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El Juez Lijo ordenó levantar el secreto bancario y fiscal de Adorni y su esposa

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La medida busca esclarecer la ruta del dinero tras las inconsistencias detectadas en la compra de departamentos y la veracidad de los créditos otorgados por prestamistas particulares.

El Juez federal, Ariel Lijo, ordenó este jueves el levantamiento del secreto bancario, fiscal y bursátil de Manuel Adorni, Jefe de Gabinete, y de su esposa, Bettina Julieta Angeletti.

La resolución se enmarca en la causa donde se investiga un presunto enriquecimiento ilícito, originada a partir de las dudas sobre la "evolución patrimonial" del funcionario y la compra de propiedades mediante "préstamos de particulares" que no guardarían relación con la capacidad económica de los acreedores.

Con esta medida, el magistrado busca obtener un cuadro completo de los ingresos, consumos y movimientos financieros de la pareja para cotejarlos con la información presentada ante la Oficina Anticorrupción.

La disposición judicial fue enviada al Banco Central de la República Argentina, a la Comisión Nacional de Valores y a la Administración Federal de Ingresos Públicos.

El juez solicitó que se remitan todos los datos sobre cuentas corrientes, cajas de ahorro, plazos fijos, participaciones societarias y movimientos de tarjetas de crédito.

Según fuentes judiciales, el objetivo central es verificar si los fondos utilizados para la adquisición de departamentos en la Ciudad de Buenos Aires provienen de fuentes lícitas y si efectivamente existieron los desembolsos por parte de las cuatro mujeres citadas recientemente a declarar como prestamistas.

El dictamen de Lijo señala que la medida es "conducente y necesaria para determinar la real situación patrimonial de los investigados y la veracidad de los pasivos declarados".

Esta decisión se produjo apenas 48 horas después de que la fiscalía citara a declarar a las cuatro acreedoras y a un exfutbolista vinculado a la operatoria.

La investigación se centró en un posible desfasaje entre el estilo de vida del vocero y sus ingresos declarados, poniendo el foco en los "préstamos de honor" o créditos privados que habrían facilitado sus inversiones inmobiliarias.

Desde el entorno de Adorni mantienen la postura de que toda la información patrimonial es pública y que el levantamiento del secreto permitirá confirmar la transparencia de sus actos.

La escribana de Adorni declaró ante la Justicia y negó la existencia de un préstamo por sus propiedades

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Adriana Nechevenko de Schuster se presentó ante el fiscal Gerardo Pollicita en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito.

La escribana Adriana Nechevenko declaró ante el fiscal Gerardo Pollicita en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al Jefe de Gabinete Manuel Adorni.

Nechevenko aseguró que "no hubo un préstamo" en la adquisición de los inmuebles del funcionario.

La declaración se extendió durante más de dos horas y, según trascendió, la escribana sostuvo que las operaciones se concretaron como una compra-venta "con una hipoteca por saldo de precio".

En ese sentido, buscó diferenciar la modalidad de financiamiento utilizada respecto de un préstamo tradicional.

La escribana explicó que mantiene desde hace años un vínculo profesional tanto con Adorni como con su esposa, Bettina Angeletti, lo que habría derivado en su intervención en las escrituras de las propiedades.

Los inmuebles en cuestión están ubicados en el barrio porteño de Caballito y en un country del partido bonaerense de Exaltación de la Cruz. Ambos forman parte del patrimonio que está bajo análisis judicial.

Antes de ingresar a la fiscalía, la escribana había adelantado a la prensa que no brindaría declaraciones públicas.

Sin embargo, posteriormente afirmó que durante su exposición "había contestado todas las preguntas" formuladas por el fiscal.

La presentación de Nechevenko se suma a una serie de medidas impulsadas por la fiscalía en el marco de la causa.

En paralelo, también se analiza su trayectoria profesional, a partir de reportes que la vinculan con presuntos servicios brindados a organizaciones de narcotráfico en el pasado.

En ese contexto, el fiscal Pollicita dispuso la citación a cuatro jubiladas que figuran como prestamistas en las operaciones inmobiliarias de Adorni.

Se trata de Claudia Sbabo y Beatriz Viegas, quienes habrían participado en la compra del departamento ubicado en la calle Miró, en Caballito, donde reside el funcionario.

Por su parte, Graciela Isabel Molina y Victoria María José Cancio fueron señaladas como las otorgantes de una hipoteca privada para otro inmueble en la calle Asamblea, también en el mismo barrio.

Las dos primeras mujeres fueron convocadas a declarar este jueves 9, mientras que las restantes deberán presentarse el lunes 13.

Estas testimoniales serán clave para determinar el origen de los fondos y la naturaleza de las operaciones bajo investigación.

La causa por presunto enriquecimiento ilícito contra Adorni continúa avanzando con nuevas pruebas y testimonios.

La declaración de la escribana que intervino en las escrituras representa un elemento central para esclarecer si las operaciones se ajustaron a derecho o si existieron irregularidades en el financiamiento de las propiedades.

En las próximas semanas, la fiscalía buscará profundizar en los vínculos entre los actores involucrados y en la documentación presentada, con el objetivo de determinar eventuales responsabilidades penales.

La Ciudad de Buenos Aires recuperó 500 propiedades usurpadas y se las devolvió a sus legítimos dueños

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"No cambiaron las leyes, lo que cambió fue la decisión política", aseguró Jorge Macri.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires logró recuperar 500 propiedades que se encontraban usurpadas y las devolvió a sus legítimos propietarios, en el marco de una política de seguridad que, según el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, "se basa en hacer cumplir la ley y defender la propiedad privada".

"En Buenos Aires se había naturalizado convivir con propiedades usurpadas. Nosotros tomamos una postura bien clara: hacer cumplir la ley y defender la propiedad privada. No cambiaron las leyes, lo que cambió fue la decisión política", afirmó Macri en una conferencia de prensa realizada este jueves en el edificio conocido como el Elefante Blanco, ubicado en el barrio de Belgrano.

El jefe de Gobierno estuvo acompañado por propietarios que recuperaron sus inmuebles, el ministro de Seguridad, Horacio Giménez, y el secretario de Seguridad, Maximiliano Piñeiro.

El Elefante Blanco, un edificio de 12 pisos y tres cuerpos ubicado en Olazábal 3432, había estado tomado durante seis décadas y fue desocupado en enero de este año.

Entre los casos más relevantes, el Ejecutivo porteño también logró recuperar la Casa Blaquier en el Casco Histórico, la Galería del Terror en Nueva Pompeya, ocupada durante 20 años, una parte del Mercado de Bonpland en Palermo, y un predio de 2.500 metros cuadrados en Paseo Colón y San Juan que era utilizado de forma irregular como campo deportivo por el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados.

A esto se suman inmuebles devueltos a sus dueños en distintos barrios de la Ciudad como Constitución, San Telmo, Flores, Almagro, La Boca, Villa Crespo, Barracas, Once y Villa del Parque, donde se encontraba el predio conocido como "La Lechería".

"En menos de dos años recuperamos 500 propiedades, una por día hábil. En la gestión anterior se hacían 30 al año, como mucho. Detrás de cada propiedad hay una historia, una familia, un vecino que recuperó lo que era suyo. Esa tranquilidad la vamos a defender y sostener: no vamos a tolerar que ninguna propiedad vuelva a ser usurpada", añadió Macri.

El operativo número 500 se realizó ayer en un antiguo hotel ubicado en Chile 1228, en el barrio de Monserrat, que estaba ocupado por personas que subalquilaban las habitaciones en condiciones precarias, sin acceso a servicios básicos y con graves deterioros estructurales.

La intervención se produjo tras el reclamo de Luciana Palacio, heredera del inmueble, quien denunció que el lugar había sido usurpado hacía 18 años.

La denuncia por usurpación fue radicada el 19 de agosto ante la Fiscalía Nº 21 y derivó en el operativo conjunto encabezado por la Policía de la Ciudad, junto a personal de Espacio Público, Higiene Urbana, Emergencias, Bomberos y la Red de Atención.

"Cuando un lugar es usurpado todo lo que sucede alrededor es malo. Se multiplican el narcomenudeo, la trata, los delincuentes escondidos, los robos en los barrios. Por eso nunca vamos a justificar un delito ni relativizar la ley. En la Ciudad, la propiedad privada se respeta, el esfuerzo se valora y el Estado está del lado de quienes cumplen", completó el jefe de Gobierno.

Macri también destacó la labor de la Justicia y del Ministerio Público Fiscal "que trabajan permanentemente para que se puedan recuperar propiedades", y detalló que los barrios con mayor cantidad de operativos fueron Balvanera, 65; La Boca, 39; Almagro, 28; Barracas, 24, y Constitución, 23.

En paralelo, la administración porteña reforzó los operativos contra la venta ilegal en la vía pública: ya se realizaron 12 megaoperativos que involucraron a unos 18 mil manteros en zonas como Once, Flores, especialmente sobre avenida Avellaneda, Parque Centenario, Constitución, Chacarita, Parque Patricios, Liniers, Parque Saavedra y Mataderos.

Eliminaron un impuesto para quienes vendan una propiedad comprada antes de 2018

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Era parte del articulado de la denominada Ley Bases. Desde ahora se sacó el impuesto de 1,5% pero queda vigente otro.

Luego que se publicaron en el Boletín Oficial los textos definitivos de las leyes 27.742 y 27.743, junto con sus decretos de promulgación, entró en vigencia este lunes la eliminación del Impuesto a la Transferencia de Inmuebles, que gravaba con el 1,5% el traspaso de propiedades.

Este impuesto lo pagaban expresión "sujetos no habitualistas", es decir, personas que hacen operaciones inmobiliarias en forma individual sin ser empresas dedicadas a estas transacciones. Ese porcentaje se le cobraba a los propietarios que vendían un inmueble que fue comprado antes del 31 de diciembre de 2017 y que no sea el de vivienda única y permanente.

El Impuesto a la Transferencia de Inmuebles, que regía desde 1991 bajo la Ley 23.905, es del 1,5% del valor del inmueble. Por ejemplo, en una venta por U$S100.000 el impuesto al vendedor es de U$S1.500, al valor del dólar oficial.

Si bien se eliminó desde este lunes, no todos los propietarios del país dejarán de pagar un gravamen por vender su inmueble. Esto se debe a que desde 2018, el Impuesto a la Transferencia de Inmuebles convive con otro impuesto, denominado a las Ganancias Cedulares, que grava la diferencia entre la compra y la venta, menos el costo actualizado por Índice de Precios al Consumidor y los gastos.

A grandes rasgos, si se adquirió en U$S100.000 y se vendió en U$S130.000, se paga un 15% sobre esos U$S30.000. Es decir, US$4.500, aunque a eso se le realizará el descuento de índice y gastos.

Inflación sin freno: para renovar alquileres, propietarios piden subas del 100%

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El presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina, Alejandro Bennazar, aseguró que "muchos contratos no se van a renovar, sino que se van a extender".

Bennazar se refirió a la compleja situación del mercado de alquileres, señalando que "la ley actual no beneficia a ninguna de las partes", advirtiendo por la tendencia de los inquilinos a extender el contrato en lugar de renovarlo, ante la imposibilidad de hacerle frente a los costos que eso implica.

En diálogo con Radio Rivadavia, Bennazar indicó que "para renovar los alquileres, los propietarios están pidiendo arriba del 100%", por lo que "a tres días de los vencimientos de contrato de esta nueva ley, que ya lleva tres años, más del 30% hasta ahora hizo una extensión".

De esta manera, afirmó que esa tendencia aumentará al expresar que "muchos contratos no se van a renovar, sino que se van a extender".

Asimismo, sostuvo que "la Ley de Alquileres no es aceptada por nadie" e hizo alusión al crecimiento de los alquileres temporarios, asegurando que es "el último chiste del desmadre de esta ley".

Manifestó además que "nos saca del juego a los corredores inmobiliarios".

AFIP hizo cambios para declarar autos, motos y propiedades

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AFIP modificó los valores mínimos a partir de los cuales los contribuyentes están obligados a declarar transferencias de bienes inmuebles y autos y motos usadas.

La Administración Federal de Ingresos Públicos modificó los valores mínimos a partir de los cuales los contribuyentes están obligados a declarar transferencias de bienes inmuebles y autos y motos usadas, a través de la resolución general 5362/2023 publicada en el Boletín Oficial.

Para los autos usados se aumentó de $600.000 a $1.100.000 el valor a partir del cual los sujetos que en forma habitual las realicen, deben declarar ante AFIP las operaciones de intermediación o compraventa por cuenta propia o de terceros.

Para las motos usadas, el valor a partir del cual se debe declarar la transferencia pasó de $ 240.000 a $ 450.000.

Por otra parte, se aumentó de $5 millones a $9,4 millones el valor a partir del cual los propietarios se encuentran obligados a obtener el Código de Oferta de Transferencia de Inmuebles con carácter previo a la negociación, oferta o transferencia de bienes inmuebles o de derechos sobre bienes inmuebles a construir.

Del mismo modo, se incrementó de $2,4 millones a $4,5 millones el valor a partir del cual los propietarios deberán obtener, con carácter previo a la realización del acto, el Certificado de Transferencia de Automotores.

La AFIP también determinó que todos estos valores serán actualizados anualmente, con vigencia a partir del 1 de abril de cada año, por el coeficiente que surja de la variación anual del Índice de Precios al Consumidor Nivel General que suministre el Indec.