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Gremios confirmaron la marcha pese a cambios en la Ley de Tierras

Los dirigentes se movilizarán al Congreso para rechazar la totalidad de la iniciativa.

Si bien el Gobierno dio de baja la cláusula de venta de tierras a extranjeros para salvar la sesión en el Senado, eso no cambió la movilización estipulada al Congreso por parte de gremios y organizaciones sociales, que rechazan la totalidad de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

"Se sostiene la movilización", expresaron desde el entorno de uno de los dirigentes de la CGT, una de las centrales obreras que confirmó presencia en Parlamento para este jueves a las 14.

En el Frente de Sindicatos Unidos, grupo de gremios distanciados de la conducción cegetista, el diagnóstico es similar al de la calle Azopardo: van a protestar frente el Parlamento a partir del mediodía ya que continúan en el texto aquellos artículos que consideran "nocivos".

Este grupo de "duros" del gremialismo mencionó las partes del texto que determinan desalojos exprés para inquilinos, comunidades indígenas y campesinos, la limitación de la capacidad del Estado de realizar expropiaciones y las modificaciones en la ley de fuego para habilitar la venta de tierras quemadas, entre otros puntos. Con esas normativas en pie, el Fresu considera imprescindible mantener la movilización.

En la CTA Autónoma también apuestan a sostener lo planificado para este jueves y en las organizaciones sociales la idea es la misma: construir una gran marcha que refleje el malestar social contra el Gobierno de Javier Milei. "Se mantiene la convocatoria hasta nuevo aviso", expresaron, a su vez, en la UTEP.

Este miércoles a la mañana en la calle Azopardo, las tres centrales obreras armaron una conferencia de prensa para rechazar la normativa.

Allí estuvieron el triunvirato cegetista compuesto por Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, además de Hugo Godoy y Hugo Yasky, quienes denunciaron que la iniciativa oficialista de flexibilizar los topes de venta de tierras a extranjeros es un intento de "ponerle un cartel de venta al país" para beneficiar a "unos pocos millonarios".

Senado: el oficialismo no reunió votos y se aplaza tratamiento de la Ley de Tierras

Por cuarta vez se posterga el debate sobre la eliminación de las restricciones para que empresarios puedan comprar tierras rurales.

La Libertad Avanza debió a postergar por cuarta vez en el Senado el debate del proyecto de propiedad privada, ya que no tenía los votos para aprobar la eliminación de las restricciones para la compra de tierras por parte de extranjeros.

La Jefa del bloque de la Libertad Avanza, Patricia Bullrich, pidió demorar hasta la sesión del 6 de agosto el tratamiento de este proyecto, que abrió una grieta entre libertarios y aliados que no quieren votar la reforma de la ley de tierras, que establece que los empresarios extranjeros solo podrán adquirir unas 1.000 hectáreas.

Pero el oficialismo no solo tenía dificultades para reunir los votos para aprobar un punto central de la ley sino que había diferencias con el Ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que no aceptaba la versión número 15 del dictamen de mayoría, según señalaron fuentes parlamentarias.

En el nuevo texto del proyecto sobre propiedad privada se proponía que cada provincia pueda dictar su propia ley, con lo cual si la ley nacional sacaba los topes para que los empresarios puedan comprar terrenos en la provincia podían volver a restituirlos, lo cual eso era rechazado por el Gobierno Nacional.

Fuentes parlamentarias señalaron que Bullrich esta molesta porque se enteró del rechazo de Sturzenegger a los últimos cambios al proyecto cuando ya los había comunicado en la última reunión de mesa política.

Estos cambios en el capítulo sobre tierras tampoco conformaban a los aliados porque se mantenían la oposición al proyecto de los radicales, Maximiliano Abad, Daniel Kroneberger, y Flavio Famia, así como otros provinciales como la cordobesa Alejandra Vigo, los santacruceños José Carambia, Natalia Gadano, y la chutense Edith Terenzi.

Ahora el Gobierno tendrá plazo hasta Agosto para buscar acuerdos que le permitan votar esta iniciativa, que además contempla cambios en el régimen de alquileres, expropiaciones y la ley del Manejo del Fuego.

El oficialismo llegó a esta sesión con serias dificultades para juntar el quorum de legisladores para habilitar la deliberación del plenario del cuerpo, y solo pudo conseguir el piso de 37 legisladores.

La Libertad Avanza consiguó quorum con la presencia de 21 libertarios, 10 radicales, 2 macristas, 1 de Primero los Salteños, 2 de Encuentro Misionero, y 1 de La Neuquinidad.

En cambio, los bloques que no dieron quórum los bloques aliados de Convicción Federal-que preside la peronista Carolina Moises-, Despierta Chubut, Movere Santa Cruz, y de Independencia, y Provincias Unidas.

No solo los dialoguistas y los peronistas querían debatir el tema de propiedad privada, sino tampoco quería realizar la sesión la vicepresidenta Victoria Villarruel que mantuvo una fuerte discusión con la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, en un intercambio que tuvieron por mensajes de texto.

"¿Cómo vamos a tener sesión después de haber casi ganado el mundial?", le reprochó Villarruel a Bullrich. Sobre el final del intercambio, la Vicepresidenta calificó a la senadora de chupamedias de Karina Milei: "Andá a chuparle las medias a Karina", espetó Villarruel; a lo que Bullrich retrucó: "¡Chau! ¡Chau comienzo y fin de una corta vida política".

Límite a la compra de tierras

Uno de los puntos centrales es que el proyecto elimina los límites para que los extranjeros puedan adquirir tierras y dispone que las provincias tendrán que autorizar las ventas a extranjeros.

Se prohibirá la adquisición de tierras rurales por parte de los Estados Extranjeros, y de empresas con participación estatal extranjera, cualquiera sea la forma jurídica que adopten, salvo autorización de la provincia donde se encuentre ubicado el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional.

Cada provincia conservará la jurisdicción plena sobre el territorio comprendido dentro de sus respectivos límites, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución Nacional. En los casos de zonas de frontera deberá haber una autorización de los gobiernos nacionales y provinciales.

En la versión numero 13 del dictamen se mantuvo la prohibición para que una empresa privada con capital de algún país extranjero pueda adquirir tierras, y el requisito para zonas fronterizas de tener aval de las provincias, el Gobierno y el Congreso Nacional.

Seguí en vivo el debate en el Senado por la Ley de Tierras

El oficialismo quiere debatir el proyecto que elimina las restricciones a los empresarios extranjeros para comprar tierras y el pliego del Juez Víctor Pesino.

Con el quorum justo, el oficialismo logró habilitar la sesión a fin de debatir el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada que propone eliminar las restricciones para la compra de tierras por parte de extranjeros.

La incertidumbre sobre el quorum surgió en la noche del miércoles cuando se supo que, al menos tres radicales, no iban a concurrir este jueves a la Cámara alta, algo que no se concretó, y otros aliados al Gobierno que rechazan aspectos centrales del proyecto.

Tampoco quería que se realizara la sesión la Vicepresidenta, Victoria Villarruel, que mantuvo una fuerte discusión con la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, en un intercambio que tuvieron por mensajes de texto.

El Senado definirá la polémica ley que habilitaría la venta de tierras rurales a capitales extranjeros

El proyecto busca captar inversiones globales, facilitando el desembarco de empresas internacionales en el sector agropecuario. Sin embargo, para destrabar el dictamen en la Cámara alta, el oficialismo nacional tuvo que ceder ante las presiones y realizar modificaciones sensibles en el texto original, devolviendo poder de decisión a los gobernadores.

A diferencia de la propuesta inicial, la nueva normativa establece que las provincias conservarán la jurisdicción plena sobre sus territorios. De esta manera, cada jurisdicción tendrá la facultad de autorizar o rechazar las ventas de tierras rurales a extranjeros.

Esta medida cobra especial relevancia en distritos con extensas áreas limítrofes, donde la seguridad nacional entra en juego.

Según el articulado modificado, se contempla el doble control gubernamental, ya que para la adquisición de tierras en zonas de seguridad de frontera, se requerirá el aval explícito tanto del Gobierno provincial como del nacional.

Prohibición a Estados extranjeros: quedará estrictamente prohibida la compra de campos por parte de Estados extranjeros o empresas con participación estatal foránea, salvo que cuenten con un permiso excepcional de la provincia y de Casa Rosada.

Silencio administrativo: se incorporó un mecanismo por el cual, si tras 180 días de iniciado el trámite en zonas fronterizas ninguna de las dos administraciones presenta un reparo formal, se otorgará el derecho de propiedad de pleno derecho.

Desalojos, incendios y expropiaciones

La ley de propiedad privada no se limita únicamente a la extranjerización de los campos, sino que introduce reformas profundas en el Código Civil y Comercial y en leyes ambientales.

Desalojos express: se agilizarán los procesos sumarísimos de desalojo. En los casos donde haya menores de edad, adultos mayores o personas vulnerables, la Justicia e instituciones locales tendrán un plazo máximo de 10 días para garantizar una alternativa habitacional transitoria, sin que esto detenga el avance del desalojo judicial.

Expropiaciones: el dictamen puso un límite del 30% de indemnización por lucro cesante en caso de expropiaciones del Estado. La tasa de interés aplicable para los pagos pendientes será la del Índice de Precios al Consumidor más la tasa a 30 días del Banco Nación.

Manejo del fuego: se deroga la prohibición que impedía cambiar el uso del suelo: para desarrollos inmobiliarios o agropecuarios, durante 30 años en terrenos rurales o periurbanos que hubieran sufrido incendios. De todos modos, las restricciones de la ley de bosques nativos y humedales continuarán vigentes.

El tratamiento en el recinto podría generar un escenario de paridad, donde los gobernadores de provincias con alto perfil minero y agroproductivo mantendrán la lupa puesta en la letra chica de los acuerdos de último momento.

DNU: declararon inconstitucional la derogación de la Ley de Tierras

Lo hizo la Cámara Federal de La Plata, ante un reclamo de excombatientes de Malvinas.

La Cámara Federal de La Plata decretó la inconstitucionalidad del DNU 70/23 en la parte que derogó la Ley de Tierras y habilitó la venta de latifundios a extranjeros aún en zonas de frontera.

La Sala III del tribunal platense, con las firmas de los Jueces Carlos Vallefín y Roberto Lemos Arias, invalidó el artículo 154 del decreto en el marco del amparo promovido por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata.

Además, le dio al expediente el carácter de "colectivo", por lo que dispuso reinscribir la acción de amparo en el Registro de la Corte Suprema de Justicia.

Los excombatientes cuestionaron la derogación de la Ley de tierras porque habilitaba "la extranjerización de las mismas, con dinámicas latifundistas, que ponen en crisis los principios de integridad territorial y la soberanía nacional, condicionando no sólo la disponibilidad del suelo argentino, sino también los cursos de aguas dulces".

Durante la feria judicial de enero pasado el Juez Ernesto Kreplak dictó una medida cautelar que suspendió la derogación de la ley, pero su sucesor tras el receso estival, Alberto Recondo, rechazó el amparo por "falta de legitimación" del CECIM y quitó el carácter colectivo de la acción.

La decisión fue apelada por el Centro de Ex Combatiente y ahora la Cámara Federal les dio la razón.

"No puede homologarse una solución que menoscaba la dignidad del orden jurídico de la Nación al impedir impugnar la constitucionalidad de una norma que se dice lesiva de la soberanía nacional a una asociación que nuclea a quienes, precisamente, debieron empuñar las armas en su defensa", sostuvieron los camaristas.

El fallo afirma que "no existieron circunstancias excepcionales que hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes".

Así, descalificó las razones de "necesidad y urgencia" invocadas en el decreto.

"El fundamento del DNU impugnado, sólo tres líneas en lo que atañe a la derogación de la ley 26.737, no exhibe en forma concreta el modo en que ello impactaría en la mejora de la situación socioeconómica argentina y haría imposible de aguardar su tratamiento normal por parte del Congreso Nacional", sostuvieron los camaristas.

El fallo es apelable ante la Corte Suprema de Justicia.