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El Gobierno nacional propuso a Ramos Padilla para el juzgado federal de La Plata

El juez federal quedó primero en la orden de mérito para el cargo en la comisión de Selección del Consejo de la Magistratura.

El Gobierno nacional envió al Senado el pliego del Juez Alejo Ramos Padilla para ocupar el juzgado federal 1 de La Plata. El puesto no solo rige en materia penal, sino que abarca la competencia electoral de la provincia de Buenos Aires completa.

En 2014 falleció el Juez Manuel Humberto Blanco y desde entonces el cargo está vacante. Actualmente lo ocupa María Servini de Cubría, pero lo hace de forma provisoria hasta que haya un nuevo nombrado.

Entre otras, el juzgado electoral tiene como tarea la designación de listas, impugnaciones o investigaciones por fraude electoral.

El 2019, Ramos Padilla quedó primero en la orden de mérito para ese juzgado en la comisión de Selección del Consejo de la Magistratura.

En octubre pasado, el Juez Federal de Dolores Alejo Ramos Padilla amplió el procesamiento al Fiscal Federal porteño Carlos Stornelli, al falso abogado Marcelo D'Alessio y al periodista Daniel Santoro en la causa por espionaje ilegal y extorsión, y dispuso que se inicien los trámites para dar comienzo al juicio oral.

El magistrado acusó a Stornelli como coautor de tentativa de extorsión cometida "en el marco de una asociación ilícita paraestatal dedicada al espionaje ilegal" en violación a la Ley de Inteligencia, le ordenó la entrega de su pasaporte y le fijó una caución real de diez millones de pesos.

Espionaje ilegal: el juez rechazó pedido de Majdalani para que su causa pase a Comodoro Py

El magistrado ratificó que todos los hechos ilícitos investigados ocurrieron en provincia de Buenos Aires.

El Juez Federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, rechazó el planteo de la exsubdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia, Silvia Majdalani, para que la causa por espionaje ilegal en la que está imputada pase a la Justicia Federal porteña.

"El rechazo de la pretensión de la defensa se impone pues todas las acciones de inteligencia prohibidas que conforman el objeto de la investigación fueron materialmente cometidas en el territorio de la provincia de Buenos Aires y ninguna en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", explicó el juez.

Según sostuvo, las acciones investigadas "tuvieron como objetivos a ciudadanos y organizaciones políticas, sociales o gremiales que desarrollaban sus actividades en el territorio bonaerense".

Los exfuncionarios fueron indagados en la parte del caso que investiga espionaje ilegal desde bases de la Agencia Federal de Inteligencia ubicadas en provincia de Buenos Aires.

"Los argumentos expuestos por la defensa vinculados a que la imputación a las máximas autoridades de la Agencia Federal de Inteligencia desplaza automáticamente la competencia territorial de la totalidad de los hechos hacia los tribunales porteños", señalo Ramos Padilla.

Luego, indicó: "Porque es en Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde éstos tenían sus oficinas y ejercían principalmente sus funciones, aparece como una propuesta sesgada que no responde a las características del caso, ni al diseño federal de nuestro sistema judicial".

El juez argumentó también que las acciones de inteligencia prohibidas que se investigan en la causa se llevaron adelante "dentro de los juzgados federales de la provincia de Buenos Aires".

Al respecto, recordó que en esta parte de la investigación fueron indagados también nueve jefes de las bases AMBA con oficinas en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires.

Las acciones investigadas "tuvieron como objetivos a ciudadanos y organizaciones políticas, sociales o gremiales que desarrollaban sus actividades en el territorio bonaerense", afirmó el magistrado en la resolución.

Stornelli quedó a un paso del juicio oral por partícipe de una "asociación ilícita paraestatal"

El Juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla también acusó al falso abogado Marcelo D'Alessio y al periodista Daniel Santoro. 

El Juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla amplió este miércoles el procesamiento al fiscal federal porteño Carlos Stornelli, al falso abogado Marcelo D'Alessio y al periodista Daniel Santoro en la causa por espionaje ilegal y consideró que la pesquisa ya puede ser enviada a juicio oral.

En el caso de Stornelli, el juez lo acusó como coautor de tentativa de extorsión cometida "en el marco de una asociación ilícita paraestatal dedicada al espionaje ilegal" en violación a la Ley de Inteligencia, le ordenó la entrega de su pasaporte y le fijó una caución real de diez millones de pesos.

"El accionar de esta organización puso en riesgo principios básicos e instituciones de orden constitucional de nuestro sistema democrático", concluyó Ramos Padilla en su resolución de 1125 carillas.

El magistrado dio por cerrada la instrucción del caso en lo referido a D'Alessio, Stornelli, Santoro y otros ocho procesados, y dispuso que, una vez que se confirmen sus procesamientos en la instancia de apelaciones correspondiente, se inicien los trámites para enviarlos a juicio oral.

"El objeto de esta investigación excede la intervención de uno o dos fiscales, un periodista, un falso abogado o dos directivos y un ex agente de la AFI. En concreto, aquí se encuentra involucrada la actividad de una organización paraestatal con fuertes vínculos con los tres poderes del Estado e incidencia en las instituciones democráticas mediante mecanismos de espionaje ilegal y pseudo mafiosos", señala Ramos Padilla.

En esa línea consideró que "esta investigación, al igual que otras que han avanzado y se han conocido en los últimos tiempos, debería también contribuir a modificar un paradigma de actuación respecto de la relación entre las actividades ilegales de inteligencia y las instituciones de la República", con el objetivo de "evitar que hechos como los aquí probados, que afectan bienes jurídicos preciados para el Estado de Derecho, vuelvan a ocurrir".

En relación al periodista Santoro, se le amplió el procesamiento como supuesto miembro de asociación ilícita y "realización de acciones de inteligencia prohibidas", según el fallo.

El juez sostuvo en sus fundamentos que Santoro y Stornelli eran definidos en la organización ilegal como el "dos por uno" porque las maniobras que los habrían involucrado consistían en "que la víctima declararía primero ante el periodista y luego ante el fiscal".

"La conjunción de las acciones del fiscal Stornelli y el periodista Santoro permitieron realizar y proyectar una serie de maniobras", entre ellas la declaración de un testigo " coaccionado a la Fiscalía con la excusa de que de ese modo iba a obtener la “protección de la D.E.A", ejemplificó.

Ramos Padilla amplió además procesamientos a D'Alessio, detenido en la causa, Rolando Barreiro, el suspendido fiscal Juan Ignacio Bidone y al exresponsable de las bases de la Agencia Federal de Inteligencia que funcionaron en el AMBA, Pablo Pinamonti.

En su caso el juez lo procesó como miembro de "una asociación ilícita paraestatal dedicada al espionaje ilegal".

El Juez Ramos Padilla citó a indagatoria a los exfuncionarios macristas Arribas y Majdalani

Las citaciones se fijaron para la próxima semana. El juez les impuso una caución real de 20 millones de pesos y ordenó la entrega de sus pasaportes.

El Juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, citó a declaración indagatoria a los extitulares de la Agencia Federal de Inteligencia en el gobierno de Cambiemos, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, en la causa que investiga espionaje ilegal vinculadas a las elecciones de medio término en la provincia de Buenos Aires en 2017.

Las citaciones se ordenaron en el marco de la causa en la que está detenido el falso abogado Marcelo D'Alessio y se fijaron para el martes próximo a las 11 en el caso de Arribas y para el día siguiente, miércoles, fue convocada Majdalani, según el fallo al que tuvo acceso Télam.

Además, Ramos Padilla convocó a indagatoria para octubre a otros imputados en esta parte del caso y amplió los procesamientos al excomisario bonaerense Ricardo Bogoliuk por "realización de acciones de inteligencia prohibidas" y procesó sin prisión preventiva a Pablo Pinamonti.

A este último acusó de "realización de acciones de inteligencia prohibidas en carácter de coautor, en virtud de haber obtenido información, producido inteligencia y almacenado datos sobre personas, por el solo hecho de sus acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales o comunitarias".

La acusación también abarca "haber pretendido influir en la situación institucional y política del país, en la vida interna de los partidos políticos y en asociaciones y agrupaciones legales de cualquier tipo; en concurso ideal con el delito de abuso de autoridad de autor".

En los casos de Arribas y Majdalani, el juez les impuso una caución real de 20 millones de pesos a cumplimentar en tres días y ordenó la entrega de sus pasaportes.