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La CGT presentó un recurso de amparo contra la Reforma Laboral

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El recurso judicial fue firmado por el triunvirato de la central y advierte que la nueva legislación retrocede sobre derechos laborales protegidos por la Constitución.

La Confederación General del Trabajo presentó un recurso de amparo contra la Reforma Laboral promulgada este viernes en el Boletín Oficial.

La presentación se realizó ante la Cámara Contencioso Administrativo Federal y, por sorteo, recayó en el Juzgado Contencioso N°7, a cargo de Enrique Lavie Pico, el mismo juez que en 2024 había frenado un decreto de desregulación impulsado por el Presidente Javier Milei.

El amparo fue firmado por el triunvirato que conduce la CGT junto con dirigentes de los distintos sindicatos que integran la central obrera.

La presentación se formalizó luego de la movilización que la organización sindical realizó el lunes pasado hacia los tribunales de Talcahuano, donde solicitó que se declare la inconstitucionalidad de la ley de Reforma Laboral.

"Venimos a ejercer nuestro derecho a peticionar. Confiamos en un poder republicano como la Justicia, en su objetividad y en que va a cuidar el cumplimiento de la Constitución Nacional", declaró Jorge Sola, uno de los cosecretarios generales de la CGT, ante la prensa.

En el documento difundido por la central, se sostiene que la llamada "modernización" representa "una grave afectación de derechos colectivos e individuales que vulneran de forma expresa principios constitucionales".

Entre los argumentos, la CGT advirtió que la nueva legislación desconoce el principio de progresividad o de no regresión, que impide adoptar medidas injustificadas que impliquen retrocesos en los derechos laborales ya conquistados.

El amparo también menciona la posible vulneración del principio protector del derecho laboral, orientado a equilibrar la relación entre empleadores y trabajadores y evitar abusos contra la parte más débil.

Según la central, podrían verse afectados derechos contemplados en el artículo 14 bis, como la protección frente al despido arbitrario, el derecho de huelga, la negociación colectiva, la libertad sindical, la libre agremiación y el acceso a la seguridad social.

Además, la CGT criticó aspectos puntuales de la reforma, como las jornadas laborales de 12 horas, la eliminación de las horas extras y la posibilidad de suprimir sanciones para empleadores que incumplan con aportes o vulneren la legislación laboral.

También objetó que las indemnizaciones por despido puedan pagarse en cuotas mediante el Fondo de Asistencia Laboral.

Quintela presentó un recurso de amparo para poder competir en la interna del PJ

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El recurso de apelación lleva las firmas de Jorge Yoma, Daniel Llermanos y Sandra Vanni, apoderados de la lista "Federales un grito de corazón" que encabeza el riojano.

Los apoderados de la lista que encabeza el Gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, presentaron una medida cautelar en la Justicia Federal con el objetivo de que se habilite su candidatura para competir en la interna del Partido Justicialista.

En medio del fuego cruzado entre el kirchnerismo, que postula a Cristina Kirchner para comandar al PJ, y el riojano, los laderos del norteño avanzaron con una presentación judicial, solicitando una medida cautelar.

El recurso de apelación lleva las firmas de Jorge Raúl Yoma, Daniel Hugo Lleramnos y Sandra Inés Vanni, apoderados de la lista "Federales un grito de corazón" y apunta contra la Resolución Nro. 6 de esa Junta, de fecha 24 de octubre de 2024, notificación en la pagina web oficial, con la finalidad de su elevación al Juzgado Federal con competencia Electoral, conforme a las consideraciones de hecho y de derecho que a continuación exponemos.

Al respecto, el documento rechaza "la recusación planteada; y el recurso de reposición deducido por encontrarse lo decidido ajustado a derecho y no conceder la apelación subsidiaria".

"No suspender el curso de este proceso electoral, debiendo proseguir el mismo según su estado; cuarto, no oficializar la lista Federales, un grito de corazón por no reunir los requisitos reglamentarios", entre otros.

En ese sentido, exige que se revoque la Resolución citada por ser manifiestamente violatoria de las disposiciones de la Cámara Electoral Nacional y afectar derechos y garantías constitucionales y políticas fundamentales, dejando reservado el Caso Federa, artículo 14 de la ley 48 en virtud de la vulneración de las garantías constitucionales, dictándose durante la sustanciación del presente Medida Cautelar de no Innovar.

"Se deja pedida además, Instrucción Suplementaria a los fines de que puedan declarar como testigos de la presentación documental del 19 de noviembre de 2024 a la hora 23.51. Todo ello de conformidad con los fundamentos que a continuación se exponen", argumenta.

El texto agrega, además, que la "resolución de la Junta Electoral al rechazar la oficialización de la Lista que representamos, causa gravamen irreparable pues afecta derechos políticos y garantías constitucionales, a candidatos y electores. ya que de lo contrario se convalidaría lo resuelto por la Junta Electoral del Partido Justicialista, al rechazar la Oficialización de la lista Federales, un grito de corazón".

El PRO presentará un recurso de amparo contra el canje de deuda

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El espacio opositor aseveró que la medida impulsada por el Ministerio de Economía "nos deja al borde del default".

La Presidenta del PRO, Patricia Bullrich, anunció que el partido opositor presentará un recurso de amparo contra los Decretos de Necesidad y Urgencia 163 y 164 que obliga a los organismos públicos a canjear sus bonos en dólares por títulos en pesos. "La medida nos deja al borde del default", alertó.

Desde el espacio advirtieron que el canje de deuda impulsado por el Ministro de Economía que conduce Sergio Massa, "que fuerza a los organismos públicos a pesificar su tenencia de deuda en dólares, resulta objetivo y fácticamente ruinoso".

Luego, reiteraron que "nos deja al borde del default" y sustentaron dicha afirmación en el informe de la calificadora de riesgo Fitch Ratings, que, tras conocerse la medida, bajó la nota de los bonos argentinos, llevándolos de "CCC-" a "C". "Esta es una de las notas más bajas en su escala de medición de riesgo", sumaron.

En el documento, dijeron que el informe advierte "que al momento de ejecutarse el canje, la calificación descenderá inexorablemente a "RD" (restricted default, es decir, un incumplimiento parcial)".

"Los tenedores de deuda del sector público deberán canjear sus bonos en USD de ley extranjera, New York" (USD 4.000 millones según las autoridades) por bonos en USD de ley nacional que se liquidarán en ARS. No hay más que comparar la cotización de bonos equivalentes con ambas legislaciones para verificar el perjuicio que este cambio conlleva", señalaron.

En otro argumento, apuntaron que como en los decretos no se explícita que los bonos ley extranjera que ingresan al Tesoro serán reabsorbidos, en rigor, "estamos ante un nuevo endeudamiento disfrazado de canje".

"Además, se exige a los organismos públicos que se desprendan de los bonos en USD de ley nacional, para destinar el 70% del producido a la compra de bonos en ARS y el 30% restante quedar a "libre disposición" de los organismos públicos para cubrir gastos. ¿No hay pérdida patrimonial en este caso utilizada para gastos corrientes? ¿Se va a usar con fines electorales?", plantearon.

Y remarcaron que el anuncio del líder del Frente Renovador se da en un contexto donde el riesgo país superó los 2.500 puntos básicos.

Respecto al impacto sobre el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES, recordaron que una ley pone límites al Poder Ejecutivo con relación al funcionamiento financiamiento y administración del FGS.

"Esto se ve totalmente desdibujado con el DNU 164/23, en tanto permite administrar y entregar activos del FGS sin los controles necesarios establecidos por las leyes 24.241 y 26.425", indicaron. Y aseguraron deja en estado de "vulnerabilidad" a las futuras y actuales jubilaciones.

Por último, instaron a Raverta, titular de la Anses, a "cumplir con la función de salvaguardar el interés actual y a futuro del FGS" y advirtieron que "su complicidad en la entrega y desfinanciamiento podrá generar su responsabilidad por el incumplimiento de su deber como funcionario público".