Corrupción: piden 12 años de prisión para Sergio Urribarri, actual embajador en Israel

El ministerio público fiscal de Entre Ríos también pidió la inhabilitación perpetua para Urribarri, a quien el gobierno nombró embajador.

Un equipo de fiscales de Entre Rios pidió 12 años de prisión efectiva e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos para el actual Embajador en Israel y Chipre y Exgobernador Sergio Urribarri por varios casos de supuesta corrupción.

Los fiscales también pidieron una multa de $180.000 pesos más accesorias legales y costas contra el ex gobernador. Es por el delito en calidad de autor de peculado en concurso ideal con negociaciones incompatibles.

Además le atribuyen el delito de negociaciones incompatibles y otro de peculado. En total cinco hechos que concurren de manera real.

Si Urribarri fuera eventualmente condenado el Gobierno debería destituirlo como embajador en Israel y Chipre, aunque hasta ahora el Canciller Santiago Cafiero no tomó ninguna medida al respecto.

Además, la fiscalía solicitó a un tribunal oral 10 años de cárcel para el cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera, actual funcionario del Senado entrerriano y 10 años para el exministro de Cultura y Comunicación y exdiputado provincial del PJ, Pedro Angel Baez.

El fiscal Gonzalo Badano, uno de los miembros de ese equipo, también pidió el decomiso de todos los bienes de las imprentas del cuñado de Urribarri porque entiende que se habían comprado con fondos provenientes de la corrupción. Se trata del edificio, la maquinaria, vehículos y todo su equipamiento técnico.

En su alegato, Urribarri se declaró inocente y atacó al periodista de Entre Ríos, Daniel Enz, y al Diputado nacional del Juntos por el Cambio, Rogelio Frigerio, como supuestos miembros de un inexistente complot en su contra. Sin embargo, el kirchnerismo había logrado sacar del juicio a la fiscal anticorrupción.

El equipo de fiscales, integrado por Patricia Yedro, Juan Francisco Ramírez Montrull y Badano, quienes contaron con la coordinación de la fiscal Anticorrupción, Cecilia Goyeneche, antes de que fue suspendida, estimó que el desvío de dinero público investigado en esta megajuicio es más de U$S9.000.000.