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Comenzaron a investigar en Estados Unidos las operaciones financieras de la AFA

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El FBI y fiscales federales sospechan la comisión de delitos de lavado de activos y fraude bancario bajo jurisdicción norteamericana.

En medio del Mundial de Fútbol, fiscales federales y agentes del FBI iniciaron la toma de testimonios en Estados Unidos para investigar las operaciones financieras de la Asociación del Fútbol Argentino en dicho país, enfocándose en la gestión de fondos y contratos de la entidad que preside Claudio "Chiqui" Tapia ante la sospecha de lavado de activos y fraude bancario.

La investigación, a cargo de los fiscales Patrick Gushue, Christopher Ting y Michael Berger, analiza el rol de la empresa TourProdEnter LLC en el movimiento de cientos de millones de dólares vinculados a contratos comerciales internacionales de la AFA con el fin de dilucidar si se cometieron delitos bajo jurisdicción norteamericana.

Los investigadores, fiscales especializados en delitos económicos, analizan convocar a exfuncionarios del Gobierno de Javier Milei que accedieron a información sensible sobre la AFA o que tuvieran dentro de sus funciones controlar sus operaciones, según publicó el diario La Nación.

En la reunión, que habría durado más de dos horas según publicó el sitio Infobae, los fiscales federales y agentes federales acordaron citar a declarar al empresario Guillermo Tofoni, quien denunció la arquitectura financiera utilizada para administrar los contratos comerciales bajo sospecha.

La hipótesis que manejan los investigadores es que TourProdEnter LLC habría actuado como agente de cobro de los contratos comerciales que la AFA firmó con patrocinadores y otras firmas.

La idea es reconstruir la ruta del dinero de los fondos administrados por TourProdEnter LLC, la firma del empresario teatral Javier Faroni, en el sistema financiero estadounidense.

Según la documentación recopilada, la empresa movió al menos 260 millones de dólares en cuentas abiertas en cinco entidades financieras estadounidenses: Citibank, Synovus, Bank of America, JP Morgan y PNC Bank.

A su vez, la compañía colocó 57 millones de dólares en distintas sociedades sin justificar el origen de esos fondos.

En septiembre del 2024, el Ministerio de Seguridad argentino, que en aquel entonces estaba liderado por Patricia Bullrich, alertó a funcionarios de la administración estadounidense de Donald Trump sobre operaciones sospechosas asociadas a la AFA.

El FBI norteamericano juzgó que no había evidencias suficientes para abrir una investigación criminal en Estados Unidos, pero entre finales del año pasado y principios de este año la situación dio un giro.

Prohibieron la salida del país a Adorni por peligro de fuga inminente

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El Juez Ariel Lijo dispuso la restricción perimetral fronteriza mientras avanza la causa por presunto enriquecimiento ilícito.

La Justicia le prohibió la salida del país al exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, ante el creciente riesgo de fuga a Uruguay y en el marco de la investigación penal que se le sigue por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.

La medida restrictiva fue dispuesta durante la noche del viernes por el Juez federal, Ariel Lijo, a instancias del dictamen presentado por el Fiscal Gerardo Pollicita, señalando que el exfuncionario deberá requerir una autorización expresa si tiene intenciones de realizar un viaje al exterior del territorio nacional.

Según consignan las fuentes de la causa, esta restricción representa el paso previo a un llamado a declaración indagatoria en los tribunales de Comodoro Py, el cual resulta inminente y podría concretarse de manera formal en el transcurso de los próximos días debido a las inconsistencias halladas en su contra.

El foco de la investigación judicial sobre el patrimonio de Manuel Adorni se centra de forma pormenorizada en diversos gastos corrientes efectuados mientras se desempeñaba en la función pública, algunos de ellos realizados con tarjetas de crédito de sus secretarias.

La causa evalúa además los constantes viajes dentro y fuera de la Argentina, la compra de propiedades, las refacciones realizadas en un country del barrio privado Indio Cuá, ubicado en la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz, como así también las marcadas diferencias patrimoniales que quedaron registradas en sus últimas declaraciones juradas.

El expediente cobró un impulso definitivo a partir de la declaración testimonial del constructor Matías Tabar, quien estuvo formalmente a cargo de las reformas estructurales en la vivienda del exfuncionario en dicho barrio privado y aseguró ante las autoridades judiciales haber percibido la suma de 245.000 dólares en negro.

Apenas dos días después de la oficialización de su renuncia al cargo de jefe de Gabinete, la prensa difundió una serie de mensajes de audio donde el exfuncionario le ofreció asistencia a su contratista antes de que este prestara testimonio ante la fiscalía de Pollicita.

El material sonoro, que confirmó que el exjefe de Gabinete buscó coordinar un encuentro previo a la audiencia judicial del constructor, reveló que Adorni intentó transmitirle calma a su empleado ante la citación del pasado 4 de mayo expresándole de manera directa: "Mati, querido, ¿qué hacés?, escuchame", dijo el exfuncionario, "te tengo que hablar hace como diez, quince días. Yo este finde voy a ir a Indio, así que si querés hablamos ahí, que voy a estar más tranquilo. Por el tema del 4 de mayo".

"Nada, obviamente te voy a dar todo el soporte que necesites y despreocupate, como hice con todos", se escucha en el audio, al tiempo que Adorni dice: "Eso está de más decírtelo, pero, pero contás con todo, todo, todo lo que, lo que yo te puedo ayudar. Es una boludez, pero bueno, para, para que vos te quedes tranquilo y para que todos nos quedemos tranquilos".

Jesica Cirio pidió que el video de los dólares no sea utilizado como prueba en la causa contra Insaurralde

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El pedido se conoció mientras la Justicia avanza con el peritaje ordenado por el juez federal Luis Armella para determinar si las imágenes son auténticas.

La defensa de Jesica Cirio solicitó a la Justicia que el video en el que se la observa manipulando fajos de dólares en un vestidor no sea incorporado como prueba en la causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos que investiga al exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde.

El pedido se conoció mientras la Justicia avanza con el peritaje del video ordenado por el Juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, para determinar si las imágenes son auténticas, si presentan alteraciones y establecer cuándo y dónde fueron registradas.

La pericia también buscará recuperar metadatos que permitan reconstruir el origen del material.

La pericia tiene como objetivo establecer si las imágenes son genuinas, luego de que la conductora asegurara que el video habría sido manipulado e incluso deslizara la posibilidad de que hubiera sido alterado mediante herramientas de inteligencia artificial.

Por el momento, los primeros indicios apuntan a que el material sería auténtico, aunque la conclusión final quedará supeditada al informe de los peritos.

En paralelo, la Justicia también procura determinar la fecha en que fue registrado el video y reconstruir las circunstancias en las que fue grabado.

La presentación de la defensa se produjo luego de que el magistrado dispusiera una serie de medidas de prueba sobre el inmueble de Fincas de San Vicente, donde Cirio convivió con Insaurralde, al considerar que existen indicios de que el video habría sido grabado allí.

En ese marco, también se realizaron inspecciones en una vivienda de Nordelta que la modelo compartía con su expareja, Elías Piccirillo, aunque los investigadores descartaron que las imágenes hubieran sido filmadas en ese lugar tras comparar las características del vestidor con el que aparece en la grabación.

Negaron recusación contra la Jueza Lucero que habían pedido Sirerol y Ruiz, expresidentes de OSSE

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Guillermo Sirerol y Sergio Ruiz, dos expresidentes de OSSE, intentaron apartar a la Jueza Mónica Lucero, pero el pedido fue rechazado por el Juez Eduardo Raed.

Si bien se presentaron Ruiz y Sirerol cuando se abrió la causa, Fiscalía podría llegar a investigar a todas las presidencias de OSSE, ya que la obra se inició durante el Gobierno peronista de José Luis Gioja.

Mauricio Ibarra fue presidente de OSSE durante la parte final de la gestión de Sergio Uñac.

Cristian Andino fue presidente de OSSE durante uno de los periodos de José Luis Gioja, aunque según explicó el ahora diputado nacional, el tramo que le tocó llevar adelante a él "no está observado ni por Fiscalía ni por el Tribunal de Cuentas".

Es preciso recordar que la obra del Acueducto Gran Tulum se inició durante el Gobierno de Gioja. Pero el 11 de octubre de 2013, el exgobernador sufrió un accidente en helicóptero saliendo de Valle Fértil, entonces Segio Uñac, que era el vicegobernador, se hizo cargo de la gestión y le dio continuidad a la megaobra.

Por ahora, el Juez Eduardo Raed les informó a los exdirectivos de OSSE que no son parte del proceso: ni víctimas, ni imputados, ni querellantes. La causa atraviesa una etapa previa a la formalización.

Habrá que esperar si deciden tomarles declaración más adelante o si los fiscales van a planchar la investigación hasta dejarla diluída en el olvido.

En en la causa en la se investigan presuntos hechos delictivos en la megaobra conocida como Acueducto Gran Tulum, la cual nunca se terminó aunque gran parte de la financiación en dólares se gastó.

Hace días, los extitulares del organismo, Sergio Ruiz y Guillermo Sirerol intentaron, a través de un escrito presentado ante la Justicia, apartar a la Jueza de Garantías, Mónica Lucero, quien ha intervenido en medidas previas solicitadas por el Ministerio Público Fiscal.

El planteo fue rechazado por el Juez Eduardo Raed, quien revisó la causa y respondió que no hay motivos de recusación contra la Jueza Lucero. Por ahora, según se supo, Sirerol y Ruiz no son parte del proceso, tampoco lo son Mauricio Ibarra y Cristian Andino.

La causa

Para concretar una parte mínima de la obra, que nunca se terminó, hubo una licitación que fue ganada por la empresa Krah América Latina S.A. en 2018, cuyo apoderado era Gustavo Monti. Se pagaron al menos 1.300 millones de pesos por las cañerías.

Es preciso recordar que la causa está en manos del Fiscal Sebastián Gómez, quien investiga el proceso administrativo y licitatorio del Acueducto Gran Tulum, obra hídrica que se ejecutó en parte durante el Gobierno del peronista Sergio Uñac, pero que, sin embargo, no se terminó, aunque los dólares se gastaron y los materiales usados parecen presentar irregularidades.

Es por eso que la Justicia vernácula investiga la contratación de caños y tuberías adjudicada a la empresa Krah América Latina S.A., y, en ese contexto, también se está evaluando cuál fue el papel que jugó el finado Gustavo Monti, quien podría haber sido representante o intermediario local de la compañía alemana.

En medio de este escenario, aparecen también presuntas comisiones facturadas por la empresa PVC San Juan SRL.

Según se desprende de la investigación judicial, las tuberías que puso la compañía Krah América Latina S.A. podrían no ser aptas para el transporte de agua potable.

Aseguran, además, que los caños estarían fabricados con insumos no aptos para el consumo humano y que podrían ser potencialmente tóxicos para las personas.

Es importante señalar que la Unidad Fiscal de Investigación Delitos Especiales avanzó hace tiempo en la causa que se inició gracias a la denuncia del abogado Marcelo Arancibia.

Mientras el Gobierno de San Juan sigue pagando a Kuwait la deuda que dejaron los gobiernos peronistas de Uñac y Gioja, que consiste en la friolera de 100.000.000 de dólares por materiales, más 100.000.000 de verdes por la obra civil, la Justicia de la provincia sigue con la investigación para saber si hubo o no un perjuicio contra el Estado.

En diciembre del 2025, el abogado Marcelo Arancibia presentó una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal solicitando que se investigue la licitación de la obra, la cual hace años fue concedida a una empresa alemana cuyo apoderado, Gustavo Monti, era un pariente del exgobernador Sergio Uñac.

Se busca comprobar si hubo o no malversación de fondos, además de conocer la calidad de los insumos, entre otras posibles irregularidades que se habrían cometido en la obra.

En febrero de 2026, la provincia de San Juan se presentó en la causa como parte querellante.

Desde la actual gestión del Gobernador Marcelo Orrego se estima que la pérdida asociada a los 10 kilómetros de caños que se instalaron, y que luego debieron retirarse, demandó una inversión de 50.000.000 de dólares.

La cifra surge del financiamiento comprometido para la obra, que fue licitada por un total de 200.000.000 de verdes.

El proyecto fue financiado en dos tramos: un 50% a través de un préstamo internacional que llegó desde Kuwait y Australia, y el otro 50% con fondos aportados por el Estado nacional durante el Gobierno peronista.

Denunciaron que Adorni compró artículos gamer con tarjetas de sus funcionarios

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La Fiscalía analiza operaciones realizadas desde la cuenta personal de Mercado Libre del jefe de Gabinete por casi $6.000.000. Los pagos figuraron asociados a tarjetas de dos funcionarios que trabajaban bajo su órbita en la Vocería Presidencial.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quedó en el centro de una nueva polémica luego de que trascendiera que realizó compras de equipamiento para videojuegos desde su cuenta personal de Mercado Libre utilizando tarjetas de crédito pertenecientes a dos funcionarios que trabajaban bajo su órbita en la estructura de la Vocería Presidencial.

Las operaciones, que están informadas en la causa, se concretaron en agosto de 2025 e incluyeron un monitor gamer y dos proyectores de alta gama por un total de $5.848.589, una cifra que superaba el salario mensual que Adorni percibía como vocero presidencial.

La compra más costosa fue la de un monitor gamer Samsung Odyssey OLED G8 de 27 pulgadas, adquirido el 19 de agosto por $2.184.999.

De acuerdo con la documentación analizada por la fiscalía a cargo de Gerardo Pollicita, el pago quedó asociado a una tarjeta cuya titular era Laura Daniela Schiuma, directora general de Actividades Presidenciales de la Subsecretaría de Vocería y Comunicación de Gobierno. Así figura en documentos de Mercado Libre.

En tanto, el 13 de agosto se registró la compra de dos proyectores Epson Home Cinema 2350 4K Pro-UHD con Android TV, cada uno por $1.831.795.

Las operaciones fueron abonadas con tarjetas vinculadas a Luis Enrique Aluju, quien en ese momento se desempeñaba como coordinador de Información de Gobierno dentro de la misma dependencia.

Las compras forman parte de la investigación patrimonial que lleva adelante la fiscalía a cargo de Pollicita, que tiene delegada la causa para analizar la evolución patrimonial del jefe de Gabinete.

En distintas entrevistas públicas, Adorni se definió como un “retrogamer” y contó que colecciona consolas y computadoras clásicas.

Tarjetas prestadas por otros funcionarios

En ese contexto, también se había incorporado a la causa otra operación considerada sospechosa: el pago en efectivo de $8.183.383 realizado por Gisela Kocsis, otra empleada del Gobierno, en un comercio de sommiers y ropa blanca, supuestamente destinado a una vivienda adquirida por la familia Adorni en el country Indio Cua.

La factura de esa compra fue hallada en el teléfono celular de Matías Tabar, contratista que participó en la remodelación de la propiedad. El dispositivo, actualmente bajo análisis de la Justicia, también contiene mensajes intercambiados con Adorni y datos sobre los trabajos realizados en la casa.

Tabar declaró además que la remodelación demandó desembolsos de Adorni por U$S245.929 en efectivo.

Con todo lo informado en la causa, más algunas respuestas y precisiones que espera de distintos organismos, el fiscal ultima detalles para el requerimiento de justificación patrimonial. Es la instancia en la que Adorni deberá explicar las inconsistencias detectadas.

Pollicita profundizó la investigación sobre el patrimonio de Adorni y pone la lupa en la herencia familiar

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El fiscal ordenó una batería de pruebas que alcanzan al hermano y la madre del funcionario.

La investigación judicial sobre el patrimonio del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo.

El fiscal Federal, Gerardo Pollicita, ordenó una batería de medidas de prueba que amplían el alcance de la pesquisa y ponen el foco no sólo en los bienes declarados por el funcionario, sino también en su entorno familiar y en el origen de parte de los fondos que utilizó para justificar su crecimiento patrimonial.

Entre las decisiones adoptadas, que trascendieron de parte de fuentes judiciales, el fiscal solicitó al juzgado que investiga al Diputado bonaerense, Francisco Adorni, hermano del funcionario, una copia completa del expediente que tramita por presunto enriquecimiento ilícito.

El objetivo es analizar la información vinculada a bienes, movimientos patrimoniales y, especialmente, a la sucesión de Jorge Adorni, padre de ambos.

La medida se produce en medio de las explicaciones que Manuel Adorni presentó ante la Oficina Anticorrupción para justificar la evolución de su patrimonio.

En una entrevista, el funcionario argumentó que buena parte de sus activos provienen de inversiones en criptomonedas y de bienes heredados tras el fallecimiento de su padre.

Esa explicación llevó a la fiscalía a profundizar el análisis sobre los antecedentes patrimoniales de la familia.

Por ejemplo, la pesquisa también puso la mira sobre la situación habitacional de Silvia Pais, madre del jefe de Gabinete, quien vive en un barrio privado.

En paralelo, Pollicita busca reconstruir la trayectoria financiera del jefe de Gabinete y de su esposa, Bettina Angeletti.

Para ello requirió información a distintos organismos públicos, empresas privadas y entidades vinculadas a actividades en las que ambos habrían participado antes de su desembarco en la gestión libertaria.

La causa contra el legislador bonaerense también exhibió avances: el Fiscal, Guillermo Marijuan, pidió su declaración indagatoria al considerar que el legislador bonaerense habría omitido información en sus declaraciones juradas patrimoniales.

El Fiscal Pollicita ordenó nuevas medidas para investigar el patrimonio de Adorni

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Pidió información a ARCA, Anses, Lemon Cash y sobre la sucesión del padre del jefe de Gabinete. También requirió un relevamiento de publicaciones y entrevistas vinculadas a sus inversiones en Bitcoin.

El Fiscal federal, Gerardo Pollicita, dispuso una nueva batería de medidas de prueba en la investigación que analiza la evolución patrimonial del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras las rectificaciones realizadas en sus declaraciones juradas y las explicaciones públicas que brindó sobre parte de sus bienes.

Entre las principales decisiones, el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero que informe en un plazo de 72 horas si Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, presentaron declaraciones juradas originales o rectificativas correspondientes a los períodos fiscales 2023, 2024 y 2025.

En caso afirmativo, requirió que sean remitidas de manera urgente a la fiscalía.

Además, pidió que las declaraciones juradas patrimoniales integrales de carácter público correspondientes a esos ejercicios sean incorporadas al análisis patrimonial que viene realizando la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones.

La investigación también puso el foco en las inversiones en criptomonedas declaradas por el funcionario. En ese sentido, Pollicita ordenó a la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones elaborar un informe técnico sobre la evolución histórica de la cotización del Bitcoin desde 2013 hasta la actualidad, con el objetivo de contar con parámetros para evaluar la evolución de los activos digitales que aparecen mencionados en la documentación analizada.

Otra de las medidas apunta a reconstruir los ingresos formales de Adorni y de su esposa durante los últimos años. Para ello, el fiscal solicitó a la Anses que remita la historia laboral completa de ambos desde 2012 hasta la actualidad, incluyendo empleadores registrados, altas y bajas laborales, remuneraciones declaradas, aportes previsionales, actividades autónomas o monotributistas y cualquier otro dato que permita reconstruir sus ingresos.

Asimismo, requirió información vinculada a la sucesión del padre del jefe de Gabinete, Jorge Adorni, luego de que el funcionario mencionara públicamente una herencia familiar al explicar parte de su patrimonio.

El pedido fue dirigido al Juzgado Civil y Comercial N°18 de La Plata, donde tramita el expediente sucesorio.

La Fiscalía solicitó detalles sobre los bienes denunciados, la eventual existencia de dinero en efectivo, moneda extranjera, cuentas bancarias, títulos, activos virtuales u otros bienes incorporados al proceso, además de información sobre posibles cesiones de derechos hereditarios o transferencias patrimoniales.

En paralelo, Pollicita encomendó a la División Antifraude de la Policía Federal la realización de un relevamiento exhaustivo de fuentes abiertas desde 2013 hasta la actualidad para identificar declaraciones públicas de Adorni y de su esposa relacionadas con criptomonedas, billeteras virtuales, Bitcoin, inversiones financieras, patrimonio y trayectoria laboral.

La medida alcanza publicaciones en redes sociales, entrevistas televisivas y radiales, podcasts, notas periodísticas, videos y cualquier otra fuente pública que permita contrastar las manifestaciones realizadas a lo largo de los años con la información patrimonial incorporada al expediente.

Por último, el fiscal avanzó sobre la información aportada por la plataforma de activos digitales Lemon Cash.

A partir de documentación ya incorporada a la causa, que registra la apertura de una cuenta a nombre de Adorni en diciembre de 2020, solicitó ampliar el alcance temporal de los requerimientos de información hasta ese año.

Según planteó en su presentación, el objetivo es obtener nuevos datos que permitan reconstruir con mayor precisión la evolución patrimonial, económica y financiera del jefe de Gabinete y de su esposa.

Las medidas fueron adoptadas en el marco de la investigación que busca determinar la consistencia entre los bienes declarados por el funcionario, las rectificaciones posteriores realizadas ante organismos de control y las explicaciones públicas brindadas sobre el origen de su patrimonio.

ANDIS: los dueños de Suizo Argentina exigieron que se investigue si los audios fueron alterados con IA

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En detalle, el pedido de la defensa de los empresarios busca dilucidar si hay indicios de clonación de la voz de Diego Spagnuolo, extitular de la agencia nacional, o modificación mediante IA. En esta línea, el exfuncionario ya había presentado su perito de parte, cuestiono la pericia y detalló que no aportará su voz.

La defensa de Jonathan y Eduardo Kovalivker, de la Droguería Suizo Argentina designó una perito informática, solicitó ampliar los puntos de pericia sobre los audios atribuidos a Diego Spagnuolo en el caso ANDIS y pidió que la experta analice si el material pudo haber sido manipulado mediante herramientas de inteligencia artificial, clonación de voz o técnicas de edición digital avanzadas.

En una presentación judicial, el abogado de la familia Kovalivker, Martín Magram, reclamó que la perito determine si los registros presentan "indicios de clonación de voz", "modificación mediante inteligencia artificial", "procesamiento mediante voice synthesis", "deep voice manipulation" o "utilización de herramientas de postproducción automatizada".

El planteo busca que la pericia ordenada por el Juez, Ariel Lijo, sobre los audios atribuidos a Spagnuolo en los que se describen hechos de corrupción en la ANDIS vaya más allá de la autenticidad básica de los archivos y avance sobre posibles intervenciones tecnológicas que podrían haber alterado el contenido difundido.

"Dado que el material auditivo en cuestión haber sido: editado, segmentado, recompuesto, comprimido múltiples veces, retransmitido, o manipulado mediante herramientas digitales, resulta imprescindible que la fuerza pericial interviniente efectúe un análisis técnico completo bajo estándares internacionales de informática forense y acústica forense", dice la presentación de los Kovalivker

Además, la defensa pidió un análisis técnico destinado a establecer la existencia de múltiples generaciones digitales del material. En ese sentido, solicitó que se determine la "cantidad de recompresiones detectables", el "tipo de codec utilizado", la presencia de "alteraciones por exportación sucesiva" y posibles "incompatibilidades entre metadata y estructura digital".

Los Kovalivker designaron como perito de parte a la licenciada Cecilia Vera, una especialista en informática.

Otro de los puntos incorporados apunta a reconstruir la historia de los archivos. Los abogados requirieron que se intente establecer la "secuencia temporal de edición", identificar "puntos de corte", eventuales "superposiciones de capas", "inserciones no naturales" y posibles "pérdidas de continuidad lógica y acústica".

La presentación también reclama un análisis comparativo entre todas las versiones disponibles de los audios.

Concretamente, pidió que se cotejen "los archivos obrantes en autos", aquellos "difundidos en medios" y "cualquier otra versión circulante", con el objetivo de detectar diferencias técnicas o modificaciones entre las distintas copias.

Pedido de máxima preservación de la evidencia

La defensa también hizo especial hincapié en la preservación de la prueba digital y solicitó medidas de resguardo para garantizar la integridad de los archivos.

Entre otras cuestiones, requirió que "toda manipulación del material quede registrada", que se documenten los accesos realizados por los especialistas y que se generen "hashes criptográficos" herramientas utilizadas para verificar que un archivo no haya sido alterado durante su análisis.

Asimismo, pidió que se conserve una "bitácora completa de intervenciones" y que se evite "cualquier sobreescritura o alteración del soporte original".

Por último, reclamó que las tareas periciales se realicen únicamente sobre copias forenses verificadas y no sobre los archivos originales, una práctica habitual en investigaciones informáticas destinada a preservar la evidencia sin riesgo de modificación.

Con esta propuesta de los puntos de pericia, los dueños de Droguería Suizo Argentina buscan que los expertos determinen no sólo si los audios son auténticos, sino también si pudieron haber sido editados, reconstruidos o modificados mediante herramientas digitales o inteligencia artificial.

La droguería es nombrada en los audios, pero aún los Kovalivker, que fueron allanados al comienzo de la investigación, no fueron citados a indagatoria. En la causa está procesado Spagnuolo, entre otras personas.

Hallaron sin vida a Agostina Vega, la adolescente desaparecida en Córdoba

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El cuerpo fue localizado cerca de Ampliación Ferreyra, en una zona de pastizales que era rastrillada por los investigadores.

La búsqueda de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que permanecía desaparecida desde el sábado pasado en la ciudad de Córdoba, tuvo este sábado el desenlace más doloroso: su cuerpo fue hallado en un sector descampado cercano a barrio Ampliación Ferreyra, confirmaron a distintos medios fuentes del caso.

El hallazgo se produjo durante la tarde, cuando faltaban pocas horas para que se cumpliera una semana de la desaparición de Agostina.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía de Córdoba, junto al fiscal de la causa, Raúl Garzón, y el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, quienes darán una conferencia de prensa en la tarde del sábado.

El sector donde se concentraron los operativos tiene más de 200 hectáreas y está ubicado a unos 12 kilómetros del centro de la ciudad de Córdoba.

En las últimas horas se había convertido en el epicentro de la búsqueda, luego de que los investigadores ubicaran allí al principal sospechoso poco después de que fuera registrado en su vivienda junto a la adolescente.

La causa tiene como único detenido a Claudio Barrelier, quien hasta el momento estaba imputado por privación ilegítima de la libertad.

A partir del hallazgo, la Justicia podría evaluar una modificación en la calificación legal, aunque esa decisión quedará atada a las medidas que disponga la fiscalía y a los resultados de las pericias correspondientes.

En medio del avance de la investigación, el abogado Jorge Sánchez del Bianco renunció a la defensa de Barrelier, considerado el principal sospechoso por la desaparición de Agostina.

Además, en las últimas horas también se dispusieron medidas judiciales sobre la madre de la adolescente, Melisa Heredia, a quien no se le permitió presenciar el rastrillaje, mientras que el padre fue aceptado como querellante en la causa.

En la ciudad de Córdoba ya hay una movilización convocada por la familia de Agostina para pedir justicia y acompañar el reclamo tras el hallazgo. Gastón, uno de los tíos de la adolescente, pidió la presencia de los vecinos.

"Vamos a hacer una marcha a las 17, los que tengan hermanas, vamos a hacer ruido de verdad", reclamó.

Las pistas que orientaron los rastrillajes

Los operativos se concentraron en los descampados cercanos a Ampliación Ferreyra a partir de distintos elementos incorporados a la investigación.

Entre ellos, imágenes de un domo policial que ubicaron a Barrelier en la zona durante la mañana del lunes, además del análisis de antenas telefónicas que también lo situó en ese sector.

Otra de las secuencias bajo análisis corresponde a cámaras de seguridad vinculadas a la vivienda del detenido, ubicada en calle Campillo al 800, en el barrio Cofico.

De acuerdo con la reconstrucción preliminar, Agostina ingresó a ese domicilio junto al sospechoso, mientras que los investigadores buscaban establecer qué ocurrió después.

En las últimas horas, la fiscalía también puso el foco en distintos movimientos atribuidos al detenido y en elementos que habrían sido trasladados en un vehículo.

Esos indicios, bajo análisis judicial, fueron parte del recorrido que llevó a concentrar la búsqueda en el sector donde finalmente se produjo el hallazgo.

La mamá de Agostina Vega sufrió una descompensación y fue trasladada a un hospital

En paralelo al operativo, Melisa Heredia, la mamá de Agostina, sufrió una descompensación y debió ser trasladada en ambulancia a un hospital de la ciudad de Córdoba.

Según explicó su padre, Miguel, la mujer presentaba un cuadro de deshidratación y debía ser evaluada por los médicos.

"La trasladaron porque tenía un cuadro de deshidratación y no podían tratarla en el domicilio. Ahora nos van a decir en el hospital la causa, pero ella es celíaca. La van a evaluar", indicó el hombre en diálogo con los medios.

Además, sostuvo que el cuadro estaba vinculado al impacto emocional de la búsqueda: "Esto es producto del estrés, además mi hija come poco".

Durante los últimos días, la familia quedó atravesada por una fuerte exposición pública y por el avance de distintas líneas de investigación.

Según relataron allegados, los familiares de Agostina resolvieron aislarse, evitar la televisión y no responder mensajes en redes sociales mientras aguardaban novedades oficiales.

La Justicia confirmó cuánto gastó Adorni en las refacciones de la casa de Indio Cuá

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El contratista del jefe de Gabinete presentó la documentación que respalda su declaración sobre el gasto en las remodelaciones.

El Fiscal, Gerardo Pollicita, confirmó que los comprobantes que presentó Matías Tabar, contratista de Manuel Adorni, coinciden con el monto declarado.

El documento constata que el jefe de Gabinete gastó U$S245.000 para refaccionar su casa en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.

Tabar se presentó el viernes de forma espontánea en la fiscalía en Comodoro Py. Allí, aportó la documentación de las compras de proveedores y pagos en mano de obra realizados durante los trabajos.

Las facturas y recibos coincidieron con la cifra que dio en su primera declaración.

Además, el contratista expresó que las tareas fueron abonadas en efectivo y sin factura. También, detalló el cronograma y la modalidad del pago.

Cómo fueron los trabajos en la casa de Manuel Adorni en Indio Cuá

De acuerdo al testimonio de Tabar, los arreglos se prolongaron por casi 10 meses, entre septiembre de 2024 y julio de 2025. Durante ese lapso de tiempo, se realizaron intervenciones sobre distintos sectores de la propiedad.

Según lo declarado, los trabajos incluyeron la realización de pisos, tareas en el baño y la cocina. Sumado a la construcción de mobiliario para el quincho y la reparación de la pileta.

Qué declaró Matías Tabar sobre los pagos de la obra

Matías Tabar defendió públicamente al funcionario y aseguró: "Yo lo adoro a Manuel, estoy convencido de que es honesto y creo que va a poder justificar todo".

Además, explicó el detalle económico de las refacciones y sostuvo que el presupuesto inicial había sido de US$94.000, aunque luego el monto total ascendió a U$S245.000 debido a modificaciones y trabajos adicionales.

"Esa sumatoria sumaba los U$S245.000", afirmó. También precisó que sus honorarios personales fueron de U$S20.000 y aclaró que los gastos extra surgieron por pedidos adicionales durante la obra.

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