Difundieron pruebas que comprometen al piquetero Peralta

Se trata del dirigente de la agrupación Teresa Rodríguez, quien hace días cobró notoriedad porque se conocieron audios de un grupo de WhatsApp donde exigía a las personas con planes sociales ir a una marcha contra el Intendente Gustavo Núñez, de 9 de Julio.

No solo los audios donde obliga a ir las marchas complican al dirigente Abel Peralta, sino también una contabilidad precaria donde se constata que pagaría 50 pesos por mes extras, aparte del beneficio social, para que las personas vayan a las marchas.

Cabe recordar que el lunes, el dirigente social Abel Peralta organizó una marcha contra el Intendente de 9 de Julio para exigirle contratos y mercadería a cambio de no molestarlo.

Este miércoles aparecieron pruebas, información fue revelada por el sitio El Comodín, que además publicó capturas de pantalla del cuaderno que usaba el piquetero para llevar adelante su rudimentaria contabilidad.

Pese que horas antes sus audios ya eran virales, decidió llevar a cabo una protesta donde además se agredió a un periodista del departamento y a su familia.

A cada afiliado de su movimiento les exige ir a las marchas y cortes de ruta y, a cambio, los extorsiona con la continuidad o no de su plan social y al parecer les pagaba aparte un miserable pago de 50 pesos.

De cada contrato que el piquetero recibe de los municipios, los cuales van desde los 6.000 a 10.000 pesos, Abel Peralta se estaría quedando con 1.000 pesos. Sin embargo, cuando necesita hacer número para una marcha o corte de ruta, les pagaría a sus seguidores la friolera de 50 por persona.

Los miembros reciben un comprobante por el pago de su asistencia firmado por el mismo Peralta o algún miembro de su equipo.

Además apareció la foto de un cuaderno que hace las veces de asiento contable. Allí se da cuenta mes a mes de los pagos que reciben cada uno de los miembros del Movimiento Teresa Rodríguez.

Si las pruebas siguen apareciendo, Peralta debería enfrentar una causa penal por coacción y alteración del orden público por cortar una ruta provincial.

El manejo de personas cuál si fuesen masas sometidas que deben asistir a manifestaciones para no perder el beneficio social que les ofrece el Estado, es parte de una política corrupta que se ha propagado en Argentina de la mano del peronismo y de otros partidos que copiaron el modelo del PJ.