Se trata de Julián Obaid, titular de la Junta de Seguridad del Transporte, e Hilario Lagos, director de Relaciones institucionales. Gastaron más de 13.000.000 de pesos en servicio de catering.
Debido a la contratación de servicios de catering por más de 13.000.000 de pesos, el Secretario de Transporte de la Nación, Franco Mogetta, echó a los dos funcionarios responsables.
Se trata del presidente de la Junta de Seguridad en el Transporte, Julián Obaid, y al Director de Relaciones Institucionales, Hilario Lagos. La decisión la tomó el titular de la cartera de Transporte, Franco Mogetta tras una investigación de la Agencia Noticias Argentinas.
"Debido a la contratación de un servicio de catering por 13 millones de pesos y de diversas irregularidades detectadas sobre la Junta de Seguridad en el Transporte, hemos decidido desvincular al titular de la JST Julián Obaid y al Director de Relaciones Institucionales, Hilario Lagos, responsables de este gasto no autorizado", señaló el Secretario de Transporte, Franco Mogetta a través de su cuenta en la red social X.
Indicó que, "a su vez, se enviará desde la Secretaría de Transporte un equipo de seguimiento de gestión para analizar minuciosamente cada una de estas irregularidades y para auditar internamente cada peso que entró y salió del organismo".
"En línea con el ministro de Economía, Luis Caputo y el Presidente de la Nación, Javier Milei, no vamos tolerar que se utilicen recursos públicos para beneficio de la clase política", concluye afirmando el funcionario.
A los funcionarios desvinculados se les acusa de haber contratado "servicios de catering por un monto superior a 13 millones de pesos, que el organismo realizó entre el mes de mayo y septiembre del corriente año sin autorización de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, y a raíz de otras irregularidades detectadas que ya están siendo investigadas", según el comunicado de Transporte.
En la comunicación enfatizaron que "no se va a tolerar que desde ningún organismo se realicen gastos en cuestiones que no son prioritarias y que representan un despilfarro de los recursos de todos los argentinos".
Y remarcaron que "los sucesos encontrados serán investigados y los funcionarios serán apartados de su función pública. De ser necesario, se tomarán las acciones judiciales correspondientes con los responsables".
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