A través de una cautelar, la empresa sostiene que solo las autoridades sanjuaninas pueden disponer un cese de la continuidad operativa del proyecto,

La tensión entre las provincias de San Juan y La Rioja a raíz del Proyecto Vicuña sumó un nuevo capítulo este martes.

En las últimas horas, el conflicto escaló al plano judicial, resultando en una resolución clave que busca blindar la actividad minera en la zona frente a los intentos de paralización emanados desde la provincia vecina.

La disputa cobró fuerza cuando la empresa a cargo del proyecto fue notificada de una resolución judicial emitida en La Rioja.

Dicho dictamen ordenaba no solo la suspensión de todas las actividades en el Proyecto Vicuña, sino también la aplicación de severas restricciones de tránsito a través de una ruta provincial, lo que representaba un bloqueo logístico para la operación.

Ante esta situación, el equipo legal de la compañía inició acciones inmediatas en los Tribunales Provinciales de San Juan para proteger su derecho a operar.

Como respuesta, un juzgado de primera instancia con competencia multifuero de la Segunda Circunscripción Judicial de San Juan dictó una medida cautelar que favorece directamente a la empresa minera.

Esta medida precautoria tiene como objetivo principal garantizar la continuidad de las operaciones en el yacimiento, impidiendo que el conflicto de jurisdicciones detenga la producción.

El fallo establece que el proyecto cuenta con el respaldo legal necesario para seguir funcionando en territorio sanjuanino. Uno de los puntos centrales de la resolución es la prohibición impuesta a terceros.

El tribunal sanjuanino determinó que ningún actor público o privado, ajeno a las autoridades oficiales de la provincia de San Juan, tiene la potestad de obstruir o suspender el normal desarrollo de las tareas operativas del proyecto.

El fundamento legal que sostiene esta decisión radica en la autoridad de aplicación.

La justicia sanjuanina reafirmó que el Proyecto Vicuña se encuentra debidamente habilitado por el Ministerio de Minería de San Juan, organismo que posee la jurisdicción y la competencia técnica para regular y supervisar las actividades en dicha área.

A pesar de la embestida judicial riojana, la empresa informó que continúa operando en pleno cumplimiento de los marcos legales vigentes.

La prioridad declarada por la firma es mantener la seguridad de sus trabajadores y la integridad de los procesos operativos mientras se resuelve la cuestión de fondo.

En paralelo, los especialistas legales de la compañía se encuentran analizando minuciosamente el alcance de la resolución de La Rioja.

El objetivo es desarticular los argumentos de la provincia vecina que, mediante la restricción del tránsito por rutas provinciales, busca ejercer presión sobre un proyecto que San Juan considera propio de su dominio jurisdiccional.

Desde el punto de vista institucionals, se busca evitar que los bloqueos en las rutas riojanas afecten el flujo logístico, garantizando que los insumos y el personal puedan circular sin interferencias externas.

Por el momento, la medida cautelar de San Juan actúa como un respaldo que permite de manera legal la normal operatividad del Proyecto Vicuña frente a las órdenes de suspensión dictadas desde territorio riojano.