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Ordenaron levantar el secreto fiscal de presuntos testaferros de Tapia vinculados a una mansión en Pilar

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El pedido fue realizado por el Juez, Daniel Rafecas, a cargo en forma provisoria del expediente, tras una denuncia realizada por la Coalición Cívica sobre una mansión en Pilar adjudicada al presidente de la AFA y al tesorero de la asociación.

El Juez federal, Daniel Rafecas, ordenó el levantamiento del secreto fiscal de Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte, así como también del empresario Lucas Labbad y de la firma Real Central SRL, para acceder a toda la información fiscal e impositiva de los nombrados, así como respecto de una propiedad denunciada en Pilar, adjudicada a Claudio Chiqui Tapia y Pablo Toviggino, máximas autoridades de AFA.

La denuncia fue impulsada por Matías Yofe y Facundo Del Gaiso, dirigentes de la Coalición Cívica que firmaron junto a Lilita Carrió, fundadora del espacio.

Rafecas quedó a cargo en forma provisoria del expediente donde se denunció por lavado de dinero a presuntos testaferros de Chiqui Tapia y Toviggino de una mansión en Pilar, y decidió esta tarde ordenar todas las medidas probatorias solicitadas en la denuncia efectuada por la Coalición Cívica.

La empresa Real Central SRL es la señalada en la mencionada denuncia de la Coalición Cívica como la compradora de la megaestancia de diez hectáreas que podría estar vinculada a Tapia, presidente de la AFA, y a Pablo Toviggino.

La firma, integrada por Luciano Pantano y Ana Lucía Conte, ya estaba bajo la lupa tras la presentación que realizó la Coalición Cívica ante la Procelac y la Casación Federal.

Por su parte, Rafecas ordenó una valuación exhaustiva del inmueble, para lo cual se convocó a un perito tasador de la Corte Suprema y a un perito tasador del Colegio de Martilleros de San Isidro.

Además, el Magistrado elevará el martes el expediente a la Cámara Federal, para que dirima si el caso se tramita en la justicia Federal o en la Justicia Penal Económico.

La denuncia de Carrió contra los supuestos testaferros de Tapia no se investigará en Comodoro Py

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El Juez federal Rafecas declaró la incompetencia de su juzgado para investigar una denuncia por presunto lavado de activos formulada contra Pantano y Conte.

El Juez federal, Daniel Rafecas, declaró la incompetencia de su juzgado para investigar una denuncia por presunto lavado de activos formulada contra Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte, y ordenó remitir el expediente al fuero Penal Económico por tratarse de un hecho vinculado al orden económico y financiero, según la resolución a la que tuvo acceso Noticias Argentinas.

La causa, iniciada tras una presentación de Elisa Carrió y los legisladores Juan Facundo del Gaiso y Matías Yofe, apuntaba a la adquisición por parte de la empresa Real Central S.R.L. de un inmueble de más de 105.000 metros cuadrados en la localidad de Villa Rosa, partido de Pilar, que incluiría autos de colección, caballos de carrera, un helipuerto y diversas instalaciones deportivas.

Los denunciantes sostuvieron que los perfiles fiscales y los ingresos declarados por Pantano y Conte no permitirían justificar la operación.

El expediente incorporó informes comerciales, documentación societaria, registros catastrales y material audiovisual.

También se mencionaron vínculos de Pantano con actividades deportivas y empresariales, así como versiones públicas que atribuían la propiedad a terceros no formalmente identificados.

En su resolución, Rafecas sostuvo que, al no advertirse un delito precedente de naturaleza federal ni elementos que habiliten la intervención del fuero Criminal y Correccional Federal, el juez ordenó enviar la causa a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico para que se sortee el juzgado que continuará la investigación.

Causa Seguros: la Justicia recibió un informe clave sobre un posible testaferro de Fernández

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Se trata de un documento elaborado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, que resulta fundamental para que el juez tome la decisión de procesar o no al expresidente.

La Justicia recibió un informe clave elaborado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos que podría tener un papel preponderante en la Causa Seguros, que ahora está en menos del Juez federal, Sebastián Casanello.

El documento en cuestión tiene 600 páginas y según pudo saber Todo Noticias "demuestra la íntima vinculación de funcionarios públicos con los empresarios privados" involucrados en el caso.

Una de las personas que incluye el informe es Daniel Rodríguez, exintendente de la Quinta de Olivos y a quien muchos señalan como un eventual testaferro del expresidente.

El papel en cuestión, que ya está siendo analizado por la Justicia, será clave para definir el eventual procesamiento de Alberto Fernández.

En el informe también se analizó al broker Héctor Martínez Sosa amigo del expresidente y esposo de su exsecretaria privada María Cantero.

La Justicia tiene en la mira el decreto firmado por Alberto Fernández para determinar si este hombre se benefició por su cercanía con el poder.

En la causa, los 39 imputados ya fueron indagados y está pendiente su procesamiento, lo que se resolverá una vez que el magistrado termine de reunir la prueba que solicitó desde que se hizo cargo del caso.

Durante su presidencia, Alberto Fernández dictó un decreto que impuso la obligación a todos los organismos del Estado de contratar servicios de seguros exclusivamente a través de Nación Seguros S.A, una subsidiaria del Banco Nación.

Ese decreto fue derogado en la gestión de Javier Milei.

La Justicia federal investiga la participación y el cobro de comisiones por parte de brokers o intermediarios de esos contratos, entre los que figura Martínez Sosa.

A fines de abril, el Juez de la causa, Sebastián Casanello, dispuso levantar el secreto fiscal y bancario de Rodríguez y le solicitó a ARCA un informe detallado de su patrimonio, incluyendo propiedades, cuentas bancarias, cajas de seguridad, vehículos, embarcaciones o cualquier otro bien que pudiera estar a su nombre.

La hipótesis que investiga la Justicia es que Rodríguez podría estar ocultando parte del patrimonio de Alberto Fernández o del propio Héctor Martínez Sosa.

Un dato clave en esa línea de investigación es que, aunque Rodríguez vivía en la Quinta de Olivos durante la gestión de Alberto Fernández en la Casa Rosada, también ocupaba una vivienda ubicada en la calle Maestra Elizarraga al 2.600, Martínez, que en realidad pertenecía a Martínez Sosa.

Aunque no hay plazos definidos, en el juzgado trabajan para resolver "lo más pronto posible" la situación procesal de Fernández, que está imputado por los delitos de administración fraudulenta en perjuicio del Estado y negociaciones incompatibles.

Semanas atrás, Casanello ordenó la inhibición general de bienes de Alberto Fernández; del expresidente de Nación Seguros, Alberto Pagliano; de Martínez Sosa; de su esposa, María Cantero; del broker Pablo Torres García; y de las firmas Bachellier, San Ignacio, San Germán, TGG Broker, entre otras.

En total, son 51 personas físicas y jurídicas alcanzadas por la medida.

Por su parte, en su presentación judicial, Alberto Fernández negó cualquier vínculo comercial con el empresario y sostiene que no intercedió a su favor en la contratación de seguros.

Sin embargo, la acumulación de pruebas, entre ellas el informe de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, podría cambiar el escenario judicial en los próximos días y acelerar una definición sobre su procesamiento.