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Urribarri fue detenido y cumplirá condena de 8 años por corrupción

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El exgobernador de Entre Ríos fue detenido luego de que la Corte Suprema dejara firme la condena por delitos contra la administración pública. También fueron detenidos su exministro Pedro Báez y su cuñado Juan Pablo Aguilera.

El exgobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, fue detenido durante la madrugada e ingresó a la Unidad Penal N°1 de Paraná para comenzar a cumplir su condena a ocho años de prisión por delitos de corrupción, tras quedar firme la sentencia en su contra.

El exmandatario provincial fue arrestado en su domicilio de Concordia por personal de la Policía de Entre Ríos y trasladado a lo largo de 280 kilómetros hasta la capital provincial, luego de que el Tribunal de Juicio ordenara su inmediata detención tras el rechazo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al último recurso presentado por la defensa.

La medida alcanzó también a los otros condenados en la causa: Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri, y Pedro Báez, exministro de Comunicación de la provincia. La Justicia dispuso el alojamiento de los tres en la penitenciaría de Paraná.

Previo al operativo, la defensa del exgobernador intentó evitar el encarcelamiento mediante una solicitud de prisión domiciliaria, alegando afecciones de salud mental y físicas que incluían estrés postraumático, hipertensión y problemas cardíacos.

Sin embargo, el tribunal desestimó el planteo al considerar que no se acreditaron causales suficientes para suspender el cumplimiento de la pena en un establecimiento carcelario.

Urribarri, de 67 años, fue condenado en 2022 por los delitos de negociación incompatible con la función pública y peculado, al comprobarse un esquema de desvío de fondos públicos hacia empresas ligadas a su entorno familiar mediante contratos de publicidad oficial simulados entre 2010 y 2015.

Entre Ríos: el exgobernador Urribarri continuará detenido, ya que rechazaron un hábeas corpus

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La Jueza Carola Bacaluzzo considera improcedente la solicitud de excarcelación presentada por su defensa.

La Jueza de garantías entrerriana, Carola Bacaluzzo, rechazó este miércoles un habeas corpus de la defensa del detenido exgobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, ante lo cual el exmandatario seguirá preso en la causa donde está condenado a ocho años de cárcel por peculado y enriquecimiento ilícito.

Bacaluzzo entendió que el "habeas corpus" no es la vía para cuestionar una decisión de un tribunal superior como es la Cámara de Casación provincial, que este martes dispuso hacer efectiva la prisión preventiva a Urribarri hasta que su condena quede firme, explicaron fuentes judiciales.

La Cámara de Casación Penal de Entre Ríos ordenó este martes la "inmediata detención" de Uribarri ante riesgo de "frustrar los fines del proceso", al anular un fallo anterior que le había permitido seguir en libertad hasta que quede firme la condena en su contra a 8 años de prisión en una causa por corrupción.

"Se encuentran motivos suficientes para anular la resolución impugnada y disponer la prisión preventiva en unidad carcelaria", sostuvo la decisión de ese tribunal entrerriano integrado por las Juezas Marcela Davite, Marcela Badano y Evangelina Bruzzo, indicaron fuentes judiciales.

Así se revocó una resolución de septiembre de 2024 del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná que había rechazado un planteo fiscal para ordenar la prisión preventiva y se dispuso que los dos condenados en el caso, Urribarri y Juan Aguilera, cumplan la pena hasta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revise sus condenas.

Ante ello se ordenó la "inmediata detención y posterior traslado" a la Unidad Penal 1 de Entre Ríos.

Los condenados "vienen realizando acciones concretas y comprobables para no someterse al procedimiento, que aún no ha finalizado, e impedir el cumplimiento de la pena", advirtieron en una resolución de 74 carillas a la que tuvo acceso esta agencia.

Los camaristas hicieron lugar a una apelación fiscal y mencionaron "tratados internacionales" que comprometen a Argentina en la lucha contra la corrupción y le impone el "deber de investigar, juzgar y castigar" estos delitos con "una mayor intensidad".

"El análisis de la necesidad de la prisión preventiva debe conciliarse con la gravedad del hecho que se investiga, y con la obligación internacionalmente asumida por el Estado argentino de prevenir, investigar, sancionar y reparar los delitos de corrupción", consignó la resolución.

En el caso puntual "la pena efectiva no es una expectativa, porque ya fue impuesta y confirmada, Aguilera recibió una pena de seis años y seis meses de prisión y Urribarri de ocho", consignó la resolución.

Urribarri "solo estuvo presente en su declaración de imputado y luego participó de las audiencias de manera remota, sin que se haya podido comprobar fehacientemente dónde se encontraba".

Uribarri está condenado desde 2022 a ocho años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por "peculado" y "negociaciones incompatibles" con la función pública, al comprobarse que durante su gestión dispuso en forma ilegal de fondos públicos para financiar sus campañas electorales, en una sentencia que está apelada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Detuvieron al exgobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri

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Se debe a una causa en la que el exfuncionario kirchnerista fue condenado en 2022 a 8 años de prisión e inhabilitado a perpetuidad para ejercer cargos públicos.

La Cámara de Casación Penal de Entre Ríos ordenó este martes la "inmediata captura" del exgobernador Sergio Uribarri, ante riesgo de "frustrar los fines del proceso", al anular un fallo anterior que le había permitido seguir en libertad hasta que quede firme la condena en su contra.

"Se encuentran motivos suficientes para anular la resolución impugnada y disponer la prisión preventiva en unidad carcelaria", sostuvo la decisión de ese tribunal entrerriano integrado por las juezas Marcela Davite, Marcela Badano y Evangelina Bruzzo.

Los camaristas hicieron lugar a una apelación fiscal y mencionaron "tratados internacionales" que comprometen a la Argentina en la lucha contra la corrupción y le impone el "deber de investigar, juzgar y castigar" estos delitos con "una mayor intensidad".

En el caso se dilató el cumplimiento de la sentencia condenatoria que aún no está firme, "con diversas maniobras que trasuntan o un desconocimiento de la vía recursiva, o una voluntad" de "no respetarla", advierte la sentencia. Los camaristas aludieron a riesgo de entorpecimiento de la causa penal.

También están condenados el exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez y el exfuncionario Juan Aguilera.

Uribarri está condenado desde 2022 a 8 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por "peculado" y "negociaciones incompatibles", en una sentencia que está apelada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El Gobierno desvinculó a Urribarri de la embajada en Israel

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Un decreto presidencial autorizó el traslado del exgobernador de Entre Ríos, condenado a ocho años de cárcel por corrupción e inhabilitado para ejercer cargos público

Luego de haber sido condenado a ocho años de cárcel por corrupción, el Gobierno hizo efectiva este martes la desvinculación de Sergio Urribarri de la embajada en Israel.

El exgobernador de Entre Ríos había renunciado en abril pasado y aguardaba esta autorización para regresar al país.

A través del decreto 287/2022, publicado este martes en el Boletín Oficial y que lleva la firma del Canciller Santiago Cafiero, se aceptó la renuncia del funcionario en el cargo de embajador ante el Estado de Israel y se estableció su traslado al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

Con esta publicación, se cierra el trámite administrativo que se aguardaba para que el funcionario abandone el cargo.

Desde la oposición le habían reclamado al canciller por el regreso de Urribarri al país. “Pasaron más de 45 días desde que se informó la renuncia del embajador Urribarri. Ya debería estar de regreso en el país”, posteó en sus redes el Diputado Fernando Iglesias, de Juntos por el Cambio.

No obstante, desde el Poder Ejecutivo remarcaron que con estos reclamos muestran “desconocen los mecanismos del Estado” que incluía un decreto presidencial.

Urribarri fue condenado el 7 de abril a ocho años de prisión e inhabilitación perpetua y absoluta para ejercer cargos públicos, luego de que la Justicia entrerriana encontrara al exgobernador peronista culpable de los delitos de negociación incompatible con la administración pública y peculado.

El fallo que emitió la Justicia entrerriana, que fue por unanimidad, lo inhabilita a ejercer cargos públicos en forma perpetua. Tras conocerse la decisión, el funcionario puso “a disposición” su dimisión y el Presidente, Alberto Fernández, se la aceptó de inmediato.

En medio de todo esto, la Fiscal anticorrupción, Cecilia Goyeneche, que integró el grupo de fiscales que el mes pasado logró la condena del exgobernador, fue destituida de su puesto por el Jurado de Enjuiciamiento de Entre Ríos.

El cargo principal en su contra fue no haberse excusado en una causa pese a que tenía relación con uno de los investigados, con quien compartía inversiones en fideicomisos para adquirir dos inmuebles.

Entre Ríos: destituyeron a la Fiscal Goyeneche que había condenado al exgobernador Urribarri por corrupción

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Cecilia Goyeneche fue quien impulsó la causa para que condenar al exgobernador Sergio Urribarri, quien renunció a pedido del Presidente Alberto Fernández. Entre Ríos da así un fuerte mensaje de casta a la sociedad.

Destituyeron a Cecilia Goyeneche, la fiscal anticorrupción y procuradora adjunta de la provincia de Entre Ríos.

El principal argumento fue que la funcionaria no se apartó de una investigación sobre "contratos truchos en la legislatura", a pesar de que tenía vínculos con uno de los imputados.

Cinco miembros de Jury votaron para destituirla y solo dos integrantes votaron para que continúe en su cargo.

Varios legisladores de la oposición consideraron que la decisión constituye un antecedente peligroso, ya que Goyeneche fue quien impulsó la causa para que condenen al exgobernador Sergio Urribarri.

Corrupción: piden 12 años de prisión para Sergio Urribarri, actual embajador en Israel

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El ministerio público fiscal de Entre Ríos también pidió la inhabilitación perpetua para Urribarri, a quien el gobierno nombró embajador.

Un equipo de fiscales de Entre Rios pidió 12 años de prisión efectiva e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos para el actual Embajador en Israel y Chipre y Exgobernador Sergio Urribarri por varios casos de supuesta corrupción.

Los fiscales también pidieron una multa de $180.000 pesos más accesorias legales y costas contra el ex gobernador. Es por el delito en calidad de autor de peculado en concurso ideal con negociaciones incompatibles.

Además le atribuyen el delito de negociaciones incompatibles y otro de peculado. En total cinco hechos que concurren de manera real.

Si Urribarri fuera eventualmente condenado el Gobierno debería destituirlo como embajador en Israel y Chipre, aunque hasta ahora el Canciller Santiago Cafiero no tomó ninguna medida al respecto.

Además, la fiscalía solicitó a un tribunal oral 10 años de cárcel para el cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera, actual funcionario del Senado entrerriano y 10 años para el exministro de Cultura y Comunicación y exdiputado provincial del PJ, Pedro Angel Baez.

El fiscal Gonzalo Badano, uno de los miembros de ese equipo, también pidió el decomiso de todos los bienes de las imprentas del cuñado de Urribarri porque entiende que se habían comprado con fondos provenientes de la corrupción. Se trata del edificio, la maquinaria, vehículos y todo su equipamiento técnico.

En su alegato, Urribarri se declaró inocente y atacó al periodista de Entre Ríos, Daniel Enz, y al Diputado nacional del Juntos por el Cambio, Rogelio Frigerio, como supuestos miembros de un inexistente complot en su contra. Sin embargo, el kirchnerismo había logrado sacar del juicio a la fiscal anticorrupción.

El equipo de fiscales, integrado por Patricia Yedro, Juan Francisco Ramírez Montrull y Badano, quienes contaron con la coordinación de la fiscal Anticorrupción, Cecilia Goyeneche, antes de que fue suspendida, estimó que el desvío de dinero público investigado en esta megajuicio es más de U$S9.000.000.

Israel convocó al embajador argentino para que explique el voto en el Consejo de Derechos Humanos

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Argentina pidió investigar posibles abusos cometidos por fuerzas israelíes en los territorios palestinos.

El Embajador argentino en Israel, Sergio Urribarri, fue convocado por la Cancillería israelí tras el voto del Gobierno argentino en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU a favor de la apertura de una investigación sobre posibles abusos en los territorios palestinos. La reunión será este martes a las 17 hora argentina.

Las fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores dijeron que la citación "puede ser leída al revés, ellos van a explicar por qué no están de acuerdo con nuestro voto" en la ONU.

Urribarri será uno de los 24 embajadores que en los próximos días serán citados por el Gobierno israelí. Se trata de los representantes cuyos países votaron en la ONU por la apertura de una investigación sobre posibles abusos de los derechos humanos en Israel y los territorios palestinos durante el último conflicto con Hamas.

La nueva crisis en Medio Oriente dejó más de 200 palestinos y una docena de ciudadanos israelíes muertos tras el lanzamiento de cientos de misiles desde Gaza y bombardeos israelíes sobre ese enclave palestino.

La reunión será encabezada por el encargado para América latina de la cancillería israelí, Modi Ephraim.

Las fuentes dijeron a este sitio que Urribarri no solo escuchará lo que tenga que decir el Gobierno israelí, sino que detallará la posición argentina expuesta ya en la reunión del consejo de derechos humanos de Naciones Unidas el jueves pasado.

En un comunicado difundido ese día, la Cancillería dijo que "Argentina acompañó la resolución adoptada en el Consejo de DDHH de la ONU en relación al conflicto entre Israel y Palestina, para que se investigue de forma independiente, transparente y exhaustiva todas las denuncias de violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario".

Y añadió que "compartimos el llamado de la Alta Comisionada a realizar investigaciones independientes, transparentes y exhaustivas sobre todas las denuncias de violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, en línea con lo expresado por la resolución 46/3 que aprobamos en marzo pasado en este Consejo de Derechos Humanos".

"Dicha resolución destacaba el imperativo de una rendición de cuentas creíble y exhaustiva por todas las vulneraciones del derecho internacional a fin de establecer una paz sostenible en lo que hace a la situación de derechos humanos en los territorios palestinos ocupados", manifestó el embajador argentino.

"La República Argentina reitera que la única solución verdadera al conflicto se logrará con el surgimiento definitivo de un Estado palestino independiente, democrático, viable y territorialmente contiguo, que garantice el derecho de Israel a vivir en condiciones de paz y seguridad", concluyó.