Nunca Más: se cumplió un nuevo aniversario del juicio a las Juntas Militares

El 22 de abril de 1985, durante el Gobierno de Raúl Alfonsín, comenzó el juicio civil a los integrantes de las Juntas Militares que habían sido protagonistas del Golpe Cívico Militar de 1976.

El 9 de diciembre de 1985 se leyó la sentencia con cuatro absueltos pero con la condena de reclusión perpetua para el dictador Videla y prisión perpetua al asesino Massera.

Esta sentencia fue y es reconocida por su gran trascendencia histórica, política, jurídica y ética. Sin antecedentes en el mundo, era la primera vez en América Latina que los responsables de un régimen militar eran condenados en un juicio público por los crímenes del terrorismo de Estado.

El juicio de la Causa 13 comenzó el 22 de abril de 1985, cuando el Gobierno de Raúl Alfonsín llevaba menos de dos años, con una democracia aún no consolidada y con presiones de los sectores castrenses.

En el banquillo de los acusados estuvieron Jorge Rafael Videla, Orlando Ramón Agosti, Emilio Eduardo Massera, Roberto Eduardo Viola, Omar Graffigna, Armando Lambruschini, Leopoldo Fortunato Galtieri, Basilio Lami Dozo y Jorge Anaya, integrantes de las Juntas militares que gobernaron Argentina entre marzo de 1976 y junio de 1982.

El tribunal fue la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, compuesta por los jueces Jorge Torlasco, Ricardo Gil Lavedra, León Carlos Arslanián, Jorge Valerga Aráoz, Guillermo Ledesma y Andrés J. D'Alessio, y Julio César Strassera como fiscal.

Strassera fundamentó su acusación en el "Nunca Más", el informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, creada por un decreto del Presidente radical Raúl Alfonsín, y corroboró las pruebas en base a las declaraciones de los testigos.

El 9 de diciembre, Videla y Massera resultaron condenados a reclusión perpetua con destitución; Viola, a 17 años de prisión, Lambruschini a 8 años, y Agosti a 4 años y 6 meses de prisión, todos con destitución. Por su parte, Graffigna, Galtieri, Lami Dozo y Anaya fueron absueltos.

Se abrieron expedientes por crímenes cometidos en el Primer cuerpo de Ejército, el Segundo, el Tercero, Campo de Mayo, La ESMA y el Circuito Camps.

Ante esta situación, el sector militar presionó al poder político que cedió con las sanciones de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, tras la rebelión Carapintada de Semana Santa de 1987.

Más allá de lo que sucedió en los años posteriores, la realización de ese juicio es un logro histórico.

Haber juzgado a sus criminales, a sus dictadores es uno de los grandes méritos que tiene esta sociedad, que asumió una responsabilidad histórica de que esas cosas no pueden volver a suceder.