La Justicia debe investigar a la empresa Garder Salud, proveedora de Obra Social Provincia

Hace días, fue allanada en San Juan la Obra Social Provincia y las oficinas de la prestadora Garder Salud SAS, investigada por presuntas irregularidades en perjuicio de OSP.

El 18 de octubre de este año, la empresa Garder Salud, con sede en Capital, ubicada en calle 25 de Mayo, fue allanada por orden de la Justicia.

Además, el edificio de la Obra Social Provincia, situado sobre la calle Agustín Gnecco, Capital, también fue allanado para completar la requisitoria de la investigación que lleva adelante la Justicia vernácula.

En estos lugares los agentes secuestraron documentación de interés para la causa y material informático.

Es preciso explicar que las medidas fueron dispuestas por el Fiscal coordinador de la UFI Delitos Especiales, Iván Grassi, y se realizaron cerca de las 18 horas del 18 de octubre de 2022.

El Fiscal Grassi dirige la investigación penal tras la denuncia que recibió por presuntas irregularidades que la Obra Social Provincia detectó en algunas prestaciones.

Además, según el Fiscal de Estado Adjunto, Gastón Orzanco, hay "varios casos" como prestaciones que se pagaron y no se hicieron, otras que se abonaron por pacientes ya fallecidos y que se pagaron pero resultaron inexistentes.

Una factura que no especifica qué prestación se hace a la OSP

En este caso, El País Diario aporta documentación. Se trata de una factura que podría convertirse en elemento de prueba de presunto lavado de dinero en perjuicio del Estado provincial.

La factura N° 00000169 de la empresa Garder Salud SAS muestra que se le cobró a Obra Social Provincia la friolera de 16.766.614 pesos. Lo curioso es que en el detalle de la misma no se especifica qué tipo de prestación se está brindando.

En la factura dice solo esto: "Facturación 95% - Mes Agosto 2022 - Refacturación Marzo 2022".

Es preciso mencionar que la SAS (Sociedad por Acciones Simplificada) fue creada hace poco más de 2 años: "Fecha de inicio 01 08 2020", en plena pandemia. Un detalle que también debería investigar la zigzagueante Justicia local.

El País Diario consultó a varios contadores, y casi todos coincidieron en que la factura "está mal hecha". Al Estado se le debe detallar bien qué tipo de prestación se le brindará por importes de tal magnitud.

En este caso, debería intervenir la Unidad de Información Financiera, no solo por el importe y lo poco clara que es la factura, sino también porque se debe aclarar si se trataría o no de un posible "lavado de dinero con fondos públicos". Casi todos los profesionales coincidieron en que "en el detalle debería decir qué contraprestación se está brindado por 16 millones de pesos".

No se descarta que también cabría que intervenga la Justicia federal, en caso de que haya indicios de que hubo lavado de dinero. Las penas por ese delito van desde los 6 meses a los 3 años de cárcel.

Los organismos provinciales de control deberían explicar qué pasó

De confirmarse alguna irregularidad en este tipo de facturas, se debería pedir explicaciones a Contaduría General de la provincia de San Juan, que debe controlar el gasto preventivo, o sea que interviene antes de que se pague el expediente.

Asimismo, la Justicia local debe pedir explicaciones al Tribunal de Cuentas, que es el que hace la auditoria posterior. Este organismo debería conocer si la Obra Social Provincia tiene aprobado el balance 2020, o, de lo contrario, cuál es el último balance que tiene aprobado.

En caso de tener "observaciones", el Tribunal de Cuentas debería explicar cuáles son esas observaciones.