Esas y otras denuncias se presentaron ante el Consejo de la Magistratura, tras la investigación periodística que reveló que al menos tres jueces y un fiscal visitaban regularmente la Quinta de Olivos durante la presidencia de Macri, mientras llevaban adelante causas contra sus adversarios políticos.

Recusaciones, pedidos de nulidad y varias denuncias ante el Consejo de la Magistratura fueron las primeras consecuencias de Olivos Gate, la investigación que reveló que al menos tres jueces y un fiscal visitaron la Quinta de Olivos mientras allí moraba el expresidente Mauricio Macri.

La noticia generó un gran temblor hacia el interior de los tribunales federales de Comodoro Py, donde se desempeñan los apuntados, y terminó de moldear la parálisis administrativa de la Cámara Federal de Casación Penal en la que revisten dos de los jueces señalados: Gustavo Hornos y Mariano Borinsky.

Lo que el Olivos Gate dejó claro es que, además de ser eje de un extenso debate público, los jueces involucrados en la trama deberán responder una incalculable cantidad de recusaciones y pedidos de nulidad.

El número dependerá de cuántos imputados o querellantes sientan que esas visitas a la Quinta presidencial, por el motivo que fueran, pudieron haber influido en el desarrollo de los expedientes.

Los primeros en llevar el tema a un expediente judicial fueron los miembros del Colegio Público de Abogados de la Ciudad y dos abogados condenados por causas de corrupción, Rafael Resnick Brenner y Jorge Chueco, que son querellantes en la causa en la que se investigan maniobras de espionaje ilegal ocurridas durante el Gobierno de Macri.

Todos los planteos tenían el mismo fin, exigir el apartamiento de Borinsky de ese expediente y la nulidad de las resoluciones que hubiera firmado entre las que están las dos a través de las cuales la Cámara Federal de Casación penal dispuso que el espionaje supuestamente ordenado por la Agencia Federal de Inteligencia durante el Gobierno de Cambiemos debe dejar de tramitar en Lomas de Zamora y pasar a Comodoro Py.

El viernes último se produjo la primera respuesta por parte de la sala IV del máximo tribunal penal, la que integra Borinsky, a los planteos que le formularon cuando una mayoría rechazó "in límine" la recusación y el pedido de nulidad.

La mayoría que rechazó el planteo estuvo conformada por el propio juez cuestionado y por su colega Javier Carbajo, mientras que la Jueza Ángela Ledesma votó en sentido contrario y afirmó que correspondía que se le diera al tema el planteo establecido por el código de procedimientos que implica que el recusado produzca un informe y sus colegas decidan si le corresponde quedar en el expediente.

"Borinsky actuó como juez de sí mismo", analizaban desde los tribunales federales de Retiro dos magistrados que se manifestaron sorprendidos con la resolución que Casación les dio a las recusaciones.

El abogado Carlos Beraldi, representante de la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, también anunció que formulará un planteo de nulidad y sostuvo que lo hará en la causa en la que se investiga el memorándum de entendimiento suscripto entre Argentina e Irán en el marco de la Causa Amia.

El rol de Hornos y Borinsky en la causa del memorándum no fue menor, sus votos fueron los que permitieron reabrir a fines del 2016 el expediente que había sido desestimado por el juez Daniel Rafecas un tiempo antes, a quien desplazaron de la investigación.

Es de esperar que Beraldi plantee que esa decisión, que impactó en el tablero político, debe ser anulada porque fue tomada por jueces que tenían relación con Macri, el adversario político de los funcionarios acusados.

Además, Beraldi adelantó que reclamará que la tramitación del incidente de nulidad sea en forma oral y pública.

En las vísperas de esa presentación, el abogado Beraldi ya se hizo eco del Olivos Gate y presentó esta semana un pedido de indagatoria contra el secretario privado de Macri, Darío Nieto, que está imputado en la causa por el espionaje ilegal, aunque fue beneficiado con una falta de mérito.

Nieto fue el exfuncionario que en 2019 firmó las planillas de ingresos ala Residencia de Olivos que el Gobierno de Macri le entregó a la ONG Poder Ciudadano que reclamaba poder acceder a esa información que es pública. Esas planillas habían sido editadas y se habían quitado las visitas de jueces, fiscales y periodistas, entre otros.

Las visitas a la Quinta de Olivos y, en el caso de Hornos, también a la Casa Rosada le valieron a los dos camaristas de casación sendas denuncias ante el Consejo de la Magistratura, órgano encargado de la promoción y la destitución de los jueces.

La denuncia contra Hornos ya comenzó a avanzar con pedidos de prueba, mientras que el propio juez presentó abogados ante el Consejo para que ejerzan su defensa.