Asociación de Viñateros informó que el Gobierno de San Juan decretó "estado de emergencia agropecuaria"

Desde la Asociación de Viñateros Independientes de San Juan informaron que "el Gobierno provincial ha decretado estado de Emergencia y Desastre Agropecuario que beneficia a productores que sufrieron daños climáticos y biológicos superiores al 50% y que fueran denunciados y constatados oportunamente ante los organismos oficiales pertinentes".

La medida tuvo su origen en un pedido de la asociación, solicitud que fue acompañada por otras organizaciones para tratar de mitigar los daños sufridos por las inclemencias climáticas acaecidas en San Juan.

La "Emergencia y Desastre Agropecuario" rige para distintos tipos de producciones en los departamentos de Angaco, 9 de Julio, Caucete, Chimbas, Sarmiento, Santa Lucía, Pocito, Rivadavia, Rawson, San Martin, Zonda, Iglesia, 25 de Mayo, Albardón, Ullum y Jáchal.

El decreto se establece desde el 1 de abril de 2025 hasta el 31 de marzo de 2026, según los alcances de la Ley provincial N°368-A; Ley nacional N°26.509 y su Decreto Reglamentario N°1712-2009.

"Esperamos que este decreto sea convalidado por la nación en forma urgente para poder acceder a los beneficios nacionales que esta determina", expresaron desde la Asociación de Viñateros Independientes de San Juan.

Beneficios del decreto

Beneficios provinciales: se exime del pago de los tributos provinciales, legislado en la Ley N°151-I y Canon de Riego a las explotaciones encuadradas en el artículo 1° del presente decreto, cuya magnitud de los daños sean iguales o mayores al 80% en la producción o capacidad.

Se prorroga el pago de los tributos provinciales dispuestos en la Ley N° 151-I y Canon de Riego a las explotaciones encuadradas en el Artículo 1° del presente decreto, cuya magnitud de los daños sean iguales o mayores al 50% y menores al 80% en la producción o capacidad.

Beneficios nacionales: asistencia financiera con ANR, otorgamiento de créditos, tasas de interés bonificadas en un 25% y 50%, unificación de deudas con instituciones bancarias, suspensión de juicios o procedimientos administrativos por cobros de acreedores y medidas impositivas especiales como la prórroga para el pago de impuestos.