Casi 2.800 personas fallecidas cobran el programa Potenciar Trabajo

A su vez, "253.184 de ellos han efectuado una manifestación patrimonial en las declaraciones juradas de Bienes Personales".

Un informe de la Administración Federal de Ingresos Públicos, elevado en el mes de octubre al Ministerio de Desarrollo informa que al menos "2.800 personas fallecidas siguen cobrando el plan asistencial" a través de familiares o terceras personas.

También que "253.184 de ellos han efectuado una manifestación patrimonial en las declaraciones juradas de Bienes Personales, y que 35.398 habían realizado alguna compra de divisas con findes de ahorro en los últimos 6 meses".

El informe fue realizado por AFIP a pedido del entonces Ministro de la cartera, Juan Zabaleta, el pasado 30 de junio, según indicó: "a los fines estadísticos y de manera global, no individual" y del cruce de información "que se realizó sobre la identificación estadística de 1.383.279 de titulares del mencionado programa".

La información se elevó al Ministerio de Desarrollo Social el 24 de octubre. Los documentos membretados llegaron once días después de que Tolosa Paz jurara como nueva responsable del área en lugar de Zabaleta, quien había decidido renunciar para reasumir como intendente de Hurlingham.

Luego de que la información trascendiera en medios de comunicación, la exdiputada por la provincia de Buenos Aires dio una conferencia de prensa, donde afirmó que se suspenderían "inmediatamente" los programas sociales otorgados a los muertos en el marco del Potenciar Trabajo que hayan sido utilizados para la compra de dólares.

"Estamos entrecruzando la última base de datos del Potenciar Trabajo. Todo aquel plan social que haya sido utilizado para la compra de dólares va a ser suspendido inmediatamente. Estamos trabajando para que la próxima liquidación, que será el 20 de noviembre, pueda tener entrecruzamiento y validación de incompatibilidades", apuntó la titular de la cartera de Desarrollo.

A su vez, el 3 de noviembre, el Presidente Alberto Fernández, a través del decreto 728/2022, prohibió el ingreso de nuevos titulares al Potenciar Trabajo y también se impidió que las bajas de beneficiarios sean reemplazadas.

En el mismo texto, el presidente decidió que las cooperativas de la economía popular, que dependen de los movimientos sociales, accedan al 30% de la obra pública nacional de hasta 300 millones de pesos.

Los nuevos datos que se conocieron sobre los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo demuestra la falta de control que existe sobre un programa social que debería estar destinado a los sectores más vulnerables, en el marco de una Argentina que en el primer semestre del año, cuando la inflación era más baja, tenía un 36,5% de personas en situación de pobreza y un 8,8% en situación de indigencia.