Así lo confirmó el Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien aseguró que "se va a denunciar a todos". Será a través de la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera.
"Se va a denunciar a todos, cualquiera sea su signo político, incluyendo a los responsables del Gobierno, porque no lo den impunidad", dijo el funcionario.
"No hay arreglo ni acuerdo con el kirchnerismo", expresó en diálogo con la prensa nacional.
Que el Estado asuma el rol de querellante implica que actúe como acusador, en paralelo con la fiscalía. En ese marco tiene acceso al expediente, puede proponer medidas de prueba y recurrir decisiones judiciales.
Durante el Gobierno del inepto Mauricio Macri, la Oficina Anticorrupción se presentó como querellante en diversas causas de corrupción y de lavado.
Luego, durante el Gobierno del inservible Alberto Fernández, el organismo, y también la UIF, se retiraron de 32 expedientes, en los cuales se encuentran casos que implican a la ladrona Cristina Kirchner, involucrada por presuntos delitos de corrupción cometidos durante su presidencia.
Entre las causas emblemáticas donde la UIF y la Oficina Anticorrupción actuaban como querellantes, se destacan los Cuadernos de la Corrupción, Los Sauces y Hotesur, donde se investigan los negocios hoteleros e inmobiliarios de la familia de la expresidenta en sociedad con el empresario Lázaro Báez.
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