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Economía fijó condiciones para el traspaso de obra pública a provincias y municipios

En el Boletín Oficial se estableció el modelo de convenios con provincias y municipios del programa Argentina Hace. Detalló cómo será la financiación según el avance del proyecto, el interés público y los costos.

Luego del reclamo de los gobernadores, el Ministerio de Economía fijó las condiciones para el traspaso de obras públicas a provincias y municipios. Según estableció en la resolución 452, se tendrá en cuenta el grado de avance de la obra, el interés público comprometido en la ejecución y los costos que conlleve.

La medida, publicada este martes en el Boletín Oficial y con la firma del Ministro de Economía, Luis Caputo, se indicó que las obras bajo el programa Argentina Hace se llevan adelante en busca de "la contribución al financiamiento de proyectos que importen la formulación, elaboración, reactivación, continuación y ejecución de obras públicas de carácter local para aquellas provincias o municipios que así lo requieran".

Abarca también a la asistencia efectuada a diversos entes donde la ejecución del proyecto resulte de interés, "con el fin de posibilitar el acceso a los servicios básicos, a la consolidación barrial y puesta en valor del espacio público; al desarrollo de las infraestructuras para la recuperación de la matriz productiva, a la construcción de equipamiento social para el fortalecimiento de las redes comunitarias y sanitarias y demás lineamientos de acción, tendientes a satisfacer las necesidades de todos los ciudadanos del país".

En ese marco, la Secretaría de Obras Públicas, que depende de Economía, estableció determinadas condiciones respecto de los convenios a los que se adhiera a futuro o a los que ya se encuentran en ejecución.

En ese sentido se establece que si las provincias o municipios no aceptan o no les es viable continuar con la ejecución de la obra sin asistencia del Estado nacional, deberá determinarse la conveniencia o no de continuar con la ejecución del convenio teniendo en cuenta el grado de avance de la obra, el interés público comprometido en la ejecución y los costos que conlleve.

También se resaltó que si hay un incumplimiento de la provincia o municipio, deberá corroborarse si se han adoptado las medidas pertinentes para corregir la irregularidad y recuperar los fondos correspondientes, "pudiendo disolver el convenio por culpa de la provincia, municipio y/u otro ente ejecutor".

Además, se le notificará que evalúe adoptar las medidas que correspondan para "asumir la ejecución de la obra sin asistencia financiera por parte de entes del Sector Público Nacional".

En cuanto a los convenios que se decidan rescindir, deberán notificar a la provincia o municipio correspondiente. Sin embargo, los que establezcan continuar lo harán bajo el Plan Argentina Hace, pero tendrán que concluirse en el plazo máximo de 120 días.

De todos modos, se aclaró que la Secretaría de Obras Públicas puede prorrogar el período. Una vez transcurridos seis meses posteriores al cumplimiento de los 120 días, quedará sin efecto el programa.

En el caso de que la Secretaría decida que las provincias o municipios devuelvan presupuesto destinado a obras que no fueron concluidas, el monto deberá actualizarse conforme a la tasa activa del Banco de la Nación Argentina vigente al día del dictado de la rescisión.

Qué es el programa Argentina Hace

El programa Argentina Hace fue lanzado durante la gestión de Alberto Fernández para hacer obras públicas de ejecución rápida en 2.300 municipios de todo el país.

Incluye mejoras de rutas, iluminación, obras hídricas, entre otras. La intención era reactivar las economías regionales, con la creación de 20.000 puestos de trabajo.

Muchas obras aún no fueron terminadas y son varias las provincias que iniciaron reclamos o contactos con el Gobierno del Presidente Milei para que se efectúe el traspaso y que sean las administraciones locales las que las finalicen.

El Gobierno nacional negocia con gobernadores para transferir las obras públicas a las provincias

Luego de que el Gobierno nacional decidiera no seguir financiando proyectos, muchos de los mandatarios provinciales optaron por utilizar su propio presupuesto.

Casa Rosada intensificó negociaciones con los gobernadores provinciales para transferir la responsabilidad de las obras públicas a las jurisdicciones locales.

El Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ha estado recibiendo a diversos mandatarios en su oficina para concretar estos acuerdos.

La decisión responde a la determinación del gobierno nacional de frenar nuevos proyectos, salvo excepciones específicas, obligando a las provincias a financiar sus propias obras de infraestructura.

Para llevar a cabo la transferencia, el Ministro Francos solicitó a la Secretaría de Obras Públicas, encabezada por Luis Enrique Giovine y dependiente del Ministerio de Economía, que elabore un plan de acción.

Desde esa dependencia nacional, ya se comenzó a coordinar con las áreas correspondientes de cada provincia, creando un listado detallado de las obras a ser transferidas y avanzando en las negociaciones con los gobernadores.

UOCRA San Juan informó que se reincorporaron a la obra pública cerca de 350 trabajadores

La información fue suministrada por el Secretario Adjunto de UOCRA, Alberto Tovares.

Tovares indicó que en San Juan se reincorporaron a la construcción alrededor de "350 trabajadores".

La cifra surge de obreros que volvieron a trabajar en la obra pública, que se reactivó con fondos provinciales, una de las medidas que tomó el Gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, para darle impulso a la economía local.

La incorporación de mano de obra se dio de la siguiente manera: 120 trabajadores en barrio Los Molinos, de Capital; 50 en monoblocks que se construyen en Rawson; 25 en Las Casuarinas, 25 de Mayo; 50 en barrio Poder Judicial, de Jáchal; 25 en el barrio Puerto de Sorocayense, de Calingasta; 50 en el Hospital de Angaco y 50 en una obra de Calle 5.

El gremialista confirmó que la obra del Penal de Ullum está paralizada, aunque hay 10 obreros en funciones. También están detenidas las tareas en Ruta 40 Sur y en el Túnel de Zonda.

Ola polar y freno de la obra pública: se complica la provisión de gas

Ante esta situación, Cammesa licitó de urgencia la compra de doce cargamentos de fueloil y gasoil para hacer frente al mayor consumo de gas.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, la provincia de Buenos Aires entró en alerta amarilla debido a la ola polar registrada recientemente y lo pronosticado para los próximos días. Esta situación disparó la demanda de gas y provocó que el Gobierno interrumpa el servicio al sector industrial y a las estaciones de GNC.

Además, por el Gasoducto Néstor Kirchner no circula la cantidad suficiente de gas, por lo que se prevé un faltante en la provincia. Pero especialistas advierten que parte de ese faltante podría haber sido cubierto si el Gobierno hubiese terminado la construcción de las plantas compresoras del gasoducto.

El freno a la obra pública demoró los trabajos y ahora deberán desembolsarse en junio unos 500 millones de dólares adicionales para hacer frente a la mayor demanda. El gasoducto transporta 11 millones de metros cúbicos de gas por día, pero si las plantas compresoras de Tratayén, Salliqueló y Mercedes estuviesen en funcionamiento la capacidad ya se hubiese ampliado a 22 millones.

Si se hubiesen girado los fondos cuando correspondía las plantas estarían terminadas y la capacidad de transporte del gas proveniente de Vaca Muerta se hubiese duplicado.

En este escenario, Cammesa licitó de urgencia la compra de doce cargamentos de fueloil y gasoil para hacer frente al mayor consumo de gas.

Deudas y demoras

En tanto, la planta de Salliqueló, que está construyendo Contreras, recién estaría lista en septiembre. En el caso de la planta de Mercedes, está demorada, debido principalmente a que durante los primeros meses de Gobierno Enarsa dejó de pagarle a las constructoras que están a cargo de las obras.

La empresa de energía le adeuda 30 millones de dólares a Sacde y 10 millones a Contreras, lo que forzó a ambas empresas a trabajar por debajo de su capacidad. Si la empresa estatal hubiese pagado en tiempo y forma ambos proyectos ya estarían terminados.

La deuda que arrastra el Gobierno nacional llega a 40 millones de dólares, pero la decisión de no pagar lo fuerza ahora a desembolsar 500 millones, cuando con el gasoducto a full podría a haber necesitado importar, pero por menos de la mitad de ese valor.

Se reactivó la construcción de barrios del IPV en San Juan

Están en ejecución unas 4.000 viviendas. Hay obras activas en casi todos los departamentos.

Tras el anuncio del Gobernador Marcelo Orrego sobre la reactivación de la obra pública con financiamiento provincial, el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, a través del Instituto Provincial de la Vivienda, puso en marcha el 70% de las obras que están a cargo del IPV y que estaban pendientes en la provincia.

Muchas de ellas estaban neutralizadas por falta de fondos, están distribuidas en los 19 departamentos de San Juan.

En San Juan hay cerca de 60 obras en construcción, a cargo del IPV, de las cuales 48 son barrios y representan unas 4.000 viviendas. De ella, cerca del 70% ya reiniciaron sus trabajos o están en proceso administrativo para su reactivación.

El Ministro de Infraestructura, Fernando Perea, señaló que "la intención es avanzar gradualmente durante el año para activar nuevos barrios a medida que se completen los más avanzados".

Esta reactivación no solo implica la construcción de viviendas, sino que también está generando nuevos puestos de trabajo para los sanjuaninos.

En este sentido, Perea destacó que "la construcción de viviendas es una de las actividades que más mano de obra demanda y enfatizó que las casas son una prioridad para la gestión del Gobernador Orrego, pues es una necesidad que muchos sanjuaninos tienen actualmente".

El impulso de estas obras fue posible gracias a la inversión que la provincia está realizando mediante ayudas financieras a las empresas constructoras.

El Ministro agregó que "el Gobernador está haciendo un gran esfuerzo para garantizar que todas las empresas puedan volver a tener al menos una obra en el corto plazo, con el fin de brindar tranquilidad a la población".

Desde el IPV, se informó que la mayoría de los barrios que se reiniciaron muestran un importante avance en las obras, aunque también hay casos en los que se están iniciando prácticamente desde cero.

Además, se destacó que esta reactivación incluye barrios que ya fueron sorteados y adjudicados, así como aquellos destinados a gremios o sindicatos.

Gobierno retomará la ejecución de la obra pública: "En algunas podemos ir avanzando este año"

Así lo anticipó el Ministro del Interior, Guillermo Francos. Es uno de los temas centrales en la negociación con los gobernadores por la Ley Bases y el paquete fiscal.

El Ministro del Interior, Guillermo Francos, afirmó este sábado que el Gobierno nacional retomará la ejecución de obras públicas que habían sido interrumpidas, uno de los principales reclamos de los gobernadores en medio de la negociación por la Ley Bases y el paquete fiscal.

"Todos los gobiernos provinciales lo plantean. El tema de las obras de infraestructura es importante. Pese a que se ha gastado mucho dinero, Argentina tiene una infraestructura que es lamentable", aseguró Francos en declaraciones radiales.

En esa línea, el funcionario recordó la reunión que mantuvo con los gobernadores de la Región Centro, Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Martín Llaryora (Córdoba), y dijo que "todos ellos" plantean inquietudes respecto de la reactivación de las obras de infraestructura.

"Nosotros vamos con una lista de las más de 5.000 obras públicas en el país, algunas chicas otras grandes, algunas en ejecución, hemos hecho una clasificación para determinar, dentro de las limitaciones que ya expuso el presidente, ir retomando a las obras que les falta muy poco", explicó Francos.

Francos sostuvo además que, de acuerdo a esa clasificación, "va a haber alguna cantidad de obras" en las que pueden "ir avanzando este año".

Sin embargo, el titular de Interior negó que la "reactivación económica" de Argentina provenga de las obras públicas.

"Es un pensamiento que algunos gobernadores tienen y yo los respeto, pero, a esta altura de los acontecimientos de Argentina, lo que hay que mirar es la cantidad de plata que tienen los bancos", afirmó.

Y agregó: "Los bancos tienen una cantidad de fondos disponibles para prestar y ahora que está bajando la tasa, y que el Estado no les toma más plata, va a haber una montaña de dinero disponible que los bancos se van a ver necesitados de colocar".

"Ese va a ser el gran motor del crecimiento de Argentina", planteó.

Anunciaron reactivación de la obra pública en San Juan

El dato fue confirmado por representantes de la Cámara de la Construcción que se reunieron con el Gobernador Marcelo Orrego.

El Gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, recibió la visita de las autoridades de la Cámara de la Construcción en Casa de Gobierno.

La reunión contó con la presencia del Presidente, Ramón Martínez; el Vicepresidente, Santiago Olguin; el Secretario, Juan Manuel Galvarini y Alejandro Palucchini, en representación de la empresa MAPAL. Además, estuvo el Ministro de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea.

El mandatario y representantes de la cámara dialogaron sobre diversos temas. En este contexto, Martínez dijo que "hemos venido trabajando para tratar de resolver la situación del sector. El gobernador nos ha brindado nuevas herramientas que nos va a permitir financiar la obra pública en estos tiempos complicados".

Agregó además que "la idea es retomar los trabajos que se neutralizaron o que bajaron el ritmo de trabajo. Vamos a ir de a poco, concluyendo con las obras que quedan pendiente".

Asimismo, contó que el Gobernador Orrego puso a disposición de toda la obra pública un anticipo financiero económico que antes cubría solo un sector de la obra pública.

Martínez concluyó agradeciendo al gobernador y al Ministerio de Infraestructura por buscar en conjunto herramientas para seguir adelante.

La UOCRA denunció 500 despidos en Vaca Muerta por posible freno de la obra pública

El sindicato alertó que varias contratistas de la cuenca petrolera avanzaron con desvinculaciones. El gremio había advertido sobre la continuidad de 220.000 empleos.

Ante la decisión del Presidente electo, Javier Milei, de suspender la mayoría de las obras públicas para intentar poner en orden las cuentas públicas, la incertidumbre se apoderó de parte de la región de Vaca Muerta, en Neuquén, donde se ubica uno de los yacimientos de hidrocarburos más importantes del país.

Ya se concretaron los primeros 500 despidos, según denunció la Unión Obrera de la Construcción.

"A más de 500 compañeros les mandaron el telegrama con el cese laboral”, puntualizó el secretario adjunto del sindicato, Juan Carlos Levi.

De acuerdo al dirigente gremial, las primeras 300 desvinculaciones se produjeron en La Calera con Tecpetrol, una de las firmas contratistas del grupo Techint; y luego continuaron en Loma Campana, con las firmas de AESA y PECOM, que le prestan servicios a YPF.

Desde Techint aclararon que hubo un grupo de operarios que terminaron de hacer una obra con Pluspetrol, que no era parte de la obra pública sino particular para esa empresa, y al terminar el trabajo tomaron el seguro de desempleo que tiene el sindicato.

La UOCRA buscará reincorporar a los trabajadores afectados, en medio de las dudas generadas por las declaración de Milei de suspender la inversión en obra pública. Sin embargo, a diferencia de otros momentos políticos con la llegada de nuevas administraciones, no hay interlocutores que permitan impedir la pérdida de puestos de trabajo.

"Hay una incertidumbre empresarial. Siempre hubo transiciones y con quién hablar para avanzar en esos temas. Hoy no está ese camino", remarcó.

Levi también señaló que en la Patagonia, "la obra pública viene parada hace rato”, haciendo referencia a proyectos como Vaca Muerta Sur y La Calera II, que deberían haber comenzado en septiembre y octubre, y el parate en las rutas 17 y 51.

Además, reconoció que tampoco podrán solicitar ayuda a los intendentes locales, ya que "apenas alcanzan a pagar los sueldos de los empleados municipales".

"Nosotros vemos bastantes complicaciones. Si esto sigue así, no van a enviar 500 telegramas, van a ser muchos más", advirtió Levi.

Días atrás, la UOCRA emitió un comunicado en el que expresó su "profunda preocupación" por los dichos del mandatario electo sobre el "futuro de la obra pública", y determinó el estado de alerta de la organización gremial.

En un documento, firmado por el secretario general del sindicato, Gerardo Martínez, se pronunció en defensa de los 220 mil puestos de trabajo en las obras públicas que actualmente están en ejecución y rechazó las afirmaciones del líder de La Libertad Avanza que "arriesgan la continuidad laboral de esos trabajadores".

"El actual Gobierno aún en ejercicio tiene garantizada la ejecución de las partidas presupuestarias hasta diciembre próximo, lo que de hecho asegura la normal continuidad de las obras en curso, por lo que no hay argumentos válidos para justificar despidos, lo que no contribuye a la paz social", comunicó la organización sindical.

Luego del triunfo electoral del balotaje del 19 de noviembre, Javier Milei ratificó su promesa de campaña electoral de que "la obra pública se termina" y que el financiamiento de infraestructura se llevará a cabo "a la chilena", con fondos del sector privado debido al ajuste presupuestario que el dirigente libertario aplicará en el Estado nacional.

"Creo que estos anuncios está haciendo ruido en todos lados y no le hace bien a nadie", consideró el dirigente sindical.

"Los 200 mil telegramas de despidos ya andan dando vueltas. Hay cosas que se tienen que revertir, que no se pueden frenar de la noche a la mañana. Hay cosas que se han hecho mal, pero no hay que generalizar y meter a todos en la misma bolsa porque sin diálogo se va a generar más confrontación y choque. Nadie se ha acercado ni pedido para hablar de la transición", insistió Levi en declaraciones a Radio 10.

Según los cálculos gremiales, cerca de 10.000 trabajadores están sin tareas y sin actividades porque las obras públicas están paralizadas. Desde la sede central de la UOCRA están monitoreando lo que ocurre con el empleo y la continuidad de los proyectos.

"Las empresas y operadoras tienen incertidumbre, pero sobre todo el que peor la pasa es el trabajador", consideró el dirigente gremial.

"Todos estamos con expectativa. El obrero de la construcción es parte de la sociedad. La dignidad no pasa solo por el trabajo, todos los habitantes argentinos necesitan vivienda, educación y sanidad", dijo sobre el ajuste que se avecina.

El Gobierno hizo un paro en obras públicas para rechazar propuestas de la oposición

El Ministro kirchnerista, Gabriel Katopodis, organizó asambleas en los lugares donde se realizan obras públicas para "concientizar" sobre el impacto de un recorte en ese rubro si gana la oposición.

"No queremos que los hijos de los trabajadores voten sin comprender lo que está en juego", afirmó el ministro del Gobierno del inepto Alberto Fernández.

El Gobierno promovió un "paro activo" en obras públicas de todo el país en contra de las propuestas que planteó la oposición en materia de inversión estatal en infraestructura.

Según el Ministro Gabriel Katopodis, que participó de la manifestación en Merlo, estarían en riesgo unas 500.000 trabajadores directos e indirectos si se llegaran a aplicar esas medidas de recorte en la inversión estatal.

La inusual convocatoria, reforzó las críticas que desde el oficialismo de Unión por la Patria vienen planteando sobre las ideas presentadas en la campaña por Javier Milei, de La Libertad Avanza, y Patricia Bullrich, de Juntos por el Cambio.

El ministro se unió al autoparo este miércoles a las 10 horas, además, se plegó el inservible Alberto Fernández en la Autopista Presidente Perón, a la altura del partido bonaerense de Merlo.

"Decidimos en el Ministerio llevar a cabo un paro activo en todo el país en defensa de la obra pública. Se hará en los obradores por un período de 30 minutos con funcionarios, arquitectos, ingenieros, inspectores y otros trabajadores que a menudo se desempeñan en oficinas y escritorios. Estaremos presentes en puentes, rutas, universidades y plantas potabilizadoras de agua, dialogando con los trabajadores", expresó el ministro.

Katopodis afirmó que el objetivo de esas asambleas es que la discusión sobre el impacto de un recorte en ese rubro llegue a cada familia y a cada trabajador.

"Queremos discutir con el capataz en cada obrador, para que la discusión sobre el futuro de la obra pública llegue a todos los argentinos. No queremos que los hijos de los trabajadores voten sin comprender lo que está en juego", enfatizó.

"El sector privado no construirá una escuela en Chilecito, en La Rioja, ni una universidad pública en Paraná, Entre Ríos. Necesitamos construir la infraestructura necesaria para el desarrollo de nuestro país", dijo Katopodis.

Además, Katopodis instó a los trabajadores a tomar partido en esta discusión y destacó que "las asambleas son fundamentales para conversar y discutir, para que los capataces y los trabajadores puedan llevar estas discusiones a sus hogares y a su círculo familiar. También invitamos a intendentes y gobernadores a unirse a la conversación y entender su importancia".

Larreta rechazó el paro en obras públicas de Gobierno: "Es un disparate mayúsculo"

El jefe de Gobierno porteño criticó la medida que anunció el ministro Gabriel Katopodis, en contra de las propuestas de la oposición en la materia. "Es una barbaridad", sostuvo el dirigente del PRO.

El Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, rechazó la medida que anunció el Ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, de realizar un paro de media hora en las obras en rechazo a las propuestas de la oposición en la materia. "Es un disparate mayúsculo", aseveró el dirigente del PRO.

"Me parece una barbaridad hacer un paro de la obra pública contra la oposición. Es menos trabajo, la obra pública genera trabajo, movilizan y son obras para generar mejores", expresó Larreta en acto de anuncio del incremento de efectivos y equipamiento para la Policía de la Ciudad.

En compañía de Felipe Miguel, jefe de Gabinete porteño, y Gustavo Coria, flamante titular de la cartera de Seguridad, el jefe de Gobierno aseguró: "Es un disparate mayúsculo".

Además, cargó contra la administración del Presidente Alberto Fernández "por la inacción" ante la crisis económica del país, lo que señaló "complica mucho el tema la seguridad".

A días de que el Ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, anunciara la suba del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias, Larreta calificó como la medida como "un parche" que se generó como consecuencia de la inflación.

"El mes que viene vamos a estar corriéndola de vuelta. Siempre la corremos de atrás. Parche tras parche de este Gobierno que ha fracasado", remarcó, y completó: "El Gobierno de Cristina, Massa y Alberto Fernández ha fracasado y la inflación es una consecuencia".

Más equipamiento y efectivos para reforzar la seguridad en la Ciudad de Buenos Aires

Durante el acto, Rodríguez Larreta anunció la incorporación de 181 nuevos patrulleros y 79 camionetas para la Policía de la Ciudad y la suma de más de 1000 agentes de prevención en las calles.

"Todo este esfuerzo no puede despreciarse por la actitud del kirchnerismo, que siempre está del lado de los delincuentes, nunca del de las víctimas", reclamó.

"Nosotros cumplimos con nuestra parte, pero si el Gobierno Nacional no hacen su parte lamentablemente no alcanza", continúo.

A su turno, Gustavo Coria remarcó que la seguridad es una política de Estado para la Ciudad de Buenos Aires y garantizó la presencia del gobierno porteño en las calles, las 24 horas del día, "acompañando y respaldando a nuestra policía y cuidando a los vecinos".

"Los que tienen que tener miedo son los delincuentes", concluyó el sucesor de Eugenio Burzaco.

La Ciudad incorporó así 181 nuevos patrulleros Toyota y 79 camionetas Nissan, acondicionadas para la tarea policial. Los móviles son automáticos, incluyen computadoras en la cabina, equipos que registran su patrullaje y conexión digital para supervisar el despliegue territorial.