Asimismo, la líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió confirmó que quiere ser candidata en provincia de Buenos Aires para las elecciones presidenciales del 2023.
"Estoy dispuesta a dar la batalla para mí o para otro", señaló. Dijo además que no necesita "dinero para hacer, ni poder para hacer, porque tenemos dignidad y sabemos que hay cosas que no tienen precio".
"Ellos creen que todos son como ellos, especuladores y ladrones. Por eso hay que darles una pelea, yo estoy curtida para la pelea, a mí no me importa que me insulten, pero no es fácil para personas que tienen prestigio estar en la lucha dura donde te dicen cualquier cosa", expresó la exdiputada de Juntos por el Cambio en relación al kirchnerismo.
"Voy a hacerlo, la provincia de Buenos Aires es sumamente importante. Tenemos que formar el mejor equipo", sostuvo al hablar de su futura candidatura.
Remarcó además que "hay que equilibrar el poder, salvo que haya un candidato que sea mejor, que pueda con un kirchnerismo que será muy duro".
"Estoy dispuesta a dar la batalla para mí o para otro, aunque quede en el camino", confesó Carrió, quien también dijo que confía "en la sociedad argentina y en Dios".
"Putos, muerte a los K", escribieron en la fachada del local del Frente Grande.
Exhibiendo imágenes del brutal ataque, uno de sus integrantes, el titular del Inadi Rodolfo Domínguez, publicó las fotos que dan crédito al acto irracional y escribió en su muro que "la derecha fachistaneoliberal ha atentando contra nuestro local del Frente Grande en plena ciudad de San Juan".
Domínguez remarcó que "han atentando contra nosotros porque somos el único partido en San Juan que muestra con orgullo la imagen de Cristina Fernández de Kirchner".
Es oportuno recordar que cuando el brazo poderoso del kirchnerismo en San Juan, José Luis Gioja, siendo gobernador persiguió a periodistas, tal el caso del director de El País Diario, Ernesto Simón, Ernesto Lloveras y Juan Carlos Malis, entre otros, el Frente Grande mantuvo un silencio cómplice y nunca emitió una sola palabra sobre la aplastante censura que instauró el partido de Néstor y Cristina Kirchner en San Juan.
Sin embargo, y pese a ese acto de hipocresía, El País Diario repudia el acto vandálico con pintadas agraviantes hacia el kirchnerismo en el local del Frente Grande que, a nuestro juicio, es cómplice cívico de los atropellos a la libertad de prensa que se vivieron durante el régimen feudal de José Luis Gioja.
Rodolfo Domínguez manifestó en su muro de Facebook que se ha pedido a "las autoridades del Gobierno de la provincia, y sobre todo a las de la Capital, que este atentado se esclarezca".
Aseguró que "si las bandas terroristas pueden moverse con facilidad por San Juan, la democracia está amenazada".
En su breve y acertado alegato, el dirigente local exclamó: "No a la vuelta de los grupos de derecha paramilitares en San Juan", y pidió "la inmediata investigación y detención de quienes atentan contra la democracia en la ciudad y la provincia".
El País Diario repudia cualquier ataque a la ideología y a la libertad de pensar y expresar, venga del sector que venga y sea quien sea la víctima de tan inaceptable discriminación violenta.
Un arco importante del kirchnerismo, que saqueó al país durante una década, publicó una nueva solicitada para pedir la libertad de Amado Honesty Boudou.
La solicitada salió publicada en varios diarios nacionales y allí critican a la Justicia argentina y a los medios de comunicación.
El texto fue firmado por expresidentes de Latinoamérica, legisladores nacionales, intendentes, funcionarios del gobierno nacional, periodistas y actores que integran el arco del kirchnerismo ladrón.
En la publicación reclaman la libertad del exvicepresidente de Cristina Kirchner, Jefa de la Banda de Cacos que gobernó el país por una década.
El pedido llega diez días después de que el Juez de Ejecución Penal Daniel Obligado ordene su regreso a la cárcel para cumplir la condena por el caso Ciccone.
La decisión del Juez Obligado hizo lugar al pedido de los fiscales Marcelo Colombo y Guillermina García Padín, quienes pidieron el regreso a la cárcel de Honesty Boudou, cuya condena a 5 años y medio de cárcel fue confirmada semanas atrás por la Corte Suprema de Justicia.
El magistrado revocó el arresto domiciliario al considerar que habían cambiado las circunstancias por las que lo había enviado a su casa, que en su momento era que debía estar con sus hijos mellizos de dos años y que su esposa, ciudadana mexicana, debía trabajar para sostener la familia.
"La persecución política contra militantes y dirigentes de la experiencia kirchnerista persiste en la Argentina a pesar del triunfo popular en las últimas elecciones", señala el texto que fue firmado por los expresidentes Luiz Inácio Lula Da Silva (Brasil), Evo Morales (Bolivia), Rafael Correa (Ecuador), Dilma Rousseff (Brasil), Fernando Lugo (Paraguay), Ernesto Samper (Colombia) y Manuel Zelaya (Honduras).
También fue firmada por El Vale Todo Gioja, Hebe de Bonafini, Julio De Vido y Eugenio Zaffaroni, entre otros kirchneristas.
En la solicitada los firmantes cuestionaron a la Justicia argentina y a los medios de comunicación. "Estamos en presencia de una guerra que se despliega a través de medidas judiciales, fabricación de noticias que manipulan la opinión pública y el intento de crear un clima de odio e intolerancia en la población", indicaron.
Además, aseguraron que "es una guerra que, según se va esclareciendo, floreció durante el gobierno de Mauricio Macri bajo la supervisión de varios de sus funcionarios principales, incluido el propio presidente", al tiempo que afirmaron que los "medios de comunicación monopólicos y segmentos corrompidos del poder judicial han generado una estrategia común que envenena la atmósfera política".
Según indicaron en el texto publicado, "la situación de Amado Boudou testimonia con exactitud esa estrategia de guerra, objeto de un sistemático ataque de los medios de comunicación concentrados hasta convertirlo en un equivalente absoluto de la corrupción estatal".
Asimismo, consideraron que "un puñado de medios de comunicación son los que organizan una persecución política y moral contra quien fuera vicepresidente durante el último mandato de Cristina Fernández de Kirchner".
"Está muy claro que se trata de una venganza por las decisiones en las que participó, y particularmente por la recuperación para los trabajadores de los fondos de pensión que habían sido enajenados a favor de grandes consorcios financieros", agregaron.
Entre los funcionarios y legisladores que firmaron la solicitada se encuentran el Ministro de Hábitat, Jorge Ferraresi; el Secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla; la titular del PAMI, Loana Volnovich; la Intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza; los legisladores Hugo Yasky, Eduardo Valdés, Norma Durango y Leopoldo Moreau; el Ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan; y el Ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Cuervo Larroque.
"Esta situación implica un profundo deterioro de la política, de las creencias sociales y del lenguaje general de una sociedad. Es una verdadera emergencia político judicial que pone en riesgo la convivencia entre los argentinos y argentinas", sostuvieron.
El escrito kirchnerista reclama "la libertad de Amado Boudou y de todos los presos y presas políticas" para que "en Argentina rija en plenitud la justicia y se respeten los derechos humanos".
También señala que "lo que ahora está ocurriendo con Amado Boudou, es la forma final lograda por una agresiva y virulenta coalición formada por todo tipo de especialistas en la descalificación y destrucción de las experiencias democráticas y populares de Gobierno".
"Es lo que en la región conocemos como la guerra judicial, que hoy es el arma principal de desestabilización de la democracia. La persona de Boudou fue elegida para descargar un castigo ejemplar contra quienes se atreven a enfrentar los injustos privilegios de los que disfruta una facción local históricamente privilegiada, en sociedad con grandes corporaciones locales y extranjeras", expresaron.
"El Juez Obligado es el último eslabón de una cadena que empieza con la Corte", afirmó la abogada de Amado Boudou, la sanjuanina Graciana Peñafort, quien cuestionó la falta de argumentos del máximo tribunal y dijo que apelará la decisión.
La defensa del exvicepresidente corrupto, Amado Boudou, confirmó que apelará la resolución firmada por el Juez Daniel Obligado, quien revocó su prisión domiciliaria, tras el fallo de la Corte Suprema que dejó firme su condena a 5 años y 10 meses de cárcel por el Caso Ciccone.
"Revocaron la prisión domiciliaria de Boudou sin argumentos", dijo la abogada Graciana Peñafort, en declaraciones a la radio kirchnerista El Destape.
La ilustre sanjuanina consideró que "lo de Boudou es claramente el lawfare que sigue operando".
Peñafort, que también se desempeña como Directora de Asuntos Jurídicos en el Senado de la Nación, donde vela por la firma de Cristina Kirchner, resaltó que "el Juez Obligado es el último eslabón de una cadena que empieza con la Corte. La Corte rechazó abrir el caso Boudou sin hablar del espionaje que sufrimos los abogados, sin hablar del pago del hotel a Vandenbroele".
Honesty Boudou está en arresto domiciliario desde abril de 2020, cuando el Juez Obligado dispuso la medida y lo mandó a controlar con una tobillera electrónica.
A comienzos de diciembre, la Corte Suprema de Justicia dejó firme su condena. Ahora, la defensa tiene un plazo de 10 días para presentar su apelación.
Los fiscales Marcelo Colombo y Guillermina García Padín pidieron que Honesty Boudou regrese a la cárcel para cumplir con su condena.
El Tío Beto, un constitucionalista que está cada vez más lejos del pueblo y más cerca del kirchnerismo de Cristina, se desvanece en la pálida sombra de un fracaso prematuro y un destino de olvido.
Apenas pasó un año desde que asumió como presidente y ya sucedieron hechos que marcan la agenda de un político sin poder. Recordarlo es innecesario, y hasta parece un ejercicio que anticipa el fracaso de un Gobierno que se desinfló antes de empezar a cruzar el río.
Suscribite por $150 y colaborá con el periodismo libre.
Nadie olvida cuando se acercaba el Día de la Lealtad peronista, en octubre de 2020, los muchachos de la Confederación General del Trabajo y el Partido Justicialista tuvieron que apuntalarlo con un acto y movilización virtual que pretendió ser masiva y terminó en un fracaso grotesco. El propósito era mostrar un respaldo explícito al Gobierno de Alberto Fernández y terminó en un sitio caído y en un streaming que no fue.
El sólo hecho de necesitar mostrar el respaldo de dos sectores populares que ya no representan a la sociedad, muestra el laberinto en que se encuentra este exprofesor de derecho de la UBA, a quien sus diputados le propinaron una bofetada fenomenal cuando el Frente de Todos presentó un proyecto para destituir a Carlos Rosenckrantz, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la nación. ¿No es un oxímoron en sí?
Pero la pendiente hacia el fracaso que experimenta el Tío Beto comenzó mucho antes, acaso en diciembre de 2019, más precisamente el 10 de diciembre, el día que asumió pensando que había sido elegido presidente de la nación Argentina.
En pocos meses, Fernández ha mostrado un mérito casi insuperable: no supo construir poder propio y diluyó la imagen positiva que pasó del 67% que tenía en mano, a tener un 35% en septiembre de 2020.
Sujeto a derecho
Dejó de lado su prestigio como docente en la Facultad de Derecho de la UBA para darle paso a una mal llamada "reforma judicial", ya que en realidad el peronismo sólo busca reformar la Justicia Federal para garantizar la impunidad de la multimillonaria Cristina Kirchner y su clan.
Atentó contra la división de poderes del Estado, algo que es casi inadmisible en democracia, y que echa por tierra el sueño republicano de miles de argentinos y argentinas. ¿Será eso lo que enseñaba Alberto Fernández en la UBA?
Es la economía, Tío Beto
La emisión monetaria que ha producido este Gobierno es la más voluminosa de los últimos 30 años. En este tema el presidente es insuperable.
Emitió más de 2 billones de pesos para financiar al sector público y privado. Se trata de un récord nominal histórico.
En un país que registra más de 50 puntos de inflación anual y que lleva más de una década con inflación alta, este récord de emisión es delicado, para no usar el término peligroso que por estos días podría sonar como tremendista.
Sin embargo la pobreza ha vuelto a subir. Es verdad que cuando él asumió ya veníamos de un desastre tras otro. La ladrona Cristina Kirchner subió la pobreza y el estafador Mauricio Macri la profundizó aún más.
Con toda esa plata emitida en la calle, el Tío Beto no ha logrado contener la pobreza estructural que padece Argentina.
Cifras del 30 de septiembre de 2020: según datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el índice de pobreza se ubicó en 40,9% al cierre del primer semestre. Asimismo, la indigencia llegó al 10,5%.
Además, la inflación está haciendo el ajuste, ya que el peso, por la terrible emisión monetaria, ha perdido valor adquisitivo y eso provoca una obturación automática y camuflada.
Para el peronismo, que siempre acusa de hacer ajustes a los gobiernos de otras fuerzas partidarias, es casi una autocondena la situación económica argentina que hoy tiende a empobrecer a toda la sociedad.
Coronavirus, cuarentena y economía
El presidente repitió una y mil veces que prefería perder en la economía pero ganarle al coronavirus. Es decir, instaló la falsa dicotomía: economía versus salud. También esa jugada le salió mal.
Argentina está entre los 10 países con más muertos por Covid-19 por millón de habitantes. De hecho, tuvimos la cuarentena más larga del mundo y ni siquiera ese sacrificio pudo frenar el tsunami de contagios y la marea de muertos.
Sin ir más lejos, en cuanto cifras de contagiados, Argentina pasó a ubicarse entre los 6 u 8 países con más infectados por millón de habitantes en la estadística que elabora la universidad estadounidense Johns Hopkins, tras superar a Perú y a España.
Si en la comparación mundial se incluye a países con menor población, Argentina también se encuentra en el podio: se ubicó tercera, con 4.74 muertos por cada millón de habitantes. Detrás de Guam, que registra 9.31 por cada millón, y Aruba que midió 5.35. En cuarto lugar se ubica Colombia con 4.25, quinto Bolivia con 4.11 y sexto Perú con 3.78. Le siguen México, Brasil, Bahamas y décimo Costa Rica.
Ya no sos mi margarita
La carta que Cristina publicó en sus redes sociales, cuando se cumplían 10 años de la muerte del multimillonario expresidente Néstor Kirchner, provocó un desequilibrio en el equipo del Tío Beto. El presidente tuvo que salir a explicar que la carta era a favor de su Gobierno y no en contra. (Ver nota aparte).
"Hay funcionarios que no funcionan", le dijo Cristina con todas las letras. Una elegante manera de decirle que los votos para llegar a la presidencia son prestados y que si no hace algo para imponerse como mandatario será ella quien tenga que tomar las riendas de una carretela cada vez más desorbitada.
Tiempo después, en un acto en el Estado Único de La Plata, donde el presidente y la vice estuvieron en el escenario junto a Axel Kicillof y Sergio Massa, Cristina volvió a reprender a la máxima autoridad de la nación. Le dijo que "los ministros que tengan miedo o no se animen, que vayan a buscar otro laburo", todo junto, sin titubear, y en la cara de Fernández.
Un equipo que no sale a la cancha
Si los números no dejan mentir, y suponiendo que esta nota de opinión fuese apenas eso: una opinión, la alarma ya debería haber saltado en los jardines de la Residencia de Olivos, esa extensa superficie de pasto verde donde Alberto Fernández juega solo, sin haber podido conseguir dos defensores que se lleven la marca. Santiago Cafiero, el Jefe de Gabinete, es apenas un snob tuitero con ínfulas de casta política. Es la cuarta generación del Clan Cafiero que viven del Estado en cargos importantes. Eduardo Wado de Pedro, Ministro del Interior, es otro que ha demostrado ser bueno en nada. Un muchacho indefenso que siempre está a la espera de la aprobación de Cristina. Con esa defensa, el presidente no necesita que lo ataquen, se desvanece sólo.
Es tan meritorio el apuro de Fernández por mostrar su debilidad que hasta parece haber superado al Chupete De la Rúa, un inepto histórico que en dos años se comió su capital político.
Cristina le ha torcido el brazo al presidente y le ha demostrado que los votos prestados no se pueden usar para proyectos ajenos. Resta esperar un tiempo para saber si el parásito Máximo Kirchner, también conocido como el heredero, buscará la presidencia en 2023.
Los muchachos peronistas
Recientemente el peronismo nacional avanzó en la idea de cederle la presidencia del Partido Justicialista a Alberto Fernández. Otra muestra de debilidad insoslayable. El anuncio se concretó el 17 de octubre, Día de la Lealtad peronista, un partido que no perdona la derrota y donde la lealtad dura un sólo día, el resto del año es tan volátil como el precio de la nafta.
Vayamos a la base del suceso. Actualmente, un diputado nacional de provincia, Gioja, es el presidente del PJ. Cabe recordar que, en marzo de este año, este diario anticipó que el sanjuanino perdería la presidencia. (Ver nota aparte).
En aquella nota explicábamos que un viejo militante que pasa sus días de jubilado de privilegio en el local del Partido Justicialista ubicado en Matheu 128, dijo que "la presidencia del partido sirve para pagar el alquiler donde funciona el PJ, la boleta de la luz y la cuenta de DirecTV".
¿Puede un presidente de la república ocuparse de estos menesteres domésticos en un país con 40% de pobres, un dólar desenfrenado y un aparato productivo detenido desde hace 12 años?
A priori, diría que no, pero es apenas una opinión insustancial de alguien que se mueve en el rudimentario oficio del periodismo escrito.
Gioja junto a su compañero del peronismo, De Vido.
El tribunal ratificó la pena a 5 años y 8 meses de prisión al exministro kirchnerista, Julio De Vido, quien se desempeñó en como ministro de Planificación Federal durante el Gobierno de Cristina Kirchner.
Está condenado por administración fraudulenta pero como en Argentina "todo pasa", el delincuente exministro de la ladrona sigue libre, en su hogar, disfrutando de las bondades de la plata acumulada.
La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la sentencia al exministro kirchnerista Julio De Vido por la Tragedia de Once.
Sin embargo, el delincuente exfuncionario de Cristina seguirá libre. La sala III del máximo tribunal penal ratificó la condena a 5 años y 8 meses de prisión por el delito de administración fraudulenta agravada en perjuicio del Estado, por unanimidad.
En cambio no incorporó a la medida la condena por estrago culposo, que vinculaba al exfuncionario con el accidente del tren Sarmiento en el que murieron 52 personas, en 2012.
Los camaristas sostuvieron que por el accidente del tren Sarmiento en la estación de Once quedó evidenciado el incumplimiento de sus deberes como funcionario de parte de De Vido.
Manifestaron que el entonces ministro "decidió sostener aquel mecanismo dispuesto sustancialmente para beneficiar económicamente a las empresas vinculadas al grupo de empresarios concesionarios del ferrocarril Sarmiento".
Cuestionaron además que "el servicio de la Línea Sarmiento se fue degradando paulatina e inexorablemente, hasta llegar a un calamitoso estado".
Los fiscales Marcelo Colombo y su colega de ejecución penal Guillermina García Padín pidieron revocar la prisión domiciliaria del exvicepresidente ladrón, Amado Boudou, y solicitaron que lo citen para que en cinco días se presente y sea detenido para cumplir su condena en la cárcel.
Boudou fue sentenciado a 5 años y 10 meses de prisión, condenado por haber querido quedarse con el 75% de las acciones de la empresa Ciccone Calcográfica, que imprime billetes para el Banco Central de la República Argentina. La Corte Suprema de Justicia dejó firme esta condena el jueves pasado.
Ahora, será el Juez Daniel Obligado el que, el miércoles, cuando se reanude la actividad judicial, deba tomar una determinación sobre el futuro del exvicepresidente.
Puede hacer lugar al pedido de los fiscales o mantener la actual situación. Obligado integra de manera provisoria el tribunal que condenó a Boudou, es el responsable de la ejecución de su pena y fue quien le concedió la prisión domiciliaria.
Desde abril, Honesty Boudou está detenido en su casa. Para los fiscales corresponde hacer ahora la cuenta del cómputo de la pena, determinar cuánto tiempo estuvo detenido con prisión preventiva y cuánto le resta cumplir, y que regrese a prisión.
La decisión de la Corte Suprema de Justicia de ratificarle la condena al exvicepresidente fue cuestionada por un amplio arco de juristas, dirigentes políticos, sindicales y organizaciones sociales.
Quienes firmaron la carta expresaron que el "lawfare que sufrió y sufre" el exfuncionario "atenta contra un Estado de derecho", en una muestra de suicidio colectivo son precedentes en la historia contemporánea criolla.
La solicitada de apoyo al exvicepresidente ladrón, titulada "Con Lawfare no hay democracia", lleva la firma de dirigentes como el exministro de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni, representantes de organismos de derechos humanos como Taty Almeida y Lita Boitano, sindicalistas como el atorrante Pablo Moyano, el genuflexo Hugo Yasky, Víctor Santa María y Sonia Alesso y una larga lista de senadores, diputados, dirigentes y funcionarios del Frente de Todos, quienes se consagraron ahora como cómplices cívicos del saqueo al país durante la Década Robada de Néstor y Cristina. (Ver nota aparte).
Los dirigentes manifestaron su "preocupación" ante la resolución de la Corte Suprema de Justicia que, advirtieron, "afecta a nuestro sistema democrático, vulnerando derechos y garantías constitucionales".
Con Lawfare no hay Democracia
Solicitada en @pagina12 y #DiarioCrónica de hoy, firmada x más de 10.000 argentinos y argentinas en repudio al #Lawfare y la persecución contra un proyecto político que quiere construir una Argentina más justa. Gracias a todos y todas!#ConAmadoNopic.twitter.com/gGauDOuNXI
En su tercer y último párrafo, el documento afirma que "la persecución política y el lawfare, como los que sufrió y sufre Boudou por recuperar los fondos de las AFJP devolviéndolos a los jubilados y trabajadores, atenta contra un Estado de derecho, que debe preservar la vida, las garantías y la libertad de las personas".
Adhirieron también organizaciones como La Cámpora y Los Curas de la Opción por los Pobres y la Asociación de Personal Legislativo.
Por su parte, el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el Ministro del Interior, Eduardo de Pedro; el Gobernador bonaerense, Axel Kicillof; el titular de la Central de Trabajadores de Argentina y diputado nacional, Hugo Yasky; y el Ministro de Desarrollo de Buenos Aires, Andrés Larroque; entre otros, rechazaron el fallo de la Corte Suprema con declaraciones públicas y pronunciamientos en las redes sociales.
La condena al delincuente Amado Honesty Boudou a cumplir 5 años y 10 meses de prisión fue confirmada en septiembre del año pasado por la Cámara Federal de Casación Penal. En aquel entonces, el exvicepresidente presentó un recurso para que la Corte revocara su condena, pero la última semana el máximo tribunal declaró "inadmisible" el recurso.
El Juez Daniel Obligado, que le había otorgado la domiciliaria, deberá definir si regresa a prisión. Honesty Boudou quedó a un paso de volver a la cárcel.
La Corte Suprema de la Nación dejó firme la condena a Amado Honesty Boudou en el Caso Ciccone.
Se trata del expediente en el que recibió una pena de 5 años y 10 meses. De esta forma el caso vuelve a manos del Juez Daniel Obligado, el mismo que le había otorgado la domiciliaria, y que ahora deberá resolver si regresa a la cárcel.
En mayo, este magistrado había autorizado a Boudou a dejar la prisión con el argumento de que la condena no estaba firme y que existía riesgo de contagio por la pandemia de coronavirus.
Pero ahora que la condena está firme de toda firmeza, el Tribunal Oral Federal N° 4 ordenaría que Boudou vuelva a prisión al revocar el arresto domiciliario.
Además de rechazar los recursos presentados por la defensa de Boudou, la Corte no hizo lugar a los pedidos del exsocio del Boudou, José María Núñez Carmona; el anterior dueño de la imprenta, Nicolás Ciccone; el jefe de asesores de Ricardo Echegaray en la AFIP, Rafael Resnick Brenner; y el asesor de Honesty en el ministerio de Economía, Guido Forcieri.
El número se desprende de un informe que hicieron los interventores judiciales de las empresas de los Kirchner y del hotel Los Sauces. Faltarían contabilizar otras 27 propiedades que eran del expresidente multimillonario, Néstor Kirchner.
La Vicepresidenta Cristina Kirchner y sus hijos Máximo y Florencia tienen un patrimonio declarado de más de 42 millones de dólares.
Este número se desprende de un informe que hicieron los interventores judiciales de las empresas de los Kirchner y del hotel Los Sauces, difundido este domingo en el programa La Cornisa que conduce Luis Majul por La Nación+.
Según consigna el informe, los Kirchner cambiaron de contador y solicitaron que los interventores judiciales actualicen el estado de sus bienes (activo y pasivo). Los interventores cambiaron la valuación histórica que hacía la familia, ya que valuaban los bienes de acuerdo al valor fiscal. Ahora las valuaciones presentadas ante la justicia tienen su valor real.
A partir de esa actualización, la vicepresidenta Cristina Kirchner y sus hijos Máximo Kirchner y Florencia Kirchner tienen un patrimonio declarado de más de 42 millones de dólares. Para llegar a la cifra final habría que sumar otras 27 propiedades que eran de Néstor Kirchner y cuyos titulares son ahora el diputado nacional Máximo y su hermana Florencia. La información fue relevada por la doctora experta en temas de corrupción Silvina Martínez.
Los 42 millones de dólares surgen de sumar las valuaciones de propiedades y empresas realizadas por los tres interventores judiciales que trabajan en la Causa Hotesur y Los Sauces y que se tramita en el Tribunal Federal Número 5 que integran Daniel Obligado, Adriana Palliotti y Adrián Grunberg.
Esta es la primera vez que se conoce parte del patrimonio real y en blanco de la familia Kirchner. Y no coincide con lo que vienen declarando Cristina y Máximo Kirchner en sus últimas declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción.
Desde 2003, cuando Néstor Kirchner y Cristina Fernández tuvieron la obligación de presentar su declaración jurada de bienes, siempre tomaron la valuación fiscal de sus inmuebles. Además subvaluaron, de manera significativa, el precio de sus empresas.
Más tarde, Cristina y sus hijos aplicaron la misma metodología con los bienes de la sucesión de Néstor Kirchner. En 2014 informaron que el valor de la herencia total ascendía a un poco más de 60 millones de pesos. En ese momento era el equivalente a 7.144.208 dólares.
La cifra estimada por los interventores, equivalente a más de 42 millones de dólares, y con 27 inmuebles sin contabilizar, es seis veces superior a la que declaró la familia al cumplimentar los papeles de la sucesión.
![El País Diario [elpaisdiario.com.ar]](https://www.elpaisdiario.com.ar/wp-content/uploads/2023/01/el-pais-diario-logo-retina-mobile-280x67-.-elpaisdiario.ar.png "El Diario de San Juan"){kind=logo}
![El País Diario [elpaisdiario.com.ar]](https://www.elpaisdiario.com.ar/wp-content/uploads/2023/01/el-pais-diario-logo-272x65-.-elpaisdiario.ar.png "El Diario de San Juan"){kind=logo}
