Etiqueta: Poder Judicial

Acueducto Gran Tulum: Fiscalía pedirá más tiempo para seguir investigando qué pasó con los caños

Por
El País Diario
-

El Ministerio Público Fiscal de San Juan sigue investigando las compras y los materiales que se usaron en el Acueducto Gran Tulum, que debió ser terminado durante el Gobierno del peronista Sergio Uñac, aunque eso no sucedió, pero sí le quedó a la provincia una deduda de 200.000.000 de dólares.

Mientras Fiscalía sigue investigando que sucedió con la compra de materiales y con una obra que nunca se terminó, aunque sí se gastó la plata, los fiscales Sebastián Gómez y Francisco Pizarro solicitarán extender la investigación argumentando complejidad en la causa del Acueducto Gran Tulum.

La investigación de los fiscales por presunta corrupción en la obra del Acueducto Gran Tulum está próxima a completar los primeros 90 días hábiles previstos por el sistema acusatorio, por lo tanto los funcionarios judiciales Sebastián Gómez y Francisco Pizarro han decidido solicitar una prórroga por otros 90 días hábiles para continuar recolectando información y poder producir pruebas sobre este oscuro caso.

La causa

Para concretar una parte mínima de la obra, que nunca se terminó, hubo una licitación que fue ganada por la empresa Krah América Latina S.A. en 2018, cuyo apoderado era Gustavo Monti. Se pagaron al menos 1.300 millones de pesos por las cañerías.

Es preciso recordar que la causa está en manos del Fiscal Sebastián Gómez, quien investiga el proceso administrativo y licitatorio del Acueducto Gran Tulum, obra hídrica que se ejecutó en parte durante el Gobierno del peronista Sergio Uñac, pero que, sin embargo, no se terminó, aunque los dólares se gastaron y los materiales usados parecen presentar irregularidades.

Es por eso que la Justicia vernácula investiga la contratación de caños y tuberías adjudicada a la empresa Krah América Latina S.A., y, en ese contexto, también se está evaluando cuál fue el papel que jugó el finado Gustavo Monti, quien podría haber sido representante o intermediario local de la compañía alemana.

En medio de este escenario, aparecen también presuntas comisiones facturadas por la empresa PVC San Juan SRL.

Según se desprende de la investigación judicial, las tuberías que puso la compañía Krah América Latina S.A. podrían no ser aptas para el transporte de agua potable.

Aseguran, además, que los caños estarían fabricados con insumos no aptos para el consumo humano y que podrían ser potencialmente tóxicos para las personas.

Es importante señalar que la Unidad Fiscal de Investigación Delitos Especiales avanzó hace tiempo en la causa que se inició gracias a la denuncia del abogado Marcelo Arancibia.

Mientras el Gobierno de San Juan sigue pagando a Kuwait la deuda que dejaron los gobiernos peronistas de Uñac y Gioja, que consiste en la friolera de 100.000.000 de dólares por materiales, más 100.000.000 de verdes por la obra civil, la Justicia de la provincia sigue con la investigación para saber si hubo o no un perjuicio contra el Estado.

En diciembre del 2025, el abogado Marcelo Arancibia presentó una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal solicitando que se investigue la licitación de la obra, la cual hace años fue concedida a una empresa alemana cuyo apoderado, Gustavo Monti, era un pariente del exgobernador Sergio Uñac.

Se busca comprobar si hubo o no malversación de fondos, además de conocer la calidad de los insumos, entre otras posibles irregularidades que se habrían cometido en la obra.

En febrero de 2026, la provincia de San Juan se presentó en la causa como parte querellante.

Desde la actual gestión del Gobernador Marcelo Orrego se estima que la pérdida asociada a los 10 kilómetros de caños que se instalaron, y que luego debieron retirarse, demandó una inversión de 50.000.000 de dólares.

La cifra surge del financiamiento comprometido para la obra, que fue licitada por un total de 200.000.000 de verdes.

El proyecto fue financiado en dos tramos: un 50% a través de un préstamo internacional que llegó desde Kuwait y Australia, y el otro 50% con fondos aportados por el Estado nacional durante el Gobierno peronista.

Arancibia presentó una denuncia por licitaciones durante el Gobierno de Uñac

Por
El País Diario
-

El excandidato a gobernador de San Juan, Marcelo Arancibia, presentó una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal para que se investigue una licitación que habría favorecido a una empresa ligada a un familiar del exgobernador peronista Sergio Uñac.

La denuncia penal que Arancibia presentó ante el Ministerio Público Fiscal de San Juan hace foco en una serie de elementos que podrían configurar delitos contra la administración pública en la ejecución de la obra del Acueducto Gran Tulum.

Solicitó pericias, testimonios y documentación oficial para determinar si se cometieron delitos contra la administración pública.

En su denuncia, el abogado explica que este 10 de diciembre se cumplen 2 años desde que ocurrió el cese de los exfuncionarios de la gestión de Uñac, llevada adelante entre el 2015 y el 2023, y luego de ese plazo ya no podrán ser investigados por enriquecimiento ilícito sus integrantes, según el artículo 268 bis del Código Penal.

Ese artículo penaliza el enriquecimiento patrimonial que no pueda justificarse, ocurrido durante el ejercicio del cargo y hasta dos años después de haberlo dejado.

Arancibia recordó que el Ministro de Economía, Roberto Gutiérrez, afirmó que "la obra no estaría, pero los pagos sí", en clara alusión a la devolución del crédito de 100.000.000 de dólares contraído con Kuwait.

Ante esta situación, el abogado requirió que, en caso de verificarse delitos, quienes hayan actuado como autores o partícipes "devuelvan lo robado".

Qué se deberá investigar

El texto presentado ante el Ministerio Público fiscal solicita formalmente que se investiguen hechos de "gravedad institucional" vinculados a las contrataciones estatales para la construcción del Acueducto Gran Tulum.

Explica que las maniobras denunciadas podrían configurar delitos como violación de deberes de funcionario público, malversación de fondos, cohecho, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con la función pública, defraudación al Estado y asociación ilícita administrativa.

La denuncia se dirige a funcionarios públicos del Gobierno peronista que tuvo San Juan durante los periodos que fueron desde el 2015 al 2019, bajo el mando de Sergio Uñac, y luego el que fue desde el 2019 al 2023, segundo periodo del actual senador.

Se solicita que se investiguen contrataciones, obras públicas, control de calidad y certificaciones, así como a directivos de la empresa adjudicataria.

Direccionamiento de obra pública

Según Arancibia, la empresa proveedora de tuberías del Acueducto Gran Tulum, Krah América Latina S.A., estaría vinculada a un familiar directo, en este caso un primo, del exgobernador Sergio Uñac.

De confirmarse el vínculo, configuraría negociaciones incompatibles con la función pública y tráfico de influencias.

También se deberán investigar testimonios de empresas que compitieron en la licitación y que habrían advertido que el pliego estaba "orientado" para favorecer a esa firma, lo que, según la denuncia, podría constituir abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público y fraude en perjuicio del Estado.

¿Hubo sobreprecios?

En el escrito presentado ante Fiscalía se citan informes técnicos y advertencias previas que señalaban que los caños ofrecidos por la empresa proveedora eran más caros, tenían menor respaldo técnico y presentaban deficiencias estructurales.

Para Arancibia, ignorar estos datos podría constituir una violación de deberes funcionales.

También se hace referencia a diferencias de precios significativas entre la oferta adjudicada y la de empresas competidoras, lo que reforzaría la hipótesis de sobreprecios.

La provincia ya comenzó a pagar el crédito internacional sin que la obra esté terminada. Esto podría definirse como "administración fraudulenta, abandono de deber de control y posible beneficio económico indebido a particulares".

Qué delitos podrían probarse con la denuncia

De manera provisoria, la presentación marca 7 figuras penales que podrían estar en juego: "negociaciones incompatibles, malversación de caudales públicos, abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público, defraudación al Estado, dádivas, y asociación ilícita".

Según la denuncia, estas figuras derivan de una conjunción de hechos: contratos vinculados a familiares de exfuncionarios, desvío de fondos, aprobación de materiales deficientes, sobreprecios y pagos sin contraprestación suficiente.

El escrito de Marcelo Arancibia respalda la denuncia con jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en casos como: Nissen, Cotroneo, Yoma e IBM Banco Nación.

En todos estos casos de corrupción de la historia argentina, "se establece que la corrupción es un delito pluriofensivo y que los funcionarios tienen una obligación especial de legalidad, incluso cuando no haya un perjuicio económico probado".

También citó la doctrina penal que refiere a la violación de deberes, la cual surge ante cualquier apartamiento de la legalidad, y que establece que el conflicto de intereses con familiares directos configura negociación incompatible sin necesidad de probar un beneficio.

Qué medidas probatorias se le requieren al Ministerio Público Fiscal

La denuncia ofrece prueba documental basada en 6 notas periodísticas y solicita abundante información a organismos del Poder Ejecutivo provincial, entre ellos Infraestructura, Economía, Hidráulica, OSSE y Contaduría General.

Asimismo, se solicitó informes a la Legislatura y al Tribunal de Cuentas, para saber el estado de los controles realizados.

Incluye "pericias técnicas sobre la calidad de los caños, pericias económicas sobre precios y sobreprecios, y pericias contables sobre los pagos y certificaciones".

En el escrito se pide citar como testigos a ingenieros, técnicos y al Ministro de Economía actual, Roberto Gutiérrez.

Arancibia pide que se notifique a la Fiscalía de Estado, ya que es el organismo encargado de defender el patrimonio provincial y podría constituirse como querellante.

Finalmente, en la presentación del abogado Marcelo Arancibia, se indica que "se tenga por formulada la denuncia penal, se abra la investigación preparatoria, se recolecte toda la documentación requerida, se cite a los testigos propuestos, se realicen las pericias, se investigue a funcionarios y particulares involucrados y, eventualmente, se eleve la causa a juicio".

Guillermo Baigorrí asumió como Fiscal General del Poder Judicial de San Juan

Por
El País Diario
-

Tras asumir como Fiscal General del Ministerio Público Fiscal, anunció quiénes serán las personas de confianza dentro de su equipo.

Este miércoles por la mañana, en la sede institucional del Poder Judicial, ubicada en el Club Sirio Libanés, asumió el nuevo Fiscal General, Guillermo Baigorrí, quien reemplaza en el cargo al fallecido Eduardo Quattropani.

Tras el acto y juramento, presentó al equipo que lo acompañará en la conducción del Ministerio Público Fiscal.

Durante el acto, la Corte de Justicia, a través de su Presidenta Adriana García Nieto y los Ministros Daniel Olivares Yapur, Juan José Victoria, Guillermo Horacio De Sanctis y Marcelo Jorge Lima, tomó juramento al Fiscal General, Guillermo Baigorrí.

Acompañaron el juramento tanto el Gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, y el Vice, Fabián Martín.

Baigorrí anunció que ocuparán los cargos de mayor cercanía a su persona Fabián Meló, Jorge Albarracín y Rodrigo Zabaleta, tres profesionales con los que ya compartió trabajos en la Corte de Justicia, durante el juicio de la Causa Expropiaciones.

"Son personas de mi confianza, con mucha capacidad intelectual y que ya forman parte del Poder Judicial", aseguró el Fiscal General, quien añadió que "no quería generar ni siquiera gasto".

En el área no penal, la conducción quedará a cargo de la doctora Julieta Mercado. Se acoplará Sandra Gutiérrez, con un largo derrotero en el área familia.

Los secretarios relatores Fernando Rahme y Rolando Lozano pidieron su pase a la Corte de Justicia.

Amigos, parientes e hijos de políticos en los ascensos de la Justicia de San Juan

Por
El País Diario
-

La Corte de Justicia del Poder Judicial local, es decir el PJ, firmó el 29 de octubre de 2025 la Acordada 118 que establece nuevos ascensos. El 12% de todo el personal del Poder Judicial fue ascendido, pese a que el Presidente Milei pidió recortar los abultados gastos que genera al erario público la Casta Política. Endogamia militante y resabios del PJ.

Sobre un total de 2.062 empleados del Poder Judicial de San Juan, fueron ascendidos 246 trabajadores, lo que representa un 12% del total.

La Corte de Justicia de San Juan reveló la lista de asensos en el Poder Judicial. Se trata de la memorable Acordada 118, compuesta por 13 páginas con nombres de familiares de jueces, amigos, y, otros tantos, cercanos al poder político.

EL PJ no deja de asombrar a los sanjuaninos. De hecho, en la previa de Halloween, la Presidenta de la Corte de Justicia de San Juan, Adriana García, Nieto, exfuncionaria del peronista Sergio Uñac, firmó la bendita acordada que salva a familiares del poder y nos recuerda que la Justicia vernácula sigue siendo una Pyme coptada por exfuncionarios del Gobierno de Gioja y Uñac.

El día 29 de octubre, García Nieto firmó la acordada junto a los ministros de la Corte, Marcelo Lima, Guillermo De Sanctis y Juan José Victoria, además del camarista Juan Carlos Noguera Ramos y el Fiscal General interino, Daniel Galvani. Resultado: carnaval de ascensos y un fin de año fenomenal para familaires y amigos del poder.

Según el texto de la acordada, "se priorizaron a personas que llevaban más tiempo sin el beneficio del ascenso".

Este lunes, la Corte de Justicia vernácula comunicó los 246 beneficiados que, en adelante, pasarán a ser ascendidos, algunos con merecido mérito, es verdad, y otros por ser "hijo de" o "pariente de".

Surge en los ascensos un apellido político por naturaleza: María José Gioja (Oficial Superior de Segunda), hija del exintendente de Rawson, Juan Carlos Gioja, hermano del exgobernador José Luis Gioja y, da la casualidad, también hermano del exsenador César Gioja.

Entre las figuras destacadas de la Familia Judicial, se aprecia en la movida el ascenso de Guadalupe Olivares Allende, hija del cortista Daniel Olivares Yapur.

Algo similar sucedió cuando en 2024, el cortista Guillermo De Sanctis firmó el ascenso de su hija, Eva Gabriela. Sin embargo, en esta ocasión, Olivares Yapur se abstuvo de firmar la acordada.

Entre los ascensos polémicos, se destacan Agustín Voena Victoria (Oficial Principal), sobrino del cortista Juan José Victoria.

También aparece Aldo Morassutti (Escribiente Mayor), cuñado del cortista Guillermo De Sanctis.

Fgura, además María Cecilia Farina Sanz (Escribiente Mayor), hija del Juez de Primera Instancia del Quinto Juzgado Civil, Pablo Farina.

También tuvo suerte el Secretario General de la Unión Judicial, Sebastián López Balaguer (Jefe de Despacho) y Rocío Otiñano Méndez (Escribiente), hija del Juez Walter Otiñano.

Los ascendidos

Acordada textual
En la Ciudad de San Juan, Provincia del mismo nombre, República Argentina, a los 29 días del mes de octubre de 2025, reunida la Corte de Justicia, bajo la Presidencia de la Dra. ADRIANA VERÓNICA GARCÍA NIETO, con la presencia de los Señores Ministros Dres., JUAN JOSÉ VICTORIA, GUILLERMO HORACIO DE SANCTIS y MARCELO JORGE LIMA, con la presencia del Señor Juez de Cámara Dr. JUAN CARLOS NOGUERA RAMOS, integrando la Corte y con la asistencia del Señor Fiscal General Provisorio de la Corte, Dr. DANIEL GALVANI, DIJERON:

— Que a la fecha existen cargos vacantes en el Agrupamiento de Personal de Magistratura; Administrativo y Técnico; y de Obrero, Maestranza y Servicios.

— Que, existe necesidad de realizar designaciones de ingreso a los fines de contar con los recursos humanos necesarios para poder reforzar los distintos organismos de este Poder del Estado.

— Que, en atención a ello, se hace indispensable la promoción de algunos agentes, a los fines de la liberación de los cargos necesarios.

— Que tras una prolija evaluación de los mismos, corresponde efectuar las pertinentes promociones.

— Por ello y lo previsto por el artículo 207 inc. 1) y 2) de la Constitución Provincial, ACORDARON:

I) Ascender al cargo de DIRECTOR DE DEPARTAMENTO DE REGISTRO GENERAL INMOBILIARIO, a la siguiente agente:
1) TAILLANT, ANALIA IVONE (D.N.I.: 22.705.572).

II) Ascender al cargo de SECRETARIO DE CAMARA, a las siguientes agentes:
1) PEZZOTTI MAZZANTI, FERNANDO RICARDO (D.N.I.: 22.705.775);
2) ROBUTTI, ANA ELISA (D.N.I.: 20.924.177) y
3) VITTAZ, MARIA NOEL (D.N.I.: 25.756.483).


III) Ascender al cargo de SECRETARIO DE FISCALIA DE CAMARA, a la siguiente agente:
1) VARGAS, YANIRE MARIA (D.N.I.: 24.319.435).

IV) Ascender al cargo de SECRETARIO DE PRIMERA INSTANCIA, a los siguientes agentes: 1) ARUSA, ANALIA MABEL (D.N.I.: 17.923.690);
2) BARCELO RECIO, MARIA JOSEFINA (D.N.I.: 31.309.309);
3) MANZUR OLGUIN, ANA LAURA (D.N.I.: 27.043.497);
4) OGAS, KARINA LEONOR (D.N.I.: 20.789.693);
5) QUIROGA CHICA, SUSANA EDITH (D.N.I.: 28.263.321) y
6) VIDELA, GUILLERMO RAFAEL (D.N.I.: 25.938.852).

V) Ascender al cargo de PRO SECRETARIO AUXILIAR, al siguiente agente:
1) DIAZ PUCHULU, PATRICIO JOSE (D.N.I.: 33.234.191).

VI) Ascender al cargo de SECRETARIO DE PAZ LETRADO, a las siguientes agentes:
1) BARBOZA RODRIGUEZ, MACARENA (D.N.I.: 34.697.898);
2) FERNANDEZ, LAURA MELISA (D.N.I.: 29.269.915);
3) GARCIA ESTEINOU FIGUEROA, MARIA DEL ROSARIO (D.N.I.: 31.017.359);
4) GINESTAR AVELIN, MARIA BELEN (D.N.I.: 33.614.175);
5) HENRIQUEZ GOMEZ, DANIELA BELEN (D.N.I.: 28.773.629);
6) LOZADA FERNANDEZ, MARIA ALEJANDRA (D.N.I.: 23.977.331);
7) MANRIQUE COBOS, MARIA CAROLINA (D.N.I.: 30.839.387);
8) ORQUERA, MARIA EUGENIA (D.N.I.: 33.337.527);
9) PASCUAL POSLEMAN, MARIA BELEN (D.N.I.: 29.740.327) y
10) POSSE GONZALEZ, MARINA ROMINA (D.N.I.: 35.508.429).

VII) Ascender al cargo de DIRECTOR GENERAL FINANCIERO CONTABLE, a la siguiente agente:
1) GOMEZ, MARIA LAURA (D.N.I.: 22.673.236).

VIII) Ascender al cargo de JEFE DE DEPARTAMENTO, a los siguientes agentes:
1) FLORES, OSCAR ADRIAN (D.N.I.: 27.260.409);
2) GARGIULO, EDUARDO (D.N.I.: 17.218.024) y
3) PEREZ, MARIA GABRIELA (D.N.I.: 17.624.931).

IX) Ascender al cargo de OFICIAL SUPERIOR TECNICO DE PRIMERA, al siguiente agente:
1) FERNANDEZ FERRES, DANIEL EMMANUEL (D.N.I.: 32.353.011).

X) Ascender al cargo de OFICIAL SUPERIOR TECNICO, a los siguientes agentes:
1) CASTRO ANEAS, LEANDRO ESTEBAN (D.N.I.: 31.869.312);
2) CERDERA, MARIA VANINA (D.N.I.: 25.118.457) y
3) MOLINA, MARIANA (D.N.I.: 27.042.398).

XI) Ascender al cargo de OFICIAL SUPERIOR, a los siguientes agentes:
1) PANDOLFINI MATUS, MARCELO FABRICIO (D.N.I.: 32.689.131) y
2) ROLDAN GALDEANO, MIGUEL ANGEL (D.N.I.: 26.318.937).

XII) Ascender al cargo de OFICIAL SUPERIOR DE SEGUNDA, a los siguientes agentes:
1) FERRARI TRINCADO, CLAUDIA SILVANA (D.N.I.: 27.784.130);
2) GIL, LEONARDO MATHIAS (D.N.I.: 38.461.712);
3) GIOJA, MARIA JOSE (D.N.I.: 32.806.346);
4) JUNCO, MICAELA ROMINA (D.N.I.: 35.923.298) y
5) MANINI GOMEZ, NATALIA INES (D.N.I.: 32.447.485).

XIII) Ascender al cargo de JEFE DE DESPACHO, a los siguientes agentes:
1) ATENCIO, IRIS NILDA ITATI (D.N.I.: 16.865.089);
2) CAMPANELLO, ANGELA MARIA (D.N.I.: 16.666.492);
3) FERNANDEZ, MARIA INES (D.N.I.: 16.984.859);
4) LOPEZ BALAGUER, JULIO SEBASTIAN (D.N.I.: 25.938.056);
5) PEREYRA, DANIELA SILVANA (D.N.I.: 22.303.898);
6) ROMERO DELGADO, NATALIA MARIA (D.N.I.: 25.462.719) y
7) SOMMO, ROSA ANTONIA (D.N.I.: 17.865.625).

XIV) Ascender al cargo de OFICIAL MAYOR, a los siguientes agentes:
1) ACIAR, MARIA ALEJANDRA (D.N.I.: 25.462.094);
2) BASTIDA, MARIA DANIELA (D.N.I.: 26.510.711);
3) BECERRA, SILVANA MARCELA (D.N.I.: 21.361.816);
4) BUSTOS PEREZ, LILIA GRISELDA (D.N.I.: 25.649.581);
5) CABRAL, JUAN ANDRES (D.N.I.: 31.323.953);
6) DE LOS RIOS PIOLA, MARIA CRISTINA (D.N.I.: 26.288.443);
7) FIGUEROA GOMEZ, IVANA MABEL (D.N.I.: 25.823.129);
8) GARCIA, MARCO JOSE (D.N.I.: 24.266.774);
9) GROSSI GRAFFIGNA, MARIA AGUSTINA (D.N.I.: 27.043.576);
10) HOFFMANN, MARIA FEDERICA (D.N.I.: 29.889.277);
11) MARAMBIO ESPEJO, JORGE RICARDO (D.N.I.: 30.840.517);
12) MOYA, MARIA AGUSTINA (D.N.I.: 32.879.090);
13) OLIVARES, ROBERTO MANUEL (D.N.I.: 20.566.650);
14) PANTANO SORIA, MARIA CAROLINA (D.N.I.: 31.125.787);
15) POSLEMAN AGUILAR, MARTIN (D.N.I.: 35.923.817);
16) ROMERO, MARIANGEL DEL VALLE (D.N.I.: 34.194.021);
17) SALA SARMIENTO, MARIA ROMINA (D.N.I.: 24.660.144);
18) SANCHEZ GUIMARAES, MARIA AGUSTINA (D.N.I.: 33.759.004);
19) SANTIÑAQUE COLL, ANA CAROLINA (D.N.I.: 27.685.190);
20) SEGOVIA PIZARRO, PAOLA VANESA (D.N.I.: 30.511.438);
21) VAZQUEZ, FERNANDO JOSE (D.N.I.: 21.520.563) y
22) ZAPATA LUNA, SANTIAGO ARIEL (D.N.I.: 33.766.657).

XV) Ascender al cargo de OFICIAL TECNICO, a los siguientes agentes:
1) ALCAYAGA ZALAZAR, CYNTHIA MABEL DEL VALLE (D.N.I.: 34.047.695);
2) CABALLERO, JIMENA NOEMI (D.N.I.: 24.836.643);
3) CAMPORA RUDOLFF, ANA CAROLINA (D.N.I.: 93.963.489);
4) CAÑO, SONIA BEATRIZ (D.N.I.: 22.741.374);
5) CASTRO VEGA, MARIA FLORENCIA (D.N.I.: 35.505.471);
6) CERECEDA OLIVERA, ANA YANINA (D.N.I.: 31.714.458);
7) CERRATI, MARIA VALERIA (D.N.I.: 30.688.299);
8) COSTA, MARIA IRENE (D.N.I.: 23.735.852);
9) DOÑA SANCHEZ, MARIA LUCIANA (D.N.I.: 32.083.573);
10) FAGER MADRID, ANDREA CAROLINA (D.N.I.: 28.904.997);
11) FEDERICO HIDALGO, MARIA PIA (D.N.I.: 28.475.247);
12) FERNANDEZ, MARCELA INES (D.N.I.: 27.490.174);
13) FORNES AGUILAR, ALEJANDRO HUGO (D.N.I.: 28.967.785);
14) GERARDUZZI, AGOSTINA CARLA (D.N.I.: 35.508.470);
15) GIMENEZ, MARIA AGOSTINA (D.N.I.: 37.742.359);
16) GOMEZ, MARIA DE LA PAZ (D.N.I.: 27.042.796);
17) HIERREZUELO PLANA, GREGORIO DANIEL (D.N.I.: 27.042.617);
18) JOFRE ROMARION, MELISA MIRELLA (D.N.I.: 28.538.956);
19) LUCERO SANCHEZ, MARIA JOSEFINA (D.N.I.: 23.977.259);
20) MOYA BERMUDEZ, MARIA PIA (D.N.I.: 31.125.598);
21) NOGUERA BOLAÑOS, ANALIA INES (D.N.I.: 23.616.034);
22) PAEZ CORRAL, CESIA JOHANA (D.N.I.: 32.140.336);
23) PEÑA, SANDRA BEATRIZ (D.N.I.: 18.159.488);
24) PEREYRA, MARTINA SOLEDAD (D.N.I.: 35.508.800);
25) SANCHEZ SARMIENTO, MARIA GABRIELA (D.N.I.: 33.582.518);
26) STOPPA RUIZ, ANDREA (D.N.I.: 25.252.844);
27) TRUJILLANO MARUN, MARIA MAGDALENA (D.N.I.: 28.005.297);
28) YANZON BAISTROCCHI, EUGENIO RENATO (D.N.I.: 35.923.512) y
29) ZARZUELO, ATILIO FERNANDO (D.N.I.: 24.266.983).

XVI) Ascender al cargo de OFICIAL PRINCIPAL, a los siguientes agentes:
1) AGUILAR QUIROGA, MARIA GUADALUPE (D.N.I.: 36.252.763);
2) BONGIOVANNI, ANDRES ESTEBAN (D.N.I.: 31.714.423);
3) CAMUÑAS, PATRICIA ALEJANDRA (D.N.I.: 22.741.106);
4) CHIRINO, DAIANA SHEILA (D.N.I.: 32.007.656);
5) DIAZ, SERGIO RAMON (D.N.I.: 28.941.295);
6) FERNANDEZ GARCIA, MARIA JULIETA (D.N.I.: 34.459.515);
7) FERREYRA ROCAMORA, FLORENCIA (D.N.I.: 38.865.629);
8) GARCIA MARTIN, MARIA GUADALUPE (D.N.I.: 37.742.653);
9) GATTONI QUIROGA, MARIA PAULINA (D.N.I.: 26.510.212);
10) GUEVARA AGUILERA, FLORENCIA ALDANA (D.N.I.: 38.462.410);
11) HARICA MARTINEZ, MARIA DANIELA (D.N.I.: 35.508.005);
12) LAMPASONA, CARINA SILVANA (D.N.I.: 32.447.103);
13) MAIORANA, CLAUDIA JANET (D.N.I.: 32.019.133);
14) MANRIQUE, PATRICIA ALEJANDRA (D.N.I.: 35.735.806);
15) MARATTA, BENJAMIN ADRIEL (D.N.I.: 38.077.767);
16) MARTINEZ, MARIA GEMA (D.N.I.: 27.350.106);
17) MOLINELLI, MARIA FLORENCIA (D.N.I.: 30.152.591);
18) MUÑOZ, LUCIANA (D.N.I.: 32.818.069);
19) OLIVA PELIZZARI, ARIANA MICAELA (D.N.I.: 39.182.267);
20) OLIVARES ALLENDE, GUADALUPE NAHIR (D.N.I.: 42.853.335);
21) OLIVARES ROBLEDAL, AMANDA SOLEDAD (D.N.I.: 25.462.792);
22) PAEZ, FABIAN EDGARDO (D.N.I.: 36.034.924);
23) PEÑALOZA FERNANDEZ, MARIA AGOSTINA (D.N.I.: 35.506.704);
24) POZZI CARVAJAL, MARIA VIRGINIA (D.N.I.: 24.426.685);
25) QUEIROLO MOLLA, GIULIANA (D.N.I.: 39.653.284);
26) RODRIGUEZ MASCIADRI, VICTORIA (D.N.I.: 34.916.617);
27) ROJAS MARTINEZ, HILDA VICTORIA (D.N.I.: 31.871.535);
28) RUIZ USIN, MIGUEL ERNESTO (D.N.I.: 28.005.702);
29) SALANDRIA, MARIELA DEL VALLE (D.N.I.: 32.689.416);
30) SESMA, LUCIANA VICTORIA (D.N.I.: 41.122.523);
31) TEJADA ABELIN, MARIA LAURA (D.N.I.: 36.423.588);
32) VADILLO ONTIVEROS, ETHEL GRISELDA (D.N.I.: 34.059.805);
33) VILA, CLAUDIA CAROLINA (D.N.I.: 30.203.871);
34) VOENA, AGUSTIN (D.N.I.: 34.327.743) y
35) ZARATE, SABRINA YAEL (D.N.I.: 31.324.055).

XVII) Ascender al cargo de ESCRIBIENTE MAYOR, a los siguientes agentes:
1) ARAGON MESTRE, ALBERTO GERMAN (D.N.I.: 25.751.092);
2) BENEGAS CASTRO, MATIAS MIGUEL (D.N.I.: 37.649.825);
3) CAMERA, PAULA (D.N.I.: 40.995.967);
4) CAÑIZARES, MARIA CECILIA (D.N.I.: 31.784.930);
5) CARDOZO GARCIA, MARIA JOSE (D.N.I.: 36.423.338);
6) CAROSIO, MARIA JULIETA (D.N.I.: 38.461.597);
7) CARRIZO, GASTON GERMAN (D.N.I.: 39.652.484);
8) CERECEDA OLIVERA, PAMELA LILIANA (D.N.I.: 34.182.281);
9) CERUTTI, SOFIA PAMELA (D.N.I.: 35.509.928);
10) CHECCARELLI, DIEGO CARLOS (D.N.I.: 34.328.945);
11) FARINA SANZ, MARIA CECILIA (D.N.I.: 41.814.058);
12) FERNANDEZ CAUSSI, MARIA CECILIA (D.N.I.: 38.461.479);
13) GENOVART AMAYA, LUCAS EMILIANO (D.N.I.: 39.525.377);
14) GONZALEZ, MARIA JULIETA (D.N.I.: 38.217.725);
15) GUERRERO MARGARIT, MARIA PAULA (D.N.I.: 39.954.276);
16) ILLANES FERNANDEZ, ANA CATALINA (D.N.I.: 35.192.571);
17) MORASSUTTI, ALDO MARCELO (D.N.I.: 25.649.423);
18) MUÑOZ ARGENTINI, ROMINA ANABEL (D.N.I.: 37.742.448);
19) NADAL, MARIA BELEN (D.N.I.: 31.399.524);
20) NIETO LOPEZ, NICOLAS ALBERTO MANUEL (D.N.I.: 36.252.945);
21) ORTIZ CASAS, EMILIANO JULIAN (D.N.I.: 34.920.095);
22) PAEZ SUIZER, EDGARDO ISAAC (D.N.I.: 33.336.152);
23) PARDO, ANTONIO RAMON (D.N.I.: 27.041.845);
24) PASSADORE MOHAMMAD, ANALIA ESTRELLA (D.N.I.: 33.147.043);
25) PEÑAFORT ROMERO, MARIA GUILLERMINA (D.N.I.: 41.682.506);
26) PEREZ TORRES, JUAN IGNACIO (D.N.I.: 39.008.314);
27) PONTORIERO DARONI, SABRINA (D.N.I.: 39.182.784);
28) PRIVIDERA PINTO, VERONICA DEL VALLE (D.N.I.: 39.954.235);
29) QUIROGA, MARCOS NICOLAS (D.N.I.: 31.510.721);
30) REINUABA, MATIAS FRANCISCO (D.N.I.: 31.929.567);
31) ROCA MARTIN, MARIA BELEN (D.N.I.: 34.915.575);
32) RODRIGUEZ BONGIOVANNI, MARIA VICTORIA (D.N.I.: 35.506.586);
33) RODRIGUEZ, ADAN JESUS (D.N.I.: 26.708.981);
34) ROMERO GAMEZ, ROSA MARIA LAURA (D.N.I.: 38.461.737);
35) RUBIÑO, MARIA FEDERICA (D.N.I.: 37.742.030);
36) SAINZ, GABRIEL ALEJANDRO (D.N.I.: 35.851.436);
37) TIVANI FERNANDEZ, JESUS MAURICIO (D.N.I.: 34.698.506);
38) TORANZO TORRES, ANA CAROLINA (D.N.I.: 39.954.411);
39) VARELA CASTRO, ANA FATIMA (D.N.I.: 32.689.301) y
40) WIERNES, FACUNDO ESTEBAN (D.N.I.: 34.193.600).

XVIII) Ascender al cargo de ESCRIBIENTE, a los siguientes agentes:
1) BARBERO, MARIA FLORENCIA (D.N.I.: 34.054.024);
2) BAZAN CATTANI, ANA CLARA (D.N.I.: 41.721.390);
3) CARRETERO ORTEGA, MARIA JOSE (D.N.I.: 36.031.249);
4) CASANOVA, MARIA GIMENA (D.N.I.: 40.592.210);
5) CASTRO, MARIA CANDELA (D.N.I.: 36.587.999);
6) CLAUDEVILLE, FLORENCIA (D.N.I.: 34.915.574);
7) CLEVERS, CANDELA CARLA (D.N.I.: 35.851.400);
8) DENIZ LEIVA, CELESTE DEL VALLE (D.N.I.: 41.814.460);
9) DI LERNIA, ANALIA VICTORIA (D.N.I.: 35.879.608);
10) DIAZ OPASO, CECILIA VIVIANA (D.N.I.: 31.005.332);
11) ECHEGARAY MOYA, MARIANA INES (D.N.I.: 25.462.518);
12) FERNANDEZ CHIPRE, CECILIA INES (D.N.I.: 33.095.298);
13) FERNANDEZ, MICAELA AGUSTINA (D.N.I.: 40.728.798);
14) FONSECA BARRERA, ERICA JACQUELINE (D.N.I.: 33.234.034);
15) GARCIA PACHECO, JOSE LUIS (D.N.I.: 39.791.771);
16) GIMENEZ GUZMAN, VALENTINA (D.N.I.: 42.853.339);
17) GUERRERO, MARIA VICTORIA (D.N.I.: 38.001.639);
18) HARO PARRA, MARIA GUADALUPE (D.N.I.: 38.076.552);
19) HERNANDEZ DIAZ, MARIA LUZ (D.N.I.: 38.182.593);
20) JUAREZ MEDINA, SERGIO (D.N.I.: 25.462.967);
21) LOPEZ, JACQUELINE DEL ROSARIO (D.N.I.: 32.354.498);
22) MALBERTI ALESSIO, JUAN ANDRES (D.N.I.: 25.167.679);
23) MERCADO ATAMPIZ, AGUSTINA ARIELA (D.N.I.: 40.592.806);
24) MONTAÑO LUNA, GABRIEL ESTEBAN (D.N.I.: 40.368.798);
25) MORALES CUNEO, MARIA JOSEFINA (D.N.I.: 32.653.159);
26) OLIVA HIDALGO, JUAN JAVIER (D.N.I.: 38.594.657);
27) OLIVAREZ LAURIA, CARLOS JAVIER (D.N.I.: 36.586.228);
28) OTIÑANO MENDEZ, ROCIO MILAGROS (D.N.I.: 39.182.588);
29) PALACIOS, GUILLERMO (D.N.I.: 39.653.222);
30) PANIAGUA CORIA, GUILLERMO FEDERICO (D.N.I.: 35.922.960);
31) PEREZ DOMANICO, MARIANA (D.N.I.: 37.742.203);
32) PONS, GISELA ROXANA (D.N.I.: 28.855.969);
33) RECABARREN DELGADO, AGUSTIN TOMAS (D.N.I.: 41.297.152);
34) RIVERA FUENTES, ROCIO GUADALUPE (D.N.I.: 40.995.835);
35) RIVERA TRUGLIO, FERNANDO JAVIER (D.N.I.: 36.251.969);
36) RODRIGO, MARTHA INES (D.N.I.: 18.159.616);
37) ROLDAN AMICARELLI, MARIA CANDELA (D.N.I.: 41.531.852);
38) SAVALL PINTOR, ANA CARLA (D.N.I.: 35.505.482);
39) SOSA, CAROLINA LUZ (D.N.I.: 39.426.013);
40) SOTO TROZZI, PAULA FERNANDA (D.N.I.: 39.182.682);
41) TOBAR SANDOVAL, PAULA PATRICIA (D.N.I.: 32.689.014);
42) TOBARES GONZALEZ, ARTURO JOAQUIN (D.N.I.: 35.852.209);
43) TROPEA HERRERA, TANIA LUCIA (D.N.I.: 35.508.006);
44) VARGAS, MARIA ELEONORA (D.N.I.: 30.668.259);
45) VAZQUEZ BRAVIN, MARIA ANGEL (D.N.I.: 37.506.863);
46) VERA, MARIA BELEN (D.N.I.: 24.660.115);
47) VICTORIA, GONZALO JOSE (D.N.I.: 41.084.580);
48) VILLEGAS GAY, FACUNDO ADRIAN (D.N.I.: 39.653.051) y
49) WAISMAN, NATASHA (D.N.I.: 34.328.839).

XIX) Ascender al cargo de MAYORDOMO, a los siguientes agentes:
1) AGUIRRE, GONZALO JAVIER (D.N.I.: 24.091.129) y
2) SERAFINI, STELLA ALIDA (D.N.I.: 14.074.551).

XX) Ascender al cargo de AUXILIAR PRINCIPAL TECNICO, a los siguientes agentes:
1) PAEZ, MIGUEL TRANSITO (D.N.I.: 16.127.181) y
2) RODRIGUEZ ORTIZ, HECTOR ENRIQUE (D.N.I.: 30.152.632).

XXI) Ascender al cargo de AUXILIAR DE PRIMERA, a los siguientes agentes:
1) DOHMEN SOLAR, MARICEL ALEJANDRA (D.N.I.: 29.358.197);
2) GALDEANO GONZALEZ, VALENTINA (D.N.I.: 40.962.819);
3) MONSERRAT VACA, PABLO SEBASTIAN (D.N.I.: 41.597.851) y
4) RODRIGUEZ, MARIA LAURA (D.N.I.: 38.594.698).

Se inscribieron 35 postulantes para ocupar el cargo de Fiscal General que dejó vacante Quattropani

Por
El País Diario
-

Tras la muerte del Fiscal General del Ministerio Público Fiscal, Eduardo Quattropani, se conoció la lista de quienes se anotaron con la legítima aspiración de ocupar el importante cargo dentro del Poder Judicial.

Entre los anotados aparecen exfuncionarios, jueces, fiscales y notables abogados vernáculos.

Lista final de postulantes

  1. Arancibia, Leonardo
  2. Cámpora, Javier
  3. Baigorrí, Guillermo
  4. Galante, Claudia
  5. Achem, Ignacio
  6. Salinas, Marcelo
  7. Maldonado de Álvarez, Celia
  8. Galvani, Daniel
  9. Wehner Leonardo Ariel
  10. Iglesias Galante Raúl Jose
  11. Branca Virginia Andrea
  12. Lozano Rolando Anibal
  13. Mallea Jose Eduardo
  14. Polizzoto, Andrea
  15. Nasser, Usair
  16. Castro, Fernando
  17. Saffe Specia, Marcelo
  18. Rodríguez del Cid, Horacio
  19. Micheltorena, Francisco
  20. Rouden Dávila, Graciela
  21. Tettamanti, Adriana
  22. Moine, Ricardo
  23. Correa, Benedicto
  24. Salica, Claudia
  25. Senatore, Matías
  26. Ferrón, Leticia
  27. Blejman, Maximiliano
  28. Rahme, Fernando
  29. López, Gustavo
  30. Roca, Renato
  31. Domínguez, Mariano
  32. Romarion, Laura
  33. Yanardi Atilio Sebastian
  34. Bacil Riveros Jorge Mauricio
  35. Riveros Gabriel Adrián

Cómo sigue el proceso para elegir Fiscal General

El Consejo de la Magistratura ya convocó al concurso y ya están los 35 anotados. Ahora se deberán realizar entrevistas y elaborar la terna de los posibles reemplazantes para el cargo.

Una vez seleccionada la terna, será evaluada por la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados de San Juan.

Luego de todo ese proceso, se somete la terna a votación y será el nuevo Fiscal General quien obtenga la mayoría de los votos en la Cámara de Diputados de San Juan.

Este proceso se inició con un llamado público a concurso, tras lo cual el Consejo de la Magistratura evaluará a los postulantes y seleccionará una terna de candidatos.

Indignación con la Justicia de San Juan tras el sobreseimiento de Echegaray en el caso de Lucía Rubiño

Por
El País Diario
-

Tras conocerse la funesta noticia de que el Juez Javier Figuerola resolvió el sobreseimiento de Juan Pablo Echegaray, hijo de un juez federal, en la causa por la muerte de Lucía Rubiño, quien fue atropellada cuando dos jóvenes corrían picadas en sus vehículos, los padres apuntaron contra la Justicia vernácula.

Este oscuro martes 13 de mayo, el Juez Javier Figuerola resolvió el sobreseimiento de Juan Pablo Echegaray en la causa que investiga la muerte de Lucía Rubiño, la chica de 16 años que falleció tras un accidente en el barrio Profesionales, donde Manzur y Echegaray corrían picadas en sus autos.

El fallo judicial generó un fuerte rechazo por parte de la familia de la víctima y de los manifestantes que acompañaron la audiencia frente al edificio de Tribunales del Poder Judicial de San Juan.

La madre de Lucía, Belén Montilla, se expresó luego del fallo y dijo que, en San Juan, la Justicia es "descarada, obsoleta, vieja y decadente", al tiempo que añadió: "Eso es lo que tenemos".

"Yo hoy estoy acá porque sabía cuál era el resultado, desde el primer día. ¿Por qué? Porque para mí es lo mismo. Yo llego a mi casa y Lucía no está en ningún lado", contó envuelta en un dolor indescriptible.

Por su parte, el padre de Lucía, Jorge Rubiño, dijo que "son unos delincuentes, los fiscales y el juez. Ya lo sabíamos. Te gastan y venís acá para que se te rían en la cara. Vamos a apelar, no sé con qué fuerza. Desde el primer día, todo está perdido".

Afuera de Tribunales, gran cantidad de manifestantes esperaban el veredicto, y en medio de un clima de decepción y bronca, tuvieron que activar un protocolo especial de seguridad para sacar al juez del edificio del Poder Judicial.

Mientras el fallo era leído en el interior de Tribunales, un grupo de manifestantes coreaba cánticos contra el juez, el fiscal y contra los autores del luctuoso episodio que terminó con la vida de Lucía.

"Asesinos, asesinos", gritaba la gente en las escalinatas del Poder Judicial local, y luego se escucharon términos como "corruptos" y "¡delincuentes", en protesta al bochornoso fallo emitido por el Juez Figuerola.

La querella de la familia Rubiño evalúa los próximos pasos legales a seguir, y es de suponer que apelarán el dictamen del juez.

El Fiscal general Eduardo Quattropani fue internado por un problema cardiaco

Por
El País Diario
-

El Fiscal general del Ministerio Público Fiscal del Poder Judicial de San Juan, Eduardo Quattropani, fue internado en clínica El Castaño, donde es monitoreado por el mismo equipo médico que lo intervino en diciembre del año pasado.

Le habían colocado dos stents tras detectarse una afección cardiovascular en diciembre de 2024.

La operación se había llevado adelante sin complicaciones y el funcionario judicial fue dado de alta pocos días después, retomando su actividad en el Ministerio Público Fiscal.

Por ahora, de manera preventiva, Fiscalía general quedó a cargo del Fiscal Daniel Galvani, quien asumió temporalmente.

La Corte de Justicia se reunió con el Fiscal general y secretarios relatores

Por
El País Diario
-

La flamante Presidenta de la Corte de Justicia de San Juan, Adriana García Nieto, mantuvo un encuentro de trabajo con Fiscal general del Ministerio Público Fiscal, Eduardo Quattropani y los secretarios relatores de Fiscalía.

Con el objetivo de mantener un vínculo directo con cada una de las áreas del Poder Judicial y avanzar en la prestación del sistema de Justicia desde la participación y el diálogo, la Presidenta de la Corte de Justicia, Adriana García Nieto, mantuvo un encuentro de trabajo con el Fiscal genera, Eduardo Quattropani, en el que se abordaron diversos temas referidos al funcionamiento de las Unidades Fiscales Especializadas y el rol del Ministerio Público Fiscal en el Sistema Acusatorio Procesal Penal Adversarial.

El encuentro se realizó este lunes 10 de marzo en la Sala de Situación y Acuerdos de la Corte de Justicia provincial.

Participaron, además, los Secretarios eelatores de Fiscalía general: Fernando Rahme, a cargo de la supervisión de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, Unidad Fiscal Genérica y ANIV; Rolando Lozano, Supervisor de la UFI Genérica, Unidad Fiscal Delitos contra la Propiedad y CAVIG; la Secretaria relatora, Mariela Páez; Andrés Noguera, Secretario de Fiscalía de Cámara y supervisor de las Unidades Fiscales de Flagrancia, Genérica y del Sistema Mixto; y el Secretario de Fiscalía, Federico Ozollo, a cargo de la supervisión de la Unidad de Abordaje Territorial, la Unidad de Soluciones Alternativas y la Unidad de Gestión Inicial.

Gobierno de San Juan firmó un acuerdo para modernizar la atención al público del Poder Judicial

Por
El País Diario
-

Mediante esta firma entre ambos poderes, se busca promover el uso de la plataforma "Ciudadano Digital" facilitando el acceso seguro a trámites fiscales y judiciales a toda la sociedad.

Durante la tarde de este lunes, y en la Sala Eloy Camus de Casa de Gobierno, se suscribió un acta complementaria entre el Poder Judicial de San Juan, la Secretaría General de la Gobernación, y el Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda.

Esta acción mancomunada tiene como objetivo establecer una colaboración mutua que permita mejorar la gestión de trámites y procesos judiciales, como así también facilitar el acceso de los ciudadanos a los servicios públicos, de forma digital.

En su alocución, el Presidente de la Corte de Justicia, Marcelo Lima, afirmó: "A partir de este acuerdo, el Poder Judicial va a poder enviar notificaciones judiciales a deudores de ejecuciones fiscales".

"También, a aquellos deudores de Cuotas Alimentarias y a partir de allí, las instituciones que necesiten estos datos, los podrán obtener de forma directa. Este es un paso importante y justo, porque cualquier persona va a poder acceder a información de manera directa", agregó.

En este sentido, vale destacar que el acuerdo busca promover el uso de la plataforma Ciudadano Digital, que permite a los sanjuaninos realizar una amplia variedad de trámites y consultas de forma remota, garantizando la seguridad y validez legal de las operaciones.

Otro aspecto importante de este acuerdo es el establecimiento de un domicilio fiscal electrónico para los contribuyentes, ya que a través de la plataforma CIDI los ciudadanos podrán ser notificados sobre su situación tributaria y sobre cualquier proceso judicial relacionado con deudas fiscales.

Asimismo, se suma un Registro de Deudores Alimentarios, permitiendo a los ciudadanos consultar el estado de deudas de forma ágil y segura.

Este registro será actualizado de forma constante por los organismos competentes de la Corte de Justicia.

Además de Lima, del encuentro también participaron el Secretario General de Gobierno, Emilio Achem; el Ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez; y el Asesor Letrado de esa cartera, Alejandro Ferrari.

La Corte Suprema incorporó herramientas tecnológicas para una gestión más eficiente y segura

Por
El País Diario
-

Las mismas están destinadas a agilizar y optimizar diversos servicios del Poder Judicial. Se destacan la integración al Bus Federal de notificaciones y la digitalización de la matrícula federal.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación avanzó en la incorporación de herramientas tecnológicas destinadas a agilizar y optimizar diversos servicios del Poder Judicial, entre las que destacan la integración al Bus Federal de notificaciones, la digitalización de la matrícula federal y la implementación de un sistema de subastas electrónicas.

La Dirección de Sistemas del Máximo Tribunal concretó la integración al Bus Federal, una plataforma de interoperabilidad que conecta a la Justicia con organismos públicos y privados.

Este desarrollo permitirá gestionar de manera digital las Cédulas Ley 22.172 enviadas por las provincias para ser diligenciadas en domicilios de la Ciudad de Buenos Aires.

Este avance buscará aumentar la velocidad, seguridad y reducir costos en los procesos judiciales.

Asimismo, la Corte recibió el software de subastas electrónicas de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, ajustándolo a las necesidades nacionales.

La herramienta, que está en proceso de certificación y reglamentación, transformará los remates judiciales al eliminar barreras geográficas, aumentar la transparencia y beneficiar a todas las partes involucradas.

Por otra parte, se presentó un nuevo sistema para la Matrícula Federal de abogados, administrada por la Oficina de Matrícula.

Este desarrollo digitaliza legajos, mejora la seguridad de los procesos y elimina el envío físico de documentación, beneficiando tanto a las superintendencias como a los juzgados federales.

Creada en 1919, la Oficina de Matrícula lleva el registro para abogados del interior del país y procuradores, habilitando el ejercicio profesional ante la Corte Suprema y otros tribunales federales, exceptuando los de la Capital Federal.

La actualización busca mayor escalabilidad y eficiencia en los servicios a la comunidad legal.

123...12Página 1 de 12