Gobierno suspendió más de 80.000 pensiones por invalidez laboral

Los controles realizados por la Agencia Nacional de Discapacidad detectaron fallecidos que seguían cobrando, certificados médicos falsos y beneficiarios prófugos o detenidos.

La Agencia Nacional de Discapacidad, encabezada por Diego Spagnuolo, lleva adelante un proceso de auditoría sobre un millón de pensiones no contributivas por invalidez laboral.

Hasta el momento, se suspendieron o eliminaron 80.080 beneficios, lo que representa un ahorro fiscal estimado en $23.143.000.000 mensuales.

65.230 pensiones fueron suspendidas por irregularidades, otras 6.643 se dieron de baja tras confirmarse el fallecimiento de los titulares, y 8.207 personas renunciaron voluntariamente al beneficio.

Las autoridades calculan que, al finalizar el operativo, la cifra de bajas podría superar las 250.000.

La auditoría no incluye a menores ni a quienes ya fueron revisados este año. Se centra en verificar que los beneficiarios cumplan con los requisitos establecidos por la ley 13.478 y el decreto 432/97. Los controles están a cargo de médicos del PAMI y de personal de la ANDIS.

Sobre esto, Spagnuolo sostuvo que "las estadísticas no mienten: entre 2003 y 2015, la cantidad de pensiones pasó de 80.000 a 1.050.000. Bajo la presidencia de Alberto Fernández, la cifra ascendió nuevamente, llegando a 1.250.000 entre 2019 y 2023".

Según el funcionario, esa expansión se dio sin un control riguroso y responde a "una política de subsidios discrecionales, no como producto de una evaluación médica y necesidad social ante una vulnerabilidad manifiesta".

Entre los casos detectados figuran diagnósticos falsificados, certificados médicos apócrifos, presos y prófugos cobrando pensiones, así como personas que no residían en el país.

También se descubrieron prácticas como el uso de la misma radiografía en 150 expedientes, o beneficiarios que enviaban a terceros a las evaluaciones médicas.

El decreto 842/2024, firmado en abril, impuso nuevas condiciones para mantener la pensión, debido a que establece la creación de un nuevo cuerpo médico evaluador, obliga a todos los beneficiarios a reinscribirse y declarar su situación mediante una declaración jurada, y habilita a la ANDIS a suspender cautelarmente pensiones ante sospechas fundadas.

También se endurecen las incompatibilidades: quedan excluidas las personas con ingresos superiores al tope legal, detenidos, prófugos o quienes perciban otras asignaciones previsionales.