Desde la CGT le reclamaron al presidente que de marcha atrás con el polémico decreto que declara de interés público todo el sistema sanitario.

Denuncian que la medida es una abierta "expropiación" de los servicios. La decisión oficial de avanzar con un decreto de necesidad y urgencia para declarar a todo el sistema de salud de interés público, lo que fue anticipado al Congreso por el Ministro Ginés González García, desató un fuerte malestar entre los gremios, que juzgaron la medida como un intento de “expropiación” de los servicios de obras sociales sindicales y prepagas.

Además, desde la primera línea del sindicalismo enrolado en la CGT confiaron que se comunicaron telefónicamente en las últimas horas con el presidente Alberto Fernández para pedirle que de marcha atrás con la medida con la advertencia de que puede hacer colapsar todo el sistema sanitario.

En el Ejecutivo ahora evalúan la alternativa de limitar los alcances de la aplicación del concepto de interés público a algunas situaciones puntuales y que requieran de soluciones de carácter urgente en medio del tratamiento de la pandemia, apuntaron fuentes de la Casa Rosada.

El tema podría terminar se resolverse pronto, en un encuentro que funcionarios del Ministerio de Salud, encabezados por González García, mantendrán desde las 16 con representantes de las obras sociales, de las empresas de medicina privada y de clínicas y sanatorios, para analizar la letra del polémico decreto.

Durante una teleconferencia con los miembros de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, González García anticipó el miércoles que el Ejecutivo preparaba un DNU para declarar de interés público a todo recurso sanitario. "No vamos a discutir propiedad, podrá ser estatal o privado, pero creemos que tiene que tener un comportamiento igualitario para cada argentino, que se administre por jurisdicción", expresó el ministro.

A partir de esta iniciativa, el Gobierno podría pasar a controlar todos los insumos críticos de la estructura sanitaria, como camas y respiradores, pero también para extender la atención a todo tipo de prestaciones.

La bronca desde las obras sociales sindicales contra la medida no tardó en llegar. "Declarar de uso público a todos los sistemas es un esquema de expropiación directamente de los servicios, termina siendo la expropiación de un bien, y no estamos en una situación de emergencia como para avanzar tanto", explicó a diario El Cronista una de los referentes de la conducción de la central obrera.