Peligrosa resolución que firmó Cafiero atenta contra el acceso a la información pública

El tema pasó casi inadvertido porque otros conflictos ocuparon la agenda política de Argentina.

En la resolución firmada por Jefatura de Gabinete hace una semana, se delega la decisión de denegar datos públicos a subsecretarios o rangos superiores de su área.

La Resolución 323/2021 fue publicada en el Boletín Oficial y delega la potestad de denegar información pública a cualquier funcionario que sea subsecretario o superior a ese cargo dentro de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación​.

Con fecha de firma del 9 de abril de 2021, el texto indica que se delega "en los titulares de unidades organizacionales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, con rango equivalente o superior a Subsecretario, la facultad para emitir el acto denegatorio de información dispuesto por el artículo 13 de la Ley N° 27.275 de Acceso a la Información Pública".

La norma no hace otra cosa que poner trabas a periodistas, organizaciones sociales y ciudadanos en general que desean hacer uso de su "ejercicio del derecho de acceso a la información pública", tal como indica la llamada ley citada, en la que además se busca "promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública".

Transparencia y acceso a la información pública

Si bien "el sujeto requerido, solo podrá negarse a brindar la información solicitada por acto fundado", y "dicha denegatoria debe ser dispuesta por la máxima autoridad del organismo o entidad requerida", Cafiero se amparó en un artículo del Decreto Reglamentario N° 206 del 27 de marzo de 2017.

En el mismo, "se faculta a la máxima autoridad a delegar la emisión del acto de denegatorio de información en un funcionario cuyo cargo no sea inferior al de Director Nacional o equivalente según el sujeto obligado de que se trate".

Con el artilugio de la resolución firmada recientemente, el Jefe de Gabinete ya no será la autoridad obligada a refrendar y argumentar las razones legales por la cual su área niega la información requerida.

En su lugar podrá ser cualquier funcionario del rango establecido con esta medida. Es decir, habrá más manos para poder rechazarlos en los plazos requeridos por la ley.

Según las organizaciones no gubernamentales especializadas en datos públicos y libertad de expresión, la gestión de Santiago Cafiero refleja una caída en los estándares de acceso a la información.

Actualmente se niegan más respuestas, muchas veces, con el amparo de la excepcionalidad que da la emergencia epidemiológica al trámite administrativo.