El temario fue objeto de análisis hasta último momento. La reforma del Consejo de la Magistratura y el Consenso Fiscal 2022 serán las iniciativas más importantes. El Plan Plurianual no fue incluido.

El Gobierno formalizó este martes la convocatoria para las sesiones extraordinarias del Congreso, que comenzarán el 1 de febrero y terminará el 28 del mismo mes. Tras varias semanas de hermetismo, el decreto finalmente reveló cuáles serán los 18 proyectos que el Ejecutivo propondrá para su tratamiento.

Los dos principales proyectos que se debatirán durante febrero serán la reforma del Consejo de la Magistratura y el Consenso Fiscal 2022, firmado recientemente por los gobernadores. El resto de las iniciativas, girará en torno a temáticas económicas, productivas, ambientales y educativas.

Debido a las demoras en la negociación con el FMI por la deuda contraída durante el gobierno de Mauricio Macri, el Plan Plurianual deberá esperar al inicio de las sesiones ordinarias en marzo para llegar al Congreso. Alberto Fernández lo había anunciado, con un mensaje grabado, luego de las elecciones del 14 de noviembre. En aquella oportunidad dijo que la primera semana de diciembre lo enviaría al Congreso y que incluiría la línea de negociación que tiene la Argentina con el Fondo. Cabe destacar que la presentación de este plan económico se ha convertido en uno de los principales reclamos de la oposición.

La reforma del Consejo de la Magistratura deberá tratarse durante febrero para poder cumplir en tiempo y forma con el fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional la ley de 2006 que había modificado la constitución del organismo que se encarga de seleccionar y controlar a los jueces.

El proyecto elaborado por el Poder Ejecutivo eleva el número de integrantes de 13 a 17 y mantiene el estamento político: tres diputados, tres senadores, un representante del Poder Ejecutivo y lo que hace es aumentar la representación de jueces, académicos y abogados: pasarían a ser 4 jueces, 2 académicos y 4 abogados. También se presentaron tres proyectos por parte de la oposición.

Por su parte, el paquete de iniciativas económicas también incluye la Ley de Desarrollo Agroindustrial, que establece un plazo de 10 años para la amortización de las inversiones, el recupero anticipado del IVA, un bono a futuro para la inversión en semillas; la modificación de la ley de Compre Argentino, estableciendo preferencias a la adquisición, locación o leasing de bienes de origen nacional para entidades de la administración nacional y empresas del Estado; y la Producción de Cannabis y Cáñamo, que promueve mecanismos de autorizaciones para los productores y comercializadores, y estrategias de seguridad, fiscalización y trazabilidad.

También se discutirían la Ley de Electromovilidad, con un plan de incentivos impositivo, exigencias de línea de producción y obligaciones contractuales para los próximos 10 años, la Ley de Industria Automotriz que buscará declarar al sector Automotriz Autopartista como “industria estratégica” estableciendo beneficios fiscales para las nuevas inversiones.; y el proyecto de Ley Nacional de Respuesta Integral al VIH, Hepatitis Virales, Otras Infecciones de Transmisión Sexual y Tuberculosis.

Finalmente, entre los proyectos económicos y productivos también están la prórroga de algunos artículos del Régimen de Incentivo a la Construcción Federal, y la ley de Promoción de la Formación y del Desarrollo de la Enfermería.

En relación a la problemática medioambiental, el gobierno nacional propondrá la creación del Parque y Reserva Nacional Ansenuza y Bañados del Río Dulce, en la provincia de Córdoba; el Parque y Reserva Nacional Islote Lobos, en Río Negro; y la creación del Área Marina Protegida Bentónica Agujero Azul.

Por último, en el plano educativo, durante las sesiones extraordinarias se tratarán iniciativas para la creación de la Universidad Nacional del Delta y la Universidad Nacional de Pilar.

El Ejecutivo enviará un paquete económico y la reforma del Consejo de la Magistratura pero sin el acuerdo con el FMI tiene pocas probabilidades que avancen. 

El Gobierno nacional finalmente definió que llamará a sesiones extraordinarias a partir del 20 de enero y, aunque está terminando de cerrar el temario, casi la totalidad de las normas que pondrá a disposición se refiere a un paquete de leyes económicas y productivas.

Sin embargo, las posibilidades del que temario avance parecen ser escasas si todo eso no llega de la mano del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, algo que a esta altura de la discusión con la oposición quedó en claro que es condición fundamental para poder avanzar.

“No hay mucho diálogo, lo que sabemos que van a enviar es lo que publican los medios de comunicación. No se está negociando ningún proyecto nuestro”, explicó un referente de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados.

En ese contexto, en donde el oficialismo cuenta con 118 diputados y Juntos por el Cambio con 116, sin un acuerdo parlamentario parece más una expresión de deseo que una realidad que se pueda avanzar en el recinto con los proyectos que planea enviar el Ejecutivo.

Respecto a este punto, lo que trascendió desde la Casa Rosada es que enviarán 9 proyectos de ley sin contar el posible acuerdo con el Fondo Monetario Interncional y el plan Pluarianual, y que en su mayoría son de carácter económico.

Enviaría la Ley de Hidrocarburos que propone generar un nuevo marco jurídico que fomente la inversión en gas y petróleo; la Ley Para el Desarrollo AgroIndustrial, que establece un plazo de 10 años para la amortización de las inversiones, el recupero anticipado del IVA, un bono a futuro para la inversión en semillas, la modificación de la ley de Compre Argentino, estableciendo preferencias a la adquisición, locación o leasing de bienes de origen nacional para entidades de la administración nacional, empresas y sociedades del Estado y organismos descentralizados.

Por el lado de la movilidad llegarían la Ley de Electromovilidad, con un plan de incentivos impositivo, exigencias de línea de producción y obligaciones contractuales para los próximos 10 años, y la Ley de Industria Automotriz que buscará declarar al sector Automotriz Autopartista como industria estratégica estableciendo en todos los eslabones de la cadena de producción beneficios fiscales para las nuevas inversiones que generen mayor rendimiento, exportaciones e integración de componentes locales.