El Gobierno oficializó el costo de la reforma judicial en caso de aprobarse

Lo comunicó en la mañana de este jueves. Aunque no tiene en cuenta gastos operativos y falta presupuestar el sueldo de varios jueces.

Recién esta mañana, apenas unas horas antes de la sesión en el Senado, el Ministerio de Justicia oficializó los detalles del presupuesto estimado para financiar la reforma judicial. Son 1.939 millones de pesos anuales, teniendo en cuenta solo el costo de los sueldos.

No tiene en cuenta la inversión edilicia ni otros gastos operativos necesarios ni el presupuesto enviado a los senadores omite los cambios incorporados por el bloque kirchnerista en el dictamen de comisión.

El presupuesto enviado esta mañana está confeccionado en base al texto original de la reforma, no a la que se está debatiendo en el Senado. Tiene en cuenta, por ejemplo, un total de 94 jueces federales de primera instancia en el interior del país. Solo ese rubro tendría un costo anual de más de 558 millones de pesos. Pero la cantidad de jueces en las provincias quedó finalmente en 63.

También contempla el plus salarial de los 23 jueces subrogantes que se sumarían al nuevo fuero federal de la Capital Federal, unos 136.596.429 pesos anuales, y el costo de los 15 jueces de cámara que se agregan a la estructura de Comodoro Py, más de 130 millones de pesos por año.

La planilla enviada a la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta, María de los Ángeles Sacnun también contempla 23 fiscales federales de primera instancia -con un sueldo promedio mensual de $456 mil-, 23 secretarios de fiscalías federales, 8 cargos de defensores del fuero penal federal y la misma cantidad de secretarios en defensorías oficiales.

En total, el presupuesto enviado por el Ministerio de Justicia es de $1.939 millones, tal como había adelantado la semana pasada la senadora Sacnun en el plenario de comisiones, sin dar detalles. Solo tiene en cuenta el costo de los sueldos por año. No contempla la inversión edilicia, que se suma por única vez, ni los gastos operativos necesarios para que funcione cualquier oficina judicial: vehículos, internet, luz, gas, agua, sillas, escritorios, lámparas, armarios, y hasta nuevos sistemas informáticos.

Las nuevas salas funcionarían en Catamarca, Jujuy, San Juan, Santiago del Estero, Rosario, Santa Fe, Formosa, San Luis y Mar del Plata.

La creación de esas salas, salvo en el caso de Mar del Plata, trae aparejada la creación de una estructura reflejo en el Ministerio Público Fiscal y de la Defensa. La iniciativa prevé 8 fiscales de cámara y 8 defensores de cámara. En total, la inclusión de estas 9 salas en el interior implica 41 nuevos cargos de magistrados de cámara y unos 202 nuevos funcionarios y empleados.

El proyecto que votó el Frente de Todos, sin el acompañamiento de la oposición, también crea dos Tribunales Orales Federales en Resistencia y en Ituzaingó. Esto implica seis nuevos cargos de magistrados de cámara y 36 funcionarios y empleados. A eso hay que sumarle nuevamente la estructura de fiscalías y defensorías.

Pese a esa reducción de jueces de primera instancia, que pasó de 94 a 63, el proyecto incorpora 19 nuevas secretarías en los juzgados federales del interior. Hay secretarías en lugares como Chilecito, La Rioja, Río Turbio, Córdoba, o Perito Moreno de Santa Cruz.

Con todos estos cambios, la nueva estructura de las provincias totaliza 233 cargos de magistrados y unos 554 de funcionarios y empleados. Son casi 600 cargos más que el proyecto original porque hay que restarle unos 200 cargos de magistrados que ya estaban contemplados.

Los técnicos de Juntos por el Cambio que analizan cada detalle de la reforma estiman que la masa salarial total creció a unos 2.400 millones de pesos. A eso hay que sumarle otros 2.400 millones de pesos en infraestructura edilicia y unos 1.150 millones en infraestructura tecnológica. Según esos datos, el costo de la reforma ahora treparía a la cifra de 6.000 millones de pesos, casi el doble del proyecto original.

Cuando la ministra de Justicia tuvo que defender la reforma, a principios de agosto, varios senadores de Juntos por el Cambio le preguntaron cuál era el costo estimado del proyecto en medio del contexto económico que atraviesa el país por la pandemia. "El costo, lo tenemos en cuenta, pero quiero dejar en claro que la justicia no es un gasto, es una inversión", contestó Losardo. Y agregó: "No me hablen de costos insignificantes del presupuesto. Hablemos de costo de las víctimas de trata, su dolor, el dinero sucio, donde está la plata de las offshore. Alguien evaluó el costo de los delitos internacionales".