de junio por el "atraso tarifario" y amparado en una medida cautelar dictada en Córdoba contra el DNU 690/2020.

Ante estos anuncios desde el Ente Nacional de Comunicaciones comunicaron la semana pasada que aún no se había autorizado ningún ajuste y que la definición le corresponde al Jefe de Gabinete.

En diciembre, el Gobierno autorizó un incremento del 5% para telefonía, internet y tv por cable pero las empresas aplicaron subas de entre el 12% y el 20%.

Por eso en febrero, el Ente Nacional de Comunicaciones autorizó un alza del 7,5% y un 2,5% adicional en las facturas de febrero y marzo, siempre y cuando las empresas devolvieran lo que facturaron en exceso, una medida a lo que se acogieron Movistar y Claro.

Ante los reclamos por parte de los usarios, la respuesta de la cuenta de twitter del Ente Nacional de Comunicaciones fue contundente: "No autorizamos aumentos para mayo y/o junio. Las empresas que incumplan serán sancionadas y deberán tomar las acciones correspondientes. Si tu factura presenta un aumento en mayo y/o junio podés realizar el reclamo en Trámites A Distancia".

Habilitaron aumentos de tv paga, telefonía e internet

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Serán de entre 5 y 7% según los prestadores y podrán ejecutarse a partir de marzo. 

Luego de que se autorizaran los aumentos para la telefonía celular, el Ente Nacional de Comunicaciones estableció que las licenciatarias de servicios de telefonía fija, internet y TV paga podrán incrementar el valor de sus precios minoristas en marzo, entre 5% y 7,5%, a través de la resolución publicada el lunes en el Boletín Oficial.

De esta forma, las empresas acumularán un aumento de entre el 10 y el 12,5% para los primeros tres meses del año

El Enacom aclaró que los incrementos autorizados sólo podrán ser aplicados por aquellas Licenciatarias que hubiesen cumplimentado las disposiciones en las que se permitieron las anteriores actualizaciones tarifarias.

Además, que las empresas no deberán devolver lo facturado en exceso en enero y febrero porque, en estos casos, no fue notificado de incumplimientos, que abarcan a unos 5.000 prestadores en todo el país, como sí sucedió en el caso de la telefonía celular.

En este sentido, Movistar y Claro ya confirmaron que reintegrarán en la próxima factura los importes cobrados durante enero y febrero por encima del 5% inicialmente autorizado.

"Nosotros estuvimos en diálogo permanente con las autoridades hasta llegar al acuerdo al que se llegó. Nuestra propuesta de aumento en febrero y marzo fue aprobada y, en marzo, compensaremos la diferencia que haya respecto de enero", afirmó Alejandro Quiroga López, Director de Asuntos Regulatorios e Institucionales de Claro Argentina, Uruguay y Paraguay.

Desde Claro también destacaron que los nuevos aumentos del 7,5% y el 2,5% son importantes para resolver la situación en que se encontraban las empresas. "Estaba muy comprometida la sustentabilidad porque estuvimos con precios congelados muchos meses y el trimestre tiene números altos de inflación acumulada. Es un acuerdo importante, pero modesto", cerró.

En tanto, fuentes de Movistar aclararon que harán la devolución en la factura de los servicios tanto móviles como fijos, asumiendo que la suba que habían aplicado en enero fue del 15%.

Por último, fuentes de Telecom aclararon que continuarán aplicando el aumento del 20%, amparados en la medida cautelar que dictó el juzgado federal N°1 de Córdoba contra el decreto que declaró a la telefonía, internet y TV por cable servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia y estableció que los precios serían regulados por el Enacom.

"Precios cuidados" para celular, internet, cable y telefonía fija: qué se debe hacer para acceder

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La tarifa regulada empezó a regir el 1° de enero pero desde el Gobierno estiman que las empresas terminarán de adaptarse el lunes.

Desde el inicio del 2021 empezó a regir la Resolución 1467/2020 que impuso una Tarifa Básica Universal para los servicios de internet, televisión por cable y telefonía fija y móvil.

Si bien desde el Gobierno insisten en que la norma fuerza a prestar los servicios incluidos desde el 1 de enero, existe un lógico período de adaptación hasta que los distintos prestadores puedan incorporarlos. Las autoridades confían en que el lunes 18 ya no habrá empresas del rubro que no estén en condiciones de ofrecerlo.

La prestación básica universal es una tarifa máxima para la provisión de servicios considerados esenciales por el Gobierno en las áreas de telefonía, telefonía celular, internet hogareño y móvil y televisión por suscripción.

Para acceder a esos precios regulados, es necesario formar parte de la población destino del plan, aunque en los hechos las empresas deberán probar por ellas mismas que a un solicitante específico del servicio no le corresponde adherirse.

¿Quiénes pueden contratarlo?

Según explica la Web de Enacom, podrán optar por adherirse a las Prestaciones Básicas Universales y Obligatorias (PBU) los siguientes usuarios y usuarias:

  • Beneficiarios y beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo, así como sus hijos-as/tenencia de entre DIECISEIS (16) y DIECIOCHO (18) años, y miembros de su grupo familiar (padre/madre, cónyuge/conviviente).
  • Beneficiarios y beneficiarias de Pensiones no Contributivas que perciban ingresos mensuales brutos no superiores a DOS (2) Salarios Mínimos Vitales y Móviles así como sus hijos-as/tenencia de entre DIECISEIS (16) y DIECIOCHO (18) años.
  • Usuarios inscriptos y usuarias inscriptas en el Régimen de Monotributo Social así como sus hijos-as/tenencia de entre DIECISEIS (16) y DIECIOCHO (18) años.
  • Jubilados y jubiladas; pensionadas y pensionados; y trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia que perciban una remuneración bruta menor o igual a DOS (2) Salarios Mínimos Vitales y Móviles así como sus hijos-as/tenencia de entre DIECISEIS (16) y DIECIOCHO (18) años.
  • Trabajadores y trabajadoras monotributistas inscriptos e inscriptas en una categoría cuyo ingreso anual mensualizado no supere DOS (2) Salarios Mínimos Vitales y Móviles así como sus hijos-as/tenencia de entre DIECISEIS (16) y DIECIOCHO (18) años.
  • Usuarios y usuarias que perciban seguro de desempleo así como sus hijos-as/tenencia de entre DIECISEIS (16) y DIECIOCHO (18) años.
  • Usuarios y usuarias incorporados e incorporadas en el Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados de Casas Particulares (Ley N°26.844) así como sus hijos-as/tenencia de entre DIECISEIS (16) y DIECIOCHO (18) años.
  • Usuarios y usuarias que perciban una beca del programa Progresar.
  • Personas que se encuentren desocupadas o se desempeñen en la economía informal, así como sus hijos-as/tenencia de entre DIECISEIS (16) y DIECIOCHO (18) años.
  • Beneficiarias y beneficiarios de programas sociales, así como sus hijos-as/tenencia de entre DIECISEIS (16) y DIECIOCHO (18) años.
  • Clubes de Barrio y de Pueblo que se encuentren registrados conforme lo dispuesto por la Ley 27.098.
  • Asociaciones de Bomberos Voluntarios definidas por la Ley 25.054 como entes de primer grado y que se encuentren registrados en los términos de dicha ley.
  • Entidades de Bien Público definidas por la Ley 27.218 como: asociaciones civiles, simples asociaciones y fundaciones que no persiguen fines de lucro en forma directa o indirecta y las organizaciones comunitarias sin fines de lucro con reconocimiento municipal que llevan adelante programas de promoción y protección de derechos o desarrollan actividades de ayuda social directa sin cobrar a los destinatarios por los servicios que prestan, debiendo estar inscriptas ante el Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad (CENOC).

¿Cómo contratarlo?

Las personas que quieran acceder a las tarifas subsidiadas para uno o varios de esos servicios tendrán que tramitar ante la propia empresa prestadora la conexión a cada uno de los servicios.

Lo único que necesitan para hacerlo, además de tener a mano los datos personales, es completar una declaración jurada que se puede descargar de la página de Enacom, la que reproducimos en esta nota, y hacerla llegar a la empresa prestadora.

Con la presentación de la declaración jurada alcanza. Una vez solicitado alguno de los cuatro servicios, corre por cuenta de la empresa verificar que el solicitante no esté impedido de acceder a la tarifa básica.

¿Cuánto sale cada servicio?

Para el servicio de telefonía celular, sin contar paquete de datos, el precio establecido es de $150 mensuales. A cambio, se pueden hacer 500 minutos en llamadas a líneas de la misma compañía, 50 minutos a clientes de otras compañías y enviar hasta 500 mensajes SMS.

En el caso de que se quiera agregar datos para internet móvil, hay que pagar extra. Hay dos opciones: $200 por 1 GB de datos mensuales o $18 diarios por 50 MB por día. No es posible adherir al servicio de datos sin antes contratar el de telefonía celular.

En el caso de la telefonía fija, el costo mensual es de $380 a cambio de 300 minutos de llamadas a teléfonos también fijos, locales o de larga distancia nacional.

En lo que respecta a conexiones hogareñas a internet, las tarifas son distintas de acuerdo a la empresa prestadora y, también, en un caso el beneficiario puede optar entre alternativas distintas. En principio, para quienes quieran contratar en el Área Metropolitana de Buenos Aires a operadores con más de 50.000 clientes, podrán acceder a una tarifa de $700 mensuales por una conexión de 10 megabytes por segundo. En el interior, con mismo tamaño de prestador, el costo es el mismo pero el ancho de banda es la mitad.

Con otros prestadores las tarifas son diferentes. Un dato importante es que no alcanza a servicios de internet satelital.

Por último, la Prestación Básica Universal también se aplica a servicios de televisión por suscripción aunque en este caso no se trate de una tarifa prefijada sino de un descuento respecto del abono más económico que, también, varía según el tamaño de la empresa prestadora.

Telecom manifestó que el Gobierno "destruye" los servicios de internet y telefonía

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La Prestación Básica Universal Obligatoria dispone un precio base de 150 pesos, que beneficiará a unos 10 millones de usuarios.

El Gobierno fijó una tarifa social de telefonía celular desde 150 pesos por mes para población vulnerable y autorizó a las empresas del sector a aplicar un 5% de aumento para el resto de los usuarios.

Para el sector que lidera Telecom, del Grupo Clarín, implica no solo una fuerte limitación a sus ingresos, sino directamente una destrucción de los servicios de telefonía y de internet.

"El gobierno ha buscado intervenir en la gestión, eliminando incentivos para la innovación y la competencia" al cambiar "drásticamente las reglas de juego" con el decreto que congeló los precios en agosto, dijo Telecom en un crítico comunicado oficial.

Actualmente los planes básicos arrancan en 680 pesos o bien un gasto de 20 pesos diarios de datos como mínimo. Con el esquema tarifario aplicado con la PBU, para los usuarios sería un ahorro del orden del 49% respecto de los precios actuales y para las empresas una caída de la facturación del orden de los 4.000 millones de pesos por mes solo por la telefonía celular, que se suma al atraso en los precios desde que el gobierno resolvió limitarles los aumentos y declararla servicio básico por decreto.

Para internet domiciliaria fija también habrá una tarifa social del orden de los 700 pesos mensuales a cambio de una cantidad que varía de los 2 a los 10 megas en función de la ubicación geográfica y la cantidad de clientes que posea la empresa prestadora.

Frente a una demanda creciente de tráfico de datos por el streaming de entretenimiento: Netflix, Disney, la socialización online y el teletrabajo, la reducción de los ingresos reales de las compañías podría redundar en un empeoramiento de la calidad del servicio por una caída en la inversión media por usuario.

¿Inversión o desinversión?

Claudio Ambrosini, Presidente del Enacom a nivel nacional sostuvo que "no habría motivos para desincentivar la inversión de las empresas porque", según declaró durante la presentación de la PBU, "apuntamos a que ningún argentino se quede sin servicio y que las compañías siguen invirtiendo en un mercado cada vez más grande" y agregó que, en materia de inversiones, "el foco del Gobierno está puesto en el 5G, y eso lo vamos a lograr trabajando juntos las empresas y el Estado".

Sin embargo, en el sector disienten y hay muestras claras de que las inversiones se verán demoradas o no se concretarán.

Movistar argentina quedó fuera de la compra que Liberty y Millicom hicieron del paquete de activos latinoamericanos que compraron a Telefónica de España. Las dos grandes de las telecomunicaciones no quisieron enterrar inversiones en Argentina por miedo a perder en el país.

En cambio, el Grupo Olmos, que maneja Crónica TV, Bae Negocios, revista Veintitres, Diario Show y Diario Crónica, estaría interesado en quedarse con la mayoría accionaria mediante una oferta de unos 200 millones de dólares. Como para poner en contexto: la totalidad de Movistar Costa Rica se vendió por 500 millones de dólares este año, y es un mercado de una décima del volumen argentino, aunque con un mayor PBI per cápita.

Triple Play: el Gobierno lanzó el servicio de celular, internet y cable desde 150 pesos

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La novedad llega de la mano de los aumentos autorizados para 2021. Todo, en el contexto de la definición de servicios básicos que el Gobierno le otorgó a esas prestaciones de conexión y comunicación, cuyo acceso pasa entonces a ser un derecho que el Estado debe garantizar.

El Gobierno nacional anunció un servicio de triple play: telefonía fija y celular, internet y televisión por cable dentro del programa Precios Cuidados, lo que implica fijar una Prestación Básica Obligatoria que cuesta apenas 150 pesos mensuales.

La implementación de la Prestación Básica Obligatoria comenzaría a estar disponible a partir del primero de enero del 2021.

Es preciso señalar que el pasado 22 de agosto, el Presidente Alberto Fernández firmó el decreto de necesidad y urgencia que declaró "servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia" a la telefonía celular y fija, internet y la televisión paga, al tiempo que suspendió "cualquier aumento de precios o modificación de los mismos" hasta el 31 de diciembre, en base a los precios vigentes a julio.

Entra en vigencia un plan básico universal obligatorio para telefonía, internet y TV paga

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Con este plan la telefonía móvil tendrá un precio de $150 bajo el sistema prepago, mientras que en la telefonía fija será de $380 por mes. La prestación se implementará desde el 1 de enero.

El Gobierno nacional anunció la entrada en vigencia desde el 1 de enero de un plan básico universal obligatorio (PBU) para los servicios de comunicaciones móviles, telefonía fija, internet fija y tv por suscripción con un precio a partir de $150, al tiempo que aprobó incrementos de hasta el 8% para el resto del universo de los usuarios.

El objetivo es "favorecer la universalización del acceso entre los sectores con menores ingresos y la población vulnerable, estimada en más de 10 millones de argentinos", remarcó el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en un encuentro en el que estuvo acompañado por la secretaria de Innovación, Micaela Sánchez Malcolm, y el titular del Enacom, Claudio Ambrosini.

Los planes que integran la prestación básica universal y obligatoria, son una "inequívoca señal de política pública dirigida a sostener la asequibilidad a servicios esenciales para millones de argentinas y argentinos beneficiarios de planes sociales", subrayó el jefe de Gabinete.

La prestación tiene el carácter de "obligatoria" porque las empresas no pueden negarse a otorgar estos planes especiales a los beneficiarios contemplados en la norma, según especifica la resolución 1467 del Enacom.

Las personas que podrán acceder al plan son:

- Jubilados y pensionados con remuneración inferior o igual a dos salarios mínimos.

- Trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia con remuneración inferior o igual a dos salarios mínimos, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y de la Asignación Universal por Embarazo.

- Beneficiaros de pensiones no contributivas con remuneración inferior o igual a dos salarios mínimos, Monotributo Social, trabajadores y trabajadoras monotributistas inscriptos e inscriptas en una categoría cuyo ingreso anual mensualizado no supere dos salarios mínimos y seguro de desempleo.

- Los beneficiarios del Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados de Casas Particulares.

- Usuarios y usuarias que perciban una beca del Programa Progresar.

- Personas desocupadas o en la economía informal, y de programas sociales, en todos los casos incluidos sus hijos de entre 16 y 18 años.

- Clubes de Barrio y de Pueblo registrados, asociaciones de Bomberos Voluntarios registrados, entidades de Bien Público sin fines de lucro y organizaciones comunitarias sin fines de lucro con reconocimiento municipal.

Enacom desmiente aumentos del 20% en internet, cable y telefonía

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Por decreto, los servicios de tecnologías y comunicaciones estarán congelados hasta el 31 de diciembre. Luego habrá planes sociales y medidas para garantizar el servicio en sectores vulnerados.

El vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones, Gustavo López, aseguró que que "no se autorizó hasta el momento ningún aumento" para los servicios de internet, televisión por cable, telefonía móvil o fija, tal como comenzaron a comunicar algunas empresas a sus clientes.

A su vez, adelantó que esta semana el organismo dará a conocer los planes que se dispondrán para la prestación básica y obligatoria que permitirá ofrecer el servicio a los sectores más vulnerables, con vigencia a partir del primero de enero.

"No se autorizó hasta el momento ningún aumento tal como anuncian las empresas de internet, telefonía y televisión respecto de un supuesto incremento del 20% para enero", informó López.

De esta manera, el funcionario desestimó los anuncios que varias empresas de servicios hicieron llegar a sus usuarios en las últimas semanas, anticipando incrementos a partir del 1 de enero.

En esta línea, el funcionario recordó que la medida se enmarca en lo dispuesto partir del Decreto de Necesidad y Urgencia 690 que firmó el presidente Alberto Fernández y convalidó el Congreso que estableció los servicios como públicos y esenciales.

En ese sentido, López resaltó que "ya no son las empresas que fijan el precio sin intervención del Estado sino que son las que proponen y es el Ente el que autoriza o no el aumento y cuánto".

Además, adelantó que esta semana se va a anunciar desde el Enacom la política que se estableció en aquel Decreto "sobre la prestación básica y obligatoria, es decir la tarifa social de internet, televisión, telefonía celular y fija para los millones de argentinos afectados por la política económica de Mauricio Macri y que la pandemia recrudeció".

Para esos sectores, confirmó, "va a haber una tarifa especial para que no queden desconectados, ya que se declaró servicio público porque para poder estudiar. enseñar, acceder a la cultural, el trabajo e incluso a los planes sociales hoy se necesita conectividad".

"Estamos ante un derecho humano básico y por lo tanto considerado servicio publico sujeto a regulación estatal", resaltó López al ratificar que junto al anuncio de qué aumento habrá para los distintos servicios se van a comunicar los planes sociales para regir a partir del 1 de enero".

Los planes de este servicio básico universal se presume estará dirigido especialmente a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, el Ingreso familiar de Emergencia y los jubilados y pensionados que cobran la mínima.

La intención de la tarifa social es sostener con un servicio básico universal la conectividad de los millones de personas que este año perdieron la capacidad de pagar servicios por la inactividad en la pandemia o por la disminución en sus ingresos.

Los precios de los servicios de tecnologías y comunicaciones permanecen congelados hasta el 31 de diciembre en base a los valores implementados en julio a partir del Decreto 690, que en su momento obligó a las empresas a retrotraer incrementos ya facturados.

Con motivo de la pandemia, el Gobierno impulsó el congelamiento de distintos servicios como los de transporte, gas, electricidad y agua, en procura de aliviar la situación de las familias afectadas por la caída de actividad producto por las restricciones a las que obligó la pandemia de coronavirus.

Otra de las medidas que el Gobierno tomó en la pandemia para el sector de las telecomunicaciones y previo al DNU 690, fue la prohibición del corte de servicios por falta de pago.

A poco de firmar el DNU, el presidente Fernández expresó que el mercado de las telecomunicaciones es uno de los "más concentrados de la economía argentina" y proclamó la intención del Gobierno de "promover competencia ante los pocos operadores" existentes en el mercado.

Hasta fines de la semana pasada el directorio del Ente se centró en la definición de "tarifas sociales" para los servicios de telefonía e internet móvil con las tres empresas que prestan los servicios: Claro Movistar y Personal; mientras que el servicio de internet fijo es prestado por más de 700 empresas entre grandes corporaciones, pymes y cooperativas.

Desde enero aumentan hasta un 20% las tarifas de internet, cable y telefonía

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Las empresas ya comenzaron a notificar a sus clientes. Los costos de estos servicios habían sido congelados por el Gobierno hasta fin de año.

"Con el fin de poder mantener la calidad de los servicios y en virtud de que la última actualización de precios fue realizada en el marzo de este año, informamos que el 1 de enero de 2021 modificaremos los mismos hasta un 20%", informan algunas de las prestadoras de internet, cable y telefonía.

La suba será en todo el país, no se salva ninguna provincia, y el Gobierno de Alberto Fernández y su jefa, Cristina Kirchner, seguirán protegiendo a las empresas, no a los ciudadanos, como corresponde en una casta de coimeros.

En mayo, el Ente Nacional de Comunicaciones informó que habían llegado a un acuerdo con las empresas para que no hubiera aumentos hasta el 31 de agosto.

Pero cuando las compañías habían anunciado ya ajustes del 11% para septiembre, Alberto Fernández anunció el 21 de agosto que congelaba hasta el 31 de diciembre las tarifas de telefonía celular y fija, los servicios de acceso a internet y a TV paga, además de declararlos servicios públicos esenciales.

El congelamiento ha terminado y se viene un ajuste para los consumidores, que seguirán ganando lo mismo o menos pero deberán pagar un 20% más.

Como sucede en un país donde los políticos son una casta y las empresas florean a los funcionarios con suculentas coimas, todo seguirá normal.

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