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Solicitaron nuevas medidas de prueba contra Adorni en la causa por enriquecimiento ilícito

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El Fiscal Gerardo Pollicita pone la mira en los bitcoins y busca reconstruir la situación patrimonial.

El Fiscal Gerardo Pollicita pidió este lunes una nueva batería de medidas de pruebas en la causa que investiga al exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito.

Luego de que el exfuncionario de Javier Milei entregó la documentación solicitada para responder a las 20 dudas que surgieron de la investigación, el fiscal pone el foco en las operaciones con bitcoins y busca reconstruir su situación patrimonial.

"Considerando que, entre las explicaciones brindadas por la defensa, se atribuyó el capital aplicado a partir del año 2014 a un ahorro familiar formado con anterioridad a partir de la actividad profesional de ambos cónyuges, a fin de corroborar la justificación brindada, corresponde reconstruir la situación patrimonial y los ingresos del matrimonio conformado por Manuel Adorni y Bettina Angeletti”, dijo el escrito.

De esta forma, pidió que se investigue cómo creció el patrimonio del exjefe de Gabinete y su esposa "desde el inicio de su vida económica activa" cuando alcanzaron la mayoría de edad.

Entre las principales medidas, solicitó al Juez federal, Ariel Lijo, que ordene el levantamiento del secreto fiscal. En el caso de Adorni, por el período comprendido desde el 28 de febrero de 1998 y el 31 de diciembre de 2011; mientras que el de Angeletti desde el 10 de octubre de 2000.

En ese sentido, dijo que ARCA deberá entregar la totalidad de las declaraciones juradas presentadas en el impuesto a las ganancias, sobre los bienes personales y demás gravámenes; los regímenes en los que estuvieron inscriptos y las actividades declaradas; la totalidad de la información de terceros y de los regímenes informativos que registren a su respecto; la eventual adhesión a regímenes de exteriorización voluntaria de moneda, blanqueo o moratoria; y todo otro dato patrimonial, tributario o de ingresos obrante en sus bases. También las operaciones de compra de moneda extranjera de ambos.

Pollicita también solicitó a la Anses que remita la historia laboral completa de Adorni y Angeletti, incluyendo "aportes registrados, remuneraciones declaradas, empleadores, períodos trabajados, altas y bajas en el Sistema Integrado Previsional Argentino y actividad autónoma o monotributista, así como toda prestación, asignación o ingreso que conste a su nombre".

Por otro lado, pidió información a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios sobre los vehículos que hayan tenido durante ese plazo.

A esto, se suma una solicitud para saber si ambos integraron sociedades, asociaciones o fundaciones en calidad de socios, accionistas, miembros de sus órganos de administración o fiscalización, o apoderados "con indicación de la denominación y el objeto de las entidades, los porcentajes de participación y las fechas de ingreso y egreso".

Acueducto Gran Tulum: Fiscalía notificó a 11 exfuncionarios y a Uñac, y serán investigados por presuntas irregularidades

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La UFI Delitos Especiales comunicó a exfuncionarios del Gobierno peronista de Sergio Uñac y a otras personas que están siendo investigadas. La medida es previa a una eventual formalización y no implica, por ahora, imputación penal. También fue notificado el exgobernador Sergio Uñac y el Diputado nacional Cristian Andino.

Se trata de una medida prevista en el Código Procesal Penal de San Juan. Consiste en informar a las posibles personas involucradas, las cuales pueden ser imputadas, que se está llevando adelante una investigación.

Las notificaciones fueron enviadas este viernes por la mañana y alcanzaron a Sergio Uñac, quien se desempeñó como vicegobernador de Gioja y gobernador de San Juan. Es pariente de Gustavo Horacio Monti, empresario fallecido, y actualmente ocupa una banca como Senador.

Lista de los que fueron notificados

Cristian Andino: expresidente de OSSE entre diciembre de 2011 y diciembre de 2015. Actualmente es diputado nacional. 

Guillermo Sirerol: expresidente de OSSE entre diciembre de 2019 y octubre de 2023. 

Sergio Ruiz: expresidente de OSSE entre diciembre de 2015 y febrero de 2019. Actualmente se desempeña como asesor del Senador Sergio Uñac.

Gustavo Mastelono: presidente y representante de Krah América Latina S.A., firma adjudicataria de la obra, que tenía como representante en San Juan a Gustavo Monti.

Humberto Caballero: exjefe del Departamento Jurídico de OSSE. Actualmente es juez laboral.

Juan Sánchez: funcionario actual de OSSE, vinculado a la implementación del proyecto del Acueducto.

Julio Ortiz Andino: se desempeñó como ministro de Infraestructura de San Juan entre 2015 y 2023.

Francisco Javier Correa: funcionario de OSSE, auditor técnico de la repartición y gerente de Obras.

Rolando Vicente Caruso: jefe del Departamento Proyectos de OSSE.

Juan Carlos Caparros: expresidente de OSSE entre febrero y diciembre de 2019.

La medida fue dictada en el marco de la investigación iniciada por presuntas irregularidades en la construcción del Acueducto Gran Tulum, una causa que se encuentra bajo análisis de la UFI Delitos Especiales.

La denuncia original, realizada por el abogado Marcelo Arancibia, menciona posibles delitos como negociaciones incompatibles con la función pública, malversación de caudales públicos, defraudación, dádivas, administración fraudulenta y violación de los deberes de funcionario público, entre otros.

Es una hipótesis que deberá ser determinada a partir de las pruebas reunidas durante la investigación. Por ahora no implican una imputación formal contra las personas notificadas.

Qué comunicó Fiscalía

Desde el equipo de Prensa del Ministerio Público Fiscal, informaron que "ante el requerimiento de los medios de comunicación, el Ministerio Público de San Juan informó que, en el marco del legajo fiscal caratulado Actuaciones por denuncia en perjuicio de la Administración Pública, se dispuso la notificación judicial a once personas respecto de la investigación previa a la formalización de la Investigación Penal Preparatoria. Las actuaciones corresponden al caso conocido públicamente como “Acueducto Gran Tulum” y se encuentran a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales".

Los ciudadanos notificados fueron informados de la existencia de las actuaciones y de los derechos que les asisten, entre ellos, el de designar abogado particular o, en su defecto, contar con un defensor público, conforme lo establecido por el artículo 121 del Código Procesal Penal.

La comunicación realizada constituye una actuación procesal previa a la audiencia de formalización y no implica una declaración de responsabilidad penal.

Los hechos adjudicados, la calificación jurídica correspondiente, el grado de participación que eventualmente se atribuyera a cada persona y los elementos de evidencia existentes serán comunicados en audiencia de formalización de la Investigación Penal Preparatoria ante el Juez de Garantías.

Una vez celebrada dicha audiencia, los fiscales a cargo se referirán públicamente a los aspectos centrales de la investigación, dentro del marco establecido por la legislación vigente y en resguardo de la investigación en curso.

La causa

Para concretar una parte mínima de la obra, que nunca se terminó, hubo una licitación que fue ganada por la empresa Krah América Latina S.A. en 2018, cuyo apoderado era Gustavo Monti. Se pagaron al menos 1.300 millones de pesos por las cañerías.

Es preciso recordar que la causa está en manos del Fiscal Sebastián Gómez, quien investiga el proceso administrativo y licitatorio del Acueducto Gran Tulum, obra hídrica que se ejecutó en parte durante el Gobierno del peronista Sergio Uñac, pero que, sin embargo, no se terminó, aunque los dólares se gastaron y los materiales usados parecen presentar irregularidades.

Es por eso que la Justicia vernácula investiga la contratación de caños y tuberías adjudicada a la empresa Krah América Latina S.A., y, en ese contexto, también se está evaluando cuál fue el papel que jugó el finado Gustavo Monti, quien podría haber sido representante o intermediario local de la compañía alemana.

En medio de este escenario, aparecen también presuntas comisiones facturadas por la empresa PVC San Juan SRL.

Según se desprende de la investigación judicial, las tuberías que puso la compañía Krah América Latina S.A. podrían no ser aptas para el transporte de agua potable.

Aseguran, además, que los caños estarían fabricados con insumos no aptos para el consumo humano y que podrían ser potencialmente tóxicos para las personas.

Es importante señalar que la Unidad Fiscal de Investigación Delitos Especiales avanzó hace tiempo en la causa que se inició gracias a la denuncia del abogado Marcelo Arancibia.

Mientras el Gobierno de San Juan sigue pagando a Kuwait la deuda que dejaron los gobiernos peronistas de Uñac y Gioja, que consiste en la friolera de 100.000.000 de dólares por materiales, más 100.000.000 de verdes por la obra civil, la Justicia de la provincia sigue con la investigación para saber si hubo o no un perjuicio contra el Estado.

En diciembre del 2025, el abogado Marcelo Arancibia presentó una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal solicitando que se investigue la licitación de la obra, la cual hace años fue concedida a una empresa alemana cuyo apoderado, Gustavo Monti, era un pariente del exgobernador Sergio Uñac.

Se busca comprobar si hubo o no malversación de fondos, además de conocer la calidad de los insumos, entre otras posibles irregularidades que se habrían cometido en la obra.

En febrero de 2026, la provincia de San Juan se presentó en la causa como parte querellante.

Desde la actual gestión del Gobernador Marcelo Orrego se estima que la pérdida asociada a los 10 kilómetros de caños que se instalaron, y que luego debieron retirarse, demandó una inversión de 50.000.000 de dólares.

La cifra surge del financiamiento comprometido para la obra, que fue licitada por un total de 200.000.000 de verdes.

El proyecto fue financiado en dos tramos: un 50% a través de un préstamo internacional que llegó desde Kuwait y Australia, y el otro 50% con fondos aportados por el Estado nacional durante el Gobierno peronista.

Caso ANDIS: detectaron un desfasaje de $158.717.000.000

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Una auditoría realizada tras la salida de Diego Spagnuolo detectó diferencias por $158.717.000.000 entre las deudas informadas por áreas de la ex Agencia Nacional de Discapacidad, compromisos que quedaron bajo la mira judicial.

Una auditoría del Gobierno detectó un desfasaje de $158.717.000.000 en los registros internos de la ex Agencia Nacional de Discapacidad, que estuvo encabezada por Diego Spagnuolo hasta su desplazamiento en agosto de 2025.

La cifra surgió de un análisis realizado por la intervención del organismo y corresponde a diferencias entre las deudas informadas por dos áreas clave. Parte de esos compromisos no había atravesado los controles administrativos establecidos.

El trabajo examinó la gestión de la Andis hasta el 21 de agosto de 2025 y relevó pagos a droguerías, deudas, cajas chicas, equipos electrónicos, contratos, empleados y declaraciones juradas.

Una diferencia de $158.717.000.000

La auditoría indicó que "se constató una diferencia de $158.717.131.557,63 entre los listados de la deuda exigible".

Los auditores pidieron información sobre pagos y deudas a la Dirección de Presupuesto y Contabilidad y a la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud, que implementaba programas como Incluir Salud. Esta última dependencia informó el monto de deuda más elevado.

El informe también advirtió sobre posibles imprecisiones en la información entregada por la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud. Desde esa dirección señalaron que tanto los importes como su clasificación podían haber registrado variaciones por errores involuntarios en la carga realizada por prestadores.

La Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud se encuentra además bajo análisis del Fiscal Franco Picardi en una causa que investiga un presunto fraude con posibles coimas de hasta el 20%.

Según la acusación fiscal citada por el medio, los procesos de compra habrían presentado sobreprecios y deficiencias en los procedimientos administrativos.

Cuestionamientos al mecanismo de pago

La auditoría también observó la utilización de la figura de legítimo abono para pagar bienes o servicios ya entregados o cumplidos sin haber atravesado previamente los procedimientos ordinarios de contratación.

Según el informe, hasta la fecha de corte el organismo continuaba utilizando ese mecanismo y solo se habían iniciado seis procedimientos de compras vinculados con esos servicios.

La auditoría no identificó cuáles fueron los pagos efectuados bajo legítimo abono, pero detalló que los prestadores de medicamentos e insumos recibieron $479.504.000.000 entre 2024 y el 21 de agosto de 2025.

La Justicia comenzó a investigar a Chiqui Tapia por presunto enriquecimiento ilícito

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El Fiscal federal, Gerardo Pollicita, impulsó la causa y pidió al Juez Ariel Lijo levantar el secreto fiscal y bancario como parte de una batería de medidas de prueba requeridas sobre el patrimonio del presidente del Ceamse y también titular de la AFA.

El Fiscal federal, Gerardo Pollicita, impulsó este viernes una investigación por supuesto enriquecimiento ilícito a Claudio Chiqui Tapia en su calidad de presidente del Ceamse y pidió ordenar una batería de medidas de prueba vinculadas a su patrimonio.

El pedido incluyó informes sobre Declaraciones Juradas que presentó Tapia como funcionario público por su rol en el Ceamse, bienes, cuentas bancarias y nivel de consumo, según informaron fuentes judiciales.

La investigación quedó a cargo del Juez federal, Ariel Lijo, quien deberá resolver al respecto, y de la Fiscalía de Pollicita luego de un conflicto de competencia entre juzgados resuelto esta semana en la Cámara Federal porteña.

El fiscal pidió al juez que levante el secreto bancario y fiscal de Tapia y el vinculado al mercado de capitales, además del deber de reserva previsto para la Unidad de Información Financiera.

En total solicitó al magistrado que ordene 20 medidas de prueba para luego, una vez recibida la información, avanzar con un análisis patrimonial, económico y financiero que reconstruya la evolución de bienes, fondos y vínculos "relevantes" de Tapia.

Como parte del impulso del caso, Pollicita pidió que se curse un pedido al Ceamse para que remita a Comodoro Py 2002 el legajo personal de Tapia. También que se requiera a la Dirección Nacional de Migraciones los datos sobre sus salidas del país.

Informes a la Conmebol

Tapia es también presidente de la AFA, un cargo ad honorem y que no forma parte de esta investigación. Se integró al directorio del Ceamse como vicepresidente en 2015 y desde 2024, asumió como titular de la empresa pública que gestiona los residuos del AMBA.

La Fiscalía si incluyó entre las medidas de prueba sugeridas al juez un pedido para librar un exhorto internacional a la Confederación Sudamericana de Fútbol, con sede en Asunción, Paraguay, para "que remita copias del legajo personal" de Tapia e informe qué cargos ocupó desde que ingresó hasta la actualidad y cuánto cobró por ello.

Se pidió incluir un "detalle de los montos y rubros abonados -por cualquier concepto, identificación de los cargos ejercidos, los períodos en los que se desempeñó, las cuentas bancarias en las que se acreditaron dichos fondos, copias de sus declaraciones juradas si las tuviere, resoluciones que dieron lugar a su nombramiento en cada uno de los períodos en los que prestó funciones y cualquier otra información de registro laboral con el que se cuente".

El fiscal también consideró que podría consultarse a esa Confederación si Tapia ejerce o ejerció cargos directivos, electivos y de cualquier naturaleza ante la FIFA y "en dicho caso indique en qué fecha, en qué carácter, a quien representa o representó, si percibe o percibió ingresos por dicha actividad y remita toda la información con la que cuente al respecto", según el requerimiento de instrucción que entregó al Juez Lijo.

La denuncia

Se trata de una denuncia presentada el 7 de abril pasado por el empresario Guillermo Tofoni que sostiene que Tapia habría incrementado su patrimonio de manera injustificada en un 1.000% en ocho años.

El CEAMSE es una empresa pública interjurisdiccional que gestiona los residuos sólidos urbanos del AMBA y administra el peaje del Camino del Buen Ayre. Según la denuncia, Tapia declaró percibir ingresos anuales por $100.233.144, con una dedicación de 15 horas semanales al organismo.

Tofoni presentó esta acusación en el marco de otras denuncias que impulsó contra Tapia y dirigentes de la AFA, luego de que su empresa, World Eleven, perdió el contrato que tenía con la entidad deportiva para organizar y comercializar los partidos amistosos de la Selección Argentina.

La Corte Suprema rechazó el pedido de Cristina Kirchner para investigar a Sturzenegger por el dólar futuro

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El máximo tribunal declaró inadmisible el recurso presentado por la expresidenta contra el sobreseimiento del actual ministro de Desregulación por supuestas irregularidades en el pago de contratos.

La Corte Suprema de Justicia rechazó este jueves por inadmisible el pedido de la expresidenta Cristina Kirchner, como querellante, para investigar a Federico Sturzenegger por supuestas irregularidades en el manejo de contratos de dólar futuro.

El planteo apuntaba contra el expresidente del Banco Central y actual ministro de Desregulación y Transformación del Estado por la ejecución de los contratos de compra de dólares a futuro al inicio del Gobierno del entonces Presidente Mauricio Macri.

El máximo tribunal, con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, consideró inadmisible el recurso por aplicación del artículo 280 del Código Procesal en lo Civil y Comercial de la Nación.

La denuncia contra Sturzenegger había sido impulsada por un grupo de legisladores kirchneristas cuando Cristina Kirchner fue llamada a declaración indagatoria en 2016 por el entonces Juez Claudio Bonadio en la causa conocida como "dólar futuro".

En ese expediente, Cristina Kirchner, el entonces ministro de Economía y actual Gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el extitular del Banco Central, Alejandro Vanoli, fueron sobreseídos en una decisión que la Corte Suprema dejó firme.

En la denuncia, el kirchnerismo acusó a Sturzenegger por "defraudación a la administración pública" por haber pagado los contratos de dólar futuro con los precios de la devaluación y a Bonadio por haber favorecido la comisión de ese presunto delito y citado a declaración indagatoria a la expresidenta.

Según el planteo, las medidas habrían "modificado las condiciones en que éstos habían sido celebrados, en perjuicio de los intereses estatales y en favor de particulares".

El entonces Juez federal, Sergio Torres, dispuso el sobreseimiento de Sturzenegger al sostener que su actividad respecto de la ejecución de los contratos a futuro "se vio acotada al cumplimiento de cuanto habían formalizado las autoridades que lo [precedieron], tanto en su cargo, como en el directorio de aquella sede crediticia".

Para el magistrado, continuar con la investigación implicaría un control de los tribunales sobre decisiones políticas, "sin que se haya advertido un exceso en el ejercicio de la competencia que le es propia y que sí tornaría judiciable la cuestión".

Cristina Kirchner, aceptada como querellante por la Cámara Federal, apeló esa decisión bajo el argumento de que el juez no había investigado debidamente, pero la Sala I de ese tribunal confirmó el sobreseimiento.

La querella volvió a recurrir, aunque la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó la presentación del abogado Carlos Beraldi, tras lo cual la expresidenta acudió en queja ante la Corte Suprema.

Finalmente, el máximo tribunal rechazó este jueves ese recurso por inadmisible y dejó sin curso el planteo de la querella contra Sturzenegger.

Yategate: Clerici continuaría bajo investigación en la causa que la vincula con Insaurralde

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Lo solicitó la Fiscalía a pesar de que a mediados del mes pasado el Juez federal, Luis Armella, dictó su sobreseimiento.

La modelo Sofía Clerici, vinculada al caso Yategate que involucra a Martín Insaurralde, podría continuar bajo investigación, a pesar de que el mes pasado el Juez federal, Luis Armella, dictó su sobreseimiento al no encontrar ninguna relación económica directa con el ex funcionario bonaerense.

Este lunes, el Fiscal ante la Cámara Federal de La Plata, Diego Iglesias, ratificó oficialmente la apelación y solicitó que se revoque el sobreseimiento de la modelo para que continúen las averiguaciones por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

Iglesias se mantuvo en línea con sus pares Sergio Mola y Diego Velasco, titulares de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos que sostienen que el peritaje contable "no es suficiente" para descartar la relación económica con Insaurralde y pidieron que se analicen todas llamadas telefónicas, los mensajes, los datos de geolocalización y el origen real de los U$S569.911 secuestrados en su casa de Nordelta.

El fallo original del Juez Armella ordenó enviar parte de la información patrimonial a los tribunales federales de San Isidro, donde se abrió otra investigación, pero acerca de sus bienes personales con el fin de determinar la legitimidad de sus fondos y propiedades de lujo.

Por su parte, Clerici sostuvo, ante la justicia, que sus ingresos provenían de su trabajo autónomo como "acompañante de viajes durante 20 años", declaración con la que pretendió despegarse del hecho que la podría unir con los fondos públicos de Insaurralde.

Hasta este momento, la decisión sobre si la modelo queda formalmente reincorporada a la causa principal quedó en manos de la Cámara Federal de La Plata, que deberá resolver si acepta el planteo o no de los fiscales.

Calingasta: denunciaron al Intendente Carbajal por no presentar informes tras el faltante de $107.000.000

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El Presidente del Concejo Deliberante de Calingasta, Santos Zárate,acudió a la UFI Delitos Especiales para accionar judicialmente contra el Intendente peronista Sebastián Carbajal.

El escándalo en el departamento cordillerano de San Juan estalló cuando el Intendente Carbajal denunció a una exfuncionaria de su gestión, Martha Campos, tras detectar un faltante en tesorería del municipio de $107.000.000.

La crisis en Calingasta se fue agravando luego de que el Presidente del Concejo Deliberante, Santos Zárate, formalizó una denuncia penal en la UFI Delitos Especiales contra el Intendente Sebastián Carbajal, acusándolo directamente de presunto delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Ahora Fiscalía deberá analizar los elementos probatorios presentados para definir las primeras medidas de rigor y determinar si la causa avanza hacia una imputación formal o si es desestimada.

En su defensa, el Intendente de Calingasta habló del faltante de $107.000.000 y explicó cómo detectaron la irregularidad, la cual, según sus dichos, fue advertida durante controles internos y luego confirmada mediante una auditoría.

La investigación judicial se enfoca en la extesorera municipal, Martha Campos, ya que se detectó en el municipio un faltante por la friolera de $107.000.000, dinero correspondientes a los ejercicios 2023 y 2024.

El Intendente Carbajal podría tener responsabilidad directa en el faltante de cash, ya que se habría negado en varias oportunidades a responder distintos pedidos de informes que el Concejo Deliberante de Calingasta formuló.

Desde el inicio de su gestión, en diciembre de 2023, el Concejo le exigió en varias ocasiones la remisión de resoluciones administrativas y los balances contables del municipio, pero el intendente jamás respondió.

Habrá que esperar que Fiscalía invesigue no solo a la extesorera Martha Campos, sino también al Intendente peronista Sebastián Carbajal, quien ahora intenta zafar del turbio episodio contable.

Espert presentó un descargo en la causa que lo investiga por presunto lavado de dinero

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El exdiputado pidió su sobreseimiento ante el Juzgado Federal N° 2 de San Isidro. También hizo un extenso posteo en sus redes sociales.

El exdiputado de La Libertad Avanza, José Luis Espert, reapareció este miércoles tras presentar un descargo ante la Justicia en el que pidió su sobreseimiento en la causa por presunto lavado de dinero.

El exlegislador llevó un escrito de 141 páginas al Juzgado Federal N° 2 de San Isidro, en momentos en que el Juez Lino Mirabelli aún tiene por delante definir la situación procesal de Espert en el marco de la investigación por el pago de US$ 200.000 que recibió en 2020, que estaría ligado al empresario Federico Fred Machado.

"¿De qué me acusan? De lavar el pago de un contrato de consultoría. Un contrato firmado ante escribano en 2019 y apostillado por el Estado argentino, verificable online por cualquiera, hoy. Los contratos truchos no se llevan al Colegio de Escribanos", escribió en un extenso posteo en su cuenta de X.

Espert aseguró que el pago llegó a una cuenta con su nombre en la referencia de la transferencia.

"Un solo giro, entero, de banco a banco. El que lava esconde su nombre. Yo lo puse en cada papel" enfatizó.

También descartó que se trate de un "contrato simulado", ya que afirmó que "su gestación está escrita en correos de 2019, incorporados a la causa con extracción forense y certificación notarial".

"Nació de una reunión personal que la propia empresa agradeció por escrito. Todo antes del pago", agregó.

"Ya declararon tres testigos sobre ese contrato, que corroboran mi versión. ¿Saben cuántos hechos en mi contra aportaron? Cero. Ni uno", manifestó.

El exdiputado dijo que no tenía conocimiento sobre las acusaciones que recaían sobre Machado por fraude, lavado de dinero y vínculos con el narcotráfico, las cuales salieron a la luz tras su detención en 2021.

"¿Cómo iba a saber yo en 2019 lo que no sabía nadie? Ni los bancos de Estados Unidos con los controles antilavado más duros del mundo, ni un solo organismo argentino o extranjero. Toda la información estatal sobre mi contratante es de 2021 en adelante. Yo no tengo la bola de cristal", explayó.

Con respecto a la acusación de "enriquecimiento extraordinario", comentó: "Antes del contrato yo tenía una casa y un auto. Hoy tengo una casa y un auto. Dos tercios del aumento son inflación y ajustes de valuaciones fiscales".

"Dicen que lavé para Machado. ¿Y saben cuánta plata volvió a Machado? Cero. Ni un dólar. El dinero quedó en mi cuenta, a mi nombre, con mis impuestos pagados. Un lavado donde el dueño del dinero no recupera nada no es un lavado: es un pago. ¿Entonces lavé para mí?", argumentó.

Y sumó: "A ver si entiendo: ¿planifiqué todo al detalle, escribano, apostilla, correos, testigos, y justo me descuidé en que la plata viniera de la cuenta de un tercero y sin factura? ¿El genio del crimen y el chapucero, la misma persona? Por favor".

"Un empresario que movía muchos millones por empresas y cuentas del exterior, ¿me necesitaba a mí, un economista conocido candidato a presidente, para mover 200.000 dólares por una cuenta con mi nombre? Una vía tan evidente y trazable sería el peor plan de lavado de la historia", agregó.

Espert volvió a remarcar que "todo lavado tiene un beneficiario: o el dueño recupera su plata limpia, o uno disfraza plata propia", y que en su caso "no pasó ni una cosa ni la otra".

"Un delito sin objeto probado y sin beneficiario no es un delito difícil de probar: es un delito que no ocurrió", añadió,

Además, sentenció que cuando supo quién era Machado "lo dije por radio, en vivo, con todas las letras. Y rectifiqué mis impuestos y pagué, antes de que el fisco me reclamara un peso. Esa es mi maniobra de ocultamiento".

Peritaje probó que Sofía Clerici no recibió plata de Insaurralde y solicitó su sobreseimiento

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Se quejó de que su imputación es por su labor profesional de acompañante y por ser mujer.

Luego de que el peritaje contable de los bienes del exjefe de Gabinete del Gobierno de Axel Kicillof, Martín Insaurralde, probó que no le dio plata a Sofía Clerici, quien lo acompañó a Marbella en 2023, la modelo solicitó ser sobreseída en la causa donde el exfuncionario es investigado por enriquecimiento ilícito y supuesto lavado de dinero.

Clerici sostuvo que sigue estando imputada por su "rol profesional" en calidad de acompañante y su condición de mujer, en torno al viaje junto a Insaurralde.

Sobre este punto, el abogado de Clerici, Martín Larralde, profundizó diciendo que "el núcleo de la imputación que pesa sobre mi representada reside únicamente en la realización de su labor profesional" y planteó que "el único motivo para sostener su vinculación resulta ser su calidad de mujer y su profesión confesa en autos, lo que, además de infundado, ilegítimo e ilegal, transgrede la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer".

Las declaraciones del abogado se sustentan en uno de los puntos del informe pericial sobre los bienes de Martín Insaurralde, puntualmente en el 77, que terminó en la inexistencia de constancias de pagos de U$S569.911 a Sofía Clerici.

De esta forma, Larralde destacó como "prueba nueva y decisiva" para dar de baja el único obstáculo que imposibilitaba la desvinculación de Clerici del caso. El mismo era justamente la pericia contable.

Es decir que el relevamiento hecho no probó ningún motivo de movimientos de dinero a Clerici, así como tampoco relación alguna con los objetos secuestrados, marca el informe.

De acuerdo a esto, el Fiscal a cargo de la causa, Sergio Mola, y el Fiscal general Diego Velasco, quien está a cargo de la Procelac, solicitaron que, además de Martín Insaurralde, sus hijos Martín Luciano y Rodrigo Agustín Insaurralde también sean citados a la instancia de declaración indagatoria: Gastón Barrachina, Víctor Mariano Donadio y Carolina Ileana Álvarez.

Por su lado, Sofía Clerici quedó fuera de la misma situación.

Milei confirmó que "no tiene contacto" con Chiqui Tapia y respaldó la investigación del caso AFA

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El presidente de la Nación sostuvo, además, que "hay cosas en el manejo de Asociación Argentina de Fútbol que no le gustaron".

El Presidente Javier Milei, afirmó que "no tiene contacto" con el presidente de la Asociación de Fútbol Argentino Claudio Chiqui Tapia, ni con la entidad deportiva y respaldó la investigación del caso que lo involucra tanto a él como al tesorero Pablo Toviggino, ante la Justicia.

Estas declaraciones surgieron en la entrevista que brindó este martes, donde criticó la gestión de Tapia y señaló que "hubo cosas en el manejo de la AFA que no le gustaron".

En cuanto a la causa, el Presidente ratificó su postura acerca de "no intervenir" en el Poder Judicial y aclaró que "no presiona ni molesta" a los tribunales.

En la misma línea, indicó que "meterse en esos expedientes sería un disparate y un error", y destacó que su gestión se caracteriza por dejar que la Justicia "actúe con total libertad".

En los inicios de la causa, el Juez Diego Amarante procesó al presidente de la AFA, y a otros directivos, por la presunta retención indebida de impuestos y aportes previsionales por una suma que supera los $19.300.000.000.

Paralelamente, la investigación añadió una ampliación impulsada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero ante el supuesto uso de facturas falsas por más de $900.000.000 destinadas a la evasión fiscal.

Por otra parte, un Gran Jurado con sede en la ciudad de Miami intentó dar inicio, la semana pasada, a una serie de audiencias de carácter estrictamente reservado, con el propósito de establecer si los directivos de la AFA y un grupo de empresarios aliados incurrieron en delitos financieros en territorio estadounidense, sin embargo, los citados no se presentaron a declarar.

El foco principal de las sospechas se concentra sobre TourProdEnter LLC, una sociedad radicada en Estados Unidos, cuya titularidad corresponde al empresario teatral Javier Faroni y a su esposa, Erica Gillette.

De acuerdo a las hipótesis que manejan en las oficinas norteamericanas, esta firma habría recaudado y administrado una cifra cercana a los 300 millones de dólares desde el año 2021 en adelante.

Actualmente, Tapia se encuentra procesado y con una prohibición estricta para salir de Argentina, con excepción del Mundial de fútbol, donde le otorgaron un permiso especial.

Además, enfrenta una demanda civil en Miami y continúa investigado por presuntas irregularidades financieras y contratos de la AFA.

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