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El Senado bonaerense convocó a sesión para discutir la reelección indefinida de los legisladores

La iniciativa fue impulsada por legisladores de Unión por la Patria cercanos a Cristina Kirchner.

El Senado de la provincia de Buenos Aires fue convocado para sesionar este jueves con el objetivo de debatir un proyecto que permitiría la reelección indefinida de diputados, senadores y concejales.

La iniciativa fue presentada por el senador Luis Vivona y respaldada por otros once legisladores del bloque Unión por la Patria, entre ellos figuras cercanas a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El proyecto, que cuenta con dictamen desde el 30 de abril, plantea la modificación y derogación de artículos que actualmente limitan a dos los mandatos consecutivos tanto para legisladores provinciales como para concejales municipales.

De ser aprobado, quienes estén finalizando su segundo mandato podrían competir nuevamente en las elecciones legislativas del 7 de septiembre.

La sesión será presidida por la Vicegobernadora Verónica Magario y el texto a tratar ya tiene apoyo del oficialismo, además del respaldo del senador Carlos Kikuchi, exarmador del Presidente Javier Milei y referente de Unión por la Libertad.

A diferencia de los legisladores y concejales, el proyecto no contempla cambios sobre la situación de los intendentes.

Sin embargo, fuentes parlamentarias señalaron que la discusión sobre la posibilidad de aplicar la misma medida a los jefes comunales podría retomarse más adelante.

Dentro de la agenda legislativa del oficialismo también se discuten otras posibles reformas vinculadas al sistema electoral.

Entre ellas se encuentran el rediseño de las boletas, la autorización del uso de listas colectoras en la categoría de concejales y la impresión de papeletas sin imágenes, en blanco y negro.

Además de Vivona, firmaron el proyecto los Senadores Teresa García, Emanuel González Santalla, Gustavo Soos, Walter Torchio, Eduardo Bali Bucca, Adrián Carlos Santarelli, Laura Clark, Amira Curi, María Rosa Martínez, María Elena Defunchio y Daniela Viera.

Gobierno aprobó el primer proyecto del RIGI para la creación de un parque solar en Mendoza

El proyecto implica una inversión total de U$S211.600.072

El Gobierno oficializó este miércoles la aprobación del primer proyecto que ingresará al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones por un monto apenas superior a los U$S211.000.000, mediante la Resolución 1/2025 publicada en el Boletín Oficial.

La inversión que obtuvo el aval gubernamental definitivo al cumplimentar todos los pasos previstos es el Parque Solar El Quemado y Anexos por una capacidad instalada total de 305 megavatios, que se desarrollará en la provincia de Mendoza por la empresa Luz del Campo S.A.

La implementación de la iniciativa se llevará a cabo en dos etapas. En la primera se avanzará con la instalación de paneles solares bifaciales en 350 hectáreas por una capacidad instalada de 200 megavatios, mientras que en la segunda instancia se prevé completar la capacidad total planeada.

El proyecto implica una inversión total de U$S211.600.072, de los cuales en el primer y segundo año contados desde la fecha de solicitud de adhesión se emplearán U$S204.544.000, "cumplimentándose el 40% del monto mínimo de inversión definido para el sector de energía".

Asimismo, quedó estipulado que de la inversión total, unos U$S94.076.795 serán abonados a proveedores del exterior, mientras que la suma restante de U$S117.523.278 será cancelada a proveedores locales.

Además, se fijó que la fecha límite comprometida para alcanzar el monto mínimo de inversión en activos computables es el 30 de enero de 2027.

En el análisis realizado para determinar la viabilidad de la inversión, el Banco Central consideró que la misma "no afecta la sostenibilidad del sector externo ni tampoco resulta significativo su impacto en las reservas internacionales" y también señaló que "no se considera que el proyecto pueda afectar negativamente, por sus efectos cambiarios, los objetivos de desarrollo económico y estabilidad financiera".

En paralelo, la entidad bancaria sostuvo que "en el caso que se diera la sustitución de importaciones planteada una vez que entra en producción, el balance cambiario resultaría positivo considerando los tres años iniciales del proyecto, ya que los gastos de operación a partir de la puesta en marcha son locales".

Al mismo tiempo, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico y la Secretaría de Energía evaluaron la iniciativa y concluyeron que la misma "cumple con los requisitos y objetivos del RIGI".

Gobierno presentó un proyecto para bajar la edad de imputabilidad a 13 años

Los Ministros Patricia Bullrich y Mariano Cúneo Libarona dieron detalles del nuevo Régimen Penal Juvenil.

Los Ministros de Seguridad y Justicia, Patricia Bullrich y Mariano Cúneo Libarona, presentaron el proyecto del oficialismo para un nuevo Régimen Penal Juvenil, que bajará la edad de imputabilidad a los 13 años.

El texto ya fue enviado al Congreso y los funcionarios indicaron que que por mandato del Presidente Javier Milei.

En conferencia de prensa, Bullrich expresó: "Venimos a cumplir con una obligación de nuestra sociedad. Nuestra sociedad no quiere tener impunidad. No quiere que a sus hijos o a sus padres los maten y no quiere que quien comete un delito no tenga ninguna consecuencia".

"Esto es importante porque el medio ambiente de ese menor es lo que lo lleva a volver a cometer delitos. Nosotros lo tenemos que extraer de esa situación para que no siga en la carrera delictiva", sostuvo la ministra.

"La edad de imputabilidad es un tema que gobierno tras gobierno, años tras año, las distintas fuerzas políticas han ido posponiendo y escondiendo. Esta gestión no tiene vocación de mentirles a los argentinos; las estadísticas dicen que el delito juvenil existe, crece y cuesta vidas", subrayó el Ministerio de Seguridad.

En un comunicado, la cartera señaló que "las consecuencias de años de zaffaronismo, sumado al desastre educativo y la mentira del Estado presente, sentaron las bases para el crecimiento de nuevas formas de delito, entre ellas el reclutamiento de menores de edad para la comisión de crímenes por los que actualmente no pueden ser imputados".

"Resulta imposible combatir a los delincuentes sin leyes que amparen a las Fuerzas Federales de Seguridad y a la Justicia a la hora de proteger a los argentinos de bien", expresó.

"Es por eso que, por decisión del Presidente Milei, los equipos conjuntos del Ministerio de Seguridad y del Ministerio de Justicia trabajaron en la redacción del proyecto de Baja de Edad de Imputabilidad, con el objetivo de terminar con la impunidad, frenar la puerta giratoria, y darle respuesta a la gente", resaltó el oficialismo.

Y agregó: "El Gobierno Nacional espera que el Congreso de la Nación comprenda la urgencia y trabaje prontamente en la aprobación de la norma".

La Coalición Cívica presentó un proyecto de ley para transparentar la labor de los diputados y senadores

La iniciativa establece los principios y deberes éticos que deben guiar su desempeño, las incompatibilidades, los mecanismos de gestión y prevención de conflictos de intereses.

El Diputado nacional y Presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, presentó este sábado un proyecto de ley para establecer un régimen de transparencia y supresión de honores para los diputados, senadores y personal jerárquico del Congreso de la Nación.

La iniciativa establece los principios y deberes éticos que deben guiar su desempeño, las incompatibilidades, los mecanismos de gestión y prevención de conflictos de intereses.

También consigna las respectivas sanciones por su incumplimiento y la supresión de todo tipo de honores o privilegios en su calidad de representantes y funcionarios del Poder Legislativo.

Una cláusula anti nepotismo, presentación y publicación de sus declaraciones juradas patrimoniales y de intereses son los principales puntos del proyecto presentado.

Además, propone la dedicación exclusiva de los legisladores, incompatible con cualquier otra actividad privada o cargo público, con excepción de la docencia.

Respecto a la supresión de privilegios y honores, quedarían suprimidos y prohibidos "todos los privilegios o beneficios que no cumplan estrictamente una función relevante o esencial para el legislador".

En este sentido, de aprobarse el proyecto, se suprimiría el uso de vehículos oficiales y la emisión de pasaportes oficiales, salvo para viajes oficiales con la fecha de inicio y finalización respectiva.

"Las disposiciones que proponemos tienen por objetivo una reforma profunda y no meramente mediática del Poder Legislativo. Enfrentar la corrupción y los conflictos de intereses requiere de un trabajo coordinado y responsable, no de realizar declaraciones demagógicas y promover el ataque al Poder Legislativo", señala el proyecto de ley en sus fundamentos.

Gobierno presentará un proyecto de ley para retrotraer el aumento a legisladores

Luego de que el pasado miércoles se haya anunciado un aumento del 30% para diputados y senadores nacionales, el Presidente Milei pidió dar marcha atrás ya que "no había sido informado ni consultado sobre la decisión y se enteró por publicaciones".

Luego de que se haya anunciado el aumento de cerca del 30% para diputados y senadores nacionales, el oficialismo presentará un proyecto de ley para retrotraer estos incrementos suscriptos de manera conjunta por los Presidentes de la Cámara baja, Martín Menem, y de la Cámara alta, Victoria Villarruel.

A raíz de las repercusiones negativas que de inmediato generó el anuncio del aumento para diputados y senadores, que llevaría las dietas por encima de los dos millones de pesos mensuales, en el bloque oficialista pusieron las barbas en remojo y este jueves el Diputado nacional Carlos D´Alessandro le planteó la preocupación a Menem, quien dio el visto bueno para dar marcha atrás con la medida.

El riojano y Villarruel habían firmado el 23 de febrero pasado una resolución conjunta en la que refrendaban el acuerdo paritario con el gremio APL que establecía un incremento para personal legislativo del 16% a partir del 1 de enero y del 12% desde el 1 de febrero.

Aquel acuerdo no hacía referencia a los diputados y senadores nacionales, aunque éstos tienen atadas sus dietas a los incrementos que reciben los trabajadores del Congreso, por lo que el aumento para los legisladores caía de maduro y sólo lo separaba la firma de los respectivos titulares de las cámaras.

La resolución que se conoció este miércoles con la firma de Menem y Villarruel destacaba que "en virtud de la responsabilidad política, los signatarios del presente acuerdo en representación de la parte empleadora se comprometen a otorgarlo en función de la disponibilidad en las partidas presupuestarias, impulsando las diligencias necesarias ante las presidencias de ambas Cámaras".

Más allá de este ajuste de cerca del 30%, lo cierto es que los haberes que perciben los diputados nacionales ya habían registrado un aumento de ese mismo tener al comparar los recibos de sueldo de enero y febrero.

Según fuentes cercanas al Presidente Javier Milei, él señaló que "no había sido informado ni consultado sobre la decisión y se enteró por publicaciones".

El aumento acumulativo sería de dos cuotas, 16% en enero y 12% en febrero. Desde La Libertad Avanza, José Luis Espert defendió el incentivo y dijo que "nos aumentaron la dieta un 30% en el primer bimestre con una inflación del 45%, así que hay una perdida real del 10%".

Por su parte, Carlos D'Alessandro, propuso que los legisladores del Congreso de la Nación devuelvan lo que ganan del aumento del 30%.

Se aprobó en Diputados el proyecto del programa Compre sin IVA

El proyecto, que ahora pasará al Senado, logró 134 votos positivos, ninguno en contra y 107 abstenciones, todas ellas de Juntos por el Cambio.

El oficialismo logró aprobar en la Cámara de Diputados el proyecto impulsado por el Ministro de Economía, Sergio Massa, que consagra por ley desde el 1 de enero de 2024 el programa Compre sin IVA, el cual se implementa desde el mes pasado y hasta el 31 de diciembre a través de una resolución del Poder Ejecutivo.

La media sanción de la Cámara Baja, que ahora deberá convalidarse en el Senado, fue aprobada por 134 votos positivos, ninguno en contra y 107 abstenciones.

Juntos por el Cambio optó por esta última postura, luego de haber impulsado un dictamen alternativo que circunscribía el alcance del descuento del IVA para productos de la canasta alimentaria e higiene al 9 de diciembre, "para no condicionar" a la política tributaria de la futura gestión.

En cambio, se sumaron por la positiva el Frente de Izquierda, La Libertad Avanza, el Interbloque Federal, Provincias Unidas y el gobernador electo de Neuquén, Rolando Figueroa.

De esta manera, el Gobierno avanzó a paso firme con su agenda económica parlamentaria que comenzó tres semanas atrás con la aprobación de la eliminación del impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría, con menos de dos semanas por delante para las elecciones generales.

La medida alcanza a trabajadores del sector público o privado cuyo ingreso mensual no supere los seis Salarios Mínimos Vitales y Móviles, jubilados y pensionados, cuyo ingreso no exceda los seis haberes mínimos; beneficiarios de AUH y de asignación por embarazo; trabajadores/as de casas particulares, monotributistas y quienes realicen compras con la Tarjeta Alimentar o tarjetas emitidas a beneficiarios de programas como el Potenciar Trabajo.

En tanto, estarán excluidos quienes perciban ingresos gravados por el impuesto a las Ganancias y quienes estén inscriptos en el Sistema Integrado Previsional Argentino como trabajadores autónomos.

El reintegro mensual no podrá superar el 21% del valor de la Canasta Básica Alimentaria para un hogar tipo 2, vigente en cada mes.

El reintegro del IVA se efectuará a aquellas compras realizadas con tarjetas de débito, así como también aquellas que se hagan con billeteras de pago electrónico a través de QR.

Cuando los pagos se realicen mediante tarjetas de crédito, la acreditación del monto será efectuada e identificada por las entidades emisoras en el resumen del mes siguiente.

Mendoza aprobó un proyecto para que los mapuches no sean considerados como pueblo originario argentino

Por mayoría de votos, la legislatura provincial repudió el decreto 805/21 del Poder Ejecutivo y manifestó su preocupación el conflicto mapuche. Esta semana la Corte Suprema suspendió la entrega de tierras en Río Negro.

La Cámara de Diputados de Mendoza votó a favor de un proyecto que establece que los mapuches "no deben ser considerados pueblos originarios argentinos" luego de la iniciativa del oficialismo provincial haya acumulado 30 votos a favor, 8 negativos, 6 abstenciones y 4 ausencias.

Además, los legisladores manifestaron su "preocupación" por el accionar del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas respecto al conflicto en la provincia.

El texto aprobado durante la sesión repudia el Decreto nacional 805/21 que establece la suspensión de los desalojos y la desocupación de tierras en disputa e instruyó al INAI para realizar el relevamiento técnico-jurídico-catastral de la situación de las áreas ocupadas por las comunidades indígenas.

"Con base en los aportes científicos, históricos, antropológicos aportados al momento del tratamiento en comisión por especialistas en el tema indígena, que los mapuches no deben ser considerados pueblos originarios argentinos en los términos del art. 75 inc. 17 de la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales", reza la letra de la resolución presentada por el titular del Bloque de Diputados del PRO en Mendoza, Gustavo Cairo.

En la misma sintonía, expresa el "repudio por el Decreto N°850/21 del Poder Ejecutivo Nacional, que prorroga y modifica la Ley 26.160, ya que se encuentra viciado de nulidad y fue dictado en contra de la división de poderes".

Este plantea la "preocupación por el procedimiento realizado por el INAI en las Resoluciones 36/2023; 42/2023 y 47/2023 de dicho organismo, omitiendo la debida participación de la provincia de Mendoza, Municipios involucrados y terceros con intereses legítimos y de los actos posteriores que de estas se deriven".

A través de sus redes sociales, el Diputado nacional por Mendoza, Omar de Marchi celebró la aprobación del proyecto al afirmar que "Mendoza no se negocia".

"Hoy a través de un proyecto impulsado por Gustavo Cairo a principios de febrero, la Legislatura Provincial reconoció que los mapuches no son argentinos. Seguiremos defendiendo a Mendoza y esperamos que la justicia responda a nuestra denuncia al INAI", indicó el legislador opositor.

La letra de proyecto

El detalle del proyecto presentado Cairo establece el rechazo al DNU 850/21 del Gobierno que prorrogó la Ley 26.160, de emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país con personería jurídica inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas, ya que "se encuentra viciado de nulidad y fue dictado en contra de la división de poderes".

Además manifiesta preocupación por el procedimiento realizado por el INAI en las resoluciones 36/2023; 42/2023 y 47/2023, sin la participación de la provincia, municipios involucrados "y terceros con intereses legítimos y de los actos posteriores que de estas se deriven".

Y establece que, en base a aportes científicos e históricos, "los mapuches no deben ser considerados pueblos originarios argentinos en los términos del art. 75 inc. 17 de la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales".

Los argumentos en contra 

Por la negativa se expresaron los Legisladores Bruno Ceschin, Valentina Morán, Laura Chazarreta, Edgardo González, Laura Soto, Natalia Vicencio, Néstor Márquez (Frente de Todos) y José Luis Ramón (Protectora).

Además, se contabilizaron 6 abstenciones de los Diputados Verónica Valverde, Marisa Garnica, Duilio Pezzutti, Roxana Escudero, Julio Villafañe (Frente de Todos) y Emanuel Fugazzotto (Partido Verde); y 4 ausentes en la votación: Omar Félix, Juan Pablo Gulino (Frente de Todos), Jorge Difonso (Unión Popular), y Sandra Astudillo, con pedido de licencia.

El Diputado José Luis Ramón (Protectora), quien preside la comisión de Derechos y Garantías, contrapuso que el INAI "no reconocen la posesión, ni el título de propiedad, ni se les está cediendo ningún tipo de tierras que tenga el valor de privarnos a los mendocinos, de estos mendocinos que son el pueblo mapuche, de los recursos económicos que la Constitución de Mendoza dice que los superficiales no tienen".

Además, planteó que se niega "la existencia de todas y cada una de estas comunidades en el sur de la provincia", y añadió que "lo que se les reconoció es la ocupación tradicional, pública y actual del territorio; lo que no garantiza ni le otorga, ningún derecho de propietario. Se trata del reconocimiento de la ocupación comunitaria por un tema cultural, no por un sistema de propiedad privada".

"Es el Estado el que debe proteger a estas comunidades ancestrales", sostuvo al tiempo que aclaró que el proyecto aprobado "repercuten en discursos del odio".

En sintonía, la Diputada Laura Chazarreta (Frente de Todos), rechazó la letra a destacar que se trató de un dictamen "para anular la identidad de personas, de mendocinos y mendocinas". "Es un retroceso de los derechos de los pueblos originarios en Argentina, es racista, negacionista y anticonstitucional", concluyó.

El Senado tratará el proyecto que permite a los gobernadores subir impuestos

También aprobará el blanqueo de capitales para la construcción, una de las iniciativas que el nuevo ministro de Economía le pidió apurar al Congreso.

Después de casi un mes y medio y luego de dos cambios de ministro de Economía, el Senado vuelve a sesionar este miércoles con proyectos económicos.

Por un lado, la Cámara Alta avanzará con el Consenso fiscal, que faculta a los gobernadores a subir impuestos y les permite cubrirse ante el potencial ajuste fiscal que impulsaría Sergio Massa. La iniciativa genera ruido dentro de Juntos por el Cambio, que votaría dividido.

Por otro lado, quedará sancionada la prórroga del blanqueo de capitales para la construcción, uno de los proyectos que el nuevo titular de Hacienda pidió apurar.

El Frente de Todos sigue sin conseguir los votos necesarios para poder avanzar con la reforma de la Corte Suprema para ampliar el máximo tribunal del país a 25 miembros. Según indicaron fuentes parlamentarias, el problema continúan siendo las objeciones del oficialista Adolfo Rodríguez Saá.

De los 37 senadores necesarios para aprobarlo, el oficialismo tiene 35 propios y el apoyo de dos aliados. Con lo cual cualquier ausencia o la falta de acompañamiento de un legislador supondría el fracaso de la iniciativa.

El Senado avanzará con el Consenso fiscal

El jueves pasado, tras ocho meses sin tratamiento, la comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado le dio dictamen al proyecto que les permite a las provincias aumentar el gasto público por encima de la inflación e incrementar impuestos (inmobiliario, ingresos brutos, sellos, automotor, y gravar la herencia).

"No es una señal para Massa, al revés, es un gesto a los gobernadores. Ahora todo se trata de tapar agujeros. La plata la necesitás y hay que ser muy ingeniosos para poder cumplir con los compromisos que tenés con todos", señalan fuentes del Frente de Todos del Senado, donde aseguran que el avance del proyecto tiene el visto bueno de la vicepresidenta Cristina Kirchner y del nuevo ministro de Economía.

"No podes seguir con los envíos discrecionales a las provincias, pero esto les va a permitir a los gobernadores mejorar la recaudación por otro lado", agregaron.

En otras palabras, la iniciativa, que tiene los votos necesarios para avanzar en el Senado, les permitirá a los mandatarios provinciales, en caso de que luego sea aprobada en Diputados, cubrirse de una posible caída de los Aportes del Tesoro Nacional en el marco de un programa de ajuste fiscal que podría llegar a encarar (o al menos eso prometió) Sergio Massa al frente de Economía.

El proyecto que beneficiaría a los gobernadores promete traer ruido al interbloque de Juntos por el Cambio. El 27 de diciembre del 2021, Alberto Fernández firmó con 23 provincias del país el Consenso Fiscal.

El único distrito que no firmó fue la Ciudad de Buenos Aires, que gobierna Horacio Rodríguez Larreta, quitando a La Pampa y San Luis que, como no habían adherido al pacto fiscal durante la administración Mauricio Macri, no necesitaban actualizar los parámetros del acuerdo.

Es decir, también fue suscripto por las tres provincias gestionadas por los gobiernos radicales de Gerardo Morales (Jujuy), Gustavo Valdés (Corrientes) y Rodolfo Suárez (Mendoza).

El problema es que Juntos por el Cambio tomó el compromiso público de no votar subas de impuestos en el Congreso. Y el nuevo pacto fiscal, aunque no obliga a elevar impuestos, lo permite.

"Va a haber libertad de acción, probablemente la mayoría vote en contra", indicaban en el interbloque de Juntos por el Cambio en la Cámara Alta, que se reunirá este miércoles por la mañana antes de la sesión. En principio, los senadores que responden a los gobernadores radicales acompañarían.

Gesto para Sergio Massa: el Senado sancionará la prórroga del blanqueo para la construcción

El miércoles pasado, horas después de jurar como el nuevo Ministro de Economía, Sergio Massa le pidió al Congreso acelerar el tratamiento de cuatro iniciativas. Tres de esos proyectos ya tuvieron la media sanción de Diputados, y esperan la votación definitiva del Senado.

Este miércoles, la Cámara Alta dará un primer gesto y tratará en el recinto el proyecto que prórroga la vigencia de un blanqueo de capitales para activar de manera específica a la construcción con incentivos impositivos para quienes declaren bienes.

En Diputados la iniciativa fue impulsada por el propio Sergio Massa, entonces presidente de la Cámara Baja, y el jefe del bloque del PRO, Cristian Ritondo. A principios de mayo, la prórroga obtuvo media sanción con apoyo del Frente de Todos, el PRO y la UCR, y el rechazo de la Coalición Cívica y la Izquierda. El Senado lo aprobaría por amplia mayoría.

Además, la Cámara Alta ya avanzó este martes en la comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Industria y Comercio y le dio dictamen favorable al proyecto de ley de promoción de la industria automotriz y autopartista local, que también pidió el nuevo ministro de Economía.

La iniciativa prevé la exención del derecho a la exportación hasta el 2031 y declara sector estratégico a la producción autopartista. El proyecto también intenta impulsar inversiones en ese sector a cambio de beneficios como la devolución anticipada del IVA. Quedó en condiciones de ir al recinto desde la semana que viene.

Alivio fiscal para monotributistas y autónomos: la Cámara de Diputados le dio media sanción al proyecto

La sesión especial comenzó este miércoles al mediodía el tratamiento, en primer término, del proyecto de alivio fiscal impulsado por Massa. 

Este miércoles por la tarde la Cámara de Diputados aprobó en forma unánime, 237 votos contra cero, el proyecto de ley del alivio fiscal para monotributistas y autónomos, impulsado por el Presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa. 

Ahora la iniciativa pasa al Senado, donde deberá ser aprobada para convertirse en ley.

El debate se produjo en medio en un clima de tensión entre el oficialismo y la oposición por el escándalo por el avión inmovilizado en el aeropuerto internacional de Ezeiza, con tripulantes iraníes y venezolanos, por el que Argentina recibió alertas de otros países como Uruguay y Paraguay.

Juntos por el Cambio reclamó la interpelación del canciller Santiago Cafiero, lo que fue bloqueado por el Frente de Todos, por 114 negativos y 104 afirmativos, sin abstenciones, en un debate caliente entre la oposición y el oficialismo.

El proyecto de ley del alivio fiscal para monotributistas y autónomos consiste, por una parte, en ampliar los topes de facturación para cada una de las categorías del monotributo y, por otra parte, en modificar las deducciones especiales al impuesto a las Ganancias de autónomos para elevar el mínimo no imponible de ese tributo.

En cuanto a los cambios al régimen simplificado, el dictamen propone adelantar al 1 de julio los aumentos, que debían hacerse en enero del 2023, en los topes de facturación de cada una de las categorías del monotributo.

"Si no hiciéramos esta corrección con el monto de las escalas de monotributo se corre el riesgo de que el 1 de julio, cuando la AFIP haga la recategorización, muchos monotributistas salten de categoría o incluso algunos salgan de régimen simplificado", explicó la miembro informante del oficialismo, Mónica Litza.

El objetivo, entonces, es que los contribuyentes monotributistas no tengan que pagar una alícuota mayor por el solo hecho de facturar más nominalmente producto de la inflación. Esa mayor facturación probablemente no represente un mayor ingreso en términos reales.

"Lo que ingresa al bolsillo de las y los trabajadores va al consumo. No va a una offshore o a inversiones más importantes. Va a fortalecer ese mercado interno que es muy importante en Argentina representa un porcentaje altísimo del PBI, de nuestra economía. Va a estimular y alentar a los y las emprendedoras para puedan seguir invirtiendo en sus emprendimientos y va a poner en movimiento el circulo virtuoso del consumo, del fortalecimiento del mercado interno", concluyó la massista.

El proyecto de Massa proponía originalmente un aumento del 29.12%, que es el incremento acumulado de las prestaciones de Anses a junio de este año. Sin embargo, durante los últimos dos días hubieron intensas negociaciones entre el oficialismo y la oposición, gestiones que no cesaron hasta bien entrada la sesión, para mejorar ese número.

Según altas fuentes de la Cámara baja, la propuesta superadora que surgió de esas negociaciones fue que para las primeras cuatro escalas del monotributo (categorías A, B, C y D) el incremento pasara al 60% promedio, mientras que las categorías más altas tengan el aumento estipulado del 29.12%.

Además, se incorporó otra mejora que tiene que ver con la eximición del componente impositivo en las dos categorías más bajas (A y B). Según calcularon fuentes parlamentarias que trabajaron en las puntadas finales del proyecto, esta exención del componente impositivo beneficiará a 2,1 millones de monotributistas, es decir, el 47% del total.

Las modificaciones en el porcentaje de incremento de los topes de facturación y la liberación de los componentes impositivos en las categorías más bajas venían siendo planteadas internamente desde hace meses por el radical frentetodista Leandro Santoro.

Fue él junto a Mónica Litza y Carlos Heller quienes encabezaron las negociaciones con Luciano Laspina (PRO), Alejandro Topo Rodríguez (Identidad Bonaerense), Alejandro Cacace (Evolución Radical) y Margarita Stolbizer (Encuentro Federal), entre otros.

Durante su intervención y antes de que se confirmaran las mejoras en el proyecto, el radical Alejandro Cacace (Evolución-Juntos por el Cambio) explicó que de acuerdo a la propuesta original del Frente de Todos, aún con las actualizaciones adelantadas al 1 de julio, "nos encontramos con que las tres categorías más bajas su facturación queda por debajo de la línea de pobreza".

"Es decir, lo que factura alguien no alcanza siquiera para cubrir la canasta básica familiar de bienes y servicios", advirtió el puntano, antes de que se dieran a conocer informalmente los avances en las negociaciones con el Frente de Todos para mejorar la redacción del proyecto.

Respecto de la situación de los autónomos, el Frente de Todos accedió a un cambio concreto pedido por la oposición para que el las deducciones especiales representen hasta 2.5 veces la ganancia no imponible, y que sea de 3 veces para nuevos profesionales. El dictamen de mayoría original proponía que fuera de 2 veces para autónomos en ejercicio, y de 2.5 para nuevos profesionales.

La idea es eliminar la brecha entre el mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias que pagan los autónomos respecto de los trabajadores en relación de dependencia.

Así lo explicó Cacace en su discurso, "si son trabajadores al igual que los trabajadores en relación de dependencia, deben recibir igualdad de trato. Es decir que que si tiene hay igual capacidad contributiva, tienen que pagar igual cantidad de impuestos".

"No puede ser que alguien que paga 280.000 pesos como empelado en relación de dependencia no pague impuestos pero si una persona registrada en el régimen de autónomos tienen la misma cantidad de ingresos paga cientos de miles de pesos en impuestos, porque entonces el trato ahí es desigual", agregó.

"Lo que planteamos es que tenemos que equipararlos bajo un principio. A igual capacidad contributiva, se paga lo mismo en impuestos", resumió el opositor.

"El alivio es temporario, la verdadera situación que debemos abordar es una inflación voraz que día a día se come el salario de los argentinos y lesiona de manera profunda a los que menos tienen, a los que no tienen opciones", afirmó.

En representación de la Coalición Cívica, Paula Oliveto Lago sostuvo que "el alivio es temporario" y que "la verdadera situación que debemos abordar es una inflación voraz que día a día se come el salario de los argentinos y lesiona de manera profunda a los que menos tienen".

Por su parte, Topo Rodríguez (Identidad Bonaerense-Interbloque Federal) valoró la iniciativa, que tildó de "importante, aunque parcial, en el marco de una Argentina que dilapida confianza a nivel internacional".

Las medidas contempladas dentro de esta norma de "alivio fiscal" impactará positivamente en la situación económica de buena parte de los 4,5 millones de monotributistas y 140.000 autónomos con actividades registradas en el país.

Ingresó al Senado el proyecto para ampliar a 25 los miembros de la Corte Suprema

Fue acordado entre el Presidente Alberto Fernández y una quincena de gobernadores. Lleva la firma de José Mayans y de la Senadora cristinista Anabel Fernández Sagasti, presidente y vicepresidenta del interbloque del Frente de Todos.

El proyecto ley de ampliación de la Corte Suprema de Justicia a 25 miembros, promovido por el Presidente Alberto Fernández, se presentó en el Senado de la Nación este jueves al mediodía y lleva la firma de José Mayans y Anabel Fernández Sagasti, presidente y vicepresidenta del interbloque del Frente de Todos.

Además, la iniciativa ya fue enviada a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales para que comience a debatirse la semana que viene.

Aspectos importantes del proyecto

  • En el artículo 1° el proyecto detalla que la Corte Suprema de Justica estará conformada "por 25 jueces y juezas" y una "ley especial determinará el modo de organización y funcionamiento" del tribunal.
  • Los actuales jueces de la Corte "conservarán sus puestos", la cobertura la cobertura de vacantes "tendrá en consideración la actual composición" y que el resto de los nombramientos se irán produciendo "conforme sean designados".
  • La implementación de la ley se implementará cuando se "cuente con el crédito presupuestario necesario para la atención del gasto".  

En los fundamentos del proyecto se señala que la ampliación tiene como intención evitar los "altísimos niveles de delegación de trabajo juridisccional en personas que no son sus jueces" y "favorecer la inmediatez con los expedientes y con el justiciable".

Asimismo, resaltaron que esta modificación "permite una composición, en principio, más acorde con el sistema republicano de gobierno y con la multiculturalidad que caracteriza a nuestra sociedad que es la base de la democracia igualitaria y plural a la que todos aspiramos".