Petri reveló que Villarruel le puso una mordaza legal para que no hable de ella: "Siempre tan democrática"

Pese a que recientemente un juez desestimó otra demanda por calumnias e injurias contra el legislador mendocino, la vicepresidenta lo volvió a demandar.

El Diputado y exministro de Defensa, Luis Petri, volvió a arremeter este miércoles contra la Vicepresidenta, Victoria Villarruel, quien acaba de pedir a la Justicia que le prohíba hablar de ella, pese a que recientemente un juez desestimó otra demanda suya por calumnias e injurias contra el legislador mendocino.

"No conforme con que la Justicia desestimara su denuncia penal contra mi persona, la Vicepresidente Villarruel va por más. Ahora insiste con una querella por calumnias e injurias y ¡Con mordaza legal para que no hable de ella! ¡Siempre tan democrática!", publicó Petri en su cuenta de la red social X.

La Justicia desestimo la primera denuncia contra Petri y contra los periodistas Eduardo Feinmann y Pablo Rossi, acusados por Villarruel por supuestas calumnias, injurias, atentado contra el orden público y amenaza de rebelión.

El Juzgado Federal Criminal y Correccional N°2, a cargo del Juez Sebastián Ramos, dictaminó que los hechos denunciados por la Vicepresidenta no configuraban delito y descartó la existencia de ilícitos de acción pública.

Ahora, la Vicepresidenta insiste con su demanda contra Petri y le impone la prohibición de hablar de ella públicamente, en lo que en la jerga judicial se conoce como "mordaza legal".

El exministro de Defensa de Javier Milei había calificado a la titular del Senado como "funcional a la oposición", por algunas decisiones que adoptó en el Congreso en la previa de la Asamblea Legislativa en el que el Presidente dejó abiertas las sesiones ordinarias el 1 de marzo último.

Petri y Villarruel venían manteniendo un fuerte intercambio de acusaciones a través de la red social X, en las que el primero calificó a esta última de "golpista", aunque la Justicia federal consideró luego que esto no reúne los requisitos necesarios para ser considerado un delito.

El Juez Ramos convalidó así el dictamen del fiscal Ramiro González, quien había argumentado que las manifestaciones de Petri se inscribían en el marco del derecho a la opinión y la crítica política.