Caso Franco: la exesposa le informó a la Justicia que ya se realizó la IVE

Este martes hizo una presentación en la Cámara Civil que el fin de semana falló en su contra para hacerle saber de esta situación.

El 2 de abril se conoció que la Sala III de la Cámara de Apelaciones de San Juan falló a favor de Franco, quien fue a la Justicia de San Juan para frenar el aborto solicitado por su expareja manifestando que quiere hacerse cargo del bebé. 

Este martes a través de su abogado, Reinaldo Bedini, la mujer le comunicó a la Justicia que ya se practicó la IVE. 

Bedini presentó este martes un recurso de reposición con el objetivo de que la autoridad reconsidere el dictamen que favoreció al presunto progenitor. El profesional dijo que lo sucedido se encuadra en lo que entiende como "violencia sexual" por parte de Franco hacia su expareja.

Durante la tarde del 1 de mayo, los jueces Noguera, Pérez y Rodríguez notificaron a los progenitores del niño por nacer la resolución emitida desde esa cámara, donde hacían lugar a la cautelar solicitada por los abogados Mónica Lobos y Marcelo Zuleta, desde la que pretenden evitar que el bebé en gestación sea abortado.

"Habiendo sido notificado de la cautelar dictada, viene por el presente a denunciar el cumplimiento imposible de la medida, toda vez que se practicó la interrupción voluntaria de su embarazo. Asimismo, solicita sea revocada la misma por contrario imperio por resultar manifiestamente lesiva para la presentante", expresa en el documento presentado Bedini. 

"El embarazo forzado que el actor pretendía asegurar mediante resolución judicial, ya fue interrumpido, conforme habilita la ley vigente. De esta forma, la pretensión del actor ha devenido abstracta la propia sentencia de la Cámara fue dictada en abstracto", agrega.

"Las medidas cautelares exigen como condición sine qua non que exista verosimilitud en el derecho que se pretende proteger mediante una orden judicial provisoria. En la sentencia bajo examen, este requisito constitucional fue obviado sin más", explica el abogado.

Por otro lado, el abogado explica que "la Cámara entendió que en el caso existía verosimilitud del derecho del actor. Sin embargo, lo cierto es que la verosimilitud del derecho no está dada por cuestiones fácticas, como la existencia o no de un embarazo en curso, ni tampoco por el hecho de si está acreditada o no la voluntad de la persona gestante de interrumpir ese embarazo conforme le permite la ley".

"Por el contrario, refiere a si el cónyuge, en este caso el actor, tiene o no un fundamento jurídico para ejercer un derecho a impedir que otra persona ejerza los derechos que le confiere la ley 27.610", continua.

Qué dice la ley

De acuerdo con la Ley de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, el aborto es de acceso libre hasta la semana 14, con el solo consentimiento de la persona lo vaya a realizar. Una vez pasado ese plazo, la práctica solo es legal en caso de que haya un peligro para la salud de la persona gestante, o ante un caso de violación.

Según el procedimiento formal, es posible acceder a ese derecho ante los servicios del sistema de salud público y privado, en un plazo máximo de 10 días desde su requerimiento.

El funcionario público o personal de la salud que dilate, obstaculice o se niegue a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados podrá ser sancionado penalmente e inhabilitado para el ejercicio de la profesión.

La base para acceder a la IVE es la red de 600 servicios de salud distribuidos irregularmente entre las provincias y unos 200 servicios que ofrecen consejería. Y pese a que la nueva ley marca que ante la objeción de conciencia, se debe garantizar la derivación de la paciente.

Sin embargo, hay trabas para proceder en el acceso, además de los planteos jurídicos y la militancia activa de los grupos Pro Vida. En la práctica, en la línea telefónica del ministerio de Salud de la Nación se reciben quejas porque algunos prestadores privados, las sindicales y mutuas privadas, no garantizan la IVE.

Desde el ministerio de Salud todavía no se ha podido establecer la cantidad de prácticas de aborto se realizan en el marco de la nueva legislación. Lo que sí se registró es un aumento de más del 50% en la cantidad de llamadas a la línea oficial, al punto que se ha decidido fortalecer el servicio "saturado" agregando un correo electrónico, según indicó la agencia EFE.