Ciudad de Buenos Aires presentó amparo judicial para que no se cierren las escuelas

Fue ante la Corte Suprema. Sostienen que el decreto viola la autonomía de la Capital.

El Gobierno porteño presentó este viernes por la mañana un amparo judicial para que se declare inconstitucional el Decreto de Necesidad y Urgencia a través del que el presidente Alberto Fernández suspendió por 15 días las clases presenciales en el Área Metropolitana de Buenos Aires , entre otras restricciones y medidas para intentar frenar el aumento de casos de coronavirus en esa región del país.

"Esta mañana y tal como lo había anticipado el Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, la Ciudad interpuso una acción judicial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación a fin de que se declare la inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia 241 del Poder Ejecutivo Nacional que dispone la suspensión de las clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales en todos los niveles y en todas sus modalidades desde el 19 de abril hasta el 30 de abril inclusive", reza el comunicado oficial de la Ciudad.

La administración de Larreta pidió que se le ordene al Estado Nacional que "se abstenga, hasta el dictado de la sentencia definitiva y firme, de llevar a cabo cualquier acto que implique poner en ejecución el Decreto cuestionado".

Entre otras cuestiones, el Gobierno porteño sostiene que el decreto viola la autonomía de la Capital e implica una "virtual intervención federal porque se arroga potestades sobre competencias eminentemente locales, en salud y educación".

Para la Ciudad, la decisión de Alberto Fernández "resulta arbitraria" ya que "está científicamente demostrado, en el ámbito internacional y local, que el grado de contagio en establecimientos escolares es mínimo". En este sentido, las autoridades porteñas sostuvieron que la medida "es una clara violación al principio de igualdad porque se evidencia una discriminación arbitraria con relación a las restantes provincias".

Por último, argumentan que la normativa viola tratados internacionales que consagran el derecho del niño a la educación.