Originalmente, el Tribunal Oral Federal 4 le había fijado una fianza en $635 millones, pero el fiscal Abel Córdoba determinó que se tenía que tomar en cuenta la cotización oficial del dólar y no la del dólar "blue".

El Tribunal Oral Federal 4 ratificó este miércoles que Lázaro Báez deberá pagar una fianza de más de 386 millones de pesos para salir de la cárcel de Ezeiza. De esta manera, rechazó nuevamente el beneficio del arresto domiciliario que le otorgó el juez Sebastián Casanello en marzo pasado.

Con esta decisión, que llega apenas 24 horas después de un fallo de la Cámara de Casación que redujo el monto de la fianza, el empresario podría continuar detenido hasta el final del juicio por la "ruta del dinero K".

"Estar a lo dispuesto por este Tribunal el 4 del corriente mes y año con relación al pedido de arresto domiciliario en el marco del legajo no 3017/2013/TO4/3", dice la resolución. Además, el tribunal fijó el monto de la caución en 386.578.500 pesos, siguiendo la pauta que le impuso Casación.

La cifra establecida, unos 5,5 millones de dólares, surgía de la diferencia entre los 10.400.000 dólares que se habían depositado en una cuenta de Bahamas a nombre de Kinski SA y el dinero que la Justicia logró congelar, algo más de 4,5 millones de dólares.

Originalmente, el Tribunal Oral Federal 4 le había fijado una fianza en $635 millones, pero el fiscal Abel Córdoba determinó que se tenía que tomar en cuenta la cotización oficial del dólar y no la del dólar "blue". Finalmente, Casación decidió reducirla a 386 millones de pesos y le ordenó al TOF 4 que se expida nuevamente sobre su libertad.

En esa resolución, los jueces Mariano Borinsky y Javier Carbajo tuvieron en cuenta que la libertad del empresario fue solicitada por tres fiscales en las distintas instancias, quienes coincidieron en que debía ser liberado por el tiempo que llevaba detenido sin condena: 4 años y más de 4 meses.

Sin embargo, el tribunal, integrado en este caso por Néstor Costabel, Jorge Gorini y Daniel Obligado, rechazó el carácter vinculante del dictamen fiscal y no hizo lugar a la domiciliaria. "Si bien mediante la resolución 2/19 de la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal se implementaron una serie de artículos de dicho Código en esta jurisdicción, en lo que respecta al asunto, el art. 209 no se encuentra vigente, siendo éste el que prohíbe la aplicación de medidas de coerción sin pedido de algún acusador", dice la resolución.

La interna judicial sobre la libertad de Báez arrancó el 8 de julio, con otro fallo de la Cámara de Casación en la causa conocida como M&P, donde se lo acusa de una maniobra de lavado de dinero de más de 125 millones de pesos. Desde entonces, el TOF viene rechazando sistemáticamente la libertad domiciliaria.

Con el fallo de hoy, Báez podría terminar el juicio detenido porque sus abogados dijeron varias veces que no puede pagar una fianza, ni siquiera ofreciendo un seguro de caución.

El representante de la Fiscalía terminó con su alegato. También solicitó que al empresario se lo multe y fijo el precio en 2.121 millones de pesos.

El fiscal Abel Córdoba terminó este jueves su alegato en el juicio de la "ruta del dinero K" y pidió una pena de 12 años de cárcel y una multa de 2.121 millones de pesos para Lázaro Báez, que otra vez se negó a presenciar la audiencia desde la cárcel de Ezeiza por el riesgo del coronavirus.

El empresario ya acumulaba tres pedidos de penas de entre 8 y 9 años de cárcel de las tres querellas. La Fiscalía también pidió penas altas para los cuatro hijos de Báez y reclamó que el tribunal ordene el decomiso de 45 inmuebles y dos autos a nombre del empresario, entre otros bienes.

El fiscal pidió además que sean condenados el abogado Jorge Chueco, actualmente en libertad, y Daniel Pérez Gadin, una pieza clave en la estructura de Báez, a 8 años de cárcel.

"Perez Gadín se ha molestado de ser acusado como el contador de Báez. Si fue o no, no tiene efecto alguno. En los documentos bancarios aparece como top manager de las compañías de Lázaro Báez. En su indagatoria pidió que se le muestre una transferencia realizada por él. Solo como ejemplo, con su firma solicitó el cierre de una cuenta y la transferencia de fondos", sostuvo el fiscal.

Algo similar ocurrió con Jorge Chueco. "Su ámbito de mayor despliegue es la operatoria de Helvetic, pero actuó en dueto con Pérez Gadín", concluyó el fiscal Córdoba.

En el caso de los tres hijos de Báez que están libres, Melina, Luciana y Leandro, el fiscal les otorgó un grado similar de responsabilidad y pidió penas de 4 años, 4 años y 6 meses, y 5 años, respectivamente. "Cuanto mayor fue la exposición pública de la causa, mayor fue su participación. Pasaron de ser beneficiarios de las cuentas a accionistas de las empresas", explicó. En el caso de Martín Báez, solicitó una pena de 9 años, la más alta desde que comenzaron los alegatos.

Para Leonardo Fariña, la Fiscalía solicitó una pena de apenas 5 años por su rol como arrepentido. Córdoba sostuvo que le correspondería una pena de 8 años, que redujo en 3 años por sus aportes a la causa.

Además de las penas, la Fiscalía reclamó que el tribunal ordene el decomiso de 45 inmuebles y dos autos a nombre de Báez; un avión a nombre de Top Air; 120 vehículos a nombre de Austral Construcciones y las acciones de la mayoría de las sociedades involucradas, entre otros bienes.

Para la Fiscalía, la maniobra de lavado llegó a totalizar la suma de USD 54.872.875. En la primera audiencia de su alegato, el fiscal Córdoba dijo que tomará en cuenta como ilícitos precedentes del lavado de dinero las irregularidades en la obra pública, que se juzgan en la causa de Vialidad, donde la vicepresidenta Cristina Kirchner es una de las principales imputadas, y la evasión impositiva de Austral Construcciones.

El traslado de dinero en los aviones privados de Báez desde el Sur hasta Buenos Aires también estuvo presente en el alegato. Córdoba denunció una serie de irregularidades en los controles que debían ejercer las autoridades aeronáuticas, especialmente en el aeropuerto de San Fernando, donde aterrizaban los aviones de la empresa Top Air.

En la jornada de ayer, la Fiscalía había desarrollado el entramado de cuentas bancarias abiertas en el exterior y la maniobra para la compra de bonos. En ese marco, sostuvo que Fabián Rossi tuvo una participación clave en la apertura de cuentas y en varias transferencias. "Es insostenible el argumento de Rossi de que es ajeno a las cuentas. Hay un mail para financiar la compra de bonos donde se lo incluye. No hay dudas de que participó de la maniobra", dijo el fiscal.