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Gobierno suspendió más de 80.000 pensiones por invalidez laboral

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Los controles realizados por la Agencia Nacional de Discapacidad detectaron fallecidos que seguían cobrando, certificados médicos falsos y beneficiarios prófugos o detenidos.

La Agencia Nacional de Discapacidad, encabezada por Diego Spagnuolo, lleva adelante un proceso de auditoría sobre un millón de pensiones no contributivas por invalidez laboral.

Hasta el momento, se suspendieron o eliminaron 80.080 beneficios, lo que representa un ahorro fiscal estimado en $23.143.000.000 mensuales.

65.230 pensiones fueron suspendidas por irregularidades, otras 6.643 se dieron de baja tras confirmarse el fallecimiento de los titulares, y 8.207 personas renunciaron voluntariamente al beneficio.

Las autoridades calculan que, al finalizar el operativo, la cifra de bajas podría superar las 250.000.

La auditoría no incluye a menores ni a quienes ya fueron revisados este año. Se centra en verificar que los beneficiarios cumplan con los requisitos establecidos por la ley 13.478 y el decreto 432/97. Los controles están a cargo de médicos del PAMI y de personal de la ANDIS.

Sobre esto, Spagnuolo sostuvo que "las estadísticas no mienten: entre 2003 y 2015, la cantidad de pensiones pasó de 80.000 a 1.050.000. Bajo la presidencia de Alberto Fernández, la cifra ascendió nuevamente, llegando a 1.250.000 entre 2019 y 2023".

Según el funcionario, esa expansión se dio sin un control riguroso y responde a "una política de subsidios discrecionales, no como producto de una evaluación médica y necesidad social ante una vulnerabilidad manifiesta".

Entre los casos detectados figuran diagnósticos falsificados, certificados médicos apócrifos, presos y prófugos cobrando pensiones, así como personas que no residían en el país.

También se descubrieron prácticas como el uso de la misma radiografía en 150 expedientes, o beneficiarios que enviaban a terceros a las evaluaciones médicas.

El decreto 842/2024, firmado en abril, impuso nuevas condiciones para mantener la pensión, debido a que establece la creación de un nuevo cuerpo médico evaluador, obliga a todos los beneficiarios a reinscribirse y declarar su situación mediante una declaración jurada, y habilita a la ANDIS a suspender cautelarmente pensiones ante sospechas fundadas.

También se endurecen las incompatibilidades: quedan excluidas las personas con ingresos superiores al tope legal, detenidos, prófugos o quienes perciban otras asignaciones previsionales.

Cómo obtener el Certificado Único de Discapacidad y la Pensión por Invalidez Laboral

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El País Diario
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La evaluación es realizada por una Junta Evaluadora interdisciplinaria que determina si corresponde la emisión de los documentos. Su tramitación es voluntaria y gratuita.

El Certificado Único de Discapacidad es un documento público válido en todo el país que permite ejercer los derechos y acceder a las prestaciones previstas en las leyes nacionales 22.431 y 24.901. 

La evaluación es realizada por una Junta Evaluadora interdisciplinaria, que determina si corresponde la emisión del Certificado Único de Discapacidad. Su tramitación es voluntaria y gratuita.

Certificado Único de Discapacidad

Las Personas con Discapacidad pueden obtener el Certificado Único de Discapacidad a través de un trámite en un hospital público que cuente con una Junta de Discapacidad. 

Esta junta, compuesta por un médico, un psicólogo y un trabajador social, evalúa los certificados médicos que acrediten la patología y el estado funcional de la persona. El objetivo es determinar el nivel de dependencia en diferentes aspectos de la vida diaria, no solo laborales.

Si la junta considera que la "desventaja" es significativa, otorga el CUD y establece la orientación prestacional. 

El CUD garantiza prestaciones de salud, educación y habitacionales, cubiertas directamente por el Estado o a través de la obra social, si se posee. 

Además, las personas con discapacidad con CUD pueden trabajar en empleos formales y existen incentivos fiscales para empresas que contratan a un porcentaje de empleados con discapacidad.

Pensión por Invalidez Laboral

Para obtener la pensión por invalidez laboral, el trámite se realiza en un hospital público ante un médico especialista en medicina laboral. 

El paciente presenta los certificados médicos que acrediten sus patologías. Cada patología tiene un porcentaje de invalidez laboral, establecido por un baremo internacional. La suma de estos porcentajes debe superar el 76%, antes era el 66%, para acceder a la pensión no contributiva por invalidez en Argentina.

Una vez determinada la incapacidad laboral, si la persona tiene igual o más del 76%, se entiende que no puede trabajar formalmente y tiene derecho a la pensión. 

Durante la vigencia de la pensión, la persona también puede acceder al programa "Incluir Salud", anteriormente PRO.FE, que funciona como una "obra social" federal o nacional. Al cumplir la edad jubilatoria, la persona tiene derecho al PAMI.

El filtro médico lo realiza el médico laboral mediante el certificado médico oficial en un hospital público. ANSES evalúa ingresos, capital y propiedades, así como la situación laboral y la obra social.