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FIFA abrió un expediente contra la AFA y jugadores argentinos por la bandera de Malvinas

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El organismo abrió un expediente disciplinario contra la Asociación del Fútbol Argentino y varios integrantes de la Selección por distintos episodios ocurridos durante el Mundial 2026.

La FIFA inició un procedimiento disciplinario contra la Asociación del Fútbol Argentino y varios integrantes de la Selección Argentina, en una investigación que tiene como uno de sus principales ejes la exhibición de una bandera sobre las Islas Malvinas tras la victoria frente a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026.

Según informó el organismo, el hecho podría encuadrarse como una manifestación política prohibida por los reglamentos de la FIFA, que impiden la utilización de competencias oficiales para expresar mensajes ajenos al ámbito deportivo.

La bandera con la leyenda "Las Malvinas son argentinas" había sido exhibida por futbolistas argentinos en los festejos posteriores al encuentro disputado en Atlanta y se convirtió en una de las imágenes más difundidas del torneo.

La exhibición de una bandera sobre las Islas Malvinas tras el partido frente a Inglaterra, considerada por la FIFA como una posible manifestación política prohibida por su reglamento, no solo fue la única alarma de parte de la FIFA.

La investigación también se apoya en el informe del instructor de ética designado para el caso e incluye a los futbolistas Nahuel Molina, Leandro Paredes y Thiago Almada, además del integrante del cuerpo técnico Roberto Ayala, y el español Gavi también figura en el procedimiento.

La AFA es investigada por posibles infracciones al Código Disciplinario vinculadas con manifestaciones ajenas al deporte, conductas inadecuadas, discriminación, agresiones racistas, fallas de seguridad, retrasos en los partidos, incumplimiento de protocolos, exhibición de mensajes inapropiados y lanzamiento de objetos por parte de los hinchas durante distintos encuentros del torneo.

Además, Molina y Paredes afrontan cargos por agresión, mientras que Almada y Gavi son investigados por conducta antideportiva.

Pidieron a la Justicia que reabra la investigación por la muerte de Natacha Jaitt

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Los abogados Yamil Castro Bianchi, Rodrigo Tripolone y Daniela Spinelli realizaron la solicitud formal ante el Departamento Judicial de San Isidro.

La familia de la actriz Natacha Jaitt pidió este viernes a la Justicia ordinaria que reabra la investigación por la muerte de la modelo ocurrida el 23 de febrero de 2019 en la localidad bonaerense de Benavídez, partido de Tigre.

Fuentes del caso confirmaron que los abogados Yamil Castro Bianchi, Rodrigo Tripolone y Daniela Spinelli, representantes legales de Ulises Jaitt, realizaron el pedido formal a los fiscales y los jueces del Departamento Judicial de San Isidro que archivaron la causa en 2024.

Además, se peticionó que "se dispongan las medidas conservatorias urgentes detalladas" del hecho y "se libre oficio al Equipo Argentino Antropología Forense en los términos solicitados".

La carátula del caso en su momento fue "averiguación de causales de muerte" y los fiscales Martín Otero y Lidia Osores Soler consideraron que había inexistencia de delito, es decir, no hubo intervención de terceros al momento del deceso de Natacha.

Jaitt, de 41 años, fue hallada sin vida el 23 de febrero de 2019, y según la autopsia sufrió un fallo multiorgánico tras haber consumido cocaína, pero la familia denunció irregularidades, contradicciones de los testigos y sospechas de un posible homicidio.

Peritaje reveló inconsistencias en el patrimonio de Insaurralde: gastos desmedidos y falta de documentación

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Los peritos señalaron que una gran cantidad de gastos que generó junto a su expareja, Jésica Cirio, carecían de documentación respaldatoria adecuada.

El reciente peritaje llevado a cabo por el Cuerpo de Peritos Contadores de la Justicia detectó serias inconsistencias entre los ingresos en blanco y los exorbitantes gastos del exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, investigado por presunto enriquecimiento ilícito desde que tomó estado público el escándalo del "yategate".

Entre los hallazgos más destacados de esta pericia ordenada por el Juez, Luis Armella, se encuentra una notable discrepancia entre lo que Insaurralde y su expareja, la modelo Jésica Cirio, han gastado en comparación con los ingresos oficiales que han declarado durante su ejercicio en la función pública.

Los peritos señalaron que una gran cantidad de gastos carecían de documentación respaldatoria adecuada, lo que sugiere que el monto real de las erogaciones podría ser incluso mayor.

Entre los gastos analizados se incluyen viajes lujosos, propiedades, vehículos y hasta la ostentosa boda celebrada por la ya disuelta pareja.

Pero también está en el ojo de la Justicia el suntuoso viaje a Marbella que Insaurralde realizó junto a la modelo Sofía Clerici, con quien compartió una navegación exclusiva en un yate por el Mar Mediterráneo.

En ese viaje, además, se registraron altos gastos en alojamientos lujosos, vuelos, restaurantes de alta gama y compras en reconocidas marcas.

Muchos de estos gastos no cuentan con respaldo documental, señala el informe de la Justicia, que también evidencia que en varios períodos como 2014, 2017, 2018, 2019 y 2023, las erogaciones de Cirio superaron considerablemente sus ingresos.

Estos hallazgos sugieren la posibilidad de que hayan recurrido a fuentes de financiamiento no identificadas para sostener un estilo de vida tan lujoso.

Adicionalmente, los peritos encontraron diferencias significativas entre las declaraciones fiscales, los movimientos bancarios y los registros de patrimonio, lo que podría indicar intentos de ocultar el origen de los fondos.

Si bien la pericia no establece la existencia de un delito, dejando esta evaluación a la consideración del juez de la causa, sí plantea serias dudas sobre la legalidad de los ingresos y gastos de Insaurralde y Cirio.

Esto podría dar pie a nuevas indagatorias en un caso que sigue levantando polvareda en torno a la ética en la función pública.

Durante su tiempo como funcionario, se registraron un total de 76 vuelos internacionales por parte de Insaurralde.

Revés para Insaurralde: el juez rechazó el pedido de apartar al Fiscal Mola

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El exjefe de Gabinete de Axel Kicillof lo había solicitado, pero el Juez Armella no dio lugar al planteo y consideró que se basaba en "una valoración subjetiva".

Martín Insaurralde recibió un revés judicial al ser rechazado su pedido de apartar al Fiscal, Sergio Mola, de la causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero en la que es investigado.

El fallo contra el exfuncionario y mano derecha del Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, lo dictó la Justicia federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, al determinar que no se acreditó ninguna de las causales previstas en la ley para disponer su recusación.

El magistrado dijo que los argumentos brindados por los abogados defensores de Insaurralde se basan en una "valoración subjetiva" y no conforman "una duda objetiva, seria y razonable", en relación con la objetividad que debe regir la actuación del representante del Ministerio Público Fiscal.

Tras una serie de cruces entre el magistrado y el fiscal en cuanto al rumbo de la investigación, fue que la defensa de Insaurralde elevó el pedido.

En este contexto, la defensa del exintendente dijo que Mola había perdido la imparcialidad en el tratamiento y, por eso, manifestó su desacuerdo con el impulso de diferentes medidas de prueba como de coerción.

Algunas de ellas fueron los allanamientos, requisas, tasaciones y secuestros, más el pedido de detención del exfuncionario como también de Jésica Cirio. También sostuvieron la existencia de una sospechada "sobreactuación" procesal y un "ensañamiento" en el proceso de la investigación.

La respuesta de Sergio Mola

En su rechazo, sostuvo que la recusación no daba cuenta de ninguna causal de forma concreta que esté prevista en el artículo 55 del Código Procesal Penal.

Por eso, argumentó que las medidas fueron respuestas exclusivas sobre el avance de la investigación, así como también a la necesidad de poder evitar que los imputados pudieran dificultar el expediente o el accionar de la Justicia.

"Todo ello configura un intento de condicionar la labor del Ministerio Público Fiscal", dijo en su presentación, sosteniendo que era la tercera vez que se lo intentaba apartar del expediente.

Asimismo, Mola negó la responsabilidad sobre filtraciones de información en relación con la causa, calificando de "un verdadero dislate” el hecho de sugerir que fuera la propia fiscalía la que hubiera difundido el pedido de detención de Martín Insaurralde y Jesica Cirio.

En torno a ello sumó que una filtración habría sido perjudicial para el éxito de las medidas solicitadas.

Por su parte, Armella aseguró que, en el transcurso de la investigación, se dieron diferencias en cuanto al criterio con el Fiscal Mola, en base a la conducción del expediente, pero enseguida aclaró diciendo que las mismas corresponden a las funciones que desempeñan tanto el juez como el Ministerio Público. Y añadió que no son motivo para apartar al fiscal de la causa.

En este contexto recordó que, en su momento, en una resolución precedente había hecho la advertencia sobre el riesgo que podía generar para el curso de la investigación dar a conocer ciertas medidas.

A su vez, dijo que tales observaciones "no deben ser interpretadas como una descalificación de la labor investigativa que realiza el Fiscal” y sumó que, contrariamente, “el compromiso y la dedicación con que la Fiscalía intervino desde los inicios de la pesquisa, impulsando numerosas medidas de prueba que a su entender resultaban pertinentes".

Entre otros puntos argumentó que las medidas iniciadas por Mola se hicieron bajo la interpretación que el fiscal realizó de la legislación vigente. Además, agregó que las diferencias jurídicas respecto de ese criterio no pueden tener resolución a través de una recusación.

También afirmó que no se encontraron pruebas que dieran a conocer que la actuación del representante del Ministerio Público hubiera sido en respuesta a intereses externos a los fines propios del proceso penal.

Armella también dijo tener un "alto concepto de probidad y honestidad" de Mola, dejando aclarado que las diferencias de funciones no intervienen en la valoración personal. Asimismo, agregó que la recusación debe llevarse adelante bajo un criterio restrictivo, pero que, en este caso, la defensa no juntó nuevos elementos que permitieran dar crédito a una pérdida en la objetividad del fiscal.

Por eso, con todos estos argumentos fue que el juez resolvió no dar lugar a la solicitud de apartar a Mola y confirmó su continuidad en la investigación que investiga a Martín Insaurralde.

Mientras tanto, la Fiscalía está a la espera, en los próximos días, de las pericias clave para lograr detectar dónde están los dólares que se ven en el video de Jesica Cirio y que le permitan avanzar en una nueva línea de investigación en la causa que tiene en el centro de la escena a Martín Insaurralde y Jesica Cirio por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Comenzaron a investigar en Estados Unidos las operaciones financieras de la AFA

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El FBI y fiscales federales sospechan la comisión de delitos de lavado de activos y fraude bancario bajo jurisdicción norteamericana.

En medio del Mundial de Fútbol, fiscales federales y agentes del FBI iniciaron la toma de testimonios en Estados Unidos para investigar las operaciones financieras de la Asociación del Fútbol Argentino en dicho país, enfocándose en la gestión de fondos y contratos de la entidad que preside Claudio "Chiqui" Tapia ante la sospecha de lavado de activos y fraude bancario.

La investigación, a cargo de los fiscales Patrick Gushue, Christopher Ting y Michael Berger, analiza el rol de la empresa TourProdEnter LLC en el movimiento de cientos de millones de dólares vinculados a contratos comerciales internacionales de la AFA con el fin de dilucidar si se cometieron delitos bajo jurisdicción norteamericana.

Los investigadores, fiscales especializados en delitos económicos, analizan convocar a exfuncionarios del Gobierno de Javier Milei que accedieron a información sensible sobre la AFA o que tuvieran dentro de sus funciones controlar sus operaciones, según publicó el diario La Nación.

En la reunión, que habría durado más de dos horas según publicó el sitio Infobae, los fiscales federales y agentes federales acordaron citar a declarar al empresario Guillermo Tofoni, quien denunció la arquitectura financiera utilizada para administrar los contratos comerciales bajo sospecha.

La hipótesis que manejan los investigadores es que TourProdEnter LLC habría actuado como agente de cobro de los contratos comerciales que la AFA firmó con patrocinadores y otras firmas.

La idea es reconstruir la ruta del dinero de los fondos administrados por TourProdEnter LLC, la firma del empresario teatral Javier Faroni, en el sistema financiero estadounidense.

Según la documentación recopilada, la empresa movió al menos 260 millones de dólares en cuentas abiertas en cinco entidades financieras estadounidenses: Citibank, Synovus, Bank of America, JP Morgan y PNC Bank.

A su vez, la compañía colocó 57 millones de dólares en distintas sociedades sin justificar el origen de esos fondos.

En septiembre del 2024, el Ministerio de Seguridad argentino, que en aquel entonces estaba liderado por Patricia Bullrich, alertó a funcionarios de la administración estadounidense de Donald Trump sobre operaciones sospechosas asociadas a la AFA.

El FBI norteamericano juzgó que no había evidencias suficientes para abrir una investigación criminal en Estados Unidos, pero entre finales del año pasado y principios de este año la situación dio un giro.

Prohibieron la salida del país a Adorni por peligro de fuga inminente

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El Juez Ariel Lijo dispuso la restricción perimetral fronteriza mientras avanza la causa por presunto enriquecimiento ilícito.

La Justicia le prohibió la salida del país al exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, ante el creciente riesgo de fuga a Uruguay y en el marco de la investigación penal que se le sigue por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.

La medida restrictiva fue dispuesta durante la noche del viernes por el Juez federal, Ariel Lijo, a instancias del dictamen presentado por el Fiscal Gerardo Pollicita, señalando que el exfuncionario deberá requerir una autorización expresa si tiene intenciones de realizar un viaje al exterior del territorio nacional.

Según consignan las fuentes de la causa, esta restricción representa el paso previo a un llamado a declaración indagatoria en los tribunales de Comodoro Py, el cual resulta inminente y podría concretarse de manera formal en el transcurso de los próximos días debido a las inconsistencias halladas en su contra.

El foco de la investigación judicial sobre el patrimonio de Manuel Adorni se centra de forma pormenorizada en diversos gastos corrientes efectuados mientras se desempeñaba en la función pública, algunos de ellos realizados con tarjetas de crédito de sus secretarias.

La causa evalúa además los constantes viajes dentro y fuera de la Argentina, la compra de propiedades, las refacciones realizadas en un country del barrio privado Indio Cuá, ubicado en la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz, como así también las marcadas diferencias patrimoniales que quedaron registradas en sus últimas declaraciones juradas.

El expediente cobró un impulso definitivo a partir de la declaración testimonial del constructor Matías Tabar, quien estuvo formalmente a cargo de las reformas estructurales en la vivienda del exfuncionario en dicho barrio privado y aseguró ante las autoridades judiciales haber percibido la suma de 245.000 dólares en negro.

Apenas dos días después de la oficialización de su renuncia al cargo de jefe de Gabinete, la prensa difundió una serie de mensajes de audio donde el exfuncionario le ofreció asistencia a su contratista antes de que este prestara testimonio ante la fiscalía de Pollicita.

El material sonoro, que confirmó que el exjefe de Gabinete buscó coordinar un encuentro previo a la audiencia judicial del constructor, reveló que Adorni intentó transmitirle calma a su empleado ante la citación del pasado 4 de mayo expresándole de manera directa: "Mati, querido, ¿qué hacés?, escuchame", dijo el exfuncionario, "te tengo que hablar hace como diez, quince días. Yo este finde voy a ir a Indio, así que si querés hablamos ahí, que voy a estar más tranquilo. Por el tema del 4 de mayo".

"Nada, obviamente te voy a dar todo el soporte que necesites y despreocupate, como hice con todos", se escucha en el audio, al tiempo que Adorni dice: "Eso está de más decírtelo, pero, pero contás con todo, todo, todo lo que, lo que yo te puedo ayudar. Es una boludez, pero bueno, para, para que vos te quedes tranquilo y para que todos nos quedemos tranquilos".

Jesica Cirio pidió que el video de los dólares no sea utilizado como prueba en la causa contra Insaurralde

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El pedido se conoció mientras la Justicia avanza con el peritaje ordenado por el juez federal Luis Armella para determinar si las imágenes son auténticas.

La defensa de Jesica Cirio solicitó a la Justicia que el video en el que se la observa manipulando fajos de dólares en un vestidor no sea incorporado como prueba en la causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos que investiga al exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde.

El pedido se conoció mientras la Justicia avanza con el peritaje del video ordenado por el Juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, para determinar si las imágenes son auténticas, si presentan alteraciones y establecer cuándo y dónde fueron registradas.

La pericia también buscará recuperar metadatos que permitan reconstruir el origen del material.

La pericia tiene como objetivo establecer si las imágenes son genuinas, luego de que la conductora asegurara que el video habría sido manipulado e incluso deslizara la posibilidad de que hubiera sido alterado mediante herramientas de inteligencia artificial.

Por el momento, los primeros indicios apuntan a que el material sería auténtico, aunque la conclusión final quedará supeditada al informe de los peritos.

En paralelo, la Justicia también procura determinar la fecha en que fue registrado el video y reconstruir las circunstancias en las que fue grabado.

La presentación de la defensa se produjo luego de que el magistrado dispusiera una serie de medidas de prueba sobre el inmueble de Fincas de San Vicente, donde Cirio convivió con Insaurralde, al considerar que existen indicios de que el video habría sido grabado allí.

En ese marco, también se realizaron inspecciones en una vivienda de Nordelta que la modelo compartía con su expareja, Elías Piccirillo, aunque los investigadores descartaron que las imágenes hubieran sido filmadas en ese lugar tras comparar las características del vestidor con el que aparece en la grabación.

Negaron recusación contra la Jueza Lucero que habían pedido Sirerol y Ruiz, expresidentes de OSSE

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Guillermo Sirerol y Sergio Ruiz, dos expresidentes de OSSE, intentaron apartar a la Jueza Mónica Lucero, pero el pedido fue rechazado por el Juez Eduardo Raed.

Si bien se presentaron Ruiz y Sirerol cuando se abrió la causa, Fiscalía podría llegar a investigar a todas las presidencias de OSSE, ya que la obra se inició durante el Gobierno peronista de José Luis Gioja.

Mauricio Ibarra fue presidente de OSSE durante la parte final de la gestión de Sergio Uñac.

Cristian Andino fue presidente de OSSE durante uno de los periodos de José Luis Gioja, aunque según explicó el ahora diputado nacional, el tramo que le tocó llevar adelante a él "no está observado ni por Fiscalía ni por el Tribunal de Cuentas".

Es preciso recordar que la obra del Acueducto Gran Tulum se inició durante el Gobierno de Gioja. Pero el 11 de octubre de 2013, el exgobernador sufrió un accidente en helicóptero saliendo de Valle Fértil, entonces Segio Uñac, que era el vicegobernador, se hizo cargo de la gestión y le dio continuidad a la megaobra.

Por ahora, el Juez Eduardo Raed les informó a los exdirectivos de OSSE que no son parte del proceso: ni víctimas, ni imputados, ni querellantes. La causa atraviesa una etapa previa a la formalización.

Habrá que esperar si deciden tomarles declaración más adelante o si los fiscales van a planchar la investigación hasta dejarla diluída en el olvido.

En en la causa en la se investigan presuntos hechos delictivos en la megaobra conocida como Acueducto Gran Tulum, la cual nunca se terminó aunque gran parte de la financiación en dólares se gastó.

Hace días, los extitulares del organismo, Sergio Ruiz y Guillermo Sirerol intentaron, a través de un escrito presentado ante la Justicia, apartar a la Jueza de Garantías, Mónica Lucero, quien ha intervenido en medidas previas solicitadas por el Ministerio Público Fiscal.

El planteo fue rechazado por el Juez Eduardo Raed, quien revisó la causa y respondió que no hay motivos de recusación contra la Jueza Lucero. Por ahora, según se supo, Sirerol y Ruiz no son parte del proceso, tampoco lo son Mauricio Ibarra y Cristian Andino.

La causa

Para concretar una parte mínima de la obra, que nunca se terminó, hubo una licitación que fue ganada por la empresa Krah América Latina S.A. en 2018, cuyo apoderado era Gustavo Monti. Se pagaron al menos 1.300 millones de pesos por las cañerías.

Es preciso recordar que la causa está en manos del Fiscal Sebastián Gómez, quien investiga el proceso administrativo y licitatorio del Acueducto Gran Tulum, obra hídrica que se ejecutó en parte durante el Gobierno del peronista Sergio Uñac, pero que, sin embargo, no se terminó, aunque los dólares se gastaron y los materiales usados parecen presentar irregularidades.

Es por eso que la Justicia vernácula investiga la contratación de caños y tuberías adjudicada a la empresa Krah América Latina S.A., y, en ese contexto, también se está evaluando cuál fue el papel que jugó el finado Gustavo Monti, quien podría haber sido representante o intermediario local de la compañía alemana.

En medio de este escenario, aparecen también presuntas comisiones facturadas por la empresa PVC San Juan SRL.

Según se desprende de la investigación judicial, las tuberías que puso la compañía Krah América Latina S.A. podrían no ser aptas para el transporte de agua potable.

Aseguran, además, que los caños estarían fabricados con insumos no aptos para el consumo humano y que podrían ser potencialmente tóxicos para las personas.

Es importante señalar que la Unidad Fiscal de Investigación Delitos Especiales avanzó hace tiempo en la causa que se inició gracias a la denuncia del abogado Marcelo Arancibia.

Mientras el Gobierno de San Juan sigue pagando a Kuwait la deuda que dejaron los gobiernos peronistas de Uñac y Gioja, que consiste en la friolera de 100.000.000 de dólares por materiales, más 100.000.000 de verdes por la obra civil, la Justicia de la provincia sigue con la investigación para saber si hubo o no un perjuicio contra el Estado.

En diciembre del 2025, el abogado Marcelo Arancibia presentó una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal solicitando que se investigue la licitación de la obra, la cual hace años fue concedida a una empresa alemana cuyo apoderado, Gustavo Monti, era un pariente del exgobernador Sergio Uñac.

Se busca comprobar si hubo o no malversación de fondos, además de conocer la calidad de los insumos, entre otras posibles irregularidades que se habrían cometido en la obra.

En febrero de 2026, la provincia de San Juan se presentó en la causa como parte querellante.

Desde la actual gestión del Gobernador Marcelo Orrego se estima que la pérdida asociada a los 10 kilómetros de caños que se instalaron, y que luego debieron retirarse, demandó una inversión de 50.000.000 de dólares.

La cifra surge del financiamiento comprometido para la obra, que fue licitada por un total de 200.000.000 de verdes.

El proyecto fue financiado en dos tramos: un 50% a través de un préstamo internacional que llegó desde Kuwait y Australia, y el otro 50% con fondos aportados por el Estado nacional durante el Gobierno peronista.

Denunciaron que Adorni compró artículos gamer con tarjetas de sus funcionarios

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La Fiscalía analiza operaciones realizadas desde la cuenta personal de Mercado Libre del jefe de Gabinete por casi $6.000.000. Los pagos figuraron asociados a tarjetas de dos funcionarios que trabajaban bajo su órbita en la Vocería Presidencial.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quedó en el centro de una nueva polémica luego de que trascendiera que realizó compras de equipamiento para videojuegos desde su cuenta personal de Mercado Libre utilizando tarjetas de crédito pertenecientes a dos funcionarios que trabajaban bajo su órbita en la estructura de la Vocería Presidencial.

Las operaciones, que están informadas en la causa, se concretaron en agosto de 2025 e incluyeron un monitor gamer y dos proyectores de alta gama por un total de $5.848.589, una cifra que superaba el salario mensual que Adorni percibía como vocero presidencial.

La compra más costosa fue la de un monitor gamer Samsung Odyssey OLED G8 de 27 pulgadas, adquirido el 19 de agosto por $2.184.999.

De acuerdo con la documentación analizada por la fiscalía a cargo de Gerardo Pollicita, el pago quedó asociado a una tarjeta cuya titular era Laura Daniela Schiuma, directora general de Actividades Presidenciales de la Subsecretaría de Vocería y Comunicación de Gobierno. Así figura en documentos de Mercado Libre.

En tanto, el 13 de agosto se registró la compra de dos proyectores Epson Home Cinema 2350 4K Pro-UHD con Android TV, cada uno por $1.831.795.

Las operaciones fueron abonadas con tarjetas vinculadas a Luis Enrique Aluju, quien en ese momento se desempeñaba como coordinador de Información de Gobierno dentro de la misma dependencia.

Las compras forman parte de la investigación patrimonial que lleva adelante la fiscalía a cargo de Pollicita, que tiene delegada la causa para analizar la evolución patrimonial del jefe de Gabinete.

En distintas entrevistas públicas, Adorni se definió como un “retrogamer” y contó que colecciona consolas y computadoras clásicas.

Tarjetas prestadas por otros funcionarios

En ese contexto, también se había incorporado a la causa otra operación considerada sospechosa: el pago en efectivo de $8.183.383 realizado por Gisela Kocsis, otra empleada del Gobierno, en un comercio de sommiers y ropa blanca, supuestamente destinado a una vivienda adquirida por la familia Adorni en el country Indio Cua.

La factura de esa compra fue hallada en el teléfono celular de Matías Tabar, contratista que participó en la remodelación de la propiedad. El dispositivo, actualmente bajo análisis de la Justicia, también contiene mensajes intercambiados con Adorni y datos sobre los trabajos realizados en la casa.

Tabar declaró además que la remodelación demandó desembolsos de Adorni por U$S245.929 en efectivo.

Con todo lo informado en la causa, más algunas respuestas y precisiones que espera de distintos organismos, el fiscal ultima detalles para el requerimiento de justificación patrimonial. Es la instancia en la que Adorni deberá explicar las inconsistencias detectadas.

Pollicita profundizó la investigación sobre el patrimonio de Adorni y pone la lupa en la herencia familiar

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El fiscal ordenó una batería de pruebas que alcanzan al hermano y la madre del funcionario.

La investigación judicial sobre el patrimonio del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo.

El fiscal Federal, Gerardo Pollicita, ordenó una batería de medidas de prueba que amplían el alcance de la pesquisa y ponen el foco no sólo en los bienes declarados por el funcionario, sino también en su entorno familiar y en el origen de parte de los fondos que utilizó para justificar su crecimiento patrimonial.

Entre las decisiones adoptadas, que trascendieron de parte de fuentes judiciales, el fiscal solicitó al juzgado que investiga al Diputado bonaerense, Francisco Adorni, hermano del funcionario, una copia completa del expediente que tramita por presunto enriquecimiento ilícito.

El objetivo es analizar la información vinculada a bienes, movimientos patrimoniales y, especialmente, a la sucesión de Jorge Adorni, padre de ambos.

La medida se produce en medio de las explicaciones que Manuel Adorni presentó ante la Oficina Anticorrupción para justificar la evolución de su patrimonio.

En una entrevista, el funcionario argumentó que buena parte de sus activos provienen de inversiones en criptomonedas y de bienes heredados tras el fallecimiento de su padre.

Esa explicación llevó a la fiscalía a profundizar el análisis sobre los antecedentes patrimoniales de la familia.

Por ejemplo, la pesquisa también puso la mira sobre la situación habitacional de Silvia Pais, madre del jefe de Gabinete, quien vive en un barrio privado.

En paralelo, Pollicita busca reconstruir la trayectoria financiera del jefe de Gabinete y de su esposa, Bettina Angeletti.

Para ello requirió información a distintos organismos públicos, empresas privadas y entidades vinculadas a actividades en las que ambos habrían participado antes de su desembarco en la gestión libertaria.

La causa contra el legislador bonaerense también exhibió avances: el Fiscal, Guillermo Marijuan, pidió su declaración indagatoria al considerar que el legislador bonaerense habría omitido información en sus declaraciones juradas patrimoniales.

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