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Caso Etchevehere: rechazaron el desalojo de los militantes de Grabois

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El magistrado subrogante de La Paz Raúl Flores no hizo lugar a la cautelar presentada por el exministro de Agricultura.

El juez de Garantías subrogante Raúl Flores resolvió este viernes no hacer lugar al pedido de desalojo del predio Casa Nueva peticionada por los fiscales Oscar Sobko y María Constanza Bessa y los abogados de Luis Miguel Etchevehere y su familia.

La decisión del magistrado, que reemplazó temporalmente al titular del Juzgado Walter Carballo, podrá ser apelada, por lo que el expediente llegará ante el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, donde deberá sortearse qué vocal deberá intervenir.

Flores consignó que en la documentación presentada se acreditó que Dolores tenía derecho como heredera a una parcela del campo en disputa, debido a que en el expediente del juicio civil por la sucesión en trámite no se ha procedido a la partición de bienes. "Le asiste razón a la defensa en cuanto a que, por todos los bienes existentes los hermanos son condóminos y dueños por igual, hasta que culmine el sucesorio", sostuvo el juez.

"Se deduce que la disputa familiar-hereditaria por la titularidad y/o posesión y goce del inmueble no puede ser resuelto en sede penal -por estar claramente confundidos los verdaderos dueños del campo presuntamente usurpado", agregó.

En el escrito de cinco fojas, Flores consideró que el ingreso al campo no fue violento. "Al haber aclarado el Sr. Fiscal que el ingreso al Establecimiento en realidad fue pacífico y sin violencia, por haberse atravesado el guarda-ganado para ingresar al campo desde la ruta, que permanece abierto y sin obstáculos al libre acceso, a la par de haberse descartado el uso de cualquier tipo de armas en las denunciadas amenazas permite descartar el hecho típico de la violencia en la usurpación del inmueble, ya que el ingreso de 40 personas que acompañaban a Dolores Etchevehere no fue acompañado por prueba alguna de que alguno de ellos haya desplegado violencia o algún tipo de amenazas contra los empleados rurales”, consideró.

Tampoco consideró que la entrada de las personas que acompañaron a Dolores se haya hecho con engaño, al haberse presentado como heredera del campo. "Cabe preguntarse en qué consiste o consistió el "engaño", ya que la señora dió su nombre y apellido sin ambages, y los empleados saben que los patrones son la familia Etchevehere, aunque nunca hayan visto o conocido a la totalidad de los hermanos o familiares, el lic. Rubiolo a cargo del campo, declaró que conoce a Dolores hace más de 30 años; por su parte, darse también a conocer como "heredera", es lo que la propia Fiscalía probó en la audiencia con la declaratoria de herederos que le enviara el Juez Civil nº 7 de Paraná a cargo del sucesorio y donde fuera declarada también heredera Dolores Etchevehere. No hubo tal engaño en el proceder de la mencionada, no invocó ella a su ingreso al campo ni más ni menos de lo que es: una Etchevehere, heredera de don Luis F. Etchevehere", razonó.

Conocido el fallo, Luis Etchevehere instruyó a su abogado para que apele. "Al no tener conocimiento técnico en derecho penal, en vez de dictar el desalojo, el juez recomienda a los hermanos que tengamos una reunión y nos reconciliemos. Realmente pensamos que el juez no evaluó profundamente las pruebas presentadas. Él omite un conocimiento del derecho penal y su formación en derecho de familia aconseja a las partes a llevar a la familia a buscar una reconciliación", explicó.

Y agregó: "Esta no es una discusión familiar. Es un delito penal realizado por un grupo de 40 personas. Los dos fiscales dijeron que el verdadero dueño del campo es La Margarita S.A y que las personas que están en el campo no tienen ningún título como para estar ahí adentro".

"Mientras tanto voy a estar acá, hasta el último día, en la puerta de nuestro establecimiento. Hace dos días que estoy durmiendo en el auto y me voy a quedar acá hasta que la Justicia restituya a sus verdaderos dueños la ocupación del campo. Acá claramente se violó el artículo 181 del Código Penal", completó.

Toma de tierras: Etchevehere acusó a funcionarios nacionales por la ocupación de sus campos

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El País Diario
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El exministro de Mauricio Macri sostiene un conflicto legal con su hermana por la herencia familiar.

El exministro de Agroindustria durante el macrismo, Luis Miguel Etchevehere, acusó al Gobierno de Alberto Fernández de "apoyar con funcionarios" la "usurpación de tierras" de su familia en Entre Ríos.

La familia mantiene un conflicto con Dolores, la hermana de Etchevehere. 

La mujer anunció la donación de esas tierras a un proyecto del dirigente social Juan Grabois denominado "Proyecto Artigas". Pero desde la familia señalan que tras el juicio por la herencia, Dolores ya recibió su parte y que no puede donar nada de este campo.

"Esos funcionarios nacionales, que tienen poder, tienen dinero, pasaron la noche acá, han dormido en la toma y, a la salida, nosotros hicimos una presentación al fiscal Oscar Sacco pidiéndole que si alguien quiere salir del campo sea requisado a ver si no se están llevando pertenencias de nuestra familia", explicó Etchevere.

"Acá hay un montón de funcionarios de Alberto Fernández que están apoyando la toma violenta de terrenos en la provincia de Entre Ríos", resaltó el exfuncionario, quien dijo que son 100 las personas que se encuentran en la toma.

El exfuncionario también se quejó de que el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, "deja pisotear el federalismo" al permitir el ingreso y "no decir una palabra" sobre la toma de tierras en el campo "Casa Nueva" ubicado en el departamento La Paz.

"El Gobierno nacional apoya con funcionarios a Juan Grabois en la usurpación de tierras en Entre Ríos. Que hacían Donda y Verón en audiencia de partes?", escribió el exministro nacional en su cuenta de Twitter.

También realizó declaraciones a TN. "Alberto Fernández avala esta toma porque adentro hay funcionarios", dijo al canal de noticias.

El Grupo de Operaciones Especiales de la Policía de Entre Ríos permanece desde la noche del miércoles haciendo un cordón para evitar que escale el conflicto y derive en una pelea cuerpo a cuerpo.

El cuestionamiento fue por la presencia en la reunión judicial de la titular del Inadi, Victoria Donda, quien participó mediante videollamada; y de la integrante del Cuerpo de Abogados del Ministerio de Justicia, Daniela Verón.

"Gabriela Carpinetti, del Ministerio de Derechos Humanos, también durmió anoche en la usurpación de Entre Ríos", añadió Etchevehere.

Carpineti, directora Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia, desde el Ministerio de Justicia le informaron al canal TN que desconocían su presencia en el lugar, y que estaría en calidad de auxiliar técnico, representando a los integrantes de la toma, que responden al dirigente Grabois.

Las declaraciones del exfuncionario se producen luego de que un grupo de productores agropecuarios de Entre Ríos, liderados por el propio Etchevehere, se concentrara en el ingreso del campo que el exministro de Agroindustria denunciara que fue tomado por Grabois.

Dos autos y un utilitario intentaron salir del campo alrededor de las 8.15 y la policía llevó adelante la revisión de los vehículos. Fue allí que Etchevere se acercó a filmar con su celular y se cruzó con una mujer que se oponía a ser captada por la cámara. Su hermano, Juan Diego Etchevere también intervino en la situación.

La protesta de decenas de productores se produjo en el ingreso del campo propiedad de Las Margaritas SA sobre la ruta 12 a la altura del Paraje Santa Elena, en Entre Ríos, donde pidieron que la Justicia ordene el desalojo.

La semana pasada, ingresó al predio junto a un grupo liderado por Grabois, que inició el denominado "Proyecto Artigas", pero el ex funcionario de Mauricio Macri denunció una usurpación en el campo, propiedad de Las Margaritas SA.

Pichetto apuntó contra el Papa Francisco y Grabois por la toma de tierras

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El excandidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio aseguró que Argentina necesita "tranquilidad social".

Durante este miércoles, el Papa Francisco fue noticia por sus declaraciones positivas acerca de la unión civil entre parejas homosexuales.

La postura no debería sorprender a nadie, pero sabiendo que viene de parte de la Iglesia, es válida la posición que decidió tomar el Papa.

"El Papa Francisco debería pedirle a su protegido Grabois que pare con las ocupaciones de tierras", declaró el exsenador. "Argentina necesita tranquilidad social".

Además, el mensaje de Pichetto se enmarca como acompañamiento a una movilización de productores entrerrianos en el establecimiento "Casa Nueva", ubicado en el departamento de La Paz y que está ocupado por un grupo del Movimiento de Trabajadores Excluidos, liderado por Grabois, hace casi una semana.

Más de 600 familias abandonaron el predio de Guernica

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El operativo de desalojo estaba planificado para este jueves desde las 10, pero lo pospusieron nuevamente.

Más de 600 familias abandonaron el predio de Guernica, en el partido de Presidente Perón, mientras el Gobierno bonaerense acelera las gestiones para que la desocupación sea pacífica, pese al clima de tensión que generan algunas organizaciones de izquierda que apoyan a los vecinos renuentes a abandonar el lugar.

El desalojo estaba previsto para este jueves a partir de las 10, pero no se realizará luego de tres pedidos de postergaciones por parte del Gobierno nacional.

"El 80 por ciento de las familias ya reubicadas", según informó el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia, Andrés Larroque, en diálogo con Télam.

"Sigue todo en pie para el desalojo", confirmó a esta agencia el fiscal de la causa, Juan Cruz Condomí Alcorta.

El Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, señaló al respecto, en diálogo esta mañana con Radio Con Vos, que gracias "a un trabajo artesanal" que se hizo desde el Ejecutivo bonaerense, "las familias aceptaron desalojar pacíficamente el predio".

Los terrenos reclamados por sus propietarios, unas 100 hectáreas, fueron ocupados en julio pasado por unas 1.200 familias que vivían en Guernica y otras provenientes de los distritos de Almirante Brown, Lomas de Zamora, San Vicente, Florencio Varela, Ezeiza y Esteban Echeverría.

Tras la denuncia a la justicia por parte de los dueños y la firma Bellaco S.A. el juez de Garantías de La Plata con asiento en la localidad de Cañuelas, Martín Rizzo, ordenó abordar el desalojo.

Tras dos pedidos de postergaciones, para conformar una mesa de diálogo que permita llegar a una solución, ahora la decisión de la justicia está firme y la orden se ejecutará mañana, a partir de las 10.

Respecto al desalojo, el gobernador dejó claro que "la policía de la provincia y las fuerzas de seguridad son auxiliares de la justicia, y el que resuelve las condiciones y el modo de desocupación es el juez" y añadió: "Es una resolución judicial".

La situación de las personas en los terrenos

En el marco del trabajo que el Gobierno bonaerense realizó en el predio se instalaron cinco carpas interministeriales en Guernica para atender la situación de los ocupantes y se detectó que entre las personas que tomaron los terrenos hay desempleados que no podían enfrentar un alquiler, en tanto que medio centenar de ellas son mujeres en situación de violencia de género.

Los datos se desprenden del censo que realizó el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, al que tuvo acceso Télam, en el marco del Plan de Intervención Integral.

En ese marco, la Mesa de Articulación: compuesta por los ministerios de Desarrollo de la Comunidad, Seguridad, Justicia y Derechos Humanos; la subsecretaría de Hábitat de la Comunidad, la subsecretaría de Políticas Sociales y los organismos de la Niñez y Adolescencia, la Defensoría del Pueblo de la provincia y la Universidad Nacional de La Plata, trabaja contrareloj para lograr la desocupación del predio.

Acompañados por movimientos y organizaciones sociales, los ocupantes integran una Mesa de Diálogo, de la que participan el Movimiento de Unidad Latinoamericana por el Cambio Social, el Frente de Organizaciones en Lucha, la Víctor Choque, Polo Obrero, Barrios de Pie, Darío Santillán, el Centro de Estudios Legales y Sociales, Servicio de Paz y Justicia y el Foro por la Niñez, entre otras organizaciones.

Los abogados de "La Gremial", organización que representa a los ocupantes del predio de Guernica, presentaron un escrito al juez en el que manifestaron que la superficie "reúne las condiciones para ser objeto de intervención estatal".

Los terrenos reclamados por sus propietarios, unas 100 hectáreas, fueron ocupados en julio pasado por unas 1.200 familias.

El texto presentado al juez Rizzo, al que tuvo acceso Télam, se apoya en la Ley 14449 de "Acceso al Hábitat" y está firmado por los abogados María del Rosario Fernández y Eduardo Néstor Soares.

Las familias que abandonaron el predio firmaron un acta acuerdo en la que se comprometieron a dejar los terrenos y el Gobierno provincial los ubicó en otros domicilios o los proveyó de materiales de construcción para ampliar sus viviendas, y a otros los ayudó en el pago de alquiler.

La resolución del juez Rizzo dice que "una vez ocurrida la desocupación de los lotes, deberán restituirse en forma provisoria a los requirentes María Jacinta Romero, Vilma Alicia Enríquez, Andrés Ríos y Gervasio Perez Pesado en representación de la firma Bellaco S.A.".

Según la resolución judicial, "se podrá otorgar la facultad al agente fiscal de recurrir al auxilio de la fuerza pública", que deberá realizar el procedimiento "con el mayor cuidado de la integridad de las personas que ocupen el predio y de los bienes" y recurrir "al uso de la fuerza en caso en que resulte indispensable y en la menor medida posible".

Además, establece que "deberá ser necesaria la presencia del servicio de asistencia médica, ambulancia, internación y/o traslado de las personas y otros que se requieran".

La cámara estableció también que "deberá notificarse al asesor de menores e incapaces interviniente, al igual que a todos aquellos organismos provinciales cuya presencia se considere necesaria, en particular los encargados de activar protocolos referidos a la pandemia derivada del Covid-19".

Para el Gobierno la toma de tierras no es ilegal hasta que haya "sentencia firme"

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Así respondió la Ministra de Seguridad Sabina Frederic tras la consulta de un senador radical.

El gobierno nacional planteó que hace falta una sentencia judicial para calificar una toma de tierras como un hecho ilegal.

La postura oficial fue planteada por el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, ante las consultas que le hicieron los senadores en el marco del informe de gestión que brindó esta semana en la Cámara Alta.

Habitualmente, el jefe de ministros recibe preguntas de los legisladores antes de presentarse en la Cámara y remite las inquietudes al área que tiene la información correspondiente para dar una respuesta.

"¿Qué actitud adoptará el gobierno en defensa de la propiedad estatal y privada frente a estos delitos?", fue la pregunta que le hizo el Senador fueguino por la UCR Pablo Daniel Blanco.

La respuesta brindada por el Ministerio de Seguridad y validada por la Jefatura de Gabinete planteó que el déficit habitacional es una cuestión que debe ser analizada desde un enfoque multidisciplinario y que las fuerzas federales y provinciales sólo pueden intervenir ante una orden judicial.

El criterio ya había sido expuesto por la Ministra Sabina Frederic y diversos reportajes. Sin embargo, esta vez se incluyó un argumento nuevo: "Una vez que la situación se define como toma de tierras mediante una sentencia firme emanada de autoridad judicial competente, es que estamos ante un acto ilegal".

La definición adquiere relevancia en un momento donde se discute la toma de terrenos en distintas zonas de la provincia de Buenos Aires, especialmente en Guernica, en un país donde los procesos judiciales no suelen caracterizarse por su velocidad: hay casos que están abiertos varios años y terminan archivados sin una sentencia.

Un fallo "firme" requiere además que se hayan agotado todas las vías de apelación, lo que convierte el trámite en una experiencia eterna de acuerdo a los antecedentes jurisprudenciales en el país.

Toma en Guernica: la Justicia volvió a prorrogar el desalojo

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El procedimiento estaba previsto para mañana pero el Gobierno de la provincia de Buenos Aires había pedido posponerlo hasta el 14 de octubre.

El Gobierno bonaerense había solicitado este miércoles una nueva prórroga, hasta el 14 de octubre, para el desalojo de un predio ocupado de manera ilegal en Guernica, ordenado para mañana a las 10. Finalmente, la Justicia lo prorrogó.

La comisión interministerial del Ejecutivo Provincial, conformada por los ministros de Desarrollo de la Comunidad; Justicia y Derechos Humanos y Mujeres, Políticas de Género, y Diversidad Sexual, se lo solicitó al Juez de Garantía N°8 de La Plata, Martín Rizzo, que se prorrogue el desalojo del predio de Guernica para el miércoles 14 de octubre.

La solicitud se realizó este mediodía durante la audiencia solicitada por el Gobierno provincial para informar los avances del plan de contingencia aprobado por el juzgado, se informó oficialmente. Y esta tarde la Justicia aceptó la petición.

El 8 de septiembre último, la Justicia penal de La Plata ordenó el desalojo de las tierras ocupadas en julio pasado en un predio en Guernica, partido bonaerense de Presidente Perón, donde, según el censo del Gobierno bonaerense, hay 1.309 familias ocupando un espacio de 100 hectáreas.

La decisión fue adoptada por la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantía en lo Penal, que ratificó el fallo del juez de Garantías, Martín Rizzo, quien postergó la desocupación de los terrenos hasta mañana, y ahora decidió una nueva postergación.

La ministra de Gobierno bonaerense, Teresa García, indicó hoy que "ya hay familias que han abandonado la toma" de los terrenos en Guernica "a la espera de lotes con servicios", un día antes de la fecha prevista para el desalojo del predio por parte de la Justicia.

El jefe de gabinete bonaerense, Carlos Bianco, agregó que "se está trabajando contra reloj" para darle una solución a las familias que aún permanecen en el lugar.

El ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, reveló que esas familias "se pusieron a disposición de las soluciones que puede brindar el Estado" y señaló que se mantendrá una audiencia virtual con el juez de la causa para contarle el trabajo que viene desarrollando la mesa interministerial que abordó la problemática de la toma y el censo realizado en el lugar.

Censo

En el censo, al que tuvo acceso Télam, se tomó conocimiento de la real situación en el predio, en el que el 90% de las personas que lo ocupan son desempleados que no podían enfrentar un alquiler, en tanto que medio centenar son mujeres en situación de violencia de género.

Debido a que no hay una cantidad de personas fijas en cada construcción, el censo no pudo determinar un número total de ocupantes del predio, pero se relevaron 1.904 grupos familiares o personas adultas solas, y 440 parcelas que habían sido demarcadas durante la toma estaban deshabitadas.

Los números arrojaron que hay 1.309 familias con niños, niñas o adolescentes, 307 personas adultas solas y 288 casos restantes que corresponden a otro tipo de constitución.

Los 1.904 grupos censados declararon 2.797 niños, niñas y adolescentes y el censo reveló que la situación de habitabilidad en las ocupaciones es dinámica; es decir que la cantidad de personas en la toma no está presente todo el tiempo o en simultáneo.

Acerca de la situación laboral, los adultos respondieron que 1.859 son desocupados, 494 ocupados, 271 con trabajo informal y otros 20 son jubilados, pensionados o tienen algún tipo de discapacidad.

Respecto a las razones por las que ocuparon el predio, a la requisitoria respondieron 1.810 personas, de las cuales 1.544 alegaron "desocupación, empobrecimiento e imposibilidad de pagar alquiler", 183 argumentaron conflictos familiares, 51 violencia de género y 32 situación de calle.

Cristina Fernández: "La ocupación de tierra por vivienda no es una cuestión populista"

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Desde agosto, familias argentinas sin hogar se instalaron en territorios privados de la provincia de Buenos Aires.

Una parte de la población atribuye la ocupación ilegal de tierras como consecuencia directa del "populismo". La Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se manifestó al respecto.

Para rechazar el vínculo de la toma de tierras con el populismo, la Presidenta del Senado citó una noticia de un diario chileno que informaba que en el país vecino los ciudadanos ocupan terrenos ilegalmente desde octubre del 2019.

"104 nuevas tomas de terrenos ocurridas en el país desde octubre del año pasado", dijo la vicepresidenta y agregó: "Como verás, la ocupación de tierra por vivienda no es una cuestión populista".

Finalmente, Fernández de Kirchner aseguró que para resolver el tema hay que "debatir en serio".

La Justicia postergó hasta el 1 de octubre el desalojo del predio ocupado en Guernica

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La solicitud había sido presentada por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense.

Un Juez de La Plata aceptó el pedido del Gobierno bonaerense y postergó hasta el 1 de octubre la ejecución de la orden de desalojo del predio ocupado en la localidad de Guernica, partido de Presidente Perón, en una medida que apunta a logra una salida "pacífica" para el problema, informaron voceros judiciales.

La medida fue tomada por el Juez de Garantías de La Plata con asiento en la localidad de Cañuelas, Martín Rizzo, quien pospuso el desalojo para el 1 de octubre o, supletoriamente, los días 2 y 5 de ese mes, según confiaron a Télam fuentes con acceso a esta causa.

El magistrado hizo lugar a una presentación del ministro bonaerense de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, quien pidió que se adopte esa medida para "continuar negociando una salida sin violencia", con la asistencia de la Mesa de Articulación que integran organismos de la provincia de Buenos Aires y agrupaciones barriales.

En el pedido, Larroque presentó al magistrado los resultados del censo finalizado ayer, donde 1.904 personas respondieron a la encuesta y 650 de ellas indicaron que son de Guernica. El resto pertenece a distritos cercanos.

En el total, Almirante Brown, con 75 familias, es el segundo partido en cantidad de personas que ocupan los terrenos en forma ilegal.

En el fallo, difundido por la agencia de noticias Télam, el magistrado consideró que "el norte de esa estas decisiones no es otro que dar una salida pacífica a la decisión que fuera adoptada y confirmada por el Superior tiempo atrás, y respetuosa de los Derechos Humanos de los y las intervinientes".

"Lo que aquí se esta resolviendo entonces no es dejar sin efecto la orden librada, sino su postergación por este plazo razonable, donde a su vez se extenderán las medidas cautelares que fueran dictadas y prorrogadas tiempo atrás, como la prohibición de ingreso de nuevos ocupantes al predio, así como también de materiales de construcción mobiliarios y electrodomésticos", remarcó Rizzo en su resolución.

El Juez tuvo en cuenta también que, a criterio de los funcionarios que integran el Gobierno Provincial, y conforman el dispositivo interministerial, que los diez días venideros serían "cruciales para lograr una desocupación pacífica de los predios".

El director provincial de Atención Inmediata del ministerio de Desarrollo de la Comunidad, Santiago Fidanza, explicó hoy que "la etapa de ordenamiento se ha realizado por el esfuerzo de la Provincia con el Municipio Presidente Perón y Nación para terminar el censo y buscamos que las personas abandonen voluntariamente el predio".

“Contamos con el acompañamiento de los ministerios, la municipalidad y estamos trabajando con los representantes de la toma. Nosotros creemos que las tomas no son la solución al problema habitacional, pero no podemos desconocer que hay una problemática social que lleva a estos procesos”, señaló el funcionario en declaraciones a Radio Provincia.

El juez Rizzo había dispuesto que el desalojo debía realizarse mañana, en horas de la mañana, en un operativo que iba a ser comandado por el Ministerio de Seguridad bonaerense.

La toma se desarrolla en un predio de unas 100 hectáreas que fue ocupado por unas 2.500 familias desde hace unos dos meses y una Mesa de Articulación lleva diez días trabajando para lograr que el desalojo se realice en forma pacífica.

Esta Mesa está compuesta por los ministerios de Desarrollo de la Comunidad, Seguridad, Justicia y Derechos Humanos; la subsecretaría de Hábitat de la Comunidad, la subsecretaría de Políticas Sociales y los organismos de la Niñez y Adolescencia.

También participa la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, la Universidad Nacional de La Plata, y unos cien censistas del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad.

El 8 de septiembre último, la Justicia penal de La Plata ordenó el desalojo de las tierras que fueron ocupadas en julio pasado.

La decisión fue adoptada por la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantía en lo penal y ratificó el primer fallo formulado por Rizzo como juez de Garantías en ese sentido.

Según la resolución judicial, "se podrá otorgar la facultad al agente fiscal de recurrir al auxilio de la fuerza pública", que deberá realizar el procedimiento "con el mayor cuidado de la integridad de las personas que ocupen el predio y de los bienes" y recurrir "al uso de la fuerza en caso en que resulte indispensable y en la menor medida posible".

Además, establece que "deberá ser necesaria la presencia del servicio de asistencia médica, ambulancia, internación y/o traslado de las personas y otros que se requieran".

La Cámara estableció también que "deberá notificarse al asesor de menores e incapaces interviniente, al igual que a todos aquellos organismos provinciales cuya presencia se considere necesaria, en particular los encargados de activar protocolos referidos a la pandemia derivada del Covid-19".

En la resolución emitida este martes, el Juez ordenó que el 1 de octubre se deberán respetar las condiciones establecidas en el fallo dispuesto por la Cámara de Garantías.

Toma de tierras: ya hay fecha para el primer gran desalojo en Buenos Aires

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Será en Guernica, el 23 de septiembre. Lo dispuso el Juez de Garantías N° 8 de Cañuelas, Martín Miguel Rizzo.

Tras una semana de incertidumbre, la Justicia puso fecha al desalojo de la toma de tierras de Guernica. Según lo dispuesto por el Juez de Garantías N° 8 de Cañuelas, Martín Miguel Rizzo. El "lanzamiento masivo" se llevará a cabo el día 23 de septiembre o, en caso de no poder realizarlo ese día, los dos días siguientes.

En la resolución judicial, emitida el día de ayer, Rizzo permitió a Juan Cruz Condomí Alcorta, fiscal de la causa, que en el desalojo disponga del uso de la fuerza "en caso en que resulte indispensable, y en la menor medida posible".

Rizzo ya había ordenado que el municipio de Presidente Perón, el 7 de agosto pasado, desalojara a las más de 2500 familias instaladas en el descampado el día 24 de aquel mes. Sin embargo, la orden fue frenada por intervención de la Asociación Gremial de Abogadas y Abogados.

Esta semana, la Cámara confirmó lo dictaminado por el juez Rizzo, con el voto unánime de los camaristas Raúl Dalto, Miriam Patricia Ermili y María Silvia Oyhamburu, y la gremial de abogados volvió a apelar.

La noticia del fallo desencadenó el rechazo de las organizaciones sociales con presencia territorial en la toma, que marcharon frente a la municipalidad de Presidente Perón y, en la ciudad de Buenos Aires, frente a la casa de la Provincia, para frenar el desalojo.

A pesar de se haya conocido la nueva fecha para retirar a las familias de Guernica, las agrupaciones no pierden la esperanza de tener un espacio de diálogo con los gobiernos y poder poner un freno a lo dispuesto por Rizzo.

Alejandro Ignaszewski, referente de OLP-Resistir y Luchar, dijo a La Nación que la disposición reciente es "una aventura del juez para embarrar la cancha" y que la apelación de la gremial "sigue vigente y el juez lo sabe".

Por su parte, Eduardo Belliboni, referente de Polo Obrero, confirmó que en este momento las agrupaciones se encuentran reunidas en el sitio de la toma -un descampado de más de 100 hectáreas frente a las calles Brasil y Luis A. Testa- "votando un plan de lucha" para poner freno a la orden judicial.

En la manifestación, que se realizó el viernes pasado frente a la casa de la provincia de Buenos Aires, Verónica Martínez, una joven de 19 años que milita en PO y tomó un terreno junto a su pareja, había advertido: "No hay ningún papel que diga que los terrenos tienen dueño, así que estamos acá para luchar, todos los vecinos. Si nos sacan, nos vamos a volver a meter".

Fuentes involucradas en la defensa de la toma dijeron a La Nación que tienen previsto cortar la ruta 210, que atraviesa la localidad de Guernica.

En tanto, el fiscal Condomí Alcorta confirmó a este medio que se mantiene la propuesta de no imputar a quienes respondan de "modo pacífico" al desalojo.

La resolución dispone, además, que el desalojo deberá contar "con la presencia del servicio de asistencia médica, ambulancia, internación y/o traslado de las personas y otros que se requieran, en particular los encargados de activar protocolos referidos a la pandemia derivada del Covid-19".

Kicillof sobre la toma de tierras: "Son ilegales"

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El gobernador de la Provincia de Buenos Aires reconoció el déficit habitacional pero criticó a quienes ocupan predios fiscales y privados.

El Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se reunió este jueves con intendentes de la tercera sección electoral para encontrarle una solución a las tomas de tierras que comenzaron a producirse en las últimas semanas en medio de la pandemia de coronavirus. 

En declaraciones posteriores al encuentro, Kicillof reconoció "un enorme déficit habitacional" en la provincia de Buenos Aires pero alertó que "no se soluciona con intrusiones ilegales". 

"Las usurpaciones no solo son ilegales sino que además producen situaciones injustas", agregó el mandatario bonaerense, quien también destacó el trabajo del Ministerio de Seguridad que conduce Sergio Berni.

En este marco, Kicillof le pidió a la Justicia que actúe: "Necesitamos, además, que la Justicia haga su trabajo con quienes incentivan las ocupaciones y se abusan de las necesidades de la gente". 

Por último, el dirigente del Frente de Todos aseguró que trabaja junto con el gobierno nacional y los intendentes en "diferentes planes de vivienda, de urbanización de barrios populares y de acceso al suelo" para solucionar el conflicto de fondo.

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