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El Senado debate el proyecto de medidas para contener la pandemia

Se descuenta que la iniciativa sea aprobada gracias a los votos del Frente de Todos, que es mayoría en la Cámara alta, y que contará con el rechazo de Juntos por el Cambio y el resto de la oposición.

El Senado de la Nación comenzó este jueves por la tarde, en sesión especial, a debatir el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso para establecer criterios básicos epidemiológicos y adoptar medidas que mitiguen la pandemia de coronavirus en Argentina.

La sesión comenzó minutos después de las 14 horas y se descuenta que la iniciativa sea aprobada gracias a los votos del Frente de Todos, que es mayoría en la Cámara alta, y que contará con el rechazo de Juntos por el Cambio y el resto de la oposición.

La Presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, la peronista y santafecina María de los Ángeles Sacnun, defendió el proyecto al destacar que busca evitar que el sistema "sanitario colapse".

Además, cuestionó a la oposición de Juntos por el Cambio por considerar que utiliza la situación epidemiológica con un fin electoral.

"El presidente de la Nación pretende preservar la estabilidad del sistema sanitario y que no colapse", afirmó Sacnun al abrir el debate de la iniciativa en la sesión especial de la Cámara alta.

"Estamos lamentando la muerte de 72.265 argentinos que para nosotros no son un número más, sino nuestros familiares, amigos y vecinos, víctimas de esta pandemia", enumeró.

Sacnun agregó que "más democrático y más republicano que este proyecto en el marco de una pandemia como no teníamos memoria, no puede haber".

La legisladora apuntó contra la oposición al afirmar que "hay un núcleo muy duro de la oposición que pasó de apoyar las medidas contra el coronavirus a oponerse a esta normativa".

"¿Se está utilizando electoralmente las más de setenta mil muertes?", se preguntó Sacnun y consideró que "es un momento para tender puentes, construir consensos políticos porque acá nadie se va a salvar solo".

En tanto, el Presidente de la Comisión de Salud, el radical jujeño Mario Fiad, cuestionó el proyecto de ley. "Destaco que después de incontables Decretos de Necesidad y Urgencia el Poder Ejecutivo haya acudido al Congreso de la Nación cuyas facultades fueron vulneradas durante todo el proceso de la pandemia", expresó.

No obstante, agregó que "es una incorrecta delegación legislativa" y sostuvo que "la pandemia es el argumento válido para ir por todo". "El Congreso, con este proyecto de ley, les dice a los gobernadores qué tienen que hacer", destacó.

Fiad se preguntó "si el objetivo es reducir los contagios y preservar la salud, por qué no probamos con estrategia sanitaria con habilidad para acceder a vacunas".

"Nos perdimos la oportunidad de tener millones de vacunas con Pfizer. También con Fondo Covax. ¿Por qué no garantizamos que la militancia política no sea la prioridad para la vacunación?", insistió.

Cómo es el proyecto del Ejecutivo

El proyecto enviado la semana pasada por el Gobierno y dictaminado menos de tres días después, establece un marco normativo sobre parámetros de riesgo epidemiológico y sanitario para combatir el contagio de coronavirus, tiene como finalidad "proteger la salud pública" y "establecer medidas sanitarias generales que se aplicarán en todo el país".

La iniciativa reúne los criterios sostenidos en los Decretos de Necesidad y Urgencia firmados por el Ejecutivo desde el inicio de la pandemia y hace hincapié en las reuniones sociales, el teletrabajo y el dictado de clases presenciales, aunque cada restricción debe ser consensuada con autoridades provinciales.

El proyecto establece coeficientes para definir la situación de Bajo Riesgo, Mediano Riesgo y Alto Riesgo epidemiológico y sanitario. Se consideran de Bajo Riesgo cuando la razón de casos, definida como el cociente entre el número de casos confirmados acumulados en los últimos catorce días y el número de casos confirmados acumulados en los catorce días previos sea inferior a 0,8.

En los de Mediano Riesgo el número de razón de casos deberá oscilar entre 0,8 y 1,2; y los de Alto riesgo, cuando la razón sea mayor a 1,20.

Diputados: presentan un proyecto para bajar la tarifa del gas en San Juan

Modifica un artículo del presupuesto 2021 por el cual se amplía la tarifa diferenciada de gas.

Con la firma de Máximo Kirchner, se presentó este jueves un proyecto de ley que busca beneficiar a más de 3 millones de argentinos con la reducción de la tarifa del gas entre 30% y 50% en varias provincias.

Se trata de un trabajo en conjunto entre legisladores de los bloques del Frente de Todos, Consenso Federal y Unidad y Equidad Federal, y que consiste en un alivio para usuarios de varias provincias.

La presentación fue encabezada por Sergio Massa junto al Presidente del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner. Además de quienes trabajaron en el proyecto, Liliana Schwindt, Jimena López y los legisladores José Luis Ramón de Unidad y equidad con Alejandro Rodríguez de Consenso Federal se encontraban presentes en el Congreso la Vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, la titular de ANSES, Fernanda Raverta, y las legisladoras del oficialismo Cecilia Moreau y Cristina Álvarez Rodríguez.

El proyecto da respuesta a una demanda histórica de parte de asociaciones de defensa al consumidor y usuarios de las provincias de Mendoza, San Juan, San Luis, Salta y más de cincuenta municipios de la provincia de Buenos Aires que se suman al beneficio que ya tiene la región patagónica.

De ser aprobado en el Congreso, la iniciativa implica una disminución del 30% y 50% sobre las facturas de gas correspondiente para usuarios residenciales, dependiendo su situación de mayor o menor vulnerabilidad.

Además, plantearon la importancia del proyecto en un momento donde inician las bajas temperaturas y en un contexto de pandemia. Este beneficio permitirá a un gran sector de la población que se incorpora, evitar enfermedades derivadas del frío y la humedad: según la Organización Mundial de la Salud "residir en un hogar que no alcanza el nivel térmico recomendado de, 18ºC en el dormitorio y 21º en el cuarto de estar, tiene importantes efectos directos e indirectos sobre la salud”.

El Presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, celebró la tarea conjunta de los bloques y que con este proyecto que tendrá trato prioritario "porque implica llevar alivio a los usuarios y usuarias de gas y eso genera un impacto directo en el bolsillo".

Por su parte, Máximo Kirchner explicó que el proyecto "se trata de un cambio de paradigma en relación a lo que se hizo en cuatro años del gobierno de Juntos por el Cambio con las tarifas".

Firman sin cambios el dictamen del proyecto sobre criterios epidemiológicos

La iniciativa, a la que se le podrán introducir cambios en el momento de su discusión en el recinto, fue apoyada solo por el Frente de Todos. El proyecto podrá ser debatido la semana próxima en el recinto.

El proyecto de Ley enviado por el Gobierno para establecer criterios básicos epidemiológicos que mitiguen la pandemia de coronavirus en el país obtuvo dictamen de mayoría en el Senado y podrá ser debatido la semana próxima en el recinto.

La iniciativa, a la que se le podrán introducir cambios en el momento de su discusión en el recinto, fue apoyada solo por el Frente de Todos.

Los respaldos durante el plenario de comisiones del Senado

La Ministra de Salud, Carla Vizzotti, y la Secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, respaldaron el proyecto de ley enviado por el Gobierno y afirmaron que las facultades que se propone otorgar al Poder Ejecutivo "son constitucionales".

Durante un plenario de comisiones del Senado, el oficialismo adelantó no obstante, a través del jefe de senadores del Frente de Todos, José Mayans, que si es necesario incorporar modificaciones a la iniciativa se podrá hacer en la discusión en el recinto, prevista para la semana próxima.

En la apertura de las exposiciones, la Ministra Vizzotti ratificó que "se ha visto una disminución" del crecimiento de casos de Covid-19 en todo el país como consecuencia de las medidas sanitarias adoptadas en todas las jurisdicciones.

"Recién ahora en la semana 17 se registra una disminución que todavía hay que ver la tendencia pero por primera vez en todo el país y también en AMBA se está intensificando esa tendencia de dejar de aumentar el número de casos todavía con tensión en el sistema de salud", explicó.

Ante los senadores de las comisiones de Salud y Asuntos Constitucionales, Ibarra, por su parte, consideró que "es un enorme desafío administrar las restricciones de derechos" en medio de una pandemia y destacó la importancia de contar con apoyo del Congreso para sancionar una ley que reglamente las medidas para mitigar la expansión del virus.

La funcionaria declaró que el Gobierno acude al Congreso "con la vocación de trabajar para tener una ley que permita tener un marco previsible y que cada jurisdicción sepa qué medidas tienen que enfrentar de acuerdo a la situación en que viven".

"No hay ningún menoscabo de las competencias de gobernadores, no hay restricción a medidas que ellos tomen", explicó, pero aclaró que "todas las medidas tienen contexto científico, algunas más controversiales que otras, pero ninguna parece irrazonable en el marco de calificaciones de situaciones de riesgo".

Ibarra aclaró que "no son muchas las delegaciones legislativas que se generan para el poder Ejecutivo nacional" y sostuvo que "la mayor intensidad se presenta en situaciones de alto riesgo, luego de que no demostraron un adecuado funcionamiento o resultados las medidas adoptadas por las autoridades locales y en alarma epidemiológica".

Respecto a las clases presenciales, aclaró que todos desean "tener clases presenciales" pero que "para poder garantizar ese derecho no se deben desbordar los sistemas de salud, no queremos que se permanezca en situación de alarma".

Añadió que todas las medidas que se prevén en este proyecto de ley que adopten los gobernadores o gobernadoras o que adopte en su momento por facultades delegadas el Presidente de la Nación, "van a tener que estar sometidas al chequeo de su eficacia".

"Se establece un máximo de 21 días para que se pueda valorar su eficacia. Esto tiene el sentido de plantear que no se hagan prórrogas per se", recalcó, y ratificó que se trata de "medidas constitucionales".

Las críticas de la oposición

En representación de la oposición, el Jefe de los senadores de Juntos por el Cambio Luis Naidenoff y la Vicepresidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales, Laura Rodríguez Machado, cuestionaron el "escaso tiempo" otorgado acercar aportes a la propuesta oficial.

Mayans, en tanto,adelantó que se podrán incluir cambios a la norma en el recinto.

El senador oficialista criticó a la oposición al señalar que "la estrategia Bolsonaro es la que quiere aplicar la oposición de cuanto peor, mejor" y le reprochó que "si hubiese tenido este mismo celo por la Constitución la Argentina no estaría quebrada como está".

En la ronda de preguntas, los legisladores opositores recriminaron a las funcionarias la falta de consenso logrado para el envío del proyecto y la toma de decisiones inconsultas con gobernadores como el Jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta respecto de las clases presenciales.

El momento de mayor tensión fue cuando Naidenoff recriminó la diferencia en el registro de casos que, dijo, se observan entre los datos nacionales y los de algunas provincias como Formosa y las disposiciones del gobernador de ese distrito, Gildo Insfrán, respecto al aislamiento de personas sospechosas de padecer Covid-19.

"Están secuestrando gente, es una barbaridad lo que dice la ministra", exclamó el senador radical a lo que Vizzotti respondió que se trata, en algunos casos, de "aislamientos extrahospitalarios" y le pidió "no faltar a la verdad".

El Gobierno nacional envía al Congreso el proyecto de ley para regular las restricciones

El oficialismo busca una sanción exprés, antes del 21 de mayo, cuando vence el  actual DNU.

El Presidente Alberto Fernández tiene listo el proyecto del Poder Ejecutivo para blindar las restricciones en medio de la pandemia a través del Congreso, y lo presentará este lunes.

Antes de iniciar su gira por Europa, Fernández afirmó que el proyecto es para evitar los "vaivenes" de la Justicia.

"Es para que no sigamos teniendo los vaivenes con su peculiar modo de ver las cosas", remarcó.

El Poder Ejecutivo espera que la iniciativa esté sancionada antes del próximo 21 de mayo, cuando vence el actual DNU que fijó las actuales restricciones para contener los contagios y por lo tanto, el tratamiento legislativo del proyecto deberá ser exprés y el oficialismo necesita de los votos de los dos tercios de los senadores.

Además de la cuestión de los siete días de plazo entre el dictamen de comisión y la votación en el recinto se suma que en el Senado, el Frente de Todos tiene los votos suficientes para avanzar a su propio ritmo.

Aunque el oficialismo buscará lograr el mayor consenso posible para la aprobación, en Diputados dependerá del apoyo de los aliados, sobre todo del interbloque Unidad y Equidad Federal que suma 6 diputados y del interbloque Federal que son 11 miembros.

Dos diputados proponen reducir la jornada laboral a 6 horas en todo el país

En el Congreso hay dos proyectos de extracción sindical que pertenecen a Hugo Yasky, de la CTA, y Claudia Ormachea, de la Bancaria. 

Dos diputados de índole sindical buscan instalar en la agenda del Congreso sus proyectos relacionados a la reducción horaria de la jornada laboral.

Por un lado, Claudia Ormachea, legisladora nacional del Frente de Todos y Secretaria de Derechos Humanos de la Bancaria, propone que la jornada laboral sea de 6 horas o un total de 36 semanales.

Por otra parte, se encuentra el proyecto del diputado Hugo Yasky, titular de la CTA. Él presenta en su iniciativa que los trabajadores deben desarrollar su jornada en cuatro días a la semana.

Claudia Ormachea, explicó que "desde el sector de la bancaria venimos desde el año pasado discutiendo la reducción de la jornada laboral. Creo que habrá muchos proyectos de esta índole, porque nos permitirá debatir las diferentes opiniones frente al trabajo en el momento que se está viviendo".

Además, detalló que los fundamentos de estas iniciativas también están destinados a cuidar los puestos de trabajo y la salud de los argentinos.

"En el mundo del trabajo hubo distintos períodos donde se discutió el avance en el trabajo. Bueno, hoy con el avance de la tecnología y puesta al servicio de la producción, es necesario discutir nuevamente las jornadas laborales. La tecnología no solo tiene que estar al servicio de la rentabilidad, esos avances también tienen que estar al servicio de las personas, somos nosotros los que producimos ciencia y tecnología", argumentó la diputada.

Proponen que las tarifas de los servicios públicos no aumenten más que los sueldos

El proyecto, además, declara la emergencia pública en materia energética hasta el 31 de diciembre de 2022 y faculta al Gobierno nacional a renegociar los contratos y licencias de prestación de servicios públicos.

El Diputado del Frente de Todos, José Luis Gioja, presentó un proyecto de ley para que las tarifas de los servicios públicos solo puedan incrementarse de acuerdo al aumento de sueldo promedio establecido por la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables.

La iniciativa fue respaldada también por sus pares del Frente de Todos Pablo Carro, Blanca Osuna, Esteban Bogdanich, Mario Leito, Arie Rauschenberger, Carolina Yutrovic, Liliana Schwindt y Alcira Figueroa.

El proyecto, además, declara la emergencia pública en materia energética hasta el 31 de diciembre de 2022 y faculta al Gobierno nacional a renegociar los contratos y licencias de prestación de servicios públicos.

El articulado plantea que las tarifas y precios de servicios públicos de competencia nacional serán justas, razonables y transparentes, con el fin de proteger los derechos de usuarios y consumidores, y promover el desarrollo económico.

A lo largo de la iniciativa se fija que para usuarios residenciales no podrán aumentar en mayor medida que el índice establecido por la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables acumulado desde la fecha de la última modificación o revisión tarifaria.

Esta medida no alcanzará a los usuarios del servicio de gas o electricidad que se encuentre en las categorías más altas y con mayor consumo.

También establece que las tarifas de servicios públicos de las micro y pymes, cooperativas de trabajo o empresas recuperadas que se encuentran inscriptas en el Instituto Nacional de Economía podrán aumentar de acuerdo al Índice de Precios Internos al Mayor.

El proyecto también instituye el Régimen de Equidad Tarifaria Federal, que deberá "evitar desproporciones y asimetrías en la aplicación de tarifas y de costos, de jurisdicción nacional, que impactan negativamente en el desarrollo de regiones del país o en la calidad de vida de las personas que en ellas habitan".

Ganancias: la semana próxima podría convertirse en ley

El debate en el recinto se llevará a cabo después de Semana Santa.

Luego de ser aprobado con 241 votos afirmativos y 3 abstenciones tras una maratónica sesión en la Cámara de Diputados, el proyecto de reforma del impuesto a las Ganancias comenzará a tratarse este martes en la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, que buscará sancionar la ley la semana que viene.

Así lo anticipó Carlos Caserio, Senador nacional del Frente de Todos por Córdoba, quien precisó que este lunes se realizará la convocatoria, para que se trate en Comisión mañana a las 12.30, vía Zoom.

Asimismo, fuentes parlamentarias detallaron que invitarán a formar parte del tratamiento de Ganancias al Secretario de Política Tributaria, Roberto Arias, y a la titular de la AFIP, Mercedes Marcó Del Pont. En esa línea, afirmaron que el debate en el recinto se llevará a cabo "después de Semana Santa, seguro miércoles 7 de abril o jueves 8 de abri".

A su vez, anticiparon que el proyecto "va a tener el acompañamiento" del bloque oficialista y proyectaron que la sanción en la Cámara Alta "no va a ser un problema, porque está el número" para su aprobación.

El peronismo pidió que funcionarios del macrismo "paguen con su patrimonio personal" la deuda del FMI

Fue el Diputado nacional y Presidente del PJ, José Luis Gioja, quien presentó un proyecto luego de que el Presidente de la nación pidiera que se investigue al macrismo por ser el Gobierno responsable de endeudar y fugar dinero de la Argentina

El Vicepresidente de la Cámara de Diputados, José Luis Gioja, presentó este miércoles un proyecto para que "los funcionarios que intervinieron" en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional de 2018 paguen con su patrimonio en caso de perder la causa judicial por el endeudamiento que impulsa el Gobierno.

La iniciativa presentada por Gioja es un proyecto de resolución que solicita "al Poder Ejecutivo de la Nación, a la Oficina Anticorrupción y a la Sindicatura General de la Nación" una "acción de responsabilidad patrimonial" contra esos funcionarios.

En el proyecto, el Diputado y titular del PJ remarcó que el reclamo de una de reparación patrimonial por parte de los funcionarios se basa en lo que prescribe la Ley de Administración Financiera y la Ley de Responsabilidad Estatal.

Además, destacó que la iniciativa se alinea con lo que anunció el Presidente, Alberto Fernández, ante la Asamblea Legislativa del 1 de marzo, respecto del impulso a una querella penal contra la gestión del ex Presidente, Mauricio Macri, por el nivel de la deuda contraída con el FMI.

"Consideramos pertinente que el Estado Nacional persiga la responsabilidad de los funcionarios que intervinieron en la suscripción del préstamo con el Fondo Monetario Internacional en 2018. Eso incluye, por un lado, la responsabilidad penal, aludida por el Presidente de la Nación, y, por otro, la responsabilidad patrimonial", indicó el proyecto.

En este sentido, la iniciativa resalta que el artículo 130 de la Ley de Administración Financiera (24.156) dispone que "Toda persona física que se desempeñe en las jurisdicciones o entidades sujetas a la competencia de la Auditoría General de la Nación responderá de los daños económicos que por su dolo, culpa o negligencia en el ejercicio de sus funciones sufran los entes mencionados".

También, remarca que la Ley de Responsabilidad Estatal establece que "la actividad o inactividad de los funcionarios (...) por no cumplir sino de una manera irregular, incurriendo en culpa o dolo, las obligaciones legales que les están impuestas, los hace responsables de los daños que causen".

"La pretensión resarcitoria contra funcionarios y agentes públicos prescribe a los tres años", agrega la norma, razón por la cual el proyecto de Gioja reclama que la "responsabilidad patrimonial" se aplique "antes de que venza el plazo de prescripción de la causa".

El pasado lunes, el Presidente anunció que instruyó "a las autoridades pertinentes para que formalmente inicien querella criminal tendiente a determinar quienes han sido los autores" del endeudamiento por 44 mil millones de dólares con el FMI, al que calificó como "la mayor administración fraudulenta y de la mayor malversación de caudales que nuestra memoria registra".