Espionaje ilegal: el juez rechazó pedido de Majdalani para que su causa pase a Comodoro Py

El magistrado ratificó que todos los hechos ilícitos investigados ocurrieron en provincia de Buenos Aires.

El Juez Federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, rechazó el planteo de la exsubdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia, Silvia Majdalani, para que la causa por espionaje ilegal en la que está imputada pase a la Justicia Federal porteña.

"El rechazo de la pretensión de la defensa se impone pues todas las acciones de inteligencia prohibidas que conforman el objeto de la investigación fueron materialmente cometidas en el territorio de la provincia de Buenos Aires y ninguna en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", explicó el juez.

Según sostuvo, las acciones investigadas "tuvieron como objetivos a ciudadanos y organizaciones políticas, sociales o gremiales que desarrollaban sus actividades en el territorio bonaerense".

Los exfuncionarios fueron indagados en la parte del caso que investiga espionaje ilegal desde bases de la Agencia Federal de Inteligencia ubicadas en provincia de Buenos Aires.

"Los argumentos expuestos por la defensa vinculados a que la imputación a las máximas autoridades de la Agencia Federal de Inteligencia desplaza automáticamente la competencia territorial de la totalidad de los hechos hacia los tribunales porteños", señalo Ramos Padilla.

Luego, indicó: "Porque es en Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde éstos tenían sus oficinas y ejercían principalmente sus funciones, aparece como una propuesta sesgada que no responde a las características del caso, ni al diseño federal de nuestro sistema judicial".

El juez argumentó también que las acciones de inteligencia prohibidas que se investigan en la causa se llevaron adelante "dentro de los juzgados federales de la provincia de Buenos Aires".

Al respecto, recordó que en esta parte de la investigación fueron indagados también nueve jefes de las bases AMBA con oficinas en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires.

Las acciones investigadas "tuvieron como objetivos a ciudadanos y organizaciones políticas, sociales o gremiales que desarrollaban sus actividades en el territorio bonaerense", afirmó el magistrado en la resolución.