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Cristina recusó a los jueces del tribunal que debe definir su condena

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La vicepresidente objetó a los integrantes de la sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, que deben confirmar o rechazar su sentencia de 6 años de prisión por fraude en la obra pública.

La Vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, recusó este jueves a los integrantes de la sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal los cuales deben resolver si confirman o no su condena de seis años de prisión por fraude en la obra pública.

Lo hizo a través de su abogado Carlos Beraldi quien recusó a Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo, integrantes de la Sala IV, y pidió sean apartados.

La vicepresidenta en muchas de las intervenciones en el marco de audiencias judiciales, vinculó a los dos primeros con la administración de Mauricio Macri al señalarlos como los que visitaban frecuentemente la Casa Rosada durante esa administración de Gobierno.

Por otro lado, el Juez Javier Carbajo decidió por su cuenta apartarse como integrante de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal que debe revisar la condena a la Vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, por fraude en la obra pública a raíz de la licitación que le otorgó al empresario Lázaro Báez, también encontrado culpable.

Carbajo decidió dar un paso al costado como integrante del Tribunal que integraba para esta causa junto con Mariano Borinsky y Gustavo Hornos. Los jueces no tienen un plazo para definir si confirman la única condena que tiene la vicepresidenta y otros acusados.

De esta forma, ahora se debe sumar con un tercer integrante a la sala para luego empezar a analizar el veredicto.

Carbajo lo decidió a raíz que en su voto para intervenir en la causa por lavado de dinero el magistrado opinó que el delito precedente en el caso fue la obra pública que recibió durante el Gobierno de los Kirchner. Al haber opinado por hechos similares, es que decidió apartarse.

"Fue así que en mi intervención en la citada causa 3017/2013 valoré, con particular relevancia, el incremento patrimonial que registró Lázaro Antonio Báez en el período allí precisado y el crecimiento de Austral Construcciones S.A. en idéntico lapso, como elementos que fueron ajustadamente ponderados en la sentencia condenatoria dictada en tal expediente y que lucen, en esta oportunidad, también justipreciados en el fallo para fundar el juicio de responsabilidad que viene en revisión", estimó Carbajo.

El juez recordó que en ese caso tuvo "por comprobado que Lázaro Antonio Báez instrumentalizó a la firma Austral Cosntrucciones S.A. para recepcionar fondos públicos y desviarlos, debiendo entonces echar mano a herramientas de lavado de activos con el propósito de darle apariencia de legalidad al dinero".

Ante la llegada ahora el Tribunal del caso que tiene como condenados a la vicepresidenta y el empresario, el juez recordó que "se trata del mismo hecho al que me remití al efectuar consideraciones relativas al delito precedente".

"En consecuencia, a partir del relevamiento efectuado, advierto que existen elementos de prueba que valoré al momento de legitimar la sentencia dictada en la causa 3017/2013 en cuanto a la acreditación del delito precedente", dijo.

"En particular, en la dinámica de la asignación de obra pública y, más concretamente, respecto de la intervención de Lázaro Báez y de Austral Construcciones en aquella operatoria ilegal, que han sido también sopesados en la resolución aquí recurrida para dictar un temperamento condenatorio en su contra, por lo que considero que mi intervención en estas actuaciones puede poner en crisis la garantía de imparcialidad que le asiste al acusado", opinó.

Coparticipación: Gobierno pidió a la Corte que se excuse por los chats

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El Procurador Carlos Zannini invocó como razón para pedir el apartamiento de los magistrados la filtración de mensajes entre Marcelo D’Alessandro y Silvio Robles.

El Gobierno nacional le pidió a los jueces de la Corte Suprema que se excusen de seguir interviniendo en la acción de amparo de la Ciudad de Buenos Aires por la coparticipación federal, expediente en el que a fines de 2022 dictaron una medida cautelar en sintonía con el reclamo del Gobierno porteño.

La Procuración del Tesoro, que encabeza Carlos Zannini, invocó como razón para pedir el apartamiento de los jueces, la filtración de chats entre el ministro de Justicia y Seguridad porteño (en uso de licencia) Marcelo D’alessandro y Silvio Robles, Secretario del presidente de la Corte, Horacio Rosatti.

El Gobierno ya había recusado a Rosatti en agosto del año pasado por la supuesta relación de Robles y D’Alessandro, y a fines de 2022 pidió el apartamiento de todos los jueces porque al resolver la cautelar pronunciaron sobre el fondo de la cuestión, anticipando su opinión definitiva sobre el pleito.

"Si bien están configuradas circunstancias que justifican sobradamente la recusación aquí articulada, solicito que los señores jueces integrantes del Tribunal se excusen de intervenir de aquí en más en el trámite de estos actuados, por razones de decoro y/o delicadeza vinculadas con el ejercicio de la función jurisdiccional", sostiene el escrito firmado por Zannini, de más de 30 páginas.

El documento reconoce que "el ejercicio de la facultad de excusación por los magistrados de la Corte, exista o no causa legal de recusación, es privativa de los señores jueces y ajena a la actividad procesal de las partes".

Pero en ese contexto aludió a la "aparición de mensajes presuntamente intercambiados con el señor Silvio Robles; es decir, el mismo funcionario de la Vocalía del doctor Rosatti cuya conducta motivó la anterior recusación formulada en autos por la representación estatal", con D´Alessandro.

"Escapa a esta representación estatal cualquier apreciación acerca del origen de esos chats, sobre quién y en qué circunstancias los obtuvo, y respecto de su valor probatorio en relación con la presunta comisión de ilícitos de naturaleza penal", se atajó el escrito.

Pero resaltó: "Lo que sí cabe señalar aquí es que esas comunicaciones que involucran de manera directa a los señores D´Alessandro y Robles tomaron estado público; dieron origen a denuncias de carácter penal ante la Justicia Federal".

"Resulta claro que se ha configurado un nuevo escenario en cuyo marco están dadas, sobradamente, las condiciones para que el señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se aparte de este proceso", reclamó la Procuración del Tesoro.

"Las circunstancias de hecho aquí reseñadas, que involucran a los señores Robles y D´Alessandro, vienen a corroborar que tenía un sólido asidero aquella presentación efectuada por el Estado Nacional en fecha 27 de agosto de 2022", resumió el documento.

Lago Escondido: denuncian que los jueces se tomaron 2 días para viajar sin haber pedido licencia

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El abogado Marcelo Hertzriken Velasco, pretenso querellante en la causa, le pidió a la Fiscal María Cándida Etchepare que impulse la acción ante la Justicia Federal y ante el Consejo de la Magistratura.

El abogado que denunció originariamente ante la Justicia Federal de Bariloche el viaje de cuatro jueces federales a la estancia del magnate británico Joe Lewis en Lago Escondido en octubre pasado impulsó una nueva denuncia penal contra ellos por haber abandonado sus juzgados sin pedir licencia.

Marcelo Hertzriken Velasco, el denunciante, le remitió un escrito a la Fiscal María Cándida Etchepare advirtiéndole que los días 13 y 14 de octubre, cuando se produjo el viaje, "habrían resultado hábiles" judicialmente, es decir laborables para los jueces.

"Trascendió que la concurrencia al Lago de Lewis financiada por varias sociedades a investigar, lo fue sin uso de licencia, sin aviso a la superintendencia y ejerciendo funciones" por parte de los magistrados Julián Ercolini, Carlos Mahiques, Pablo Yadarola y Pablo Cayssials.

"Sírvase promover acción penal por incumplimiento de la Ley Orgánica y el Reglamento para la Justicia Federal a los magistrados Ercolini, Mahiques, Yadarola y Cayssials y remita copia de lo actuado al Consejo de la Magistratura y autoridades superiores de cada uno", reclamó el denunciante.

Hertzriken Velasco pidió ser además querellante en la causa, lo que fue rechazado en primera instancia y está actualmente en etapa de apelación ante la Cámara Federal de General Roca.

El abogado postuló que, además de la denuncia penal, la supuesta irregularidad en los días en que los jueces no fueron a trabajar sirva "para promover las acciones disciplinarias por abandono de la jurisdicción sin permiso".

El Gobierno concretó el pedido de juicio político para los jueces que viajaron a Lago Escondido

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"De resultar comprobadas, las conductas podrían subsumirse en la causal de mal desempeño en el ejercicio de las funciones", sostuvo el representante del Ejecutivo, Gerónimo Ustarroz.

El Gobierno concretó el pedido de juicio político para los Jueces Julián Ercolini, Carlos Mahiques, Pablo Yadarola y Pablo Cayssials por un viaje privado a la mansión de magnate británico Joe Lewis en la región del Lago Escondido.

El representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, Gerónimo Ustarroz, presentó por Mesa de Entradas el escrito, de 16 páginas, en el que consideró "necesario que se dé curso a una investigación en el seno de este Cuerpo ya que, de resultar comprobadas, las conductas descriptas podrían subsumirse en la causal de mal desempeño en el ejercicio de las funciones".

"Si bien no compete a este Consejo analizar si los hechos denunciados podrían constituir delito, lo que será analizado en sede penal, la responsabilidad política por la cual se interpela a los magistrados denunciados tiene como principal objetivo determinar si mantienen, o no, las condiciones exigibles a todo juez de la Nación, para continuar ejerciendo sus cargos", sostiene el documento.

Ustarroz recordó que la Constitución Nacional de 1860 estableció que "pueden los actos de un funcionario no ajustarse al vocabulario de las leyes penales vigentes, no ser delitos o crímenes calificados por la ley común, pero sí constituir mal desempeño porque perjudiquen al servicio público, deshonren al país o la investidura pública, impidan el ejercicio de los derechos y garantías de la Constitución, en cuyo caso bastan para promover el enjuiciamiento".

Tras describir los pormenores del viaje, del que también habrían participado el Ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, y el Fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques, Ustarroz subrayó que "una sociedad mandante comprende que el magistrado no sólo debe preocuparse por ser según la dignidad propia del poder conferido, sino también por parecer, de manera de no suscitar legítimas dudas acerca del modo en el que cumple el servicio judicial".

"En el comportamiento del juez deberá primar una mirada social que anteponga el interés colectivo y común al particular o individual, como también un evidente e irreprochable sentido de independencia e imparcialidad en todo aquello en lo que por su función deba intervenir", insistió.

El representante del Ejecutivo en el Congreso describió la existencia de un "mecanismo" que buscó "influenciar indebidamente sobre el ánimo de los magistrados al momento de resolver en aquellas causas judiciales de su interés, ya sea como una contraprestación, o bien, por las resoluciones que estos habrían de dictar en el futuro".

En ese contexto, recordó que la Ley de Ética Pública "prohíbe a los funcionarios recibir regalos, obsequios o donaciones, sean de cosas, servicios o bienes, con motivo o en ocasión del desempeño de sus funciones".

El Presidente Fernández criticó a los jueces por liberar a integrantes de Revolución Federal

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Alberto Fernández se expresó en su cuenta de Twitter y apuntó a los magistrados Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi por la liberación de personas que vincularon a la causa del atentado contra Cristina Kirchner.

El Presidente Alberto Fernández apuntó duro a la Justicia por la liberación de los líderes de Revolución Federal, tras una resolución dictada por la Sala I de la Cámara Federal de Comodoro Py.

Se encontraban detenidos por incitación a la violencia colectiva e instigación en el intento de magnicidio a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

"Una vez más, la Sala 1 de la Cámara Federal de Comodoro Py, integrada por dos magistrados que ocupan sus asientos de forma contraria a la Constitución, interviene en una causa de relevancia institucional", inició el mandatario nacional.

A través de un hilo de tuits, el jefe de Estado sostuvo: "Pareciera que lejos de querer esclarecer el hecho y llegar a sus máximos responsables, están empecinados en tapar lo obvio, que una banda criminal con ramificaciones y financiamiento oscuro atentó contra la vida de la vicepresidenta de la Nación".

"Los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi deberían estar solo en los tribunales para los cuales concursaron", subrayó Fernández.

Y consideró que "solo una maniobra ilegal (que es un secreto a voces) del expresidente Mauricio Macri, que ordena a los Consejeros de la Magistratura que le responden bloquear el concurso para designar a quienes deberán ocupar legítimamente las vacantes que hoy usurpan los jueces citados, hace posible esta arbitrariedad".

"La Corte Suprema debe intervenir para hacer cumplir su propio fallo. Ojalá tenga la misma celeridad que tuvo para para imponer a su presidente al frente del Consejo de la Magistratura", recalcó el presidente.

La crítica del jefe de Estado se produjo tras la liberación de Jonathan Morel, Leonardo Sosa, Gastón Guerra y Sabrina Basile, integrantes del grupo ultraderechista, en medio de sospechas de financiamiento de más de 13 millones de pesos por parte de un fideicomiso de la firma "Caputo Hermanos SA", propiedad del exministro de Finanzas y Presidente del Banco Central de Mauricio Macri, Luis Caputo.

Presupuesto: firmaron dictamen y el oficialismo incluyó un artículo para que los jueces paguen Ganancias

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La iniciativa fue impulsada por el Diputado oficialista Marcelo Casaretto y tuvo el respaldo de algunos legisladores del radicalismo.

Con varios cambios en la redacción, el oficialismo firmó este jueves dictamen a favor del proyecto de Presupuesto 2023, que llegará al recinto de la Cámara de Diputados el martes próximo, y sorpresivamente incluyó un nuevo artículo a través del cual todos los jueces, funcionarios y empleados del Poder Judicial paguen el impuesto a las Ganancias.

Acercó la propuesta el entrerriano oficialista Marcelo Casaretto, y fue confirmada por el Presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, al comienzo de la reunión de ese cuerpo, que duró cerca de cuatro horas.

Desde el 2017, se incorporaron al régimen de Ganancias todos los integrantes del Poder Judicial nombrados a partir de la sanción de esa ley, pero quedaban afuera todos aquellos que trabajaban con anterioridad.

De esta manera, el nuevo inciso "a" del artículo 82 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, indica que constituyen ganancias de cuarta categoría "las provenientes del desempeño de cargos públicos nacionales, provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin excepción, incluidos los cargos electivos de los poderes Ejecutivos y Legislativos".

"En el caso de magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación y de las provincias y del Ministerio Público de la Nación, la totalidad de sus ingresos se incluirán dentro de los ingresos gravados, independientemente de la fecha de su nombramiento, y por rodos los conceptos que integran sus remuneraciones", agrega.

En tanto, el nuevo inciso "c" del mismo artículo, especifica que el impuesto aplica a "las jubilaciones, pensiones, retiros o subsidios de cualquier especie en cuanto tengan su origen en el trabajo personal, de los consejeros de las sociedades cooperativas y de las asignaciones mensuales y vitalicias reconocidas a presidentes, vicepresidentes de la Nación y jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación".

Casaretto argumentó que no se trata de una cuestión de "independencia del Poder Judicial", sino de "justicia" para que todos los ciudadanos sean iguales ante la ley en cuanto al tributo.

"Planteamos que con tantas necesidades que tiene la Argentina, tenemos que ver quiénes son los que tienen capacidad contributiva. Si hay gente que gana 2 millones de pesos y no pagan Ganancias, tienen que empezar a pagar. A esta altura del partido esto es un privilegio inaceptable", enfatizó el diputado del Frente de Todos.

La propuesta, que tensiona aún más la tirante relación entre el Gobierno y el Poder Judicial, cosechó el respaldo de algunos diputados de la Unión Cívica Radical.

A propósito de Ganancias, se incluyó también un pedido de que venía realizando Evolución Federal para que se pueda deducir de ese impuesto hasta el 40% de los gastos educativos de una familia.

Sobre el final de la reunión, Heller comunicó que fue aceptada la propuesta de Juntos por el Cambio para incluir una "cláusula gatillo" que obligue al Poder Ejecutivo a enviar un proyecto de ampliación presupuestaria en el caso de que la inflación supere la pauta proyectada, o que la recaudación sea mayor a la prevista al 31 de agosto del 2023.

"Si al 31 de agosto de 2023 la tasa de inflación acumulada superara en un 10% la meta anual establecida en la presente ley, o si los ingresos del sector público nacional superaran en un 10% lo previsto para el período acumulado, el Poder Ejecutivo enviará una ley complementaria al Congreso para determinar un nuevo cálculo de recursos y créditos de la administración pública nacional y el plan de gastos para el cuarto trimestre", quedó redactado el artículo.

Además, se indica que "el proyecto deberá enviarse durante el mes de septiembre de 2023 y tratarse en un lapso de 30 días, no pudiendo el Poder Ejecutivo ampliar el Presupuesto por Decreto de Necesidad y Urgencia en ese lapso".

También hubo aumentos de partidas en varios rubros por un total de 320.655 millones de pesos, y se modificó el artículo vinculado a las deudas con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista para no afectar los recursos coparticipables a las provincias.

Es muy probable que en el recinto puedan incorporarse más cambios, aunque la mayor parte de las modificaciones ya fueron anunciadas este jueves.

Entre ellas, se estableció un incremento de 1.000 millones de pesos para la Ley de Bosques (pasando de 8.000 millones a 9.000 millones); y de 500 millones para el Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos (pasando de 500 millones a 1.000 millones).

Uno de los puntos que genera más rispideces tiene que ver con el Fondo de Compensación al Transporte Público Automotor del Interior, por la desigualdad de recursos respecto a lo que recibe el Área Metropolitana de Buenos Aires.

A propósito de esta polémica, el miércoles diputados nacionales de Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal montaron una puesta en escena para condicionar el apoyo al proyecto a un aumento de partidas hasta llegar a un total de 113.000 millones de pesos para todo el 2023.

Por el momento, el dictamen estableció el aumento que el ministro de Economía, Sergio Massa, acordó con los gobernadores del Norte Grande para llegar a una suma de 85.000 millones, es decir, por encima de los 60.300 millones previstos originalmente en el proyecto.

De todos modos, Heller señaló que este será el "piso a partir del cual se revisará el funcionamiento del sistema para actualizar el importe, estimulando un sistema de monitoreo permanente para corregir asimetrías preferentemente en base a la asignación de recursos, conforme al método de financiamiento de la demanda de pasajeros".

Otro cambio en el dictamen tiene que ver con la creación de un Consejo Federal para la administración de los subsidios, "con el objeto de evaluar el uso y la aplicación de recursos, como así también la implementación del Sistema Único de Boleto Electrónico como medio de percepción de la tarifa para el acceso a la totalidad de los servicios del transporte público".

El Ministerio de Transporte "será el encargado de reglamentar el funcionamiento del Consejo Federal para la administración, pudiendo incluso prorrogar por única vez y por un plazo máximo de cuatro meses la implementación del Sistema Único de Boleto Electrónico".

La otra polémica que se suma a la de los subsidios al transporte tiene que ver con la deuda que las empresas proveedoras de energía y las provincias mantienen con CAMMESA.

"Las jurisdicciones provinciales resultarán solidariamente responsables en el marco del presente régimen", señala el artículo 90, e indica que "vencido dicho plazo la Jefatura de Gabinete, a través del Ministerio de Economía, podrá retener de los fondos comprometidos en los convenios de transferencias presupuestarias suscriptos entre cada jurisdicción provincial y cualquier entidad del sector público" la suma que se adeude, aunque con la aclaración de que "en ningún caso la retención podrá afectar la coparticipación federal de recursos fiscales".

Heller reveló que se seguirá analizando una propuesta para que se establezca "una derivación de un porcentaje de cada pago que cada usuario realice para que automáticamente CAMMESA cobre".

"La idea es no ahogar a nadie pero CAMMESA tiene que cobrar. Estamos tratando de encontrar un mecanismo que, con tiempo, permita que la deuda no siga creciendo; y que se garantice el pago anterior con una unidad de medida que haga que el plazo no deteriore el valor de la acreencia", explicó el economista del Frente de Todos.

El dictamen también plasmó una propuesta para la creación de un régimen de regularización tributaria para las provincias, la Ciudad de Buenos Aires y los municipios, incluidos organismos públicos nacionales, provinciales y municipales, para la condonación de deudas tributarias y de los recursos de la seguridad social vencidas hasta el 31 de octubre de 2022, cualquiera sea el estado en que se encuentren.

En otro orden, Heller anunció aumentos de las partidas destinadas a políticas alimentarias por 101.890 millones de pesos; 90.830 millones para prestaciones sociales y asignaciones familiares, 59.542 millones para becas de educación, 31.175 millones para reforzar el Fondo Nacional de Incentivo Docente, 19.700 millones para al Fondo de Integración Socio-Urbana, 12.969 millones para comedores escolares.

También 4.149 millones para infraestructura y equipamiento en educación, 400 millones extra para los programas que garantizan derechos de niños y niñas, por $400 millones de pesos; resultando un total de 320.655 millones de pesos en aumentos para estas partidas.

En respuesta a un reclamo del misionero Diego Sartori (Frente de la Concordia-Provincias Unidas), el Frente de Todos se comprometió a incluir durante la sesión un artículo referido a las zonas francas.

El oficialismo logró en el Senado media sanción para ampliar la Corte Suprema de Justicia

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En una sesión polémica y críticas de la oposición, la Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley que autoriza a ampliar a 15 el número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia.

El dictamen original contemplaba un órgano de 25 jueces, pero hubo resistencias internas y se modificó.

Con una modificación importante en el número y pese al rechazo del arco opositor, el Frente de Todos consiguió este jueves dar media sanción en el Senado al proyecto de ampliación de la cantidad de integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que pasaría a tener 15 integrantes. Sólo falta que se apruebe en la Cámara de Diputados.

La iniciativa cosechó 36 votos afirmativos y 33 negativos, y parece no tener chances de ser aprobada en Diputados, donde la oposición la rechazará de plano.

Hubo además resistencia de un sector interno del oficialismo, ya que originalmente la propuesta aspiraba a ampliar la Corte Suprema y dejarla con 25 miembros, idea que suscribían los senadores Mayans y Fernández Sagasti.

La idea también contaba con el apoyo de 16 gobernadores oficialistas, integrantes del Frente de Todos.

A último momento se modificó la redacción del texto acotando a 15 integrantes la composición del máximo tribunal de Justicia.

Si se aprobara la iniciativa en la Cámara de Diputados, algo poco probable, y se completara la integración con la designación de nuevos magistrados, el órgano pasará a contar con 11 integrantes adicionales, ya que pese a que la ley actual establece una composición de cinco miembros, quedó reducida a cuatro desde la renuncia en noviembre del año pasado de la Jueza Elena Highton de Nolasco. Sería además la Corte Suprema con mayor número de miembros de la historia argentina.

La sesión fue habilitaba por la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma de Zamora, ya que la Vicepresidenta Cristina Kirchner no asistió, en medio del juicio por el que se encuentra procesada en la Causa Vialidad.

Juntos por el Cambio no contribuyó con el quórum, en rechazo a la iniciativa con la que, según expresaron, el oficialismo busca controlar a la Justicia y conseguir la impunidad de Cristina Kirchner y otros referentes del oficialismo. Sus senadores recién bajaron al recinto con la sesión ya empezada.

El tribunal que juzga a Cristina rechazó unificar otras causas por presunta corrupción y lavado

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Se trata de una causa que tiene como principal imputado al financista Ernesto Clarens por presunto lavado de dinero de Lázaro Báez. "Sería sumamente imprudente unificar los dos procesos", indicaron los jueces.

El tribunal oral federal que está juzgando la Causa Obra Pública rechazó hacerse cargo de otro expediente por presunto lavado de activos vinculado con el caso en el que el Fiscal Diego Luciani pidió 12 años de prisión para la Vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

Se trata de una causa que tiene por principal imputado al financista Ernesto Clarens y viene tramitando ante el Tribunal Oral Federal número cinco, que se la envió al número dos, que actualmente juzga a la vicepresidenta, por razones de "conexidad".

"Los hechos investigados en este proceso, calificados bajo el tipo penal tenían como delito precedente la defraudación a la administración pública" por la que están siendo juzgados, además de Cristina Kirchner, el empresario Lázaro Báez y otros imputados.

Se trata de un desprendimiento de la causa que está actualmente en juicio, por otros hechos de presunta corrupción vinculados con la obra púbica en Santa Cruz.

"La plataforma fáctica delimitada por el fiscal de instrucción era clara en cuanto afirmaba que ‘Lázaro Báez y Ernesto Clarens, valiéndose de la colaboración de los restantes imputados, cimentaron e implementaron una estructura destinada a reciclar una porción importante de los fondos públicos sustraídos fraudulentamente al Estado Nacional a través de la obra pública vial", sostuvo el tribunal que pretende desprenderse de esa causa.

Así, entendieron que el tribunal oral dos "se presentaba como el más apto para entender en las actuaciones porque la maniobra trascendente resulta ser la que está siendo y será motivo de debate en los estrados de aquella sede, en referencia a los hechos de la causa cuyo juicio se encuentra próximo a concluir".

Pero los Jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Fabián Basso rechazaron la competencia argumentando que "la alegada conveniencia de que ambos procesos tramiten en forma conjunta será refutada guiados por la convicción de que la acumulación que proponen atentaría abiertamente contra una mejor y más pronta administración de justicia".

"Conocemos lo suficiente las dimensiones y los alcances de los hechos y es en base a esa experiencia que nos consideramos facultados a afirmar que sería sumamente imprudente unificar los dos procesos", sostuvieron los jueces.

Además, sostuvieron que "ante la eventualidad de que una contienda concluyese en la decisión de que deben tramitar ambos procesos en forma conjunta, el tribunal competente para intervenir sería el Tribunal Oral en lo Criminal Federal número cinco".

Ahora será la Cámara Federal de Casación la encargada de determinar si ambos expedientes se unifican o continúan tramitando por separado.

La Corte ordenó reforzar la custodia de los jueces que juzgarán a Cristina

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Ocurre a raíz de publicaciones en redes en los que indagaban sobre los domicilios de los funcionarios judiciales. Días atrás, la Procuración General de la Nación hizo lo propio con el Fiscal Diego Luciani.

A pedido del Juez de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, se reforzó la seguridad de los jueces del tribunal federal que juzga a la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa por la obra pública de Santa Cruz. Ocurre a raíz de publicaciones en redes en los que indagaban sobre los domicilios de los funcionarios judiciales.

Luego de que el Fiscal Diego Luciani pidiese 12 años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos para la exmandataria, surgieron en la red social Twitter distintas publicaciones en las que buscaban averiguar datos personales de los jueces para ejercer algún tipo de presión social en sus domicilios.

Ante esta situación, Rosatti dispuso que la Cámara de Casación que se refuerce la custodia de los magistrados del tribunal oral federal Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso. Casación, quien tiene bajo su ala la organización de los tribunales, tomó nota y ordenó a la Policía Federal a que incremente la custodia.

Preocupación

La alarma dentro de la Corte Suprema surgió a partir de un mensaje en Twitter del usuario @kike_MPD en el cual instaba a los manifestantes kirchneristas a indagar sobre los domicilios de los jueces y fiscales para ejercer presión en la causa.

"Hay que difundir los domicilios de estos jueces y fiscales de este pelorron de fusilamiento, si no se ataca con el mismo calibre no se puede", expresó el tuitero.

Sin embargo, la propuesta del manifestante fue apenas acompañada por dos muestras de apoyo, con un retweet y un "me gusta". Al mismo tiempo, dos usuarios, también kirchneristas, criticaron la propuesta: "Somos mejores, porque somos distintos, y porque no usamos sus armas", señaló otro usuario en los comentarios.

La alusión a "pelotón de fusilamiento" hizo referencia a una textual de la exmandataria, quien el martes por la noche en redes sociales dijo estar ante un "pelotón de fusilamiento mediático-judicial" debido al pedido de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos, apoyado por los fiscales, por la oposición y por ciertos sectores de la prensa.

San Juan: designaron jueces y fiscales para los cargos vacantes en el Poder Judicial

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La Cámara de Diputados de San Juan resolvió la elección de los diferentes candidatos que integraron las ternas conformadas por el Consejo de la Magistratura para cubrir los cargos.

En el marco de la Octava Sesión del período ordinario, la Cámara de Diputados de San Juan resolvió la elección de los diferentes candidatos que integraron las ternas conformadas por el Consejo de la Magistratura.

Los cargos para cubrir son "Juez de Primera Instancia" en la Segunda Circunscripción Judicial; "Juez de Primera Instancia" del fuero familia; "Juez de Paz Letrado" de Pocito y seis cargos de "Fiscal de Primera Instancia".

Además, el cuerpo parlamentario ratificó dos convenios, uno con la Sociedad de Estado Casa de la Moneda; y el otro, con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

Por otra parte, la Legislatura declaró de interés el libro "Los Desaparecidos en el Rugby", de autoría de la escritora e investigadora sanjuanina Carola Ochoa; las actividades de la Selección Nacional de Vóley Femenino, Las Panteras, en el marco del Clasificatorio a Los Juegos Panamericanos de Vóley Femenino - Santiago Chile 2023.

También, la celebración del 87° aniversario del Club Atlético Sanjuanino Juniors; las actividades de conmemoración del 138° Aniversario de la creación del departamento Pocito; el "Premio Joven Empresario Sanjuanino", organizado y otorgado por CAME Joven y JEFES; y las actividades de concientización del Trastorno del Déficit de Atención e Hiperactividad.

La sesión estuvo presidida por el Presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Gattoni. Acompañaron los Secretarios Legislativo, Nicolás Alvo; y Administrativo, Roberto Iglesias.

Cargos en el Poder Judicial

El cuerpo legislativo puso a consideración durante la sesión las ternas remitidas por el Consejo de la Magistratura de la provincia de San Juan, tras realizar las respectivas entrevistas a los postulantes, los días lunes 25 y martes 26 de julio.

De esta manera, designaron a los nueve funcionarios para los cargos vacantes en el Poder Judicial, de conformidad a lo previsto por artículo 216º inciso I) de la Constitución de la Provincia.

En detalle, los cargos que cubrieron fueron: un cargo de "Juez de Primera Instancia" en la Segunda Circunscripción Judicial; un cargo de "Juez de Primera Instancia" del fuero familia (artículo 140 inciso 1° Ley N° 2352-O); un cargo de "Juez de Paz Letrado" del Juzgado de Paz Letrado de Pocito (artículo 140º inciso 2° Ley N° 2352-O) y seis cargos de "Fiscal de Primera Instancia" (artículo 30º inciso e- Ley 1993-0).

En la ocasión, habló en primer lugar la diputada Celina Ramella, titular de la comisión de Justicia y Seguridad y expresó "hemos tenido la honra de entrevistar a los ternados que remitió el Consejo de la Magistratura, a quien agradezco por su labor en nuestra representante, la diputada Marcela Monti. Felicito a todos los ternados, porque todos los profesionales que han venido a las entrevistas realmente han demostrado un excelente nivel".

"Por otra parte, todos coincidieron en el beneficio que significa para el justiciable todos los cambios que ha ido proponiendo esta Corte de Justicia, justamente humanizando la justicia al estar en permanente contacto con la sociedad. En todo momento destacaron la importancia de la inmediatez, de la cercanía y de la eficacia de los magistrados a la hora de resolver o investigar alguna causa", dijo.

"Sabemos que detrás de cada causa no hay meramente un expediente, sino que son personas las involucradas y justamente se trata de componer una situación de dictar una sentencia integral para que el servicio de justicia sea humano, cercano y justo", agregó.

A continuación, el Diputado Sergio Miodowsky fue el encargado de presentar ante el parlamento al profesional Domingo Daniel Castro, quien resultó electo para ocupar el cargo vacante de "Juez de Primera Instancia" en la Segunda Circunscripción Judicial.

Luego, la Diputada Celina Ramella realizó la presentación de la abogada Marisa Norma Valdez, quien fue elegida, también por la totalidad de votos del cuerpo legislativo, para cubrir el cargo de "Juez de Primera Instancia" del fuero familia.

Asimismo, la elección para el cargo de "Juez de Paz Letrado" del Juzgado de Paz Letrado de Pocito estuvo dividida. Por un lado, la diputada Marcela Monti realizó la presentación de la profesional Laura Assandri como la candidata más apta para ocupar este puesto.Esta moción obtuvo veinticinco votos positivos.

Por el otro lado, el Diputado Carlos Platero presentó a la abogada Marisel Cecilia Richarte Romera como la profesional adecuada para este cargo. Esta moción obtuvo diez votos positivos. De esta forma, la abogada Laura Assandri resultó electa para ser jueza de Paz Letrado de Pocito.

Después, los legisladores presentaron a los nominados para los seis cargos de Fiscal de Primera Instancia.

En la primera terna, el Diputado Juan Carlos Abarca propuso al profesional Nicolas Gregorio Schiattino, mientras que el diputado Enzo Cornejo presentó moción en favor del abogado Fernando José Bonomo. No obstante, resultó electo con veinticuatro votos positivos Nicolás Gregorio Schiattino.

En la segunda terna, el Legislador José Luis Esteve propuso elegir al profesional Francisco Javier Pizarro para ocupar el cargo de Fiscal de Primera Instancia. Su moción fue aprobada con treinta y cuatro votos positivos.

En la tercera terna hubo dos nominaciones. Una realizada por la Diputada Fernanda Paredes, quien propuso a la abogada Claudia Ruiz Carignano y la otra manifestada por la legisladora Marcela Quiroga, quien presentó a Nicolás Eduardo Ayestaran como el candidato más adecuado. La elección estuvo a favor de Claudia Ruiz Carignano con veintitrés votos positivos.

En la cuarta terna, resultó electo por unanimidad, el abogado Ricardo Mariano Juárez Prieto. La presentación del profesional fue realizada por la Diputada Florencia Peñaloza.

En la quinta terna también hubo dos mociones de presentación. Por un lado, la Diputada Nancy Picón nominó a la abogada Daniela Alejandra Pringles Pinazo para ocupar el cargo; por el otro lado, el Diputado Edgardo Sancassani propuso a la Diputada Florencia Buteler Robledal. Con treinta y uno votos positivos resultó electa Daniela Alejandra Pringles.

En la última terna para cubrir el sexto cargo vacante de Fiscal de Primera Instancia, hubo tres nominaciones diferentes.

En primer lugar, el Diputado Jorge Barifusa propuso al profesional Mario Alejandro Panetta Soppelsa; en segundo lugar, el Legislador Carlos Jaime Quiroga realizó una moción en favor de la abogada María Paula Arredondo Morando y la tercera propuesta fue realizada por el diputado Edgardo Sancassani quien postuló a Emma Carolina Baigorria. Resultó electo con veintidós votos positivos el abogado Mario Panetta Soppelsa.

Convenio con la Sociedad de Estado Casa de la Moneda

Asimismo, el cuerpo legislativo aprobó un convenio marco celebrado el 10 de marzo de 2022 entre el Gobierno de la provincia de San Juan y la Sociedad de Estado Casa de la Moneda. En esta oportunidad, habló el Diputado Federico Hensel como miembro informante.

El referido acuerdo tiene por objeto establecer un marco jurídico para la articulación, implementación y ejecución de acciones, programas, soluciones, desarrollos y proyectos a llevar a cabo en forma conjunta por las partes, como así también brindarse asistencia técnica, en función de las capacidades y competencias propias de cada una de ellas.

Asimismo, establecen que la concreción de los proyectos o actividades que se desarrollen se formalizarán mediante Actas Complementarias, en las cuales se deberán puntualizar los objetivos, tareas a ejecutar, cronogramas de avance, tiempo de ejecución, derechos, obligaciones y eventuales erogaciones que cada una de las partes deberán llevará cabo para alcanzar los objetivos.

Beneficios para el sector agrícola

Más tarde, la Legislatura ratificó un convenio entre el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y la provincia de San Juan, en el marco del Régimen para la Promoción de la Ganadería Bovina en Zonas Áridas y Semiáridas", y sus Anexos I, II, III, IV y V, suscripto el 1 de diciembre de 2021. Este punto del orden del día fue fundamentado por el diputado Jorge Barifusa.

En la ocasión, el legislador recordó que, a través de la Ley N° 27.066 se creó el Régimen para la Promoción de la Ganadería Bovina en Zonas Áridas y Semiáridas, el que tiene como objeto incrementar en las zonas áridas y semiáridas de todo el territorio nacional la oferta de productos y subproductos de la ganadería bovina de carne para abastecer adecuadamente al mercado interno y externo, tanto en la calidad como en cantidad, mejorando la eficiencia productiva, los sistemas comerciales, de información y la competitividad del negocio, preservando los equilibrios ambientales de dichas regiones.

Por otra parte, señaló que mediante éste acuerdo, el Ministerio de Agrictiltura, Ganadería y Pesca aportará a la provincia $ 400.000, en forma de Aporte No Reintegrable. Los recursos aportados serán destinados a financiar el proyecto específico "Desarrollo de la actividad de Pastoreo para los Agricultores Familiares de las Localidades de Huaco y Mogna, departamento Jáchal, provincia de San Juan" y tendrá una duración de doce meses.

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