Etiqueta: Lázaro Báez

Obra pública: la defensa de Lázaro Báez pedirá su absolución en el cierre del alegato

Por
El País Diario
-

Desde las 9.30 y con transmisión en directo, los abogados Juan Martín Villanueva y Ariel Liniado buscarán refutar las acusaciones por "asociación ilícita".

La defensa del empresario Lázaro Báez iniciará este martes la tercera y última jornada del alegato en el juicio por la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015 con el foco puesto en refutar las acusaciones por "asociación ilícita" que le formuló la Fiscalía.

Báez, encarcelado desde 2016 y condenado en otro juicio a 12 años de prisión, es asistido por los abogados Juan Martín Villanueva y Ariel Liniado, quienes en las dos jornadas iniciales del alegato se dedicaron a desmentir las acusaciones de los Fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.

La exposición de los defensores se vio interrumpida por el fin de semana largo, ya que las audiencias se realizan los días lunes, martes y viernes.

El martes pasado, al cerrar la jornada, los defensores anunciaron que para la etapa prevista para este martes dedicarían la argumentación a demostrar que no existió una asociación ilícita y que, por consiguiente, Báez no formó parte de ella.

Los Jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Fabián Basso y Jorge Gorini escucharán los argumentos de la defensa desde las 9.30, con transmisión en directo por el canal de Youtube del Poder Judicial.

En las dos primeras jornadas, los defensores explicaron que las readecuaciones presupuestarias y la prórroga de los plazos de construcción de la obra pública no benefician a las empresas (como argumentaron los fiscales) sino que la perjudican.

Además, desmintieron que Báez fuera el único empresario que estaba al día con los cobros por partes del Estado, a punto tal que aseguraron que al día de hoy todavía le deben unos 271 millones de pesos.

Las defensas rechazaron la denuncia de Javier Iguacel, extitular de Vialidad Nacional durante el gobierno de Cambiemos, y se basaron para ello en el resultado del propio peritaje que encargó el ex funcionario macrista a poco de iniciar su gestión.

El alegato abundó en cuestionamientos a las "mentiras", "falsedades" y "tergiversaciones" de los fiscales, a quienes además les endilgaron "mala fe procesal" por incluir en el alegato acusatorio pruebas que no habían sido admitidas por el tribunal, entre ellas la extracción de información del teléfono del también imputado exsecretario de Obras Públicas José Francisco López.

Los abogados Villanueva y Liniado reclamarán la absolución de Báez, para quien los fiscales pidieron la pena de 12 años, al igual que para la Vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

Después de la defensa de Báez le seguirán las de Raúl Pavesi, exdirector de Vialidad Provincial de Santa Cruz; Nelson Periotti, extitular de Vialidad Nacional; José Raúl Santibáñez, exVialidad santacruceña y Juan Carlos Villafañe, exintendente de Río Gallegos, extitular del distrito 23 de Vialidad Nacional y exdirector de Vialidad provincial.

Para Pavesi, la Fiscalía pidió cinco años de prisión; para Periotti, diez; para Santibáñez, cuatro y para Villafañe, seis.

Causa Vialidad: la defensa de Lázaro Báez sostiene que "todo lo que hizo fue legal"

Por
El País Diario
-

El abogado dijo que el doble estándar va a ser "desenmascarado" en el inicio de su alegato final ante el Tribunal Oral Federal 2 en el juicio por la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015 en el que Báez tiene un pedido de prisión de 12 años.

Se desarrolla el alegato de las defensas de los funcionarios y empresarios del juicio de la causa Vialidad, en este caso del empresario Lázaro Báez. El extitular de Austral Construcciones es uno de los principales acusados por los Fiscales Diego Luciani y Sergio Mola. Para la defensa del empresario "todo lo que hizo fue legal y conveniente para la Nación".

Luciani y Mola pidieron para Báez una condena de 12 años de cárcel. La más alta junto a la de la Vicepresidenta, Cristina Kirchner. Lo acusan de ser organizador de la asociación ilícita y también por el concurso con el delito de administración fraudulenta, en calidad de partícipe.

Está previsto que la defensa de Báez encabezada por Juan Villanueva use las tres jornadas disponibles para echar por tierra las acusaciones de la fiscalía: "Vamos a hacer derecho y a ustedes les vamos a reclamar que hagan Justicia".

Villanueva comenzó su alegato ante los Jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu pasadas las 9.30 y afirmó que quedará demostrada la "inocencia" de Báez.

Luciani y Mola perdieron la "objetividad", sostuvo el letrado, que dijo que lo fiscales actuaron con un "doble estandar" a la hora de acusar y que eso "va a ser desenmascarado".

"La fiscalía ante todo eligió ignorar la prueba producida en el juicio y continuar con una acusación que durante el debate se probó falsa", agregó.

Villanueva recordó que, desde que se inició el juicio, hubo 89 audiencias con más de 90 testigos.

"Para nosotros fue llamativa la total ausencia de cobertura de este debate en los medios masivos de comunicación, salvo por algunos pocos periodistas. Fue llamativa porque, audiencia tras audiencia, los testigos propuestos por el Ministerio Público fiscal destrozaron la acusación", expuso.

"Si el objetivo de este proceso era vulnerar todas las normas básicas del debido proceso, sin ninguna duda lo lograron. Esto también es un récord infame con el que va a pasar a la historia esta causa", añadió.

El abogado sostuvo que se construyó "un relato basado en mentiras repetidas hasta el hartazgo".

El defensor del empresario acusado de haber sido beneficiado con el 80% de la obra pública nacional en Santa Cruz en el período investigado agregó que "lo que más" llamó la atención "es haber tenido que escuchar al final del juicio a los fiscales intentado ocultar todo esto" e "ignorando de manera deliberada las cientos de evidencias que se produjeron en este juicio".

Báez ya fue condenado a 12 años de prisión en otro juicio por supuesto lavado de dinero, un veredicto que en la actualidad está en revisión en la Cámara Federal de Casación, y por el que cumple con arresto domiciliario.

Báez está acusado por supuesta "asociación ilícita agravada por su calidad de organizador y partícipe primario de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública".

Una vez que finalice la defensa de Báez, el listado seguirá con los últimos cuatro imputados cuyos alegatos falta escuchar, entre ellos el del extitular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti, con pedido fiscal de 10 años de prisión.

En la causa se debate el supuesto direccionamiento de 51 obras públicas en la provincia de Santa Cruz a favor de empresas de Báez, además de presuntos incumplimientos y sobreprecios.

Causa Vialidad: comienza la primera jornada de alegato de la defensa de Lázaro Báez

Por
El País Diario
-

El abogado Juan Martín Villanueva utilizará las tres jornadas que le concedió el tribunal y pedirá la absolución del empresario santacruceño.

La defensa del empresario santacruceño Lázaro Báez, encarcelado desde 2016 y condenado en otro juicio a 12 años de prisión, iniciará este lunes el alegato en la causa por la obra pública de Santa Cruz entre 2003 y 2015.

El abogado Juan Martín Villanueva, el más joven de los letrados que encabezan las defensas de los 13 imputados, anunció al tribunal oral federal que juzga a Báez que utilizará las tres jornadas que tiene asignadas para su alegato.

Los Jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Fabián Basso y Jorge Gorini escucharán los argumentos de la defensa, que apuntarán a desmentir la acusación que llevaron adelante los Fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.

Las audiencias se extenderán este lunes, el martes y viernes de esta semana, siempre a partir de las 9.30 y con transmisión en directo por el canal de Youtube del Poder Judicial.

Villanueva anunció un alegato abundante en pruebas que, según sostiene, refutarán las acusaciones de los fiscales y demostrarán además errores de procedimiento, arbitrariedades y falacias del alegato de nueve días de Luciani y Mola.

Al final de la exposición reclamara la absolución de Báez, para quien los fiscales pidieron la pena de 12 años, al igual que para la Vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

Después de la defensa de Báez le seguirán Raúl Pavesi, exdirector de Vialidad Provincial de Santa Cruz; Nelson Periotti, ex titular de Vialidad Nacional; José Raúl Santibáñez, ex Vialidad santacruceña y Juan Carlos Villafañe, exintendente de Río Gallegos, ex titular del distrito 23 de Vialidad Nacional y exdirector de Vialidad provincial.

Para Pavesi, la fiscalía pidió cinco años de prisión; para Periotti, diez; para Santibáñez, cuatro y para Villafañe, seis.

La etapa de alegatos estará concluida hacia finales de octubre, pero luego vendrá la instancia de "réplicas" de los fiscales a las defensas y después, las "dúplicas" de los defensores a los representantes del Ministerio Público.

El paso siguiente será la oportunidad que ofrecerá el tribunal a cada uno de los imputados para pronunciar sus últimas palabras antes del veredicto.

El orden será el mismo que en los alegatos y una vez concluidas las últimas palabras del último imputado, ese mismo día el tribunal deberá dar a conocer su veredicto.

Esto podría ocurrir entre finales de noviembre y mediados de diciembre, pero los fundamentos de la sentencia, que se insinúa que serán muy extensos, sólo se conocerán en el primer trimestre del año próximo.

Obra Pública: fiscales pidieron 12 años de prisión e inhabilitación para la ladrona Cristina Kirchner

Por
El País Diario
-

La acusaron como jefa de una asociación ilícita y como autora del delito de "administración infiel en perjuicio de la administración pública".

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron este lunes la pena de 12 años de prisión para la vicepresidenta ladrona, Cristina Kirchner, como presunta autora penalmente responsable de los delitos de jefa de una asociación ilícita y administración infiel en perjuicio del Estado por la adjudicación de obra pública a la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015.

El pedido incluye la inhabilitación perpetua para volver a ejercer cargos públicos. La fiscalía también pidió el decomiso de todos los bienes que fueron objeto de la investigación y sean destinados a "instituciones de bien público".

"El estado de derecho fue arrasado por la acción ilegal de los imputados", proclamó Luciani, quien reivindicó el rol que le cupo a él y a su equipo de trabajo: "Los fiscales y los jueces son la última esperanza de terminar con estas prácticas".

En su tramo final de las nueve jornadas del alegato, consideró que "el orden público ha sido trastocado por funcionarios públicos de alta jerarquía" y que la trama de corrupción por la que acusó es la "mayor de la historia".

Como medida adicional a las penas y la inhabilitación, el Fiscal Luciani reclamó el decomiso de todos los bienes de las empresas del Grupo Austral y de todas las estancias de Lázaro Báez y sus allegados.

También reclamó que se extraigan testimonios e impulsen nuevas investigaciones sobre las empresas que contribuyeron a favorecer las maniobras de adjudicación irregular a las firmas de Báez que consolidaron el delito reprochado.

Pidió que se investiguen eventuales delitos que pudieran surgir de la información obtenida de los teléfonos de José Francisco López, donde aparecen menciones al Diputado del Frente de Todos, Máximo Kirchner.

Finalmente, el fiscal le contestó al Presidente Alberto Fernández, a quien le atribuyó una "injerencia indebida" sobre el Poder Judicial. En ese sentido, le refutó la afirmación de que las decisiones políticas de gobierno no son judiciales y le respondió: "todos los actos del Poder Ejecutivo son revisables por el Poder Judicial".

Asimismo, le recordó que cuando fue jefe de Gabinete de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner "renunció al cargo de jefe de Gabinete fue lo que estaba ocurriendo con la obra pública en Santa Cruz".

En cambio, ahora varió y omitió aquella postura "para defender puerilmente a su compañera de fórmula".

Luciani cerró su alegato casi en tono político, condenando la corrupción y asegurando que si se hubiera evitado la trama delictiva que le reprocha al exmatrimonio presidencial "los sectores más vulnerables" tendrían una calidad de vida mejor.

La Jefa de la Banda de Cacos, Cristina, pidió ampliar su declaración indagatoria en la Causa Obra Pública

Por
El País Diario
-

Antes de conocer el pedido de pena de la fiscalía, la vicepresidenta ladrona informó a través de sus redes sociales que solicitó ampliar su declaración este martes.

La Vicepresidenta Cristina Kirchner pidió ampliar su declaración indagatoria en la causa Obra Pública para este martes ante el tribunal oral que la juzga por los delitos de administración fraudulenta y asociación ilícita.

"Ante la falta de pruebas en el juicio oral y las declaraciones de los testigos que demolieron la denuncia de Iguacel, los fiscales, en abierta violación del principio de defensa en juicio, montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas", advirtió la expresidenta.

En ese contexto, anunció que instruyó a su abogado, Carlos Alberto Beraldi, para que pida una ampliación de indagatoria para mañana.

El Fiscal Luciani pedirá al menos 10 años de prisión para Cristina Kirchner

Por
El País Diario
-

Este lunes, el excelso Fiscal Diego Luciani demandará la inhabilitación para ejercer cargos públicos a la ladrona Cristina Kirchner, además de pedir 10 años de prisión y decomiso de sus bienes.

Acusan a la expresidenta de ser jefa de una asociación ilícita y cometer fraude contra la administración pública en sus intentos de beneficiar a Lázaro Báez.

Al concluir su alegato en el juicio por corrupción más importante de los últimos años, el Fiscal federal Diego Luciani pedirá el lunes que la vicepresidenta Cristina Kirchner sea condenada a una pena de prisión de cumplimiento efectivo de entre 10 y 12 años de prisión, según especularon jueces y fiscales federales, aunque otros llevaron esa cifra hasta los 14 años de cárcel, considerando que el acusador ha sido duro en sus alegatos.

El Fiscal Luciani, consultado por la prensa, dijo que no iba a adelantar el pedio de pena y que lo iba a exponer en la audiencia, por lo tanto hay mucha expectativa respecto a lo que va a suceder este lunes.

Además del pedido de condena de cumplimiento efectivo, elevada, el fiscal pedirá su inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos y el decomiso de sus bienes hasta una suma que aún no está clara.

El lunes, cuando se conozca el monto del perjuicio al Estado con el fraude por el que Cristina Kirchner es juzgada, se podrá tener una idea del monto de dinero que la fiscalía pretende incautar.

Si el tribunal decide condenar a Cristina Kirchner, aunque es importante aclarar que el veredicto se conocería a fin de año, la pena de prisión efectiva solo se cumpliría si el fallo queda firme, es decir una vez que lo revise la Corte Suprema de Justicia, lo que podría llevar años.

Lo mismo cabe con la inhabilitación para ocupar cargos públicos, en caso de que se le imponga ese castigo, la vicepresidenta ladrona no tendría inconvenientes para postularse en 2023.

Un informe judicial expone 10 ventas de inmuebles de los Kirchner a Lázaro Báez con Máximo como intermediario

Por
El País Diario
-

Las operaciones se realizaron entre 2008 y 2009 por unos $6.000.000; el documento sistematiza datos que ya tenían los jueces, pero cobra especial relevancia en medio del juicio del caso Vialidad.

Un nuevo informe presentado este viernes ante la Justicia expone 10 ventas de inmuebles de Néstor y Cristina Kirchner a Lázaro Báez en las que el hijo de los expresidentes, Máximo Kirchner, intervino en representación de sus padres.

Son operaciones realizadas todas entre 2008 y 2009, dijeron fuentes oficiales con acceso al informe. La primera, del 19 de junio de 2008 y la última, del 10 de junio de 2009. En total, las operaciones reportaron un ingreso para los Kirchner de unos seis millones de pesos de entonces. Las propiedades transferidas con participación de Máximo Kirchner son todas de Santa Cruz.

La mayor parte de esta información ya se conocía, pero genera especial atención hoy, en pleno trámite de los alegatos del caso Vialidad. Varios medios llevan años relevando las relaciones comerciales cruzadas.

Además, fuentes de los tribunales informaron que son operaciones que figuran en la causa penal a la que se añadió el informe, el segundo tramo del caso conocido como "la ruta del dinero", en el que Báez fue condenado por lavado de activos. Tanto la primera parte de la causa como la que está en trámite tienen como Juez a Sebastián Casanello y como Fiscal, a Guillermo Marijuan.

Lo incorporado al expediente es un "informe preliminar", porque el relevamiento no terminó, según explicaron las fuentes. La Justicia busca hacerse de un detalle completo de todas las operaciones de compraventa de bienes entre el grupo Báez y los Kirchner. El relevamiento lo está haciendo una dirección especializada del Ministerio Público Fiscal. Lo presentado tiene 90 hojas.

Las operaciones de venta de inmuebles en las que intervino Máximo Kirchner también fueron expuestas, aunque sin detallar el rol de él, como prueba por el Fiscal Diego Luciani, esta semana, en su alegato de la causa Vialidad, donde el Ministerio Público busca demostrar que Cristina Kirchner fue la jefa de una asociación ilícita y defraudó al Estado, junto con otras 12 personas, incluidos funcionarios de su Gobierno y de la provincia de Santa Cruz, y empresarios; entre ellos, Báez.

Por el grupo Báez el comprador fue, en nueve de los casos, Austral Construcciones, la empresa principal del conglomerado empresario; y en uno, Epelco, una compañía constructora. Esa sociedad pagó 3.170.000 pesos al matrimonio presidencial por la vivienda de tres plantas ubicada en 25 de Mayo y Maipú, Río Gallegos.

Máximo Kirchner actúo en la transacción comercial en representación de su padre. Según demuestran los datos catastrales, la operación quedó inscripta el 28 de noviembre de 2008. La contraparte fue representada por Leopoldo Héctor Gallegos, presidente de Epelco.

El inmueble vendido es lindante a un terreno ubicado en la misma manzana que Báez, a través de Austral Construcciones, le compró a Kirchner el 1° de febrero de 2009. Esa operación fue por 1.128.500 pesos.

Epelco era una sociedad con sede en Libertad 141, Río Gallegos, el domicilio de la mayoría de las empresas vinculadas a Lázaro Báez.

El relevamiento patrimonial que se está haciendo en este tramo del caso conocido como "la ruta del dinero" tiene como fuente central información reunida en la causa original (en el “legajo 109″, citado también por Luciani en su alegato) y documentación secuestrada en la escribanía de Leandro Albornoz, que solía dar fe de las operaciones de los Kirchner.

Marijuan citó operaciones cruzadas entre el matrimonio presidencial y Báez en respaldo de su pedido de indagatoria de Cristina Kirchner en "la ruta del dinero", para acreditar el vínculo.

En la causa Vialidad, Luciani dedicó buena parte de su alegato a exponer las relaciones comerciales entre ellos. El martes pasado presentó un cuadro con 18 operaciones, que incluyeron compraventas de inmuebles, pero también un fideicomiso para construir un edificio de diez unidades funcionales, una permuta y una cesión de derechos.

Además, el fiscal hizo especial referencia al gerenciamiento de los hoteles de los Kirchner que hizo Báez; en particular al caso de Valle Mitre, que fue un negocio que, de acuerdo con la documentación oficial, les dejó ganancias por más de 70 millones de pesos de entonces al matrimonio presidencial, pero resultó ruinoso para Báez.

El Fiscal Luciani mostró más chats que comprometen a Cristina en la causa Vialidad

Por
El País Diario
-

El fiscal realizó otro encendido alegato donde dio a conocer mensajes donde José López aclaraba que la entonces presidenta de la Nación estaba al tanto de todas las operaciones de Lázaro Báez.

Los Fiscales Diego Luciani y Sergio Mola iniciaron este viernes una nueva audiencia en la que expusieron más pruebas acusatorias contra la Vicepresidenta, Cristina Kirchner, Lázaro Baez y otros once imputados en el marco de la investigación por presunta corrupción en la obra pública en la provincia de Santa Cruz.

Se trata de la octava audiencia que llevan adelante sendos fiscales y la anteúltima previa a la del próximo lunes, donde se espera que formulen los pedidos de pena para cada uno de los imputados. Luego, será el turno de los alegatos de las defensas de los 13 implicados.

"Hemos dejado al descubierto la intervención de Cristina Fernández, Julio De Vido y Abel Fatala, entre otros, para beneficiar a Lázaro Báez y sus empresas", fue una de las primeras declaraciones del Fiscal Luciani mientras mostraba en pantalla planillas que daban cuenta del intercambio de mensajes entre José López y Julio Mendoza, por entonces presidente de Austral Construcciones.

Luciani conectó los mensajes entre López y Mendoza del día 30 de noviembre de 2015 en el que se mencionaba una reunión entre Báez y "la Sra" y la información de los diarios de ese entonces aseverando que Cristina Kirchner se encontraba en Santa Cruz. "Después de haber visto la elocuencia de estos mensajes, sobran las palabras", aseveró el fiscal.

"Se va delineando el relato a partir de mensajes. López decía Yo no defino. Claro, definía la expresidenta", añadió Luciani.

"Austral Construcciones fue un eslabón y engranaje para sustraer fondos del Estado. Tal es así que, cuando concluyó el mandato de Cristina Kirchner, por orden de la expresidenta, desapareció", siguió.

Luciani mostró más chats de López en los que pedía información a la empresa de Lázaro Báez "para que la Señora vea y tome decisiones", y en relación a Cristina Kirchner, destacó, "es gravísimo, la planificación del cierre de las empresas venía desde la Presidencia de la Nación".

El juicio está a cargo del Tribunal Oral Federal N°2, integrado por los Jueces Andrés Basso, Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu y el proceso se encuentra en la etapa final, con los alegatos de la fiscalía.

Causa Obra Pública: Báez, De Vido y otros acusados apoyaron el pedido de Cristina de recusar al fiscal y al juez

Por
El País Diario
-

Se sumaron al planteo de remover al Fiscal Luciani y al Juez Giménez Uriburu porque ambos jugaron al fútbol en la quinta de Mauricio Macri. Se aguarda la contestación de la fiscalía sobre eso.

El exministro de Planificación Federal Julio De Vido y el empresario Lázaro Báez adhirieron este martes al pedido de la Vicepresidenta Cristina Kirchner para remover al Fiscal de juicio Diego Luciani y a uno de los jueces del Tribunal que la juzgan por fraude en la obra pública durante su Gobierno.

Se trata del pedido de Cristina Kirchner para remover al Fiscal Diego Luciani y al Presidente del Tribunal Oral Federal 2 Rodrigo Giménez Uriburu. El motivo, es porque ambos jugaron en al Quinta Los Abrojos de Mauricio Macri un partido de fútbol.

Además, se sacaron fotos junto al intendente de Cambiemos de San Miguel y alguien muy vinculado al actual Jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta.

Al reanudarse la audiencia, el secretario del Tribunal informó que las defensas de De Vido y Báez, así como Nelson Periotti de Vialidad Nacional se sumaron al pedido de la vicepresidenta.

Además, se prevé que la defensa del exsecretario de Obras Públicas José López también presente una recusación.

Tras la presentación de todos los planteos se espera que el fiscal Luciani, tal cual lo pidió, conteste a los planteos uno por uno.

Obra Pública: el Fiscal Luciani aportó pruebas en contra de Lázaro Báez

Por
El País Diario
-

En la tercera audiencia de los alegatos, Diego Luciani advirtió que empresas de Lázaro Báez "simulaban" competir entre sí para darle apariencia de legalidad a procedimientos "direccionados" a su favor.

El Fiscal federal Diego Luciani abrió este viernes la tercera jornada del alegato en la causa por la obra pública adjudicada a la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015, analizando una por una las circunstancias en que fueron adjudicados cada uno de los contratos.

Luciani inició el análisis a partir de qué empresas ofertaron para cada llamado a licitación para concluir que firmas del Grupo Austral, propiedad del imputado Lázaro Báez competían entre sí y contaban con la colaboración de otras que no le pertenecían para "simular" la legalidad de la licitación.

No obstante, no precisó si, por la conformación de los pliegos de las licitaciones, otras empresas que hubieran deseado competir quedaron marginadas de pujar por quedarse con las obras.

Si bien habló de "direccionamiento" de las licitaciones para favorecer a Báez, omitió explicar qué empresas habrían resultado perjudicadas por esos supuestos manejos ilegales.

El fiscal insistió en calificar como "ficción" a cada proceso de licitación e hizo hincapié en los tiempos cortos para las adjudicaciones de las obras y la falta de controles sobre el cumplimiento de la ejecución.

En ese sentido, destacó que ninguna de las obras asignadas al Grupo Austral cumplió con los plazos fijados originalmente.

"Uno puede entender que una obra pública tenga demoras o prórrogas por determinadas cuestiones, pero si ninguna de las obras cumple con los plazos eso demuestra la incapacidad de Austral Construcciones para desarrollar esas tareas", enfatizó.

Luciani anunció que volverá sobre la supuesta "incapacidad" de las empresas del Grupo Báez en la próxima audiencia, que será la cuarta de las nueve previstas para la acusación.

También aludió a los montos de "anticipos financieros" que fueron recibiendo las empresas de Báez en distintos tramos de la ejecución de las obras que le fueron adjudicadas.

"No podemos creer cómo pasaron inadvertidos semejantes actos de corrupción", insistió Luciani.

El juicio se realiza de manera semipresencial, con los Jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu conectados desde una sala de audiencias de Comodoro Py 2002 y el resto de las partes de manera remota.

Además de la vicepresidenta son juzgados Báez, el exministro de Planificación Federal Julio De Vido y exfuncionarios del área como Julio López y Carlos Kirchner, entre otros.

1234...6Página 3 de 6