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Confirman el procesamiento del Rector de la UNSJ Oscar Nasisi

El decadente rector de la Universidad Nacional de San Juan estaría a un paso del juicio oral en la causa de Rudolph y Matar. Lo confirmó la Cámara Federal de Mendoza.

La Cámara Federal de Mendoza confirmo el procesamiento de Oscar Herminio Nasisi y de Pedro Edgardo Sarquis, dispuesto por el Juez de primera instancia, Miguel Gálvez. El juicio que tiene como protagonista a este nefasto rector de la UNSJ es por no devolver bienes retenidos a los ingenieros demandantes: Rudolph y Matar.

Al parecer el 2020 no será un gran año para el kirchnerista Oscar Nasisi, quien enfrenta un juicio desde hace tiempo. Está siendo procesado por la Justicia federal por retener bienes de los dos ingenieros en cuestión. También se lo acusa de incumplimiento de los deberes de funcionarios público.

Recientemente, la Cámara Federal de Mendoza, más precisamente la Sala A, dispuso hacer lugar a la resolución de la Cámara Federal de Casación Penal. Este recurso de casación deducido por la querella devuelve las actuaciones al Juzgado de Primera Instancia para su sustanciación.

La causa involucra al rector de la UNSJ y se desprende del expediente conocido como el Caso Rudolph y Matar. Se trata de dos ingenieros que en 1989 fueron apartados y denunciados por el entonces rector, Tulio Del Bono, por malversación de fondos. Luego de varios años, la Justicia los declaró inocentes. Tras esa situación, ambos profesionales demandaron a la UNSJ e intentaron recuperar los elementos de su propiedad que habían quedado bajo la custodia de la Facultad de Ingeniería.

Ahora la Cámara Federal de Mendoza, a instancias del litigante, Miguel Arancibia, abogado de las familias Rudolph y Matar, resolvió "devolver las actuaciones al Juzgado de primera instancia", a cargo del Juez federal Miguel Gálvez.

El magistrado local deberá "clausurar la etapa y elevar a Juicio Oral, atento que Nasisi ya no tiene otros recursos legales que presentar en esta causa", detalla la resolución. Además indica que "esta Sentencia de la Cámara Federal de Mendoza, Sala A, agota los recursos por lo que las partes ya no tienen otra instancia para apelar esta resolución. Esto afecta al actual rector de la Universidad Nacional de San Juan Ing. Oscar Nasisi, por lo que el Juez Galvez tiene que cerrar la etapa y elevar la causa al Tribunal Oral Federal de la provincia de San Juan".

Asimismo, el texto explica que "la sentencia de la Cámara de apelaciones de Mendoza es contundente y confirma todo lo actuado por el Juez de Instrucción, Miguel Galvez, que encuadró la conducta del Rector Oscar Nasisi en las figuras de defraudación por retención indebida e incumplimiento de los deberes de funcionario público (arts. 173, inc. 2º y 249 del C.P.)".

La sentencia indica que durante el "proceso quedó demostrado que Nasisi ha retardado voluntariamente la devolución de los bienes", y que no "cumplió con los actos propios que le corresponden como funcionario público por lo que también se lo procesó por incumplimiento de los deberes de funcionario público en orden a obstaculizar la pronta devolución de los bienes reclamados utilizando el cargo que detenta, por lo que le es atribuible los delitos por los que está procesado".

Se abre la posibilidad de un juicio oral para el nefasto Nasisi

La sentencia destaca que "esta alzada aprecia que existen en autos elementos de convicción suficientes para establecer que existiría hecho delictuoso, y que los imputados serían prima facie responsables del mismo. No obstante lo expuesto será, eventualmente, el Juicio Oral el ámbito propicio para desplegar plenamente los argumentos defensivos concretos respecto de todas y cada una de las pruebas existentes".

En otras palabras, el ámbito natural de controversia y examen pleno de los hechos y la prueba no es otro que el del debate, según los principios de oralidad, inmediatez y contradicción.

Cómo se generó el Caso Rudolph y Matar 

Los ingenieros Rudolph y Matar fueron acusados de peculado de servicio cuando Tulio del Bono era rector de la UNSJ. Lo que hicieron sus abogados, una vez que se concretó esta acusación, fue aclarar que ellos nunca dispusieron de plata ni firmaron un sólo cheque. La defensa sostuvo siempre que era imposible que los denunciaran por malversación de fondos cuando nunca manejaron cash ni cheques. Finalmente la Justicia falló a favor de los dos investigadores y resultaron absueltos.

Ambos ingenieros, luego que se determinara su inocencia, pidieron que se les devolvieran sus estudios de investigación y además que las autoridades de la UNSJ pidieran las pertinentes disculpas.

En la causa se acredita que los ingenieros Matar y Rudolph y la Asociación Cooperadora del Instituto de Investigaciones Mineras (ACIIM), desde el año 1989 están pidiendo la devolución de los bienes muebles y los proyectos que estaban trabajando tanto ACIIM con IDEMSA, mediante convenio con la UNSJ.

Estos proyectos, por orden del exrector Tulio Del Bono, fueron retenidos y hasta el día de hoy la UNSJ no los ha devuelto.

También en la causa queda taxativamente demostrada la displicencia del Rector Oscar Nasisi para tratar el conflicto. Argumentan burocracia innecesaria y falta de medidas internas para descubrir quienes violentaron los sellos que se pusieron en la cajas y robaron o sustrajeron los trabajos intelectuales de los ingenieros.

Del Bono: el origen del conflicto

El responsable de esta situación es el exrector Tulio Del Bono, que en 1989, sin orden judicial, decidió quedarse con todos los bienes y trabajos profesionales de Rudolph y Matar, y entre sus ordenes estuvo el secuestro de los bienes personales y de las herramientas de trabajo.

Esto no terminó ahí, la Universidad Nacional de San Juan sacó del laboratorio a estas dos eminencias, Rudolph y Matar, y los mandó a caminar Tribunales durante 20 años para defenderse.

Todavía, luego de 30 años, no logran recuperar sus trabajos intelectuales. El instructivo de la persecución fue ordenado en un escrito de puño y letra de Del Bono, documento reconocido por él mismo en el juicio civil de responsabilidad.

Hasta ahora ningún rector de la UNSJ pudo escapar a la influencia nefasta de Tulio Del Bono, quien fue premiado con la distinción del Honoris Causa por la Vicerrectora de la UNSJ, Mónica Coca, a pesar de que Del Bono metió a la UNSJ en un juicio millonario que pagarán todos los argentinos con dinero del Estado. Desde sus cargos ocupados en Ciencia y Técnica se encargó de que los rectores continuaran su persecución contra los dos brillantes ingenieros, Rudolph y Matar.

Una torpeza lamentable que cometió el destacado Honoris Causa de la UNSJ.

Cristina le quita la presidencia del PJ a Gioja y en abril se la pasa a Capitanich

La decisión de la vicepresidenta estaría tomada y al sanjuanino le quedarían sólo meses en la presidencia del PJ. Gioja transita el mejor momento de su decadencia.

La pulseada por el poder empieza a cobrar protagonismo en el Gobierno nacional. El cimbronazo se sentirá en las provincias, sobre todo en Chaco y en San Juan.

Cristina Kirchner ha demostrado que no relegará su cuota de participación en la presidencia de Alberto Fernandez. A la vicepresidenta le responden algunos ministros, viceministros, secretarios, subsecretarios de Estado o responsables de áreas estratégicas de la administración pública, tal el caso de AFIP, UFI y PAMI. Además, tiene personas en puestos claves como el número dos de ANSES y de la AFI.

Claramente la sociedad entre Cristina y Alberto se empieza a definir y marca un contraste insoslayable. Algunos analistas políticos definen el Gobierno de Fernández como "el cuarto gobierno kirchnerista", lo cual lleva una cuota de verdad y otra de falacia. El presidente buscará construir poder propio para no depender del kirchnerismo que, por su parte, impulsa secretamente la candidatura de Máximo Kirchner como presidente en 2023.

Es claro que la mayoría de los gobernadores provinciales están con Alberto Fernández, quien intenta edificar poder por fuera del 30% de los votos que aportó Cristina, votos que aún conserva en su puño codicioso y avaro. Por ahora los Fernández se necesitan: ella a él y él a ella. Pero en la medida que avancen los tiempos políticos, las definiciones serán inminentes e inevitables.

El País Diario consultó a personas del círculo íntimo de Cristina Kirchner, quienes confirmaron que en abril se convocará a una reunión del PJ. El plan de la vicepresidenta es desplazar a José Luis Gioja de la presidencia del Partido Justicialista nacional para poner al frente a Jorge Capitanich, el gobernador de Chaco a quien ella considera el más leal.

Gioja ya fue tres veces gobernador y su desgaste es inevitable. De hecho, atraviesa el mejor momento de su decadencia. Además, en San Juan el gobernador es Sergio Uñac, quien ha sabido edificar un nuevo perfil de gestión en la provincia y por eso tiene el poder y los votos, algo que Gioja añora con nostalgia colosal.

En breve, la vicepresidenta enviará un mensaje a los gobernadores que deberán tomar posición a más tardar en abril. En el entorno de Cristina cuentan que el mensaje es sencillo: "O conmigo o en mi contra". Así de fuerte es la interna del PJ que ya empieza a cobrarse algunos heridos.

Habrá que ver cómo sigue esta compleja trama de disputa y construcción de poder. Por lo pronto, ya hay dos nombres que emergen de la interna: Gioja y Capitanich. Uno sale, el otro entra. Un cambio que se veía venir pero del que todavía nadie quiere hablar.

No hace mucho, en un artículo de Clarín, explicaban que a José Luis Gioja "hay que pagarle en su condición de jarrón chino: histórico, grande, caro y difícil de ubicar en un ambiente".

Como sea, nadie podrá negar que Gioja ha sabido darle vigor a su etapa decadente. Por no dar un paso al costado a tiempo lo arrollará la imparable ola del recambio generacional.

Una pena.

El presidente declaró bienes por 4.500.000 pesos en su declaración jurada

La cifra declarada por Alberto Fernández es 700.000 pesos superior a la de la vicepresidenta Cristina.

Alberto Fernández informó a la Oficina Anticorrupción un total de 4.484.069 de pesos en lo que respecta a sus bienes personales.

Según destacaron las investigaciones, el patrimonio del presidente de la nación registró un aumento de 53% comparada a la del año pasado cuando era candidato presidencial, pero la explicación está directamente relacionada con la revaluacción de los mismos.

A partir de estas modificaciones fiscales, el valor de un inmueble en la Ciudad de Buenos Aires pasó de $ 654.000 a $ 966.000, mientras que su auto Toyota Corolla aumentó su cotización de $ 350.000 a $ 1.132.362.

Por otro lado, Alberto Fernández declaró que no posee ni cajas de ahorro en moneda extranjera ni dólares en efectivo, mientras que las deudas que tenía por $ 331.000 fueron reducidas este año a un monto cercano a la mitad.

Los datos del Jefe de Estados se revelaron horas despúes del monto de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que declaró vienes por 3,7 millones de pesos, siendo una cifra que reflejó una suba de poco más de 800 mil pesos en relación a los bienes declarados en el último período fiscal.

El País Diario fue el único medio que pidió la declaración patrimonial de Gioja

El pedido se hizo en 2013, cuando Gioja concentraba todo el poder convirtiendo a esta comarca en un feudo populista. ¿A qué se dedicaba entonces el periodismo local?

Mientras tanto, el periodismo de San Juan se dedicaba a festejar cada acto del exgobernador Gioja y, obscenamente, practicaban la obsecuencia puntillosa y obediente transformando al oficio en una actividad ligada a la genuflexión.

Corría el año 2013 y Gioja tenía todo el poder concentrado en su vigorosa mano. En aquellos oscuros tiempos, el 90% del periodismo vernáculo era espantosamente lisonjero y sobón, casi un bochorno cotidiano que disimulaban con una hipocresía admirable.

Fue cuando desde El País Diario decidió pedir en la Escribanía Mayor de Gobierno la declaración jurada de bienes de José Luis El Vale Todo Gioja. El escrito fue preparado bajo el puntilloso asesoramiento del abogado Diego Seguí, un verdadero paladín que ha dado muestras sobradas de su lucha contra la corrupción junto a su colega Marcelo Arancibia.

En la nota le decíamos que no tuviera miedo, que los jueces de San Juan eran, en su mayoría, fervientes cobardes apañadores de los actos que él llevó adelante como Gobernador. Y escribíamos que "ya que desde hace años vive del Estado (fue diputado provincial, diputado nacional, senador nacional y gobernador), explíquele a la gente que le pagó el sueldo cuál es su patrimonio real".

Como periodista, me constituí en la oficina pública y solicité esa información por escrito en el año 2013, ante la Escribana Mayor de Gobierno, tal como lo indica la Ley 6773 en su artículo 28. Pero lógicamente los encubridores de turno la negaron.

Fue cuando escribimos que los organismos de control de San Juan no funcionan porque quienes ocupan los cargos claves son esperpentos rastreros, cultores pusilánimes de la más barata disciplina ovejuna.

En la nota le decíamos a Gioja que no permitiera que los ciudadanos lo vean como a un miserable, "dígales a todos y todas cuántos bienes tiene, qué cantidad de plata amasó en estas décadas en las que vivió del Estado ocupando cargos claves".

La idea era darle la oportunidad a Gioja para mostrar su supuesta transparencia para que no dudemos de su buen nombre y honor, y para que su familia no tenga que abochornarse nunca por la duda maliciosa de los ciudadanos críticos y desconfiados.

El exgobernador Gioja tuvo su momento para aceptar el desafío que proponía El País Diario, que le pedía encarecidamente que "ordene a sus abominables alcahuetes que suban su declaración jurada a las redes sociales o a la página oficial del Gobierno para que todos puedan ver cómo se incrementó su riqueza durante los últimos años".

"Muéstrenos, tenga un acto digno y noble antes de irse", le dijimos, y concluíamos con la idea de que ese gesto sería para nosotros una excepción dentro de su ya concluida etapa política.

Obvio que la respuesta fue negativa y nunca pudimos acceder a su declaración jurada. Ya como Diputado Nacional tuvo tiempo de acomodar los tantos y la manifestación patrimonial fue difundida tal como lo exige el Congreso en su sitio oficial.

Una pena, tuvo todo el poder y podría haber mostrado que no tenía nada que ocultar. Pero no lo hizo: ocultó todo lo que pudo.

Así le fue.

Denuncian a Gioja por contratos directos a la ART para los empleados públicos

La denuncia fue formulada por los abogados Marcelo Arancibia y Diego Seguí y en el texto piden que "se investigue presuntos hechos delictivos contra la administración pública" que habrían sido cometidos por el exgobernador Gioja durante su gestión. 

La demanda surge de una serie de notas periodísticas, entre ellas, la más clara, publicada en enero de este año por El País Diario.  Los abogados Marcelo Arancibia y Diego Seguí se presentaron ante la Fiscalía Correccional N°3 para denunciar una operación dudosa realizada durante la gestión de José Luis Gioja entre los años 2005 hasta el 2015. 

Ahora, el fiscal Juan Manuel Gálvez deberá investigarlo por fraude administrativo, tráfico de influencias e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Los denunciantes hacen referencia a los más de 10 años en que Gioja contrató una ART para los empleados públicos, de manera directa, sin llamar a licitación, y por una monumental cifra que nadie puede explicar en la que se calcula un sobreprecio de 27.000.000 de pesos por mes durante una década.

Tal convenio fue renovando en forma automática año tras año, hasta enero del 2017. El contrato firmado por el propio ex Gobernador José Luis Gioja con la compañía IAPSER (Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos), consistía en que el Estado de San Juan abonaba un porcentaje de la masa salarial de sus empleados a cambio de atención médica para cada uno de ellos en caso de accidentes en horario de trabajo.

Seguí y Arancibia dejan sentado que "en los términos del artículo 209 del Código Procesal Penal de la Provincia de San Juan" se presentan ante la Justicia en carácter de "simples ciudadanos" que presumen una "posible comisión de delitos".

Asimismo, piden que "investiguen y eventualmente se sancionen los mismos, relacionado con una presunta malversación de caudales públicos". 

La cobertura de la ART IAPSER, con cede central en Entre Ríos, se extendió a los alumnos que asisten al sistema educativo de gestión estatal, miembros de las fuerzas de seguridad (policías y penitenciarios) e incluso incluyó a los automotores propiedad del Estado provincial también asegurados con la empresa. Se trata de 38.209 trabajadores del Estado de San Juan que la aseguradora debía cubrir durante todo el año.

Los abogados explicaron que "el artículo 98 de la Ley n° 603-I, prescribe sobre el sistema de contrataciones del Estado provincial" y citaron la parte donde dice que "Toda contratación, compra, venta, locación, arrendamiento, suministro, etc. del sector Público Provincial, se hará por regla general por licitación o remate público".

Por el monto de la contratación que es de 504.000.000 por año, y por las características de la operación, la demanda objeta que "no corresponde considerar aplicable ninguna de las excepciones a las que refiere el artículo 99 Íb".

El escrito afirma que "claramente se verifica en el caso el apartamiento de la la Ley para permitir mediante discricionalidad y arbitrariedad, la consolidadción de una oferta monopólica en la oferta del servicio asegurativo estatal, ocasionádole al Estado un perjuicio económico multimillonario".

Por lo tanto corresponde que el Tribunal, para el caso de concluir la existencia de los delitos denunciados, y una vez individualizados los presuntos responsables, corra vista al Tribunal de Cuentas Provincial para que, en función del artículo 127 de la Ley 603-I promueva el correspondiente juicio de responsabilidad.

En el tramo del "Petitorio" que hacen a la Justicia, Seguí y Arancibia solicitan "tener por formulada denuncia penal para que se investigue la presunta comisión de los delitos previstos en los artículos 249 y  277 del Código Penal".

Diego Seguí y Marcelo Arancibia, los abogados que denunciaron a Gioja.

Cuál fue la maniobra que hoy denuncian 

El País Diario lo había anticipado en una nota muy fuerte aparecida en este sitio y reproducida luego por diario MDZ de Mendoza y El Federal de La Rioja. 

Durante la gestión de José Luis Gioja no se llamó a licitación para contratar la ART que aseguraba a los empleados públicos de la provincia. Por el contrario, el Gobierno de San Juan firmó un convenio con el Gobierno de Entre Ríos en 2005 y contrató en forma directa al Instituto Autárquico de esa provincia hasta el 2017.

La impunidad que otorgan los votos de una sociedad ovejuna y timorata, permitió que año tras año se fuera renovando el vínculo en forma automática. El trato que firmó Gioja como Gobernador de San Juan con el Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos consistía en que el Estado sanjuanino le pague un porcentaje de la masa salarial de sus empleados a cambio de atención médica para cada uno de ellos en caso de accidentes en horario de trabajo. El desembolso que Gioja hacía durante 2015 por el servicio de cobertura era de 42.000.000 pesos mensuales. Hoy, por el mismo servicio, se paga 15.000.000 de pesos mensuales surgidos de un llamado a licitación.

Este año, durante la gestión de Sergio Uñac como Gobernador, se llamó a licitación y resultó ganadora la compañía Provincia Art, que cobrará por mes casi 15.000.000 de pesos. Antes, el ex Gobernador Gioja pagaba 42.000.000, es decir que podría haber existido un sobre precio de 27.000.000 de pesos por mes durante más de una década. ¿Por qué el Tribunal de Cuentas de la provincia no alertó sobre tan sospechosa maniobra?