Acueducto Gran Tulum: entró el pedido de formalización de la causa a la Oficina Judicial Penal

En una causa donde se intenta explicar por qué se gastaron 200.000.000 de dólares y el acueducto nunca se terminó, los fiscales Sebastián Gómez y Francisco Pizarro concretaron el pedido de inicio de la causa durante el mediodía de este miércoles. La oficina judicial convocará a los 11 notificados tal como lo indica la ley. Uñac y Andino en la mira de la Justicia vernácula.

El trámite ingresó durante el mediodía y ahora comienza la etapa de organización de la audiencia. La Oficina Judicial Penal deberá poner en marcha las notificaciones y definir la fecha en la que serán convocadas las once personas que ya fueron informadas de que forman parte de la investigación.

El trámite de notificación podría demandar alrededor de 10 días, y la audiencia podría quedar convocada para mediados de octubre.

Ahora la Oficina Judicial deberá cumplir con el artículo 77 del Código Procesal Penal de San Juan. Entre sus funciones figuran organizar las audiencias y ordenar las comunicaciones y emplazamientos. También contempla que las audiencias deberán ser fijadas "en el menor tiempo posible".

La presentación de los fiscales se realizó luego de que la UFI Delitos Especiales notificara la semana pasada a 11 personas vinculadas a la obra del acueducto que nunca se terminó, aunque los dólares fueron grastados.

Entre los notificados se encuentra el exgobernador y actual Senador nacional, Sergio Uñac, además de autoridades y funcionarios de Obras Sanitarias Sociedad del Estado del gobierno peronista, tal el caso de un exministro de Infraestructura y un representante de la empresa Krah América Latina, vinculada a la provisión de los caños.

Los notificados que deberán estar presentes en la formalización de la causa son Sergio Uñac, Cristian Andino, Guillermo Sirerol, Sergio Ruiz, Juan Carlos Caparros, Julio Andino, Gustavo Mastelono, Humberto Caballero, Juan Sánchez, Francisco Javier Correa y Rolando Vicente Caruso.

La causa se inició a partir de una denuncia presentada en diciembre por el excandidato a gobernador, Marcelo Arancibia. El abogado presentó una serie de pruebas para argumentar la necesidad de que se abra una investigación judicial.

La Justicia local deberá determinar si existieron irregularidades en distintas etapas del proyecto, entre ellas la contratación y provisión de cañerías, posibles sobreprecios y cuestionamientos vinculados con la calidad de los materiales utilizados.

Fiscalía ya realizó allanamientos en oficinas y dependencias vinculadas a la empresa Krah, con el secuestro de documentación y equipos informáticos para ser sometidos a análisis.

Lista de los implicados

Cristian Andino: expresidente de OSSE entre diciembre de 2011 y diciembre de 2015. Actualmente es diputado nacional. 

Guillermo Sirerol: expresidente de OSSE entre diciembre de 2019 y octubre de 2023. 

Sergio Ruiz: expresidente de OSSE entre diciembre de 2015 y febrero de 2019. Actualmente se desempeña como asesor del Senador Sergio Uñac.

Gustavo Mastelono: presidente y representante de Krah América Latina S.A., firma adjudicataria de la obra, que tenía como representante en San Juan a Gustavo Monti.

Humberto Caballero: exjefe del Departamento Jurídico de OSSE. Actualmente es juez laboral.

Juan Sánchez: funcionario actual de OSSE, vinculado a la implementación del proyecto del Acueducto.

Julio Ortiz Andino: se desempeñó como ministro de Infraestructura de San Juan entre 2015 y 2023.

Francisco Javier Correa: funcionario de OSSE, auditor técnico de la repartición y gerente de Obras.

Rolando Vicente Caruso: jefe del Departamento Proyectos de OSSE.

Juan Carlos Caparros: expresidente de OSSE entre febrero y diciembre de 2019.

La medida fue dictada en el marco de la investigación iniciada por presuntas irregularidades en la construcción del Acueducto Gran Tulum, una causa que se encuentra bajo análisis de la UFI Delitos Especiales.

La denuncia original, realizada por el abogado Marcelo Arancibia, menciona posibles delitos como negociaciones incompatibles con la función pública, malversación de caudales públicos, defraudación, dádivas, administración fraudulenta y violación de los deberes de funcionario público, entre otros.

Es una hipótesis que deberá ser determinada a partir de las pruebas reunidas durante la investigación. Por ahora no implican una imputación formal contra las personas notificadas.

La causa

Para concretar una parte mínima de la obra, que nunca se terminó, hubo una licitación que fue ganada por la empresa Krah América Latina S.A. en 2018, cuyo apoderado era Gustavo Monti. Se pagaron al menos 1.300 millones de pesos por las cañerías.

Es preciso recordar que la causa está en manos del Fiscal Sebastián Gómez, quien investiga el proceso administrativo y licitatorio del Acueducto Gran Tulum, obra hídrica que se ejecutó en parte durante el Gobierno del peronista Sergio Uñac, pero que, sin embargo, no se terminó, aunque los dólares se gastaron y los materiales usados parecen presentar irregularidades.

Es por eso que la Justicia vernácula investiga la contratación de caños y tuberías adjudicada a la empresa Krah América Latina S.A., y, en ese contexto, también se está evaluando cuál fue el papel que jugó el finado Gustavo Monti, quien podría haber sido representante o intermediario local de la compañía alemana.

En medio de este escenario, aparecen también presuntas comisiones facturadas por la empresa PVC San Juan SRL.

Según se desprende de la investigación judicial, las tuberías que puso la compañía Krah América Latina S.A. podrían no ser aptas para el transporte de agua potable.

Aseguran, además, que los caños estarían fabricados con insumos no aptos para el consumo humano y que podrían ser potencialmente tóxicos para las personas.

Es importante señalar que la Unidad Fiscal de Investigación Delitos Especiales avanzó hace tiempo en la causa que se inició gracias a la denuncia del abogado Marcelo Arancibia.

Mientras el Gobierno de San Juan sigue pagando a Kuwait la deuda que dejaron los gobiernos peronistas de Uñac y Gioja, que consiste en la friolera de 100.000.000 de dólares por materiales, más 100.000.000 de verdes por la obra civil, la Justicia de la provincia sigue con la investigación para saber si hubo o no un perjuicio contra el Estado.

En diciembre del 2025, el abogado Marcelo Arancibia presentó una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal solicitando que se investigue la licitación de la obra, la cual hace años fue concedida a una empresa alemana cuyo apoderado, Gustavo Monti, era un pariente del exgobernador Sergio Uñac.

Se busca comprobar si hubo o no malversación de fondos, además de conocer la calidad de los insumos, entre otras posibles irregularidades que se habrían cometido en la obra.

En febrero de 2026, la provincia de San Juan se presentó en la causa como parte querellante.

Desde la actual gestión del Gobernador Marcelo Orrego se estima que la pérdida asociada a los 10 kilómetros de caños que se instalaron, y que luego debieron retirarse, demandó una inversión de 50.000.000 de dólares.

La cifra surge del financiamiento comprometido para la obra, que fue licitada por un total de 200.000.000 de verdes.

El proyecto fue financiado en dos tramos: un 50% a través de un préstamo internacional que llegó desde Kuwait y Australia, y el otro 50% con fondos aportados por el Estado nacional durante el Gobierno peronista.